Presupuestos en época de crisis

Joan Subirats 30/10/2008

En este final de año, en pleno alud de cambios de difícil conceptualización, les toca aprobar presupuestos a las administraciones públicas, con las dificultades que comporta una restricción súbita de ingresos y unas demandas de gasto al alza. Es precisamente en momentos como éstos cuando es importante examinar y debatir en profundidad esa expresión numérica de los objetivos de un Gobierno que son los presupuestos. Y me temo que no tenemos buenos mimbres con los que construir tal debate, más allá de las previsibles descalificaciones genéricas por parte de la oposición. No es serio, por ejemplo, que en algunas administraciones se pretenda evitar un debate políticamente significativo sobre en qué partidas incrementar, mantener o rebajar el gasto, y para ello se adopte la salida fácil y tradicional de recortar a todos por igual. Tampoco parece razonable adoptar una posición de excepcionalidad, proponiendo que todos los partidos de la oposición arrimen el hombro y voten con el Gobierno los presupuestos para demostrar así que es más importante la unidad que la discusión sobre las bases conceptuales (o sea, ideológicas y de valores) del presupuesto y sus concreciones sustantivas y operativas. Hemos de reconocer que los gobiernos en España, tanto de la esfera estatal como de las esferas de gobierno autonómica o local, no disponen de capacidades analíticas suficientes como para poder discriminar y discutir con seriedad prioridades, cuando el sistema de control de gestión que tienen establecido sólo les suministra información sobre el grado de ejecución presupuestaria y la legalidad contable. Son escasos los ámbitos de gestión pública que dispongan hoy de informaciones serias y contrastables sobre resultados de la acción pública y sobre el grado de impacto o de cumplimiento de objetivos alcanzado. Y de esta manera, la navegación se basa más en la experiencia e intuición del piloto que en certezas y puntos de referencia precisos.

La costumbre dispone que lo importante es saber de qué cantidad dispone el gestor a primeros de año y el grado de ejecución de esos recursos a finales del mismo. Ése será el punto clave que indicará una mejor o peor posición para abordar la discusión del nuevo presupuesto. En ese escenario, todo el énfasis se pone en el debate sobre la cuantía del gasto departamento por departamento, política por política, y no tanto en prioridades establecidas y resultados obtenidos. El sentido común indicaría que los presupuestos de los distintos gobiernos deberían examinar con detalle los impactos que tendrá la nueva situación económica y social, y disponer la distribución de recursos con arreglo a ello. Pero los compromisos que se arrastran año a año, las rigideces del sistema de función pública y la poca capacidad de generar información para la navegación reducen en muchos casos esa capacidad de cambio a proporciones muy limitadas. Lo que ha resultado sorprendente para mucha gente es la rapidez con que se han prometido enormes cantidades de recursos para el rescate financiero, cuando cualquiera que propusiera inversiones de tal calibre para asuntos de interés social sería inmediatamente tachado de insensato. Estamos viendo como se apuntan serias dificultades económicas para mantener el proceso de implementación de las previsiones de la llamada ley de defensa de la autonomía y de atención a la dependencia, o se anuncian recortes muy significativos en muchas áreas, y en cambio uno se marea cuando oye hablar de las cuantías de los fondos destinados a reducir los efectos de la crisis financiera. ¿Podremos saber algún día en qué se han gastado concretamente esos recursos, qué efectos ha tenido su asignación? ¿Podremos comparar esos resultados con el grado de mejora en la calidad de vida de las personas que sufren procesos de dependencia? ¿Tenemos, en definitiva, información suficiente nosotros y los parlamentarios o concejales para discutir políticamente, es decir, relacionando valores y prioridades, la distribución presupuestaria?

Necesitamos que las entidades, las asociaciones, las organizaciones no gubernamentales, no estén sólo pendientes de cómo han quedado en la foto de las previsiones presupuestarias del año próximo y se preocupen también por discutir cuél ha sido el destino de los fondos y los resultados obtenidos con esta o aquella actuación de los poderes públicos. En un país como Estados Unidos, existe la sana costumbre de relacionar coste con resultados. El próximo 4 de noviembre, los estadounidenses no sólo votarán a quién quieren de presidente, sino que podrán votar si así lo desean en centenares y centenares de referéndos y consultas que se presentan en muchos estados y municipios del país. Y en buena parte de esas consultas se relaciona de manera directa una medida concreta que impulsa un grupo de ciudadanos con el coste que ello supone. Aquí, con partidas de difícil localización en los inextricables capítulos presupuestarios, aún no sabemos a quién recriminar cuando se produce una noticia aparentemente escandalosa sobre este o aquel automóvil, no podemos discutir si es mejor o peor que exista un pool de coches oficiales, o si lo que resultaría más eficiente sería usar taxis. Hablamos de copago y lo relacionamos con exceso de frecuentación del sistema sanitario, pero no está nada claro este nexo de causalidad, sobre todo si no discutimos previamente formas de organización sanitaria o mecanismos de distribución de fármacos. Los pocos ejemplos de participación ciudadana en el debate sobre los presupuestos públicos ponen de manifiesto el alto grado de educación cívica que permiten. Nos falta transparencia y pedagogía presupuestaria e información sobre el ciclo que relaciona recursos e impactos. Si no avanzamos en esa línea, lo normal es que la desconfianza aumente y que la sospecha sobre el despilfarro público o el trato de favor a ciertas élites económicas siga creciendo.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona.