Los ayuntamientos reclamarán al Gobierno mayor poder fiscal

Los alcaldes piden margen para subir el IAE y el impuesto de plusvalía

VERA GUTIÉRREZ CALVO - Madrid - 28/05/2008

Los representantes de ayuntamientos, diputaciones y cabildos de toda España -agrupados en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)- aprobaron ayer por unanimidad dar inicio a la negociación "urgente" con el Gobierno central para lograr un nuevo sistema de financiación local que acabe con la asfixia económica que dicen sufrir. A esa mesa de negociación llevarán un paquete de propuestas en el que reclaman mayor poder fiscal: capacidad para subir ciertos impuestos propios y una participación en impuestos ajenos (autonómicos).

Los dos principales impuestos propios que quieren tocar son el de actividades económicas (IAE), que sólo pagan ya las grandes empresas; y el de plusvalía, que paga cualquier ciudadano por el beneficio obtenido al vender un terreno o un inmueble. La propuesta, planteada por el Ayuntamiento de Madrid, fue asumida por la comisión ejecutiva de la FEMP y será trasladada al Gobierno, según confirmó tras la reunión el presidente de la federación y alcalde de Getafe (Madrid), el socialista Pedro Castro. También hay acuerdo desde la pasada legislatura para reclamar la modificación del IBI, el principal impuesto municipal.

"La negociación para reformar la financiación local debe ir pareja y simultánea con la que el Estado va a iniciar con las comunidades autónomas. Tienen que ser vasos comunicantes", advirtió Castro en rueda de prensa, acompañado por los representantes del PSOE, PP, IU y CiU en la FEMP, para dejar claro que en la batalla municipal todos los partidos hacen frente común. Los ayuntamientos sostienen que están realizando multitud de tareas -escuelas infantiles, atención a mayores, acogida de inmigrantes, protección a maltratadas- que no les competen y para las que no tienen dinero, y cifran su déficit en 7.000 millones de euros.

Ese dinero debería venir sobre todo de las comunidades, admitió Castro, porque ellas tienen transferidas "la parte del león" de las competencias. Pero los alcaldes temen que si se ponen a negociar de forma bilateral con cada comunidad y no todos juntos con el Gobierno central, el proceso se eternice y vuelva a quedar empantanado, como lleva así desde hace 30 años.

"Pedimos al Gobierno que cree un instrumento para transferir ese dinero a los ayuntamientos", dijo el presidente de la FEMP. "El Estado debe ser el que garantice esto", apuntó Ramón Ropero, alcalde de Villafranca de los Barros (Badajoz) y portavoz del PSOE. El representante del PP y presidente de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez, insistió: "Es el Gobierno el que debe garantizar la suficiencia financiera de los entes locales".

Para iniciar esa negociación, la FEMP creó ayer dos mesas de trabajo: una técnica y otra política. Las dos tendrán, según Pedro Castro, "interlocución con los dos ministerios", el de Economía y Hacienda y el de Administraciones Públicas. Y los regidores se han puesto un plazo: "Antes del último martes de junio, habrá reunión con el Gobierno", aseguró con cierto misterio el presidente de la FEMP.

Rosa Aguilar, alcaldesa de Córdoba, estará en la comisión política por IU. Ayer se mostraba optimista. "Tenemos el compromiso del presidente Zapatero, que nos dijo en la pasada legislatura que la reforma de la financiación local se haría a la par que la autonómica. Esperamos que sea así", afirmó.

Andalucía pone peros

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), el socialista Francisco Toscano, suscribió ayer lo dicho a EL PAÍS por su colega Pedro Castro, presidente de la FEMP, quien exigió la reforma "urgente" de la financiación local. "Me parece magnífico. Si hay que dar un ultimátum o plantear una huelga de ayuntamientos... lo que haga falta", afirma Toscano, también alcalde de Dos Hermanas (Sevilla). Pero frente a la posición de las corporaciones locales está la de la Junta de Andalucía o la del propio PSOE, partido al que pertenece el 63% de los 770 alcaldes de la comunidad.

El vicepresidente primero del Gobierno andaluz, Gaspar Zarrías, mostró su comprensión por la situación por la que atraviesan las corporaciones locales, pero no es partidario de que se debatan a la vez los ingresos autonómicos y los locales.

"Hasta que no sepamos los ingresos que va a recibir la comunidad y cómo va a quedar definitivamente el sistema de financiación me parece que es arriesgado entrar en lo que es un sistema de financiación local que habrá que abordar con posterioridad", afirmó Zarrías.

Desde la FAMP no se comparte esta posición. "No estoy de acuerdo con postergar la negociación. Eso es una trampa", dijo Toscano.

Pagar por el valor real del piso y no por el del catastro

V. G. C. - Madrid - 28/05/2008

De cada 100 euros que paga un ciudadano en impuestos, 60 van al Estado, 34 a la comunidad autónoma y sólo seis los cobra el municipio, según un estudio de la Universidad Complutense de Madrid encargado por el Ayuntamiento de la capital. "Sin embargo, cuando nosotros subimos algún impuesto todo el mundo se nos echa encima. Es injusto", protestaba ayer un miembro de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Los alcaldes llevarán a la negociación con el Gobierno un paquete de medidas para tener mayor capacidad fiscal. Éstos son los impuestos que quieren tocar.

