La FEMP presenta el documento de bases sobre la reforma de la financiación local

La FEMP ha presentado el libro “La financiación local en España: radiografía del presente y propuestas de futuro”, fruto de un estudio en el que se analiza la situación financiera de los Gobiernos Locales españoles y se elaboran propuestas para la negociación de un nuevo modelo de financiación.

En este documento">documento se señala, entre otras conclusiones, que el sistema de financiación local debe formar parte de un modelo coherente de financiación del conjunto del Sector Público que permita distribuir adecuadamente los recursos entre los distintos niveles de Gobierno. De acuerdo con nuestra Constitución, la Administración Central debe garantizar la suficiencia financiera de los Entes Locales, atendiendo a sus necesidades, con un espacio fiscal propio y con transferencias incondicionales del Estado y de las Comunidades Autónomas.

El trabajo, elaborado por encargo de la FEMP, ha sido coordinado por Javier Suárez Pandiello, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, La obra recoge a lo largo de sus más de 400 páginas las reflexiones, experiencias y conocimientos de personas con un acreditado dominio de los modelos de financiación autonómica y local, así como las aportaciones de responsables políticos y de técnicos de los Gobiernos Locales.

En el acto de presentación han participado el Presidente de la FEMP, Pedro Castro, y el coordinador de este trabajo, Javier Suárez Pandiello, que han estado arropados por los portavoces de los grupos políticos representados en la FEMP, Rosa Aguilar (IU), Juan Bravo (PP) y Ramón Ropero (PSOE).

La FEMP afirma que la “necesaria y urgente revisión del modelo de financiación local” está agravada aún más si cabe por la presencia de ciertas necesidades sobrevenidas (asunción de competencias por la vía de hecho, escasa o nulamente financiadas) y por los cambios institucionales que se vienen produciendo en el modelo territorial, con la reforma de los Estatutos de las Comunidades Autónomas y la reforma en curso del modelo de financiación autonómica. Desde la órbita política, se apunta que “es necesario reconocer la función local en plano de igualdad con los demás niveles de gobierno, haciendo efectiva la autonomía municipal reconocida constitucionalmente”.

Problemas estratégicos

El estudio pone de manifiesto una serie de carencias institucionales, políticas y económicas que impiden el correcto funcionamiento de las Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares, entre ellas la falta de reconocimiento del papel fundamental de las Entidades Locales en la provisión pública de servicios en un Estado moderno del bienestar.

Del mismo modo, se afirma que existe una “falta de una planificación concertada de recursos entre los tres niveles de organización territorial del Estado en el proceso histórico de descentralización” y que la asunción de nuevas competencias por las CCAA ha supuesto un nuevo impacto económico, de gestión y financiero en el ámbito local. Esto se ha debido a que la capilarización del esquema de funciones y servicios se ha realizado a través de un diseño de actuaciones cuya gestión eficiente exige un compromiso de cooperación y un esfuerzo financiero adicional por parte de las Entidades Locales. En muchos casos, este diseño “ha sido impuesto por la fuerza de los hechos, sin la adecuada participación de las autoridades locales en la planificación económico-financiera..

En otro punto del análisis del actual modelo de financiación, se señala que éste es un sistema que depende especialmente de las transferencias incondicionadas de la Administración Central y que las CCAA adquieren un papel relevante en el caso de las transferencias de capital. El problema radica en que, dado el carácter finalista de estas últimas, los Entes Locales se convierten en meros instrumentos de aplicación de las políticas de inversiones diseñadas por las Comunidades, con la consiguiente pérdida efectiva de la autonomía de gasto en este concepto.

Otro problema es la falta de adecuación de un modelo financiero general a la diversidad tipológica de los Ayuntamientos. De ahí que se apunte la necesidad de establecer un marco competencial y financiero que garantice la igualdad de los ciudadanos, pero que “evite enfoques excesivamente simplistas y uniformes” teniendo en cuenta la diversidad de las carencias económicas y de la problemática de la gestión de los Ayuntamientos.

