Economía torea a los Ayuntamientos

Editorial Municipios 21

Decepcionante ha sido el balance de la primera reunión de la comisión negociadora de la financiación local entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias. En realidad, la única buena noticia de esa reunión es su misma existencia que, aunque debilitada, mantiene viva la ilusión de que el Gobierno Central de verdad quiera abordar el serio problema del déficit económico de los ayuntamientos.El departamento de Pedro Solbes ha prodigado los trabajos para encauzar la negociación con las Comunidades Autónomas. Ha publicado las balanzas fiscales, ha filtrado diferentes propuestas negociadoras y ha configurado un marco general de negociación que, gustará o no, pero permite avanzar en las conversaciones.Sin embargo, cuando de la financiación local se trata, el Ministerio acude a la reunión con las manos completamente vacías. Para decir a los ayuntamientos que comprenden sus problemas, no hacía falta reunirse. Para contar lo que los portavoces oficiales del Ministerio contaron en esa reunión, no hacía falta una convocatoria formal, bastaba con un telegrama.Y esto no es de recibo. Después de meses de tanteo, cuando toca empezar a hablar en serio, una de las dos partes negociadoras no puede refugiarse en la pasividad más absoluta. Eso sólo puede querer decir dos cosas: o el Gobierno no tiene la mas mínima intención de mejorar la financiación local y por tanto cualquier táctica dilatoria es válida para fingir que se negocia, o el Gobierno tiene muy clara la oferta que puede hacer a los consistorios y ésta va a ser tan contraria a sus intereses que los necesita tener mucho más “desesperados e impacientes” antes de ponerla encima de la mesa.Evidentemente, los 7.000 millones que reclama la FEMP son un punto de partida. Una cifra que, si existiese realmente voluntad negociadora por parte del Ministerio, en la reunión celebrada debería haber sido objeto de discusión y matización por la Administración Central. Los ayuntamientos también están experimentando las consecuencias de la crisis económica, al igual que las comunidades autónomas y el gobierno central. Y por ello, se merecen formar parte del escenario general de negociación. No es de recibo que se les pretenda contentar con las migajas y los flecos que deje la negociación financiera con las comunidades autónomas. Por mucha crisis que exista, ése no es el camino.