29/11/08

Los ayuntamientos de la Comunitat recibirán hasta 864 millones del fondo de inversión del Gobierno

El PSPV presentará mociones en los consistorios para forzar al PP a votar a favor de la medida

Alarte cifra en 864 millones el fondo para que los municipios creen empleo

El socialista pide a Camps que convoque un pleno para explicar sus medidas de apoyo

CRISTINA VÁZQUEZ - Valencia - 29/11/2008

Jorge Alarte, secretario general de los socialistas valencianos, se convirtió ayer aunque fuera sólo unos instantes en el mister Marshall valenciano. Flanqueado por Antonio Hernando, secretario federal de Ciudades y Política Municipal del PSOE, que trajo noticias frescas de Madrid, Alarte cifró en 864 millones los fondos que el Gobierno español transferirá a los Ayuntamientos valencianos para incentivar la obra pública y crear unos 25.000 empleos. El presidente Zapatero anunció el jueves en el Congreso de los Diputados un fondo extraordinario de 11.000 millones de euros -8.000 de ellos dirigido a los Ayuntamientos- para capear la crisis y crear 300.000 empleos. La medida fue aprobada ayer en el Consejo de Ministros.

El dinero se distribuirá atendiendo a la población de cada municipio y está destinado a obras de ejecución inmediata que sean de competencia local. Los fondos son exclusivamente para inversiones nuevas y no podrán emplearse para gasto corriente o amortización de la deuda. La Intervención General del Estado fiscalizará "su correcta aplicación", explicó Hernando.

Eufórico por la nueva noticia, -es probablemente la mejor que ha proporcionado en los dos escasos meses que lleva como secretario general de los socialistas-, Alarte emplazó al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, a convocar un pleno extraordinario en las Cortes Valencianas para que "en justa correspondencia con el fondo de ayuda anunciado por el Gobierno español, Camps presente también sus medidas de acción y apoyo a los Ayuntamientos".

El Ayuntamiento de Valencia recibirá un máximo, según cálculos del PSOE, de 141 millones de euros para inversiones -el doble de lo que el consistorio ha presupuestado para capítulo 6 en 2009-. El de Castellón ingresará 30,5 millones; el de Alicante, 57 millones; Elche, 39 millones; Orihuela, 14 millones; Gandia, 13,7 millones y Torrent, 13. "Esto se hará para todos los municipios con independencia de su color político", remachó Hernando, quien pidió a todos los partidos políticos que apoyen la medida.

En este sentido, Alarte avanzó que el partido presentará a través de sus concejales mociones en los consistorios valencianos instando a todos los grupos políticos a que respalden el fondo extraordinario. "Espero que los alcaldes de Valencia, Castellón y Alicante [donde gobierna el PP] voten a favor de unos fondos que benefician a los ciudadanos", subrayó el dirigente socialista.

Alarte denunció que Madrid y la Comunidad Valenciana, las dos en manos del PP, son las únicas autonomías españolas sin Fondo de Cooperación Municipal. Por eso le insistió en que aporte 300 millones de euros al fondo, sin dotación desde el año 1999. Antes de dar por acabada su comparecencia, el dirigente socialista echó mano de un recorte de prensa para dejar en evidencia la política de "vergüenza" de Camps. Alarte recordó cómo el presidente prometió en marzo de 2006 a los alcaldes valencianos un Plan de Mejora para los Municipios, con el que pretendía destinar 450.000 euros a todos los municipios. "De ese dinero", dijo, "sólo nos han llegado 6.000 euros, el pago del resto se ha pospuesto a 2011", resumió el alcalde de Alaquàs.

Otros dirigentes y cargos institucionales socialistas salieron en tromba para valorar la iniciativa. La portavoz socialista en Valencia, Carmen Alborch, pidió a Camps la misma sensibilidad que Zapatero hacia los consistorios, y el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, destacó la celeridad con que está actuando el Ejecutivo.

En sentido contrario, el vicepresidente económico del Consell, Gerardo Camps, se refirió al plan de Zapatero como un "refrito" de medidas anunciadas, y aseguró que la Generalitat fiscalizará el reparto del dinero. El vicepresidente Vicente Rambla, dijo que era "más de lo mismo", es decir, "más improvisación y más aluvión". Para Rambla, los fondos no son más que un "parcheo". Para los dos vicepresidentes del Consell, más urgente es resolver la financiación local y autonómica.

Los ayuntamientos sin excesiva deuda podrán tener déficit

El Gobierno acepta con condiciones la principal demanda de los alcaldes

VERA GUTIÉRREZ CALVO / LARA OTERO - Madrid - 29/11/2008

El Gobierno castigará sin déficit a los ayuntamientos que se hayan endeudado más de lo que permite la ley (a la cabeza de todos, Madrid) pero sí permitirá presupuestar más gastos que ingresos a los que no hayan rebasado el límite, establecido en el 110% de sus ingresos. Ésa será, según un portavoz del Ministerio de Economía y Hacienda, la respuesta a la petición unánime de los alcaldes para que se les permita incurrir en déficit: "Se va a permitir un ligero déficit en 2009, aún por cuantificar, pero sólo a los ayuntamientos que no hayan superado el límite de endeudamiento que establece la Ley de Haciendas Locales".

El ministerio precisaba así algo que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero dejó en el aire durante su reunión de ayer con la ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Los 25 alcaldes de esa ejecutiva se presentaron en La Moncloa muy agradecidos por la medida anunciada la víspera de los 8.000 millones para obra pública, pero sin renunciar a sus propias reivindicaciones. La principal, que se les autorice a incurrir en déficit mientras dure la crisis, algo que les prohíbe (sólo a ellos) la Ley de Estabilidad.

Zapatero, acompañado por la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, y el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, aseguró que es "sensible" al problema de los alcaldes y se comprometió a darles una respuesta la semana próxima. El presidente de la FEMP, el socialista Pedro Castro, afirmó después en rueda de prensa visiblemente satisfecho: "El Gobierno ha dicho sí a que los ayuntamientos podamos contraer déficit, sólo queda saber cómo, cuánto y cuándo".

