El PP presenta un decálogo para adaptar los ayuntamientos a la crisis

Por Carlos Muñoz.Municipios 21
Los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular elaborarán Planes de Ajuste Presupuestario ante la actual situación de crisis económica, en los que se incluirán la congelación de los sueldos de todos sus cargos públicos y la garantía de partidas presupuestarias destinadas a gastos sociales.
Así se acordó en una reunión mantenida en Ciudad Real entre alcaldes del PP, presidida por su presidente, Mariano Rajoy, en la que se aprobó un Decálogo de medidas con los principios inspiradores de esta iniciativa. Entre otras medidas, los consistorios del PP limitarán los gastos de personal y burocráticos, impulsarán planes de ahorro energético y fomentarán la sostenibilidad de las finanzas públicas con iniciativas de rigor y control presupuestario.Frente a la "pasividad" del Ejecutivo socialista, el PP quiere desempeñar un "papel activo" contra la crisis en los lugares donde ejerce responsabilidades de Gobierno. Así, estos Planes permitirán, a través de una política de austeridad en el gasto público, redefinir los objetivos de los ayuntamientos en la actual coyuntura.Por eso, deberá abordarse, en la medida de lo posible, la necesidad de reforzar aquellas políticas que permitan, con la necesaria colaboración de la iniciativa privada, minimizar el impacto de la crisis y coadyuvar a la recuperación económica, para lo que será indispensable que el nuevo sistema de financiación local entre en vigor el próximo ejercicio.El Decálogo aprobado recoge los principios que inspirarán los Planes de Ajuste Presupuestario, aunque cada equipo de Gobierno los adaptará a las particularidades de su ayuntamiento. Las diez medidas están divididas en dos grandes apartados correspondientes a las propuestas destinadas a la reducción del gasto burocrático y a las iniciativas que permitirán garantizar el equilibrio presupuestario y la estabilidad.Austeridad en el gastoEn este primer bloque se incluyen las propuestas destinadas a mejorar la eficiencia de la propia Administración pública, reduciendo sus costes de funcionamiento.Concretamente, se actuará en limitar los gastos de personal. Con carácter general, sólo se autorizará el crecimiento de la plantilla para dar cobertura a los servicios operativos, como Policía municipal, Bomberos, Emergencias o Protección Civil, y para atender necesidades asociadas a los servicios sociales.Además, se congelarán los sueldos de todos los cargos públicos; alcaldes, concejales y personal de confianza; las dietas y asistencias a órganos colegiados; así como la asignación a los grupos municipales.En la reducción de gastos burocráticos, los ayuntamientos gobernados por el PP contendrán los gastos destinados a publicidad y publicaciones. El objetivo será reducir sustancialmente los gastos de protocolo y representación y el coste de materiales y suministros a través de la generalización del uso de la banda ancha de Internet y similares, y de un exhaustivo plan de control del gasto por cada uno de los servicios municipales, con políticas de compra más eficientes.La iniciativa en torno a planes de ahorro energético perseguirá el doble objetivo de reducir el consumo interno, estableciendo criterios para la regulación de las temperaturas máximas y mínimas en los edificios públicos y horarios de encendido y apagado, y de contener el consumo derivado del alumbrado público, con la reposición de luminarias de bajo consumo o el control de la temporización de los encendidos y apagados de viales y calles. También se controlará el consumo de energía en los edificios municipales, sobre todo en horas no laborables.Sostenibilidad financieraEl segundo bloque de medidas incluidas en el Decálogo tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad de las Haciendas municipales en un momento en el que las previsiones de crecimiento han sufrido un severo ajuste.Para ello, es necesario ajustar el techo de gasto a los ingresos que realmente se esperan alcanzar. Con este objetivo, los ayuntamientos gobernados por el PP proponen rigor y prudencia en el presupuesto de ingresos, realizando un seguimiento constante de su evolución.Asimismo, control del presupuesto de gastos, ya que estos no deberán crecer por encima del PIB nominal. Las bajas de adjudicación derivadas de los procedimientos de contratación se centralizarán en una única partida cuya gestión corresponderá al órgano competente en materia de Hacienda Pública.La reducción de la capacidad de gasto obligará a realizar un análisis de las actuaciones que falten por ejecutar y a priorizarlas. Se revisará la necesidad y oportunidad de las líneas de subvención previstas, realizando los ajustes que sean posibles. Pero, "en ningún caso se recortarán subvenciones de carácter social ni aquellas que incentiven de modo directo la actividad económica".En referencia a la limitación de las modificaciones de crédito, se restringirá al máximo la tramitación de las transferencias de crédito, excepto las relativas a carga financiera y gastos de personal cuando se refieran a la gestión de nóminas.Además, las generaciones, ampliaciones, suplementos de crédito, créditos extraordinarios sólo podrán iniciarse en el momento en que se tenga constancia de los ingresos de los que traen causa. Del mismo modo, se elaborará un escenario plurianual que permita conocer el impacto de los contratos vigentes o en tramitación en los ejercicios futuros, con el objetivo de controlar los gastos plurianuales.Destacan que las partidas presupuestarias destinadas a atender gastos sociales no se verán afectadas por los recortes. No obstante, el hecho de que estas competencias no cuenten con la debida financiación "hace aún más urgente la necesidad de que el nuevo sistema de financiación esté en vigor en 2009".Los Ayuntamientos, en el marco de sus competencias y de forma coordinada y concurrente, llevarán a cabo medidas para contrarrestar la crisis, junto a otros niveles de gobierno, que tratarán de reforzar dichas actuaciones con la intención de suavizar el impacto de la crisis en su territorio, fomentando, por ejemplo, sus políticas de vivienda pública, tanto desde el punto de vista de la construcción como de la rehabilitación.Asimismo, los alcaldes del PP destacaron la necesidad de impulsar la segunda descentralización y un nuevo modelo de financiación local. En este sentido, instaron al Gobierno a asumir su responsabilidad y a negociar un nuevo modelo que dé respuesta a los retos actuales de los consistorios.