El estudio también dice que no conviene romper con la dinámica de que los Gobiernos Locales dependan del Gobierno central, sobre todo en lo que respecta a la garantía de su suficiencia financiera; aunque sí es necesario explorar nuevos instrumentos fiscales y financieros para garantizar la suficiencia de las administraciones locales y el papel que deben jugar las administraciones autonómicas.

Conclusiones

El nuevo sistema de financiación debería tener los instrumentos necesarios para financiar adecuadamente las nuevas competencias, del mismo modo que, dada la enorme diversidad del mundo local español, se propone establecer un sistema de financiación cuyas bases diferenciales tendrían como elemento de referencia el tamaño de los municipios en términos de población.

Los pequeños municipios, cuyas competencias se restrinjan a la prestación de servicios básicos de índole territorial, contarían con un sistema de financiación muy simple, cuyo contenido vendría determinado por la fijación de los tributos obligatorios actualmente vigentes (convenientemente reformados, a efectos de dotarles de mayor perfección técnica, e incluyendo las tasas y demás cargas sobre usuarios de servicios) y una transferencia incondicional con base en la población, suficiente para cubrir con garantías las necesidades emanadas de las competencias legalmente asumidas.

Por su parte, en los municipios de mayor dimensión, responsables también de la prestación de servicios de naturaleza más personal como, por ejemplo, los vinculados al desarrollo de la Ley de Dependencia, deberían verse reforzados los sistemas de participación en las figuras tributarias más fácilmente territorializables, flexibles y vinculadas a la capacidad económica de los ciudadanos.

Las transferencias complementarias incondicionales a recibir deberían tener un carácter esencialmente nivelador y de solidaridad, de modo tal que fueran distribuidas de forma transparente.

Una vez determinada la cuantía de las transferencias y con la finalidad de que el sistema goce de estabilidad y flexibilidad, aquellas deberían revisarse cada cierto tiempo y evolucionar con un índice relacionado, directa o indirectamente, con los recursos de la Hacienda de la que proceden.

En materia de tributación general, se señala la conveniencia de mantener el abanico de los hechos imponibles. Las figuras tributarias locales deberían ser pocas en número, de bases amplias y por tanto amplia capacidad recaudatoria y mayor racionalidad. En todo caso, poco “generosas” en materia de beneficios fiscales, de modo que cumplan el objetivo esencial de llegar recursos a la Administración Local, quedando la vía de los incentivos y el ejercicio de la política social más en la órbita del gasto público.

En definitiva, el estudio recomienda una mayor vinculación entre fiscalidad local y variables económicas como renta y consumo, frente a un esquema de financiación local apoyado en la imposición sobre la propiedad, muy vinculado a la prestación de servicios locales relacionados con el patrimonio inmobiliario de los ciudadanos.

Ajustes estructurales

Este nuevo sistema de financiación local exigiría, según los expertos que han realizado el estudio, los siguientes ajustes estructurales:

-Corregir la insuficiente e inadecuada participación en los ingresos generales del Estado (PIE), con criterios de dotación y distribución transparentes y acordes con los principios de suficiencia, eficiencia y equidad.

-Corregir una muy insuficiente participación en los ingresos de las CCAA, mediante el despliegue definitivo de Fondos Autonómicos incondicionales.

-Revisión de los recursos tributarios propios, mejorando la gestión tributaria y recaudatoria de los mismos, sin incrementar la presión fiscal.

-Profundización de la tributación basada en el principio del beneficio. Redefinición y aumento de la capacidad de las tasas, precios públicos y contribuciones especiales para cubrir los servicios correspondientes susceptibles de ser financiados por estas vías.

-Incorporación de expedientes casi automáticos de compensación o cobro de derechos económicos que impidan el incremento de las deudas tributarias y no tributarias que otras Administraciones públicas mantienen con los Ayuntamientos, al objeto de evitar mermas en la recaudación de tributos locales inspirados por tales reformas, sin contemplar los mecanismos de compensación oportunos.