Otros alcaldes presentes en la reunión sostuvieron, sin embargo, que Zapatero, "aunque parecía favorable a la petición", sólo se comprometió a "estudiarla". El ministerio lo explicó más tarde a este periódico: sí se autorizará un "ligero" déficit, haciendo una "interpretación flexible" de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en línea de lo que se permite al Estado central y las comunidades autónomas. Pero sólo a los que hayan respetado el límite de deuda.

Las otras dos reivindicaciones básicas planteadas por la FEMP -reforma del impuesto de plusvalía y aumento de las entregas a cuenta de la recaudación- quedan aparcadas hasta que se negocie el nuevo modelo de financiación municipal, que "estará listo en 2010", aseguró Castro.

De las dos horas y media de reunión, más de la mitad del tiempo se fue en abordar la medida de los 8.000 millones anunciada el jueves. "En momentos de crisis se requieren soluciones imaginativas, y ésta que hemos tomado es un ejemplo", dijo Zapatero, según uno de los presentes.

Para algo más que "obritas"

Los cinco millones que ha fijado el Gobierno como tope para cada uno de los proyectos que financiará con los 8.000 millones aprobados ayer dan para algo más que "obritas", según expresión del vicepresidente, Pedro Solbes. Tras el Consejo de Ministros, explicó que ayuntamientos, cabildos y mancomunidades recibirán su parte de ese fondo en función de su número de habitantes.

Los ayuntamientos tendrán que presentar antes del 24 de enero los proyectos por Internet ante Administraciones Públicas, que resolverá en 20 días. Deben incluir el número de parados que se van a emplear, el presupuesto, la certificación de que la obra no estaba ya presupuestada y el acuerdo del Pleno. Las solicitudes podrán referirse a equipamientos, mejora de espacios públicos, suelo industrial, medio ambiente y otras.

Cuando se adjudique el proyecto -debe licitarse en un mes y empezar a ejecutarse antes del 13 de abril- la corporación local recibirá el 70% del importe; el resto al finalizar la obra: en el primer trimestre de 2010, aunque podrá autorizarse una prórroga de seis meses si hay incidencias. Solbes destacó que los contratados para realizar estas obras han de ser parados, porque el objetivo es crear 200.000 nuevos empleos.

La Federación de Municipios y Provincias aplaudió la medida, aunque la mayoría de los alcaldes lamentó que los plazos sean tan ajustados y que los proyectos no puedan costar más de cinco millones (para agilizar el procedimiento). También pidieron aclaraciones sobre la exigencia de que sólo pueda contratarse a parados, porque eso dejaría fuera a empresas con plantilla propia. Según aseguraron, la ministra Elena Salgado les dijo que esa exigencia se refiere sólo a "una parte" de la obra contratada, no a la totalidad.

REPORTAJE: La financiación municipal

"Podré reformar el cementerio"

Municipios grandes y pequeños hacen planes tras el anuncio de Zapatero

EL PAÍS - Madrid - 29/11/2008

El jueves por la tarde, tras escuchar al presidente José Luis Rodríguez Zapatero anunciar una lluvia de 8.000 millones para financiar obra pública, los alcaldes de los 8.112 ayuntamientos de España se pusieron a hacer cuentas: a cada uno le toca un pedazo mayor o menor del pastel en función de su población. Y ayer, ya con la cifra en la mano, elaboraban a toda prisa -los pequeños más que los grandes- sus listas de proyectos prioritarios: el ministerio sólo aceptará los que lleguen antes del 20 de enero y puedan ejecutarse en 2009

MADRID Guarderías, pero pequeñas

A Madrid, la ciudad más poblada, le caen 570 millones. El problema es que cada proyecto no puede superar los cinco millones. "Un polideportivo en Madrid cuesta nueve millones; un centro de día con residencia, parecido. Claro, podemos hacer equipamientos más pequeños y más baratos, pero nos parece un poco absurdo el límite de los cinco millones. Igual que los plazos tan ajustados", se lamenta Juan Bravo, concejal de Hacienda en el Gobierno municipal del PP. A pesar de ello, agradece el balón de oxígeno y lo empleará en hacer "escuelas infantiles (pequeñas), zonas verdes y reformas en calles y alumbrado público".

BARCELONA Aún sin cuantificar

El Ayuntamiento de Barcelona (PSC-ICV) recibió con frialdad el anuncio de Zapatero. El equipo económico del Consistorio alega que no sabe aún qué cantidad le toca, aunque todos los ayuntamientos pueden saberlo desde el jueves porque el Gobierno ha dicho que el dinero se reparte en función de la población.

VALENCIA "Medida paliativa"

La alcaldesa de Valencia (797.000 habitantes), Rita Barberá, salió ayer del pleno municipal con una carpeta "llena" de proyectos: "Infraestructura, mejora de la ciudad y equipamientos". Barberá (PP) no concretará más "hasta ver cómo se plasma" el plan, que valoró positivamente aunque lo considera una "medida paliativa". La ciudad recibirá 141 millones, el doble de la inversión prevista en su presupuesto.

SEVILLA Prioridad: los barrios

El Ayuntamiento de Sevilla quiere volcar los recursos en el segundo plan de barrios. El delegado de Urbanismo, Alfonso Rodríguez, cree que el consistorio estará preparado para los proyectos de renovación urbana, reurbanización de barrios y rehabilitación de viviendas. Sevilla, con 699.000 habitantes, pretende crear 900 empleos.

PALMA El reto de los plazos

A Palma de Mallorca (400.000 habitantes) le tocan 70 millones. Su alcaldesa, la socialista Aina Calvo, está encantada. A bote pronto se le ocurren dos destinos para el dinero: "Rehabilitar escuelas y suprimir barreras arquitectónicas". Como todos sus colegas, está apurada por los plazos: "Va a ser un reto empezar las obras en abril y terminarlas en 12 meses. Habrá que emplearse a fondo... ¡Y nunca mejor dicho lo de emplearse!".

SEGOVIA El parque de bomberos

Pedro Arahuetes (PSOE) gobierna una ciudad con 60.000 habitantes y un presupuesto de unos 100 millones. Recibirá "unos 10 millones" del fondo estatal. "Ya he puesto a trabajar a todos los concejales para ver cómo gastarlo: podremos arreglar pavimento de calles, reformar el cementerio y el parque de bomberos. Algunas de las cosas a las que habíamos renunciado por falta de dinero en 2009", afirma. "Es una medida estupenda, aunque los problemas estructurales de los ayuntamientos no se arreglan con esto y por eso seguiremos reclamando al Gobierno".

VILLAFRANCA DE LOS BARROS Un hogar del pensionista

El socialista Ramón Romero, alcalde de esta localidad de Badajoz con 13.800 vecinos, tiene ya muy claro qué tres cosas hará con sus casi dos millones y medio de euros: "Habíamos comprado hace muy poco un edificio del siglo XVIII para convertirlo en hogar del pensionista, y ahí se había quedado porque no teníamos dinero para rehabilitarlo; ahora podremos hacerlo. También queremos pavimentar una calle -poniendo adoquines en lugar de asfalto, porque así emplearemos más mano de obra- y, por último, cambiar las farolas del barrio del Pilar".

VILLANUEVA DE LA CAÑADA "Positivo, pero no resuelve"

A este municipio madrileño de 20.000 habitantes le tocan unos tres millones de euros. "No sabemos aún cuál será su destino, pero probablemente haremos una escuela infantil y algunas zonas verdes, con eso ya se habrá acabado el presupuesto", explica su alcalde, Luis Partida (PP), que ve "muy positiva" la medida del Gobierno pero advierte: "El problema más grave de los ayuntamientos es de liquidez: falta dinero para mantener los servicios públicos y los equipamientos ya existentes. Y eso no se resuelve con este fondo".

CALAMOCHA A repartir entre 11

"Imagínese, con 11 pedanías que tenemos, seguro que se nos ocurrirá algo: reformar los viales, los cementerios... Aunque los plazos son muy cortos", afirma entre esperanzado y agobiado Joaquín Peribáñez, alcalde del Partido Aragonés en este municipio de Teruel con 5.000 habitantes y un presupuesto de seis millones. Aún no ha calculado cuánto les toca del fondo pero subraya que sabrán sacarle partido.

Información elaborada por Blanca Cía, Sara Velert, Fernando Pérez Monguió y Vera Gutiérrez Calvo.

Y ALICANTE?????????::::::::::::::::::


28/11/08

El alcalde de Elche recibió las 70 propuestas procedentes de los presupuestos participativos.


El proceso de los presupuestos participativos que el Ayuntamiento inició el pasado mes de abril, culminó ayer con la entrega al alcalde Alejandro Soler, de las 70 propuestas aprobadas en las asambleas de zona recientemente celebradas.

El acto protocolario tuvo lugar en el salón de plenos. La edil de Participación, Àngels Candela, destacó que el proceso supone «una forma de participación de la ciudadanía en la gestión de la ciudad, mediante la cual entre todos los vecinos y vecinas interesados han podido proponer y decidir acerca de qué hacer con parte del presupuesto del Ajuntament d'Elx».

Por su parte, el alcalde, que recibió las propuestas de manos de Paqui Coves, miembro de uno de los grupos motores que se constituyeron dentro del proceso de presupuestos participativos, mostró su satisfacción destacando «el carácter democrático del proceso ya que supone que los propios ciudadanos elijan y decidan el destino de parte del presupuesto municipal». Las propuestas se incluirán en los presupuestos municipales del próximo año, que se están confeccionando.
Fuente: Diario La Verdad.

VER PROPUESTAS

Entrega del document al Ajuntament d´Elx

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¿CONOCEMOS LAS PROPUESTAS AL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE DE LA CAMPAÑA MUNICIPAL "ES TU TURNO" DEL PASADO MES DE SEPTIEMBRE?

¿POR QUÉ HA DESAPARECIDO LA INFORMACIÓN DE ESA RECIENTE CAMPAÑA "PARTICIPATIVA" EN LA WEB DE LA CONCEJALIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SIN DEJAR NI RASTRO?

ESO SI,.. ENCONTRARÁS UN PRIMER CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS

El Gobierno abre la puerta a que los ayuntamientos puedan aumentar su deuda

"Absoluta satisfacción" de los consistorios por los 8.000 millones aprobados por el Gobierno para obra pública

EFECOM - Madrid - 28/11/2008

El Gobierno ha abierto hoy la posibilidad a que los ayuntamientos pueden aumentar su deuda, hasta el 0,5% del PIB, lo que supondría disponer de unos 5.800 millones de euros. Así lo ha asegurado el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, quien ha dicho que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha comprometido a contestar sobre esta posibilidad la próxima semana. Esto ha motivado una queja del vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, quien cree que de esta manera los entes locales se podrían estar adelantado al nuevo modelo de financiación autonómica que se está elaborando.

Castro, que se ha reunido con Rodríguez Zapatero en el palacio de la Moncloa, ha mostrado la "absoluta satisfacción" de los ayuntamientos por el crédito extraordinario de 8.000 millones de euros aprobado hoy por el Gobierno, que "va a suponer la reactivación económica" de los municipios. Respecto a las suspicacias que puedan generar que los ayuntamientos manejen 8.000 millones, cuando algunos de ellos están implicados en casos de corrupción, Castro ha dicho que las corporaciones locales son conscientes de que "no pueden ahora fallar".

El alcalde de Getafe, al frente de la Comisión Ejecutiva de la FEMP, se reunió esta mañana con el presidente del Gobierno, a quien ha trasladado los principales problemas del municipalismo, como la necesidad de un nuevo sistema de financiación o la elaboración de un estatuto de la autonomía local.

"Instrumento frente a la crisis económica"

Al término de la reunión y en rueda de prensa, Castro ha dicho que los ayuntamientos "han agradecido la confianza que tiene en ellos el Gobierno" y ha asegurado que son "un instrumento para las soluciones frente a la crisis económica", ya que a la aportación del Estado de 8.000 millones, las corporaciones locales sumarán otros 3.000, lo que puede generar unos 300.000 puestos de trabajo.

El alcalde de Getafe ha añadido que esa inversión pública se destinará principalmente a sectores que modernicen las estructuras productivas de las ciudades, con nuevos polígonos industriales, parques tecnológicos, y equipamientos sociales, como escuelas infantiles y residencias, entre otros. Castro ha afirmado que todo ello va a cambiar las ciudades de España, ya que va a suponer una "inyección, un balón de oxígeno para las pequeñas y medianas empresas que tienen serias dificultades de subsistencia". Además, ha explicado que los proyectos tienen que estar presentados entre el próximo 10 de diciembre y el 20 de enero, para ser adjudicados en abril y estar concluidos a 31 de diciembre de 2009.