- Actividades económicas. Desde 2004 el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) sólo lo pagan las empresas que facturan más de un millón de euros al año. El tipo se aplica sobre una base que es distinta para cada sector (banca, aseguradoras, grandes superficies) y que no se actualiza desde hace 15 años. La propuesta del Ayuntamiento de Madrid, aprobada por unanimidad en la FEMP, consiste en pedir al Gobierno que autorice a los ayuntamientos a modificar esa base, para subir el impuesto (como máximo al triple) o bajarlo (como máximo a la mitad). Madrid, por ejemplo, quiere triplicar el IAE que pagan los bancos, pero estudia bajar -al menos mientras dure la crisis- el que paga el sector inmobiliario, según han explicado fuentes municipales.

- Plusvalía. Este impuesto es potestativo: no todos los ayuntamientos lo cobran. Los que sí lo hacen aplican el tipo sobre el valor catastral de la vivienda o del terreno vendido, porque así lo establece la Ley de Haciendas Locales. Pero el valor catastral es mucho menor que el de mercado (a veces, la mitad). La FEMP reclama cambiar la ley para que el impuesto se aplique sobre el valor real del inmueble. Esta modificación es la más golosa de las que piden los alcaldes: las grandes ciudades podrían duplicar la recaudación actual.

- IBI. Durante la pasada legislatura la FEMP acordó varias propuestas de modificación del Impuesto de Bienes Inmuebles, el principal tributo municipal. Ahora esas propuestas se incorporarán a la negociación. Hay dos fundamentales: aplicar un tipo superior a los inmuebles con mayor valor catastral o que estén situados en calles más comerciales; y gravar la posesión de solares vacíos. Madrid también propuso tener en cuenta, en ciertos casos, la renta de los propietarios a la hora de cobrar el IBI (por ejemplo, para que jubilados con baja pensión que viven en casas señoriales no paguen más que alguien con renta más alta pero piso más modesto).

La hora municipal

Los alcaldes reclaman al Gobierno más dinero para los ayuntamientos. Les sobran razones

editorial EL PAÍS 28/05/2008

Las corporaciones locales representadas en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), cuyo órgano de gobierno se reunió ayer en Madrid, reclaman una distribución más equitativa de los recursos públicos entre los tres niveles de la Administración. Y proponen que el Consejo de Política Fiscal y Financiera que negocia la reforma de la financiación autonómica incorpore a sus deliberaciones la decisión sobre el porcentaje de los ingresos del Estado y de las comunidades que serán transferidos directamente a las corporaciones locales, en lugar de depender de las negociaciones de cada comunidad con sus municipios.

Los ayuntamientos españoles carecen de la capacidad intimidatoria con que cuentan las autonomías a la hora de negociar con el poder central. Ese factor político explica que casi 30 años después de las primeras elecciones locales, los municipios (hay 8.112) sigan siendo la cenicienta a la hora del reparto de los dineros públicos. En los Estados federales, la Administración central controla como media el 43% de esos recursos, las entidades federadas el 30% y las corporaciones locales el 25%. En España, en 2004, las comunidades autónomas gestionaban el 33% de los recursos y los ayuntamientos el 12%. Esos porcentajes han podido variar algo, pero la proporción entre gasto autonómico y local se mantiene.

Muchas veces se ha planteado la necesidad de abordar ese problema, y otras tantas se ha aplazado con diversos pretextos. En 2002, Aznar lanzó la consigna de que, una vez culminada la transferencia de educación y sanidad a las comunidades, había llegado la hora de la "segunda descentralización": la de las comunidades hacia los municipios. Pero hubo otras urgencias antes de que el PP perdiera las elecciones; el socialista Jordi Sevilla dijo lo mismo cuando creyó encauzado el problema de las reformas estatutarias, pero fue sustituido antes de llegar a presentar su proyecto de nueva Ley de Régimen Local, que era el marco en que debían plantearse las cuestiones de financiación.

Por ejemplo, la de la compensación estable por la desaparición del antiguo impuesto de actividades económicas, que proporcionaba el 20% de los ingresos municipales, o el de la financiación de las actividades asistenciales asumidas por los ayuntamientos (inmigración, vivienda, etcétera) sin tener competencias específicas sobre ellas, y que absorben según la FEMP el 30% del gasto local.

Un efecto colateral de esta situación es la utilización de las posibilidades abiertas por la Ley del Suelo de 1998 (que atribuyó a los municipios la capacidad para la recalificación de terrenos) como vía irregular de financiación: de los municipios, primero; de los partidos, después, y de los ediles mismos al final. Sobran razones para tomarse en serio el problema. El carácter transversal de las reclamaciones de la FEMP, con apoyo de PSOE, PP e IU, anula el pretexto de falta de consenso con que se archivó en 2006. Los alcaldes tienen razón.