En la reunión, Castro ha trasladado a Zapatero otras reivindicaciones municipales, como la necesidad de que se les paguen los anticipos a cuenta, el fondo de nivelación para los municipios menores de 75.000 habitantes o modificar algunos impuestos, como el de las plusvalías.

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Zapatero destina 8.000 millones a obras municipales urgentes para crear empleo

El Gobierno aprueba el Decreto Ley por el que se crea el Fondo de Inversión Municipal de 8.000 millones de euros

Pedro Castro:los Ayuntamientos asumen la responsabilidad de utilizar el fondo del Gobierno para salir de la crisis

18/11/08

Problemas y flores


La nueva alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, se ha propuesto embellecer la ciudad. Desde su toma de posesión, no pasa día sin que exprese en público este deseo, aprovechando una u otra razón. Puede asegurarse que, a estas alturas, ningún alicantino desconoce el proyecto. Para Castedo, embellecer la ciudad consiste, sobre todo, en plantar flores, muchas flores. Incluso ha calculado que serán necesarias 40.000 plantas para que Alicante alcance el punto de belleza que ella ansía. Mientras llega el momento, ha creado una concejalía de Imagen Urbana que, al carecer de contenidos, no sabemos muy bien de qué se ocupará. Su efecto simbólico, sin embargo, queda fuera de duda.El propósito de Castedo es admirable, aunque está por ver que Alicante mejore porque plantemos unas docenas de geranios o de crisantemos. Los defectos de la ciudad son más profundos y vienen de lejos: en su mayor parte, son el resultado de su mal urbanismo y de muchos, muchos años de dejadez municipal. Y eso no se remedia con flores, sino con un programa preciso de gobierno y una voluntad para llevarlo a efecto. No dudo de la voluntad de la alcaldesa, que me parece una mujer intrépida, pero -más allá del proyecto de plantar flores- desconozco otros puntos de su programa de gobierno.
Si queremos formarnos la opinión de un político, si pretendemos juzgarlo, hemos de atender a los hechos y no a sus palabras. El político suele utilizar las palabras y está habituado a fingir con ellas; serán su conducta, sus acciones, las que nos revelen su verdadero pensamiento. ¿Cómo podríamos creer que se preocupa por la belleza de Alicante quien permitió que el edificio del Gobierno Militar se convirtiera en el espantajo actual? ¿De qué belleza hablamos? ¿Podemos arreglar con flores ese destrozo en el corazón de la ciudad?
Cuando ejercía de concejal de Urbanismo, Castedo defendió numerosas veces el plan Rabassa, que proponía el constructor Enrique Ortiz. Siempre lo hizo con energía y con una pasión que a algunos pudo parecernos excesiva. Recuerdo haberle oído decir que quienes se oponían al plan pedirían perdón alguna vez a los alicantinos por su conducta. Uno de los argumentos más utilizados por la concejal en su defensa de Rabassa era que permitiría la construcción de vivienda social, que tanto necesita la ciudad. La preocupación de Sonia Castedo por la vivienda social pareció sincera, en aquel momento, a todo el mundo. Sus palabras influyeron en muchos alicantinos a quienes, no gustándoles Rabassa, pensaron que la construcción de vivienda social podía justificarlo.
Pocos meses después, pudimos asistir a un hecho singular: en el primer pleno que presidía Sonia Castedo como alcaldesa de Alicante, se eliminaba la partida destinada a vivienda social en el presupuesto municipal. Los ochos millones de euros que el Ayuntamiento había previsto gastar para este fin, se desviaban a otros menesteres considerados más urgentes. Aquella necesidad apremiante de vivienda social que Castedo había defendido con encendimiento, pocos meses antes, desaparecía ahora en un instante. Al alicantino que había seguido estos hechos con atención, se le presentó un problema que sigue sin resolverse al día de hoy. Sospecho que es el mismo problema -o, en todo caso, uno muy parecido- que ahora pretende solucionar Sonia Castedo plantando algunas flores.
JOSÉ RAMÓN GINER 17/11/2008


12/11/08

El Ayuntamiento venderá los Abaseis por el alto coste de la rehabilitación


El gobierno local no encuentra utilidad a los antiguos cines sin hacer un gran desembolso, dos años y medio después de haberlo comprado por 2,8 millones
12.11.08 - JOSÉ F. PICÓ

Muerto el perro, se acabó la rabia. Después de dos años y medio cerrado, justo el tiempo transcurrido desde que fue comprado por el Ayuntamiento, el complejo de los Cines Abaseis, que permanece cerrado desde entonces, dejará de ser propiedad municipal. Ya no habrá que discutir sobre si la Banda Municipal de Música tiene cabida o sobre si los locales son adecuados para este uso. Ni siquiera si hay espacio para un retén de la Policía Loca, como anunció el anterior equipo de gobierno liderado por Luis Díaz Alperi. La decisión está tomada: el inmueble comprado en mayo del 2006 será vendido.
El concejal de Patrimonio, Juan Zaragoza, se ha puesto ya manos a la obra y hasta ha mantenido algunos contactos durante los últimos días con empresarios que podrían estar interesados en la compra del inmueble situado en la avenida de Novelda, en el barrio de Los Ángeles. No obstante, será convocada una subasta, según la antigua denominación del procedimiento administrativo, para que la mercantil que presente la mayor oferta económica se quede con el edificio.
La Verdad informó en su edición de ayer de la cronología de los hechos ocurridos en torno a la operación de compra de los Cines Abaseis por el Consistorio, así como lo sucedido hasta hoy. El inmueble, de planta baja y sótano, fue adquirido por el Consistorio en mayo del 2006, según el acuerdo de la Junta de Gobierno Local fechado el 15 de mayo. La compra ascendió a 2,85 millones de euros. No tardó mucho en escriturarse a nombre del Ayuntamiento. Pasaron los meses y se ejecutaron unas obras en su interior para adecuar uno de sus espacios como sede de la Banda Municipal. Sin embargo, cuando los músicos realizaron una prueba, decidieron no volver.
La pésima acústica del local impedía los ensayos y cualquier otro proyecto previsto en este sentido, como conciertos para escolares, según la idea expuesta en su día por el entonces director de la Banda, Bernabé Sanchís. Se da la circunstancia de que su informe sobre las buenas condiciones del local forma parte del argumentario utilizado en mayo del 2006 por el equipo de gobierno municipal para la adquisición del inmueble.
Y durante todo este tiempo, los Cines Abaseis han permanecido sin uso alguno, ni siquiera como almacén. Algunos concejales han ido a valorar posibles usos, pero, finalmente, nadie ha sido capaz de ponerle el collar al perro.
DATOS
Descripción de los Cines Abaseis
Plantas: Una planta baja de carácter comercial, con una superficie de 1.200 metros cuadrados, y un sótano, con 58 plazas de aparcamiento, y una superficie aproximada de 1.585 metros cuadrados.
Dónde: En el barrio de Los Ángeles, perteneciente a la urbanización denominada Los Jarales, junto a la avenida de Novelda.
La operación de compra
Antiguos propietarios: Las mercantiles Hedera Patrimonial e Inversiones Sierra Helada.
Cuándo: La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante autorizó la compra el 15 de mayo del 2006.
Por cuanto: 2,85 millones de euros.
Usos
Previstos: Sede de la Banda Municipal de Música y retén de la Policía Local, entre otros.
Estado actual: Cerrado.
Proyecto: La venta del inmueble por parte del Ayuntamiento, probablemente a través de una subasta debido a que no se le encuentra utilizada y que cualquier obra de adecuación no es asumible en la actualidad.

8/11/08

El PP de Alicante sube todas las tasas municipales un 5% en 2009


La caída de ingresos por IBI y vehículos provoca un déficit de 5 millones

SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 08/11/2008

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, en manos del PP con mayoría absoluta, aprobó ayer en el pleno una subida del 5% de todas las tasas municipales y el impuesto de plusvalía para el ejercicio de 2009. La medida contó con la abstención del único grupo de la oposición, el PSPV, que de esta forma se sumó a la recomendación de la ejecutiva federal socialista de no "boicotear" los presupuestos de las instituciones públicas.

El incremento se enmarca en la necesidad del gobierno local de "exprimir" todos los recursos para confeccionar el presupuesto del próximo año ante la caída de ingresos por dos capítulos hasta ahora claves: el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el de circulación. La primera consecuencia de la merma de la recaudación de estos dos impuestos ha sido que el equipo de gobierno cerrará el vigente presupuesto con déficit. "Calculamos que la diferencia de los ingresos previstos con los realmente recaudados oscilará entre los cuatro o cinco millones de euros", precisó el concejal de Hacienda, Juan Zaragoza. El edil del PP señaló que ante este escenario de crisis, especialmente en el mercado inmobiliario y en el de la venta de vehículos, el equipo de gobierno se ha visto forzado a elaborar un presupuesto para 2009 también a la baja. "El presupuesto de 2009 será unos 38 millones de euros menos que el de este año [225 millones de euros]", indicó Zaragoza.

Las subidas que ayer aprobó el pleno afectan a las tasas de vados, de ocupación de vía pública, la grúa y la basura. El impacto económico global del aumento será de un millón de euros, según estimó el responsable del área de Hacienda. "No se trata de una subida, sino de una actualización a la previsión del IPC de todas estas tasas, algunas de las cuales no se tocaban desde hace más de 20 años", explicó Zaragoza. La subida que afectará de forma generalizada a todos los vecinos será la de la tasa de la basura, "aunque su impacto no será muy elevado, una media de 1,70 euros por vivienda", dijo Zaragoza. Esta tasa estaba congelada desde 2002, cuando el Ayuntamiento optó por aplicarla de manera individual, al margen del recibo del IBI.

Ángel Pernías, concejal socialista responsable del área de Hacienda, justificó la abstención del Grupo Socialista en la recomendación general de la dirección federal del partido. Pernías criticó la "improvisación" del PP y los cálculos optimistas de ingresos por impuestos como el IBI y el de circulación sin tener presente el impacto de la crisis. "Ello conllevará que el actual presupuesto se cierre con déficit y ha provocado un alud de modificaciones puntuales de crédito a lo largo del ejercicio", argumentó Pernías. El pleno aprobó ayer otras modificaciones por 1,4 millones de euros. "En este caso sí hemos votado en contra, para expresar nuestro rechazo a la gestión económica del PP", señaló.

Tasas e impuestos que suben

- Basura. Esta tasa será la que tendrá una repercusión sobre el conjunto de los vecinos. La subida del 5% supone en la práctica que todos los ciudadanos tendrán que pagar en 2009 una media de 1,70 euros más por el servicio.

- Resto de tasas. El resto de tasas que se incrementarán un 5% son las relativas a la ocupación de la vía pública, vados y la grúa municipal.

- Plusvalías. El PP también acordó ayer una subida, en este caso en torno al 7%, del impuesto sobre el suelo urbano, conocido como el de plusvalías.

- Impacto económico. El concejal de Hacienda evaluó en un millón de euros el impacto global de las subidas.

3/11/08

La crisis pone en riesgo el servicio de limpieza en las ciudades

Las empresas suspenderán la prestación si siguen los impagos

VERA GUTIÉRREZ CALVO - Madrid - 03/11/2008

La crisis económica y la "asfixia" que dicen sufrir los ayuntamientos puede empezar a notarse en algo que los ciudadanos perciben nada más poner un pie fuera de su casa: la limpieza urbana. La asociación que agrupa a las empresas que prestan ese servicio público en 3.500 municipios (de un total de 8.000) estudia la posibilidad de dejar de hacerlo ante el retraso cada vez mayor de los consistorios a la hora de pagar las facturas cada mes.

"La ley fija un máximo de dos meses para pagar; la media ya estaba en casi seis meses, pero últimamente la demora ha llegado a ocho meses. Entendemos que los ayuntamientos están pasando por serias dificultades, pero algunos nos están utilizando como bancos, y nosotros no somos bancos", protesta Francisco Jardón, presidente de la Asociación de Empresas de Limpieza Pública (Aselip), que agrupa a una treintena de entidades (entre ellas, filiales de gigantes como FCC, ACS y Ferrovial), da empleo a 90.000 personas y es responsable de la recogida de basuras y el baldeo de las calles en todas las grandes ciudades excepto Sevilla, Palma de Mallorca, Gijón y Valladolid.

Jardón asegura que ya se están dando casos -no dice dónde- en los que la empresa adjudicataria del servicio ha decidido cancelar el contrato y dejar de limpiar. "No queremos alarmar, pero la ley autoriza a rescindir el contrato si el pago se demora más de seis meses. Aunque se trata, por ahora, de municipios pequeños, podría ir a más si la situación empeora", apunta.

¿Por qué lo denuncian en este momento, si siempre ha habido retrasos? "Porque desde enero hemos detectado un deterioro muy, muy acelerado en los pagos. Y nosotros no tenemos otro cliente: si los ayuntamientos dejan de pagar, algunas empresas pueden irse a pique. Antes te enfrentabas a un caso concreto de un ayuntamiento que no pagaba a tiempo; ahora nos tememos que se convierta en algo general", prosigue el empresario. Aselip desconoce cuál fue el volumen de beneficios del sector el año pasado, cuando aún era momento de bonanza.

La asociación considera que, como los contratos de limpieza son de larga duración (una media de 10 años), los ayuntamientos tienden a confiarse y retrasan el pago de la factura mensual, más ahora que se ven con el agua de la crisis al cuello. Pero también cree que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero podría hacer mucho para ayudar. "Apoyamos la reivindicación de los ayuntamientos: que el Gobierno modifique la Ley de Estabilidad Presupuestaria para permitirles incurrir en déficit como a las comunidades autónomas. Si el Gobierno está dispuesto a inyectar 50.000 millones en su plan de rescate de la banca, podría tomar esta otra medida para salvar el sector privado que gestiona servicios públicos", argumenta Jardón.

Los ayuntamientos están "muy mal" y las empresas van a reclamar "lo suyo". Para empezar, van a exigir el cobro de los intereses por demora que la Ley de Contratos establece cuando el retraso en el pago es excesivo. "Estaríamos hablando de un 11,2% sobre la factura", avisa la asociación. Ya hay empresas que lo cobran a sus ayuntamientos, pero ahora se hará "de forma general".

Aselip ha empezado a pedir entrevistas con los responsables de las grandes ciudades para plantear el problema. Madrid, por ejemplo, ha pasado de pagar en tres meses a hacerlo en cinco. "Y eso que, de los grandes ayuntamientos, es el caso menos malo", afirma Jardón. "En municipios pequeños hay situaciones extremas. Toda la provincia de Granada, excepto la capital, y la de Cádiz... Hay sitios donde se tarda un año en cobrar".

El Ayuntamiento de Madrid, el mayor de España, admite que la crisis está ralentizando los pagos a las empresas que gestionan servicios. "Vamos a intentar que esto no afecte a las pequeñas empresas, como las que realizan la asistencia a domicilio, pero con las grandes sí está ocurriendo. No podemos hacer otra cosa, estamos asfixiados", justifican desde el Consistorio madrileño.

La batalla por la deuda

Los ayuntamientos españoles llevan meses denunciando las dificultades a las que la crisis les ha condenado. El sistema de financiación municipal no se toca desde hace 30 años -al contrario que el autonómico-, y los alcaldes sostienen que la Administración más cercana al ciudadano está al borde del colapso: cada vez presta más servicios con menos dinero. Algunos ayuntamientos, como los de Madrid o Zaragoza, se han endeudado hasta las cejas en años anteriores; otros abusaron de la venta de suelo y ahora piden ayuda al Gobierno cuando las vacas son flacas. Pero todos están realizando desde hace años, sin tener financiación para ello, tareas que competen a otras Administraciones.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria no permite a los ayuntamientos incurrir en déficit (cerrar los presupuestos con más gastos que ingresos), algo de lo que sí pueden echar mano (con límites) el Gobierno y las comunidades. Por eso, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), dirigida por el socialista Pedro Castro, negocia a contrarreloj con Hacienda para que acabe con esa "discriminación". "Estamos convencidos de que el Gobierno entenderá que esto tiene que cambiar", afirma Castro. Los municipios piden que se les deje incurrir en un déficit del 0,5% del PIB (6.000 millones).

2/11/08

Aunque sea un ladrón

Las detenciones efectuadas en los últimos días en los ayuntamientos de Bigastro, San Fulgencio y Zarra y las informaciones sobre los millonarios ingresos sin justificar del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, investigados por los jueces, han vuelto a poner sobre el tapete de la política valenciana el problema de la corrupción.

Un problema que no es nuevo, que ya afloró a finales de la década de los 80, en una etapa de rápido crecimiento económico, y que acabó arrastrando a la oposición al Gobierno de Felipe González un lustro después.

De finales de los 80 y primeros de los 90 es la destitución del consejero de Obras Públicas, Rafael Blasco, por parte del presidente socialista Joan Lerma, temeroso de ver salpicado su gobierno por escándalos de corrupción urbanística. Y de la misma época es el denominado caso Naseiro, relacionado con la financiación irregular del PP en la Comunidad Valenciana.

Estos dos ejemplos explican en parte, lo sucedido estas últimas semanas en la política valenciana. El temor del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a repetir el error de González le llevó en la legislatura pasada a introducir un buen número de medidas anticorrupción, incluida la creación de una unidad contra los delitos urbanísticos en la Guardia Civil, que ha realizado buena parte de las detenciones de los últimos días, y la reorganización de la Fiscalía Anticorrupción.

Sin embargo, la introducción de nuevos instrumentos de lucha contra la corrupción no ha acabado y difícilmente lo hará, con los espacios oscuros de la política y la Administración pública. Y es ahí donde los propios partidos políticos se convierten en un elemento central para combatir la corrupción.

Es cierto que populares y socialistas han actuado, por voluntad o forzados por las circunstancias, con contundencia cuando los casos de corrupción han estado nítidamente delimitados y sus responsables fácilmente identificados. El ex consejero del PP Luis Fernando Cartagena, condenado por malversación de fondos públicos y falsedad documental en su etapa de alcalde de Orihuela, es el ejemplo más conocido. El más reciente, es el del alcalde socialista de Bigastro, José Joaquín Moya, expulsado del PSPV el mismo día que salía esposado de las dependencias municipales.

Pero también es cierto que, con demasiada facilidad, los dirigentes de los partidos políticos se escudan en pseudoanálisis de carácter moral, que achacan en exclusiva la situación a la falta de civismo de los ciudadanos que votan candidatos corruptos. La consecuencia es que el temor a perder gobiernos locales o provinciales impide a los partidos políticos sustituir a los candidatos manchados. Es ese pánico a las manifestaciones de los descamisados del Partido Justicialista que gritaban por las calles de Buenos Aires "¡Aunque sea un ladrón, queremos a Perón!". Un pánico que hoy se materializa ante las cenas de adhesión y homenaje a los imputados y ante manifestaciones de familiares y vecinos jaleando a los cargos públicos detenidos en distintos municipios de la geografía valenciana como Zarra, Pego o Castellón.

En otras ocasiones, la osadía lleva a manifestaciones aberrantes en democracia, como las de aquellos cargos públicos que afirman que su victoria en las urnas equivale a la absolución por parte de un jurado popular que debería eximirles de rendir cuentas ante los tribunales y ante la opinión pública.

Por eso quizá sea ahora más necesario que nunca recordar la afirmación del sociólogo José María Maravall cuando asegura: "Si los comicios son el único mecanismo para asegurar la responsabilidad de los políticos, si los políticos convierten sus victorias electorales en procesos exoneradores, y si entre una elección y otra sólo atienden a sus responsabilidades legales, entonces el Parlamento se vuelve irrelevante y la confrontación política se traslada al terreno judicial".

Es posible que en medio de los escándalos de las últimas semanas sea difícil retener en la memoria que el alcalde socialista de Bigastro, reelegido una y otra vez desde hace más de 20 años, tiene también presentada una denuncia por negarse a facilitar información a los grupos municipales, o que cada vez que la oposición exige explicaciones sobre Carlos Fabra las mayorías del PP declaran tabú la cuestión. Pero quizá sea bueno recordarlo si sirve para que las explicaciones que se reclaman los partidos y los políticos entre sí se puedan escuchar en las instituciones donde representan a los ciudadanos.

JOAQUÍN FERRANDIS 02/11/2008 -El Pais Comunidad Valenciana

1/11/08

La FEMP se reunirá con el Presidente del Gobierno para hablar sobre financiación local


El Presidente de la FEMP, Pedro Castro, se reunirá en la primera quincena de noviembre con el Presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero para hablar sobre el nuevo modelo de financiación local. Así lo ha anunciado Pedro Castro al término de la reunión de la Comisión Ejecutiva de la FEMP, celebrada en Palma de Mallorca.

Pedro Castro comentó, al término de esta reunión, que ha recibido una respuesta por carta del Presidente del Gobierno en la que le indica expresamente su intención de abordar con la dirección de la FEMP los problemas que aquejan en estos momentos a las haciendas locales y las propuestas de los Ayuntamientos sobre el nuevo modelo de financiación, entre otros asuntos. El Alcalde de Getafe destacó el gesto de Zapatero, por ser la primera vez que un Presidente del Gobierno se dirige a la FEMP para hablar de financiación.

Al respecto, manifestó que piensa trasladar a Zapatero la necesidad de que la negociación siga adelante para alcanzar cuanto antes un acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación, aunque el sistema no entre en vigor hasta el 2010. “Ahora es el momento del dialogo, de ejercer la responsabilidad y de arrimar el hombro frente a la crisis”, afirmó.

Pedro Castro también destacó la necesidad de que el Gobierno afronte la regulación de la participación de los Gobiernos Locales en los ingresos tributarios de las Comunidades Autónomas. La FEMP ha encargado un dictamen a expertos de la Universidad Carlos III, cuyo primer avance ya obra en poder de la Federación, en el que se fundamenta y se fija la base jurídica sobre la obligación constitucional que tienen las CCAA de establecer fondos de financiación no finalistas y la obligación de garantizar la suficiencia financiera de las haciendas locales, derivada de artículo 142 de la Constitución.

Por otro lado, el Presidente de la FEMP insistió en la necesidad de que se aborde con carácter urgente la redacción del nuevo Estatuto del Gobierno Local, para lo cual, anunció, se entrevistará la próxima semana con la Ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado.

Enmiendas a los Presupuestos 2009

En su comparecencia ante los medios, Castro informó además que la Comisión Ejecutiva acordó pedir una entrevista con el Vicepresidente segundo y Ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, para trasladarle las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado 2009 aprobadas por el máximo órgano directivo de la Federación. El texto de estas enmiendas se remitirá de forma inmediata a los portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso y del Senado.

Las propuestas de la FEMP plantean el mantenimiento de los anticipos a cuenta en la liquidación definitiva a las Entidades Locales, en los mismos términos y cantidades contempladas en los Presupuestos de 2008; que las entregas a cuenta a los Ayuntamientos se produzcan con el mismo criterio que a las Comunidades Autónomas, es decir, que se aplique el 98% en lugar del 95% como hasta ahora; y que se establezca un fondo de nivelación de 80 millones de euros destinado a los pequeños municipios.

Además, la FEMP presentará otras enmiendas relativas a la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria a los Ayuntamientos con el mismo criterio que las Comunidades Autónomas y la creación de mecanismos para que los disminuyan los ingresos por las plusvalías, en concreto la modificación de la base imponible del Impuesto de Plusvalías conforme a valores homogéneos similares a los utilizados en los impuestos autonómicos.

Pedro Castro exige una rápida respuesta del Gobierno sobre la aplicación de la Estabilidad Presupuestaria en los Ayuntamientos

El Presidente de la FEMP, Pedro Castro, ha pedido que se apliquen a los Gobiernos Locales los mismos criterios que a las Comunidades Autónomas en la ejecución de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Del mismo modo, exige que se adopten los mecanismos oportunos para que los Ayuntamientos no vean disminuidos sus ingresos por las plusvalías.

Por ello, demanda una pronta respuesta del Gobierno a ambas reclamaciones.

En concreto, la FEMP solicita la modificación de la base imponible del Impuesto de Plusvalías conforme a valores homogéneos similares a los utilizados en los impuestos autonómicos.

Estas dos propuestas están incluidas en los cinco puntos de “exigencias mínimas” que la Comisión Ejecutiva de la FEMP aprobó en su última reunión y que, posteriormente, fueron remitidos al Ministro de Economía y Hacienda y a los Grupos Parlamentarios.

Castro ha informado que en la última reunión de la Comisión bilateral FEMP – Gobierno para la reforma de la financiación local, celebrada el viernes de 10 de octubre, el Gobierno anunció su intención de vincular los otros tres puntos * (ver asterisco) del documento sobre “exigencias mínimas” a la negociación sobre el nuevo modelo de financiación.

Los representantes locales en esta Comisión bilateral son el Presidente de la Comisión de Haciendas y Financiación Local de la FEMP y Alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes; el Teniente Alcalde de Madrid y Vicepresidente de esta Comisión, Juan Bravo; y los portavoces de los grupos políticos de la Federación, Ramón Ropero, Alcalde de Villafranca de los Barros (PSOE), Fernando Martínez Maillo, Presidente de la Diputación de Zamora (PP), y Rosa Aguilar, Alcaldesa de Córdoba (IU).

Presupuestos en época de crisis

Joan Subirats 30/10/2008

En este final de año, en pleno alud de cambios de difícil conceptualización, les toca aprobar presupuestos a las administraciones públicas, con las dificultades que comporta una restricción súbita de ingresos y unas demandas de gasto al alza. Es precisamente en momentos como éstos cuando es importante examinar y debatir en profundidad esa expresión numérica de los objetivos de un Gobierno que son los presupuestos. Y me temo que no tenemos buenos mimbres con los que construir tal debate, más allá de las previsibles descalificaciones genéricas por parte de la oposición. No es serio, por ejemplo, que en algunas administraciones se pretenda evitar un debate políticamente significativo sobre en qué partidas incrementar, mantener o rebajar el gasto, y para ello se adopte la salida fácil y tradicional de recortar a todos por igual. Tampoco parece razonable adoptar una posición de excepcionalidad, proponiendo que todos los partidos de la oposición arrimen el hombro y voten con el Gobierno los presupuestos para demostrar así que es más importante la unidad que la discusión sobre las bases conceptuales (o sea, ideológicas y de valores) del presupuesto y sus concreciones sustantivas y operativas. Hemos de reconocer que los gobiernos en España, tanto de la esfera estatal como de las esferas de gobierno autonómica o local, no disponen de capacidades analíticas suficientes como para poder discriminar y discutir con seriedad prioridades, cuando el sistema de control de gestión que tienen establecido sólo les suministra información sobre el grado de ejecución presupuestaria y la legalidad contable. Son escasos los ámbitos de gestión pública que dispongan hoy de informaciones serias y contrastables sobre resultados de la acción pública y sobre el grado de impacto o de cumplimiento de objetivos alcanzado. Y de esta manera, la navegación se basa más en la experiencia e intuición del piloto que en certezas y puntos de referencia precisos.

La costumbre dispone que lo importante es saber de qué cantidad dispone el gestor a primeros de año y el grado de ejecución de esos recursos a finales del mismo. Ése será el punto clave que indicará una mejor o peor posición para abordar la discusión del nuevo presupuesto. En ese escenario, todo el énfasis se pone en el debate sobre la cuantía del gasto departamento por departamento, política por política, y no tanto en prioridades establecidas y resultados obtenidos. El sentido común indicaría que los presupuestos de los distintos gobiernos deberían examinar con detalle los impactos que tendrá la nueva situación económica y social, y disponer la distribución de recursos con arreglo a ello. Pero los compromisos que se arrastran año a año, las rigideces del sistema de función pública y la poca capacidad de generar información para la navegación reducen en muchos casos esa capacidad de cambio a proporciones muy limitadas. Lo que ha resultado sorprendente para mucha gente es la rapidez con que se han prometido enormes cantidades de recursos para el rescate financiero, cuando cualquiera que propusiera inversiones de tal calibre para asuntos de interés social sería inmediatamente tachado de insensato. Estamos viendo como se apuntan serias dificultades económicas para mantener el proceso de implementación de las previsiones de la llamada ley de defensa de la autonomía y de atención a la dependencia, o se anuncian recortes muy significativos en muchas áreas, y en cambio uno se marea cuando oye hablar de las cuantías de los fondos destinados a reducir los efectos de la crisis financiera. ¿Podremos saber algún día en qué se han gastado concretamente esos recursos, qué efectos ha tenido su asignación? ¿Podremos comparar esos resultados con el grado de mejora en la calidad de vida de las personas que sufren procesos de dependencia? ¿Tenemos, en definitiva, información suficiente nosotros y los parlamentarios o concejales para discutir políticamente, es decir, relacionando valores y prioridades, la distribución presupuestaria?

Necesitamos que las entidades, las asociaciones, las organizaciones no gubernamentales, no estén sólo pendientes de cómo han quedado en la foto de las previsiones presupuestarias del año próximo y se preocupen también por discutir cuél ha sido el destino de los fondos y los resultados obtenidos con esta o aquella actuación de los poderes públicos. En un país como Estados Unidos, existe la sana costumbre de relacionar coste con resultados. El próximo 4 de noviembre, los estadounidenses no sólo votarán a quién quieren de presidente, sino que podrán votar si así lo desean en centenares y centenares de referéndos y consultas que se presentan en muchos estados y municipios del país. Y en buena parte de esas consultas se relaciona de manera directa una medida concreta que impulsa un grupo de ciudadanos con el coste que ello supone. Aquí, con partidas de difícil localización en los inextricables capítulos presupuestarios, aún no sabemos a quién recriminar cuando se produce una noticia aparentemente escandalosa sobre este o aquel automóvil, no podemos discutir si es mejor o peor que exista un pool de coches oficiales, o si lo que resultaría más eficiente sería usar taxis. Hablamos de copago y lo relacionamos con exceso de frecuentación del sistema sanitario, pero no está nada claro este nexo de causalidad, sobre todo si no discutimos previamente formas de organización sanitaria o mecanismos de distribución de fármacos. Los pocos ejemplos de participación ciudadana en el debate sobre los presupuestos públicos ponen de manifiesto el alto grado de educación cívica que permiten. Nos falta transparencia y pedagogía presupuestaria e información sobre el ciclo que relaciona recursos e impactos. Si no avanzamos en esa línea, lo normal es que la desconfianza aumente y que la sospecha sobre el despilfarro público o el trato de favor a ciertas élites económicas siga creciendo.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona.