La FEMP aprueba el Código del Buen Gobierno Local

Recoge los principios transparencia y ética pública, junto a medidas para mejorar la gestión y calidad de la democracia local

Incluye un decálogo de principios que van desde la defensa de los intereses generales con honradez, objetividad, imparcialidad, austeridad y cercanía al ciudadano, hasta no aceptar regalos que sobrepasen los usos y costumbres de la simple cortesía

Propone la regulación de una carta de derechos del ciudadano sobre el funcionamiento de los servicios

Obliga a la declaración de incompatibilidades y de bienes de los cargos públicos, directivos y personal de confianza de las instituciones y a trasladar al registro cualquier modificación.
Vincula las retribuciones económicas de los cargos electos a criterios objetivos como población, presupuesto y situación financiera municipal

La Comisión Ejecutiva de la FEMP ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos, el Código del Buen Gobierno Local, que recoge los principios transparencia y ética pública, junto a medidas para mejorar la gestión y calidad de la democracia local. El texto será remitido a todos los Gobiernos Locales españoles para que, en el uso de su autonomía, lo ratifiquen y lo incorporen a su normativa.
El documento aprobado ha sido elaborado por un grupo de trabajo integrado por representantes de todos los partidos políticos con representación en la Comisión Ejecutiva de la FEMP: PSOE, PP, IU, CiU y PAR. Este grupo ha venido trabajando desde mediados del pasado año en que se constituyó por acuerdo de la propia Comisión Ejecutiva.
El texto parte de un preámbulo en el que se recogen recomendaciones y documentos del Consejo de Europa y la apelación al ejercicio de las funciones de los electos locales con sentido de la responsabilidad, voluntad de servicio a la sociedad, transparencia, eficacia y dedicación plena a sus funciones públicas.
Esto se da en la inmensa mayoría de los electos locales españoles, pero existen casos excepcionales en los que el sistema democrático soporta casos de mala gestión y corrupción, transfuguismo, falta de transparencia, connivencia con intereses privados y ausencia de cauces para el control de la oposición, que degradan y perjudican a la democracia y dañan la credibilidad de políticos e instituciones.
Frente a ello, se propone una nueva forma de gobernar desde la cercanía, apostando por unos Ayuntamientos modernos y eficaces y considerando el ámbito local como espacio estratégico de la acción política, el futuro de la democracia y el desarrollo de los derechos de ciudadanía.
Principios
El Código recoge un decálogo de principios que van desde el respeto al ordenamiento jurídico y el compromiso con la ética pública y la calidad democrática, hasta la defensa de los intereses generales con honradez, objetividad, imparcialidad, austeridad y cercanía al ciudadano. Se propone fomentar la transparencia y la democracia participativa, trabajar por la inclusión social y el equilibrio territorial en los municipios. Del mismo modo, asume el código de conducta política en relación con el transfuguismo. Además, incluye el compromiso de no aceptar regalos que sobrepasen los usos y costumbres de la simple cortesía por parte de entidades y personas.
Calidad de la democracia
El documento incluye una serie de medidas para mejorar la gestión y la calidad de la democracia local, entre las que se encuentra la creación de comisiones de control de la contratación pública, la creación de mecanismos para posibilitar la participación de los ciudadanos, facilitar el trabajo de todos los grupos políticos, garantizar la pluralidad en los medios locales de información y favorecer el diálogo con los sectores sociales. Asimismo, propone la regulación de una carta de derechos ciudadanos respecto al funcionamiento de los servicios.
Incompatibilidades y declaraciones de bienes
El texto prevé que la declaración de causas de incompatibilidad de los electos locales al principio y al finalizar el mandato y cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos. Se harán públicas las declaraciones de bienes de los cargos públicos, directivos y personal de confianza de las instituciones, conforma a los modelos aprobados por los Plenos. Se registrarán los cambios patrimoniales o de actividad y se publicarán las retribuciones íntegras así como las compensaciones económicas por la representación desempeñada con motivo del cargo.
Retribuciones económicas
En relación con las retribuciones económicas de los electos locales, propone que se fijen con criterios objetivos (población, presupuesto o situación financiera municipal) y de acuerdo con unos baremos relacionados con el régimen retributivo de cargos públicos o funcionarios con similar responsabilidad de otras instituciones. Plantea, además la creación de un fondo en las Comunidades Autónomas, para garantizar las retribuciones de los electos locales en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Medidas de democracia participativa

Finalmente, el Código contempla medidas de fomento de la democracia participativa como complemento y refuerzo a la democracia representativa. Entre otras, prevé la creación de instrumentos como el Consejo del Municipio, grupos de trabajo en torno a proyectos determinados, talleres de reflexión ciudadana, presupuestos participativos, Consejo económico y Social y Consejos Asesores Sectoriales y la Iniciativa Popular. Se asegura el derecho a la información y el fomento del diálogo y la administración relacional.
Observatorio en la FEMP
El acuerdo de la FEMP incluye el compromiso de crear un Observatorio de evaluación de la calidad democrática que se encargará de valorar la aplicación del Código

Código del Buen Gobierno Local (pdf)

fuente:Elchedigital

¿Para Cuando en el Ayuntamiento de Alicante?

Alborch pide hacer públicos los bienes de los concejales

Los socialistas quieren que el Ayuntamiento de Valencia que preside la popular Rita Barberá asuma el código del buen gobierno aprobado por unanimidad el pasado 15 de diciembre por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La portavoz municipal socialista, Carmen Alborch, defenderá hoy en el pleno municipal un catálogo de medidas por la transparencia y la ética en los ayuntamientos. Entre otras medidas, la socialista reclama que todos los cargos electos municipales, así como los directivos y personal de confianza de las instituciones, hagan pública su declaración de bienes, actividades y causas de posible incompatibilidad.

Alborch destacó además de entre todas las medidas y recomendaciones que los socialistas, el único grupo de la oposición, tengan representación en todos los consejos de administración de las sociedades y empresas públicas municipales, así como en los patronatos de las fundaciones locales. De hecho, los socialistas llevan tiempo exigiendo fiscalizar los fondos públicos que han ido a parar a cinco entidades sin ánimo de lucro, a los que Barberá ha destinado en los últimos cinco años más de 45 millones de euros.

Alborch, que reconoció que Valencia ya puso en marcha un código ético de gobierno, subrayó, sin embargo, que tiene mucho camino por recorrer a la hora de controlar los mecanismos de concesión de las subvenciones o los contratos. "Creemos que abundar e insistir en principios como la honradez, la austeridad y la cercanía a los ciudadanos son principios que nunca vendrán de más", dijo Alborch. En el Ayuntamiento de Elche, el concejal socialista Alejandro Pérez consideró "intolerable" que el grupo del PP se niegue a hacer públicos sus bienes y su registro de intereses.

Los socialistas defenderán también hoy en el pleno una reclamación a los presupuestos, que está previsto que se aprueben definitivamente, porque el mismo día que se les dio el visto bueno provisional, el pasado 4 de diciembre, se recortaron en siete millones de euros aproximadamente, denunció el concejal socialista Juan Ferrer. De aprobarse hoy en estos términos, los socialistas volverán a denunciar las cuentas municipales.

Ferrer defenderá otra moción instando a la alcaldesa Rita Barberá a que exija al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que cree el Fondo de Cooperación Municipal, comprometido desde 1999 y que debería haberse dotado con 3.300 millones de euros en este periodo.

CRISTINA VÁZQUEZ - Valencia - 29/12/2009

Si banqueros y políticos fueran ángeles

La crisis financiera de Estados Unidos y la corrupción local en España tienen en común un perjuicio a los intereses de los accionistas y de los ciudadanos por parte de directivos sin contrapesos en sus organizaciones

VÍCTOR LAPUENTE 28/12/2009

Qué tienen en común los escándalos financieros en Estados Unidos que han desencadenado la crisis económica mundial con los escándalos de corrupción política que hacen que la mayoría de sociedades de la Europa del Sur y del Este estén cayendo en los índices internacionales de buen gobierno por debajo de países como Chile, Botswana o Qatar?

El factor más repetido a ambos lados del Atlántico es "la avaricia de unos pocos". Es un argumento muy útil para los políticos. Queda bien en los mítines disertar sobre la avaricia como resultado de la idolatría a las fuerzas del mercado desregulado o la cultura del pelotazo. Además, apelando a la avaricia humana, los políticos pueden imponer la solución más fácil de vender al electorado: mayor regulación pública (más procedimientos administrativos y registros más detallados de las actividades de todo tipo de instituciones públicas y privadas) y más organismos públicos que actúen como controles externos de las instituciones potencialmente peligrosas. Destinemos más recursos públicos a agencias reguladoras de las instituciones financieras y a fiscalías o agencias anticorrupción.

Sin embargo, hay motivos para dudar sobre la funcionalidad de esta creciente industria del control público -más allá obviamente de ayudar a ganar elecciones para los que la defienden-. Por una parte, los estudios de corrupción política muestran que aumentar el número de procedimientos administrativos (para llevar a cabo cualquier actividad económica privada o pública) o introducir agencias específicas para la lucha contra la corrupción no tiene efectos positivos significativos. Por ejemplo, la mayoría de países con bajos niveles de corrupción ni tienen agencias anticorrup-ción ni las tenían cuando estaban combatiendo activamente la corrupción.

Por otra, si analizamos los escándalos financieros que han afectado a tantos bancos americanos, vemos que el origen de los mismos no reside tanto en la ausencia de agencias reguladoras -pues siempre es posible encontrar fórmulas creativas para sortear casi todo tipo de regulaciones- como en la excesiva tolerancia hacia el riesgo de los directivos de algunas instituciones financieras. Los ejecutivos adoptaron (o toleraron que sus subordinados adoptaran) decisiones de mucho riesgo que no habrían tomado con su propio dinero. Pero eran los ahorros de los accionistas. En otras palabras, una lectura alternativa de la crisis financiera es la de un abuso sistemático de los intereses de los accionistas de las propias instituciones afectadas por parte de los ejecutivos de las mismas, que sabían que no pagarían las consecuencias plenas de sus actos y jugaron con fuego o, en este caso, con hipotecas basura.

Por tanto, lo que tienen en común las instituciones del sector privado americanas responsables de la crisis financiera con las instituciones del sector público responsables de la crisis de corrupción política en el Sur y Este de Europa es un abuso de los intereses de los accionistas (inversores en el primer caso y ciudadanos en el segundo) por parte de unos directivos (ejecutivos y políticos electos, respectivamente) que no están limitados por pesos y contrapesos dentro de sus propias organizaciones. Ambas instituciones sufren el denominado "dilema madisoniano", ya que fue James Madison, uno de los padres fundadores de la Constitución americana, quien estableció la formulación clásica del problema: "Si los ángeles gobernaran a los hombres, ni los controles externos ni internos al Gobierno serían necesarios. Al diseñar un gobierno de hombres sobre hombres, la gran dificultad reside en esto: primero debes capacitar al Gobierno para controlar a los gobernados y, segundo, obligarle a controlarse a sí mismo". Los trabajos de científicos sociales contemporáneos, como Gary Miller, demuestran que todos los gobiernos -tanto del sector público como del privado- sufren este dilema. Los gobernantes de cualquier organización, independientemente de las regulaciones que les impongamos desde fuera, siempre tendrán oportunidades para sacar ventaja de su autonomía. Por ejemplo, aprovechando que saben más que los accionistas, los ejecutivos privados siempre pueden adquirir un coche (o un jet) extra a cargo de la empresa o exponer el dinero de los accionistas a un riesgo de más a cambio de un bono. Y los gobernantes públicos siempre pueden construir una carretera o un polideportivo de más u ofrecer un trato de favor (camuflado de forma perfectamente legal) a un amigo. La solución que Miller y otros apuntan para minimizar este oportunismo inherente a las posiciones ejecutivas es crear un relativo nivel de conflicto en la cúpula de las organizaciones. Que personas con intereses distintos tengan que ponerse de acuerdo para tomar las decisiones más importantes, aquellas que pueden acarrear un mayor abuso de los intereses de los accionistas.

En el sector privado, esto es lo que ocurre en aquellas empresas en las que existe un chairman of the board que es independiente del chief executive. Esta separación de intereses (o, como mínimo, la existencia de estos dos cargos de forma independiente) es habitual en empresas e instituciones financieras europeas. Por el contrario, la norma en Estados Unidos es que una misma persona acumule ambos cargos, lo que podría explicar por qué la gran mayoría de escándalos financieros se han dado en ese país. Muchos chief executives controlaban a placer los órganos que deberían controlarlos a ellos. Como señala The Economist, una de las primeras reformas que los bancos americanos más afectados por la crisis (como Citigroup, Washington Mutual o Wells Fargo) han adoptado ha sido separar los cargos de chairman of the board y de chief executive. Ésa es también la exigencia de uno de los grupos más prestigiosos del mundo, el noruego NBIM: si queréis que invirtamos en vosotros, deberéis separar estos cargos para evitar que todo el poder se acumule en unas mismas manos.

En el sector público, el ejemplo por excelencia de separación de poderes es el Gobierno federal americano. Diseñado por pensadores como Madison, conscientes de que los gobernantes no son ángeles, un sofisticado sistema de pesos y contrapesos hace que el político más poderoso del mundo (el presidente de EE UU) tenga menos oportunidades para beneficiarse de actividades corruptas que cualquier político regional o local en un país como España -como podemos comprobar a diario-.

Diferentes versiones de este sistema madisoniano de separación de poderes en la cúpula de las organizaciones públicas se ha implantado en las administraciones occidentales que ahora son menos corruptas. En muchos gobiernos locales y regionales americanos (o de la Europa del Norte) los políticos electos monopolizan el equivalente al consejo de administración de una empresa (como el pleno o comités de área) y unos gestores profesionales, en ocasiones procedentes del mundo privado, ocupan las posiciones directivas.

Como en las "buenas empresas" europeas, el chairman of the board (alcalde o máximo representante político) no es al mismo tiempo el chief executive officer (máximo gestor público). Como políticos de partido tienen que ponerse de acuerdo con gestores con intereses distintos (unos preocupados por su reelección y los otros por su reputación profesional), las posibilidades de connivencia para llevar a cabo actividades corruptas se reducen al mínimo. Por el contrario, en los gobiernos locales y regionales (y en algunos casos incluso en los centrales), de la Europa del Sur y del Este sucede algo similar a las "malas empresas" americanas: el chairman of the board (alcalde o consejero regional) es al mismo tiempo el único y todopoderoso chief executive officer. Los intereses de los accionistas (es decir, los ciudadanos) quedan así desprotegidos porque las mismas manos (o del mismo partido) toman las decisiones con mayor margen para el abuso, como la construcción de un velódromo o la organización de la visita del Papa.

En resumen, son cambios organizativos internos y no sólo los controles externos, los que deberíamos empezar a debatir seriamente a ambos lados del Atlántico. Tanto europeos como americanos podemos aprender mucho los unos de los otros. Los europeos sobre cómo instaurar una efectiva separación de poderes en la cúpula de las organizaciones públicas y los americanos, en las del sector privado. Ya que ni los banqueros ni los políticos son ángeles, no les dejemos margen de maniobra para que actúen como seres divinos.

Víctor Lapuente es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Gotemburgo, Suecia.

¿Quiénes son peores, nuestros políticos o los ciudadanos?

FERNANDO VALLESPÍN 26/12/2009
Seguramente a nadie le ha sorprendido que entre los principales problemas de España que recogía el barómetro de noviembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) figurara, en tercer lugar, la "clase política, los partidos políticos". Se veía venir, después de tantos años de crispación, de los nuevos desvelamientos de casos de corrupción y de su falta de unidad ante la mayor crisis económica que hemos sufrido en décadas. Esta desafección no deja de llamar la atención, porque los políticos, lejos de tratarnos mal a los ciudadanos, se relacionan siempre con nosotros con extremado cuidado, como si fuésemos niños malcriados a los que no se les puede negar nada.

Como los padres de hoy con sus hijos, piensan que perderán el favor de sus gobernados si no están siempre pendientes de cada uno de los caprichos. Además, su gestión la presentan siempre en positivo, como si el más ligero reconocimiento de sus faltas fuera a provocar nuestra ira y, sobre todo, beneficiar al adversario. Algunos llaman a esta forma de proceder "gobernar con las encuestas", y es la actitud que ha suplantado al más tradicional "liderazgo".

No parece, sin embargo, que tanta desconsideración hacia los políticos obedezca a que los ciudadanos echen en falta más liderazgo; lo que ahora se añora es la unidad. Su reproche va más bien en la línea de que parecen preocuparse más por sus intereses partidistas que por el bienestar general. Y que esa persecución del interés propio, paradójicamente, ha acabado por objetivarles dentro de una "clase" o "casta" con atributos comunes a todos ellos. Lo primero sería el interés del partido, luego ya los intereses generales. Se da así la curiosa contradicción de que aquéllos que supuestamente están encargados de resolver los problemas de todos son vistos a su vez como un problema. El colmo.

Mal lo tenemos, porque la confianza, como bien sabemos por los sociólogos, es la sustancia que sirve para cohesionar las sociedades y para hacerlas más capaces de facilitar la convivencia y de encontrar soluciones a cualesquiera que sean las dificultades. Capital social se llama. Y se refiere tanto a la confianza entre las personas y grupos sociales como a la que se tiene hacia los gobernantes y las instituciones. En todo ello nos ubicamos siempre en la parte baja de la tabla de las democracias avanzadas. Si esto es así, no sólo tenemos un problema en la política, sino también en la propia sociedad. Uno de los rasgos de la cultura política española estriba, precisamente, en nuestra poca implicación en lo colectivo, en el escaso sentido comunitario, en el desinterés por todo cuanto huela a política. Pero, también, en nuestro tozudo sectarismo. ¿Cómo explicar si no que puedan salir reelegidos candidatos acusados de corrupción?

Lo fácil en las sociedades donde existe un exiguo arraigo de la responsabilidad individual es echarles siempre las culpas a los dirigentes cuando las cosas nos van mal. A nadie se le ocurre hacerse la reciente reflexión de Barack Obama, parafraseando un discurso de Kennedy, "no te preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país". Cuestión difícil, porque, para empezar, no todos entendemos lo mismo por "país"; para algunos es su propia Comunidad Autónoma, sea o no "nación", y para otros es España.

Pero no hace falta ir a la comunidad más amplia, nuestro poco aprecio por lo público se manifiesta también al nivel más local. Si las virtudes de la ciudadanía se miden por la predisposición hacia los intereses generales, nuestros privatizados conciudadanos -sólo atentos a la política cuando alguna decisión que viene de ésta puede afectar alguno de sus intereses privados-, no desmerecen de lo que ellos mismos opinan de sus políticos.

Es indudable que gran parte de las imputaciones que se dirigen hacia los políticos tienen un importante sustento en los hechos. Pero debemos considerar también las dificultades de gobernar una sociedad tan plural, corporativa y fragmentada como lo es la nuestra. Antes de proceder a descalificaciones generales convendría hacer un esfuerzo por discriminar entre unos y otros y por identificar con claridad cuáles son las causas de nuestro desapego y nuestra propia responsabilidad en este estado de cosas. Es difícil que haya políticos de baja calidad en una sociedad de ciudadanos exigentes. Exigentes no sólo para lo propio, claro, sino para la realización de aquellos valores en los que nos reconocemos todos, como la libertad, la seguridad la estabilidad. Sí, el famoso interés general, algo sobre lo que ya apenas se habla.

Desconfianza democrática y transparencia

Empieza a ser un lugar común el hablar de desafección democrática, de distancia entre instituciones y ciudadanía o de desconfianza generalizada de la gente sobre la forma de proceder de los que nos gobiernan y representan.

La cosa va empeorando si hacemos caso de lo que las encuestas del CIS nos van diciendo. En un año se ha duplicado el número de españoles que afirman que uno de los principales problemas del país son los políticos. En porcentaje, la percepción ciudadana califica ahora ese problema como más grave que la amenaza terrorista. El goteo de escándalos que vinculan poder político y corrupción no ayudan precisamente a atemperar el clima negativo. Los diagnósticos abundan, y la sensación de hartazgo aumenta, pero son escasas las propuestas que vayan más allá de recomendaciones éticas y de los encadenados de buenos deseos.

Por otra parte, el creciente alejamiento de la política institucional de buena parte de los ciudadanos contrasta con el aumento de actividades participativas en esferas no directamente político-institucionales, pero sí muy vinculadas a las políticas concretas (solidaridad, cooperación, redes de intercambio). Más que repliegue a la esfera privada, encontramos la búsqueda de una esfera pública no asimilable a la que quieren monopolizar las instituciones en sus distintas formas. Los partidos sufren pérdidas significativas de confianza, pero aparecen nuevas formas de coaliciones y grupos que promueven aquí y allá iniciativas de significación colectiva.

Podríamos decir, con Pierre Rosanvallon, que baja puntos la participación política centrada en el solo camino electoral, mientras aumenta el grosor de la participación centrada en la expresión (hacerse oír), la implicación (vincularse a otros para conseguir objetivos comunes), o la intervención (hacer, más que escuchar y asistir). Y todo ello en un contexto en el que el cada vez tenemos menos marcos comunes de referencia, menos sentidos de pertenencia única.

Resulta así evidente que es más fácil que la acción política de la ciudadanía se desplace hacia el control y la vigilancia, dadas las dificultades de identificarse e intervenir en una política oficial y formal, sentida como ajena.

Existe la conciencia difusa que cada vez es menos factible que la ciudadanía pueda ejercer el poder o influir de manera muy directa en su ejercicio, y la atención se dirige a cómo controlarlo, vigilarlo y evitar sus excesos y chapuzas. A falta de una idea de interés general que pueda compartirse de manera plena, surge la transparencia como valor que permite, al menos, que todos podamos saber qué sucede y, por tanto, actuar en unsentido o en otro. La transparencia es pues un valor básico y relativamente despolitizado. Desde la transparencia es posible vigilar un poder que tiende a ser autista y sesgado, y politizar así la desconfianza que ello genera.

No se trata de una desconfianza liberal, en el sentido de controlar los excesos de un poder irremediablemente perverso, sino de una desconfianza democrática en el sentido de habilitar la acción y la capacidad transformadora de quienes, desde la ciudadanía, no quieren delegar toda responsabilidad sobre lo común a las instituciones.

En España no disponemos aún de una ley de acceso a la información comparable a la que ya existe en más de 80 países del mundo y, entre ellos, a la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea, algunos como Suecia con más de 200 años de tradición al respecto. En los programas electorales del PSOE del 2004 y del 2008 figuraba ese tema como una de las promesas electorales. El presidente Zapatero ha anunciado que antes de final de año contaremos con un proyecto de ley al respecto, en cuya tramitación sería bueno que se escuchara a los que hace tiempo vienen empujando para que exista tal normativa.

Es innegable la significación del tema. La gran sacudida que ha significado la ley de libertad de información en Estados Unidos lo pone de relieve. No será fácil. Las administraciones públicas españolas se han construido desde la unilateralidad y la jerarquía, y la opacidad ha estado siempre asociada a esa concepción.

Aún produce sonrojo rememorar que la Unión Europea, ante las quejas del Gobierno Aznar sobre la difusión de un informe de una de las direcciones generales de Bruselas que advertía sobre los perjuicios ambientales del Plan Hidrológico Nacional y que había sido utilizado por sus detractores, tuvo que recordar al Ejecutivo español que toda la documentación europea está obligatoria y plenamente disponible en Internet. Las administraciones no dejan de pedirnos datos, muchas veces de manera redundante y superflua. Y en cambio, protegen constantemente sus informes, decisiones y rutinas. Esperemos que la nueva norma que acabe con la excepcionalidad española ya mencionada, no parta de una visión timorata al respecto.

De hecho, es una clara oportunidad. Una oportunidad para favorecer el intercambio de información y la mejora de relaciones entre ciudadanía y Administración. Una oportunidad para facilitar la participación de los ciudadanos y de sus entidades en los procesos de configuración de las políticas públicas. Y una oportunidad para mejorar la eficacia y la eficiencia de las propias administraciones, reforzando la necesaria evaluación y rendición de cuentas.

No deberíamos dejar escapar esa ocasión para usar las enormes capacidades de Internet al respecto. Desde y con la Red, se puede articular la plena transparencia de la documentación administrativa, la transparencia organizacional, la transparencia contable y presupuestaria y la transparencia de la acción y las responsabilidades públicas. Internet expresa y sirve de soporte natural a ese conjunto de posibilidades si existe voluntad política para avanzar por esa línea.

Necesitamos que, por ejemplo, los contratos públicos, los cambios de calificación urbanística, los estudios e informes encargados por las administraciones, puedan ser consultados por cualquiera, de manera amigable y sencilla, desde cualquier ordenador. Facilitando así la incorporación de la ciudadanía a una labor hoy por hoy estrictamente institucionalizada y que ha demostrado sus límites y carencias. Sin sustituir los mecanismos reguladores y de control ya existentes en nuestro sistema, podremos contar con la capacidad de vigilancia y seguimiento permanente de cualquiera interesado por los asuntos y decisiones públicas.

En la célebre obra de Jane Jacobs sobre las ciudades norteamericanas, se hablaba de la capacidad de mantener "seguras" las calles, no tanto por la mayor o menor presencia de la policía en ellas, sino por esa mezcla de ojos vigilantes en aceras concurridas. Existe, afirmaba Jacobs, una red informal de confianza pública que mantiene niveles de seguridad aceptables y que constituye la base de cualquier acción colectiva. Los hechos que se van repitiendo demuestran que no podemos seguir confiando en delegar nuestra capacidad de vigilancia en ojos que han demostrado poca fiabilidad. Sólo la movilización social y la desconfianza activa pueden ir modificando una situación que se adivina estructural.

Joan Subirats es director del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la UAB.

Se hubiera podido evitar

Transparente es aquello que se comprende sin duda ni ambigüedad. En la vida pública, transparencia es la obligación de las autoridades y organismos relacionados con el Estado de realizar sus acciones de forma que puedan ser sometidas a un control directo. Lo menos que se puede decir es que, en España, la transparencia es claramente insuficiente, porque no hay forma de practicar ese control si no existe un acceso inmediato a toda la información de que disponen esas autoridades.La realidad es que una parte no desdeñable de los casos de corrupción municipal y regional detectados en los últimos meses se hubiera podido evitar con normas que hubieran obligado a los ayuntamientos y gobiernos autónomos a colgar en Internet toda la información relativa a los fondos que manejan. Aun así, no hay forma de que en España se apruebe, de una vez por todas, una ley de las denominadas Freedom Information Act, que regule esa obligación y fije los mecanismos para el libre acceso a la información pública.

Los organismos especializados saben que la mejor manera de atajar la tortura o los malos tratos policiales no es aumentar las sanciones, sino disminuir las ocasiones y que lo único que resulta realmente eficaz es la obligación de instalar cámaras en todas las comisarías e instalaciones policiales. Están también hartos de explicar que una vez que se ha cometido un acto de corrupción es prácticamente imposible recuperar el dinero perdido por la comunidad y que la lucha contra el soborno, la venalidad y la deshonestidad pública exige medidas previas: es decir, información previa. Están hartos de decirlo y de demostrarlo con la experiencia de los países escandinavos, los más transparentes y los menos corruptos.

Las leyes de libre acceso a la información no son un privilegio para periodistas sino un mecanismo de protección de los ciudadanos, cada día más necesario. Se trata de colgar de Internet índices con toda la documentación relativa a expedientes públicos, actas de reuniones, planes, programas, correspondencia, dictámenes técnicos, estudios científicos o cualquier documentación financiada con dinero procedente de presupuestos públicos, de manera ordenada y accesible, a fin de que cualquier ciudadano pueda acceder a ella. Seguramente tampoco así será posible acabar con todos los casos de corrupción, pero es seguro que las sociedades que disponen de este tipo de legislaciones son capaces de atajar, antes de que se produzcan, la mayoría de los casos de mal uso de fondos públicos y de venalidad.

Y mientras que no se apruebe la ley, quizás los vecinos de algunos ayuntamientos españoles podrían aprender de lo que ha ocurrido en una pequeña ciudad brasileña, de 330.000 habitantes, llamada Maringá. Aburridos de que durante los años noventa e inicios de 2000, los fondos públicos fueran desviados y robados, y hartos de no poder nunca recuperar ni un real de ese dinero perdido, decidieron tomar el asunto en su mano y no contentarse con la detención y condena de algunos de los funcionarios implicados. La asociación comercial, el colegio local de abogados, el centro universitario, los miembros del club Rotario y del club de Los Leones crearon una agrupación llamada Sociedad Éticamente Responsable (SER), que negoció con las autoridades locales el acceso a partir de ese momento de toda la documentación pública.

Convencidos de que es indispensable actuar de manera preventiva para impedir la malversación de los recursos, en sus ratos libres comerciantes, abogados, rotarios o profesores de Maringá se encargaron de revisar los papeles municipales. Resultado: no sólo no ha habido casos de corrupción en estos dos últimos años, sino que en los primeros nueve meses de 2009 el ayuntamiento se ahorró cinco millones de dólares. Otras 35 ciudades se han apuntado a su peculiar sistema de libre acceso a la información y la Cepal acaba de darles su primer premio a la innovación social.
SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ 22/11/2009
solg@elpais.es

La imprescindible ética del gobernante

La corrupción corroe los cimientos de la democracia. La partitocracia y su financiación, la profesionalización de la política y el transfuguismo son algunas de sus principales causas. Es necesario un rearme moral

La corrupción, en mayor o menor grado, ha existido siempre en el ámbito de la gestión de los asuntos públicos. En todos los tiempos, sistemas políticos, culturas y religiones. El fenómeno es global. Al parecer, las graves penas establecidas ya en el Código de Hammurabi contra los gobernantes corruptos no han devenido eficaces. Cicerón forjó su carrera política denunciando la corrupción de Verres. En la obra Breviario de los políticos, del cardenal Mazarino, se destaca el capítulo "dar y hacer regalos": relevantes ministros de la monarquía francesa de 1700 fueron grandes depredadores. El comercio mundial se desarrolló en el siglo XVII bajo la bandera de las comisiones ocultas. Hasta el Estado Vaticano se ha visto envuelto en algún asunto de corrupción (verbigracia, el cardenal Marzinkus y el Banco Ambrosiano).

La corrupción política, entendida como utilización espúrea, por parte del gobernante, de potestades públicas en beneficio propio o de terceros afines y en perjuicio del interés general, es un mal canceroso que vive en simbiosis con el sistema democrático, a pesar de ser teóricamente incompatible con el mismo, y que debe preocupar muy seriamente a todos los demócratas, ya que corroe los cimientos de la democracia, en tanto que elimina la obligada distinción entre bien público y bien privado, característica de cualquier régimen liberal y democrático; rompe la idea de igualdad política, económica, de derechos y de oportunidades, pervirtiendo el pacto social; traiciona el Estado de derecho; supone desprestigio de la política y correlativa desconfianza de la ciudadanía en el sistema, desigualdad en la pugna política, violación de la legalidad y atentado a las reglas del mercado.

En España, en los últimos años, numerosos sucesos han puesto de manifiesto que el fenómeno de la corrupción en la gobernabilidad del Estado (principalmente, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos), no es algo coyuntural, sino estructural, que prolifera peligrosamente en las instituciones públicas. Los casos denominados Gürtel, Pretoria, Palma Arena, Palau, Operación Poniente, Operación Malaya, etc., que recorren la geografía nacional, han revelado que muchas Corporaciones Públicas han estado sometidas al poder económico y se han convertido así, crecientemente, en verdaderas plataformas de negocios varios, y de tráfico de influencias; hasta el punto de que hoy se corre el riesgo, cierto, de que intereses de grupos de presión económicos cambien el sentido del sacrosanto concepto del interés general, para inhabilitarlo. Obviamente, no es posible una estadística real de la corrupción, que por definición es oculta; y, de otra parte, como es natural, no todos los mandatarios públicos son corruptos.

En una sociedad abierta y democrática como la española, todos, en mayor o menor medida, somos responsables de la ola de corrupción que nos asola. Los políticos que la practican, promoviéndola o aceptándola; los sobornadores (promotores empresariales), ora causantes, ora víctimas; los partidos políticos, carentes a estas alturas de autoridad moral para combatirla; el estamento judicial (jueces y fiscales), que en muchas ocasiones no ha dado la talla; las instituciones encargadas del control y fiscalización de la actividad administrativa, negligentes casi siempre en su tarea; los medios de comunicación, silenciando o minimizando, a veces, el fenómeno corrupto; la intelectualidad, poco comprometida en su erradicación; la ciudadanía en general, tolerante en exceso con el político corrupto, quizás porque aún no es consciente de que la corrupción la paga de su bolsillo.

Las causas que propician esta perversión pública son múltiples, a saber: la partitocracia, con sus taras e imperfecciones; la profesionalización de la política, entendida en su peor versión; el fenómeno del transfuguismo; o el deficiente sistema de financiación de las formaciones políticas. Otras, propias del municipalismo, son la crónica insuficiencia de sus recursos económicos; el raquítico régimen de incompatibilidades legales de alcaldes y concejales; la galopante empresarización de los ayuntamientos para huir del Derecho Administrativo; o el deficiente sistema legal de control interno de sus actos económico-financieros.

Pero, por encima de todas ellas, a mi modo de ver, la causa primera de todos los males en el sector público español es la falta de ética pública de muchos de nuestros gobernantes, llegados a la política no por vocación ni espíritu de servicio, ni siquiera por ideología (qué rancios suenan ya estos conceptos), sino por propio interés. En términos generales, ética es el sentido, la intuición o la conciencia de lo que está bien y lo que no, de lo que se ha de hacer y de lo que debe evitarse.

La ética pública ha de ser correlativa de la privada. Mal podrá defender la integridad y la moralidad en el plano público quien carece de ella. Por otra parte, la actuación de cualquiera que realiza una función pública en nuestro país debe estar presidida por la idea de servicio de los intereses generales, que es el principal valor político. El artículo 103 de la Constitución Española -"La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales"- constituye un mandato para autoridades y funcionarios. Los valores clásicos del gestor público (imparcialidad, neutralidad, honradez y probidad) se han de ver complementados hoy con los nuevos valores de eficacia y transparencia, propios de las Administraciones Públicas del siglo XXI.

La corrupción socava la integridad moral de una sociedad. Supone la quiebra general de los valores morales. La corrupción pública, en cuanto supone lucro indebido del agente y su disposición a mal utilizar las potestades públicas que tiene encomendadas, es una práctica inmoral, ante todo; una violación de los principios éticos, sean individuales o sociales.

Algunos analistas consideran que la ética pública ha perdido hoy relevancia social, dada su naturaleza subjetiva. La gran mayoría entiende, sin embargo, que la ética ha de ser el mejor antídoto contra el veneno de la corrupción, y preconiza la necesidad de un rearme ético, de un regreso a los valores antes enunciados. Por eso, se observa últimamente en el mundo una gran preocupación oficial por la ética pública (el reciente Informe Kelly, en Reino Unido, sobre los gastos de los diputados británicos; Recomendación del Consejo de la OCDE, de 1998; Convención Americana contra la Corrupción, de 1996).

La política, que puede ser la más noble de todas las tareas, es susceptible de convertirse en el más vil de los oficios; precisamente porque es una actividad humana y, como tal, defectuosa. Todo el mundo coincide en que la ejemplaridad y la honradez son virtudes que deben presidir la actuación de los políticos, en tanto que escaparate y guía de la ciudadanía.

Pues bien, es la falta generalizada de ética pública de nuestros gestores municipales, por ejemplo, la razón principal del despilfarro del gasto público en los ayuntamientos, del favoritismo en la selección del personal o en la contratación de obras y servicios, de la interesada arbitrariedad en la planificación urbanística, de la negligencia en la gestión del patrimonio municipal o de los frecuentes cambalaches en la composición de las mayorías de gobierno. Es a partir de la ausencia de moral, o de dignidad en el desempeño del cargo, cuando el alcalde (o el concejal delegado de turno, o el funcionario revestido de capacidad decisoria o meramente asesora), experimenta un total desprecio por el interés general de la ciudadanía y utiliza sus potestades en beneficio particular (propio, de sus allegados o de su partido), orillando los principios constitucionales de eficacia, objetividad, independencia e igualdad, y demás preceptos legales y reglamentarios.

Llegados a este punto, hemos de convenir que ni uno sólo de los gestores públicos que recientemente han sido imputados en nuestro país por prácticas presuntamente corruptas, se distingue precisamente por cumplir los postulados éticos que se han descrito, a tenor de los modos y maneras de su malhadada gestión pública, que hemos conocido con todo detalle por las oportunas crónicas mediáticas sobre causas judiciales en marcha. Se diría más bien que utilizan la política como medio de vida y, según se ha visto, como negocio (primun vivere, deinde filosofare). La falta de ética pública de esos políticos es, por tanto, el denominador común de la práctica presuntamente corrupta a que se refieren los escándalos de corrupción antes señalados.

José Manuel Urquiza Morales, abogado, es autor de Corrupción municipal (Almuzara)

Obama y la revolución de los datos

El presidente de EE UU innova también en el acceso de los ciudadanos a la información pública. El sitio Data.gov, que ofrece innumerables datos, está abierto a la participación constructiva de los usuarios

DIEGO BEAS 05/10/2009 EL PAIS TRIBUNA

Durante la campaña presidencial de 2008, Obama no se cansó de decirlo: de ser elegido presidente, reinventaría el Gobierno.

Cambiaría no sólo las políticas de su antecesor; las propuestas de campaña del candidato demócrata ambicionaban más. Entre sus prioridades se encontraban una reforma profunda del sistema sanitario y una reestructuración de la economía basada en las tecnologías de la información y el desarrollo de energías renovables. Una tercera prioridad, a la que se le prestó menos atención durante la campaña y que hoy continúa sin captar el pleno interés de los medios, tiene que ver con poner en marcha el rediseño más ambicioso y exhaustivo del funcionamiento del propio Gobierno federal estadounidense.

Obama prometió, entre otras cosas, repensar la burocracia federal -un gigantesco monstruo de cientos de agencias-, modernizar sus infraestructuras y, más importante aún, abrir la gestión gubernamental a la participación ciudadana. En un discurso de finales de 2007 lo llamó "Google for government": una plataforma accesible por cualquiera que no sólo haga transparente la Administración, sino que ordene, clasifique y ponga a disposición pública y en un formato abierto y de fácil acceso toda la información producida por el Gobierno. ¿El propósito? Doble: perfeccionar los mecanismos de rendición de cuentas e inaugurar una nueva etapa en la forma en la que la ciudadanía se involucra en los asuntos públicos.

El 21 de enero pasado, un día después de asumir la presidencia, Obama convocó a su consejo de ciencia y tecnología y solicitó una recomendación oficial sobre cómo "construir y poner en marcha un Gobierno más transparente, colaborativo y participativo". No buscaba una reforma cosmética; solicitó un informe que, partiendo de los avances de la revolución informática de los últimos 25 años, estableciera una hoja de ruta para reinventar su funcionamiento.

A finales de mayo, cuatro meses después de solicitar la recomendación, la Casa Blanca presentó Data.gov: una iniciativa revolucionaria que tiene el potencial de cambiar la forma en la que se concibe el acceso a la información pública. El nuevo sitio pretende convertirse en un gran repositorio de información federal accesible por cualquiera. En él se presentan cientos de miles de sets de datos -data sets- sobre todo tipo de actividades: desde series históricas de información meteorológica, demográfica y ambiental, hasta datos sobre los patrones de alimentación en cada Estado, el consumo de refrescos, los índices de diabetes por región y grupo de edad, pasando por todo tipo de estadísticas económicas, de comercio y del sistema de transporte. Todo en un mismo sitio, en un mismo formato. Universidades, organizaciones no gubernamentales, periodistas o ciudadanos de a pie tienen acceso. El objetivo es ponerlos al alcance de nuevos ojos que los procesen, analicen y propongan otros enfoques para afrontar los problemas del país.

La iniciativa tiene claros paralelismos con el movimiento de código abierto -o software libre- en el mundo de la informática. Durante décadas, el modelo que imperó en esa industria se basó en el sigiloso resguardo de todos los componentes de una aplicación o sistema operativo. Microsoft, el gigante del sector, ha construido su imperio vendiendo licencias de un sistema cerrado que sólo ellos conocen y pueden manipular. Su éxito se ha basado, más que en creatividad e innovación, en su capacidad para imponer un estándar y crear una dependencia que le garantice el dominio -The Economist comparó recientemente este modelo con el círculo de dependencia de un consumidor de droga que no consigue desengancharse-.

El modelo comenzaría a cambiar lentamente a partir de principios de los noventa, cuando un desconocido programador finlandés -Linus Torvalds- presentó Linux, un sistema operativo que funciona bajo el principio opuesto: abrir y compartir la mayor cantidad de información posible. En 20 años el modelo tradicional de la industria informática ha sido puesto patas arriba por plataformas abiertas que prescinden de sistemas operativos y que se conocen simplemente como the cloud: cientos de miles de servidores interconectados que distribuyen información en tiempo real a cualquier soporte; con estándares abiertos y sin las costosas licencias del software tradicional.

Podríamos estar ante algo similar con el lanzamiento de Data.gov.

Durante siglos, la mayoría de la información generada por las administraciones públicas se ha perdido y desaprovechado por trabas burocráticas e incapacidad institucional para darles sentido o utilidad. En años recientes y debido a las nuevas posibilidades que han traído consigo las tecnologías de la información para medir y cuantificar todo tipo de actividades, los Gobiernos se han convertido en gigantescos almacenes de información -desaprovechada, por lo general, por la ardua tarea que supone clasificarla y procesarla-.

Data.gov se propone cambiar esto. Y lo pretende hacer de la mano de la sociedad civil. "Liberar" la información e invitar a un nuevo tipo de participación ciudadana; darle un giro a la manera en la que la ciudadanía se involucra en los asuntos del Gobierno. Lo llaman democratizing data.

Un ejemplo que ilustra lo que pretende conseguir la iniciativa lanzada por Obama es Google Maps -una revolucionaria aplicación cartográfica abierta en la web que permite ser manipulada-. Cualquiera puede acceder al código de la aplicación y añadir capas de información que se sobreponen y enriquecen su funcionamiento -mashups-. Un grupo de periodistas de Chicago, por ejemplo, creó Everyblock.com, un sitio que se nutre de ficheros estatales y municipales para ofrecer información hiperlocal que se superpone a la ya disponible en Google Maps. Informes de accidentes viales, fallas en los servicios públicos, homicidios; actualizados al minuto y presentados manzana por manzana. En pocos meses se ha convertido en un sistema de denuncia ciudadana y recopilación de información paralela al de las instituciones públicas, utilizado con frecuencia por la policía. El proyecto es financiado por la prestigiada Knight Foundation de periodismo y actualmente cuenta con ediciones locales en 15 ciudades de Estados Unidos.

Data.gov pretende ser el germen de iniciativas similares a mayor escala. Se enmarca en un contexto más amplio de reformas que buscan obligar al Gobierno a que adopte las tecnologías y prácticas que ha traído consigo la revolución informática.

Como parte de este esfuerzo Obama creó dos nuevas oficinas responsables de coordinar e implementar la política tecnológica del Gobierno. El CTO y CIO -Chief Technology Officer (Oficina Principal de Tecnología) y Chief Information Officer (Oficina Principal de Información), respectivamente- son responsables de incentivar la creación de un marco para modernizar el funcionamiento de la Administración pública. La primera se encarga de diseñar la política tecnológica macro del Gobierno. En otras palabras, de imaginar la operación óptima de éste en 15 o 20 años y comenzar a tomar las decisiones necesarias para conseguirlo. El CIO coordina el flujo de información entre las diferentes agencias. Su trabajo consiste en diseñar o poner en práctica iniciativas como Data.gov.

Un dato sobresaliente de las dos nuevas oficinas es que sus titulares no se llaman John Smith, Robert Baker o Elizabeth Drew; Aneesh Chopra y Vivek Kundra, ambos nacidos en la India, son responsables de poner en marcha el cambio de paradigma.

"Necesitamos reestructurar drásticamente la forma en la que organizamos el trabajo", comentó Kundra durante el lanzamiento de Data.gov. El objetivo, detalló, es poner la mayor cantidad de información posible en manos de los ciudadanos. "Es un reconocimiento", dijo, "de que el Gobierno no tiene un monopolio ni sobre las mejores ideas ni sobre las soluciones a nuestros principales problemas".

La historia de este titánico esfuerzo apenas comienza. Aunque por ahora pueda sonar a un aburrido rediseño burocrático en los sótanos del Gobierno, es todo lo contrario. Nada menos que los primeros pasos de una transformación mayúscula que terminará reinventando la relación entre ciudadanía y Gobierno.

Diego Beas es periodista y actualmente colabora en la organización del Personal Democracy Forum Europe, un encuentro sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la política.

A fecha de hoy sigue sin actualizarse en la web municipal la información presupuestaria

Volvemos a reiterar que han pasado casi 5 meses desde la aprobación plenaria del presupuesto municipal 2009(16/03/09) y,como se observa en la imagen,a fecha de hoy, viernes 24 de Julio,todavía se muestra en la web municipal la información del caducado presupuesto 2008.Ni para actualizar el escaso resumen presupuestario que únicamente nos ofrecen a los ciudadanos, se molestan.Aquellos que tenían que garantizar que esta información pública de nuestras cuentas estuviera disponible cuanto antes para su difusión, conocimiento y uso,ya ni les importa.En paralelo,la Concejalía de Participación Ciudadana realizo el pasado mayo-junio una campaña simulacro de presupuestos participativos.
Estos días esta cuestión es más evidente y tambien ha sido detectado por el ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DE LOS AYUNTAMIENTOS (ITA) 2009 ,donde se observa que la transparencia económico-financiera es la más baja de las cinco areas de transparencia estudiadas en el Ayuntamiento de Alicante

Consulta el ITA 2009

A fecha de hoy sigue sin actualizarse en la web municipal la información presupuestaria

Han pasado casi 2 meses desde la aprobación plenaria del presupuesto municipal 2009(16/03/09) y,como se observa en la imagen,a fecha de hoy, jueves 14 de Mayo,todavía se muestra en la web municipal la información del caducado presupuesto 2008.Ni para actualizar el escaso resumen presupuestario que únicamente nos ofrecen a los ciudadanos, ya ni se molestan.Aquellos que tenían que garantizar que esta información pública de nuestras cuentas estuviera disponible cuanto antes para su difusión, conocimiento y uso,ya ni les importa.Por ello,tendremos que volver a conseguir esta información pública del presupuesto municipal 2009 y colgarla en un nuevo blog,mientras nos sigan usurpando nuestro derecho ciudadano a conocer fácilmente,usando los medios técnologicos de hoy,nuestras cuentas, desde la obligación de la transparencia.

Hoy,aprobación definitiva del Presupuesto Municipal 2009 y plantilla de personal

A partir de hoy, con la aprobación definitiva del presupuesto de este año, deja de estar vigente el presupuesto municipal 2008 y este blog suspende su actualización de entradas aqui.Desde esta inicativa blogera hemos querido ofrecer ,completa y fácil de consultar, la información que el Ayuntamiento no ha dispuesto y colgado en su web corporativa, en nuestra web "ciudadana" espacio donde los alicantinos deberíamos tener disponible los datos detallados de sus cuentas municipales(o sea,el documento presupuestario completo) para poder participar como vecinos y contribuyentes ,con coherencia y criterio, en el gobierno de la ciudad.Tambien desde este blog hemos querido ofrecer información sobre experiencias de presupuestos participativos y otras cuestiones relacionadas con las cuentas públicas municipales.Si el equipo de gobierno responsable actual vuelve este año a limitar y restringir la información online del presupuesto 2009 a un resumen generalista de las principales partidas de ingresos y gastos,de nuevo ,intentaremos volver a mostrar con otra iniciativa blogweb la información presupuestaria completa de este año y de paso continuar fomentando la cultura de la transparencia y el hábito político de dar cuenta claras de su gestión.Esperamos que esta modesta iniciativa haya contribuido algo hacia este fin. Hasta pronto y aqui os dejamos un interesante artículo de opinión.


¿Por qué hay tanta corrupción en España?

La principal causa de los escándalos es el alto número de cargos de designación política en las instituciones nacionales, autonómicas y locales. Son redes clientelares que viven de que su partido gane las elecciones

VÍCTOR LAPUENTE GINÉ
EL PAÍS - Opinión - 27-03-2009

Para los que estudiamos la corrupción a nivel comparado, la reciente oleada de escándalos en España no representa ninguna sorpresa. Países como Francia, Italia, Portugal o España llevan años mostrando niveles de corrupción y de calidad de gobierno más parecidos a los de países autoritarios en vías de desarrollo que a los propios de democracias capitalistas avanzadas con décadas de pertenencia a la OCDE. ¿Qué factores separan a estos países, y en particular a España, de las democracias libres de corrupción?

Una primera tentación que hay que evitar es la de afirmar que la corrupción está en "nuestra cultura". Se trata de un argumento peligroso e intelectualmente poco satisfactorio, pero que, sin embargo, goza de cierto predicamento en algunos círculos -posiblemente los mismos que afirmaban no hace tanto tiempo que la democracia representativa o el capitalismo no tenían espacio en nuestra cultura mediterránea y/o católica. Como un creciente número de estudios está demostrando, la causalidad parece ir en todo caso en la dirección opuesta: los países desarrollan "malas" culturas -o culturas donde predomina la desconfianza social- como consecuencia de unos elevados niveles de corrupción. Una segunda tentación a evitar es el impulso legalista, con mucho arraigo en España, uno de los países del mundo con una mayor proporción de abogados en sus administraciones. Desde la visión legalista, expuesta, por ejemplo, por el Tribunal de Cuentas en un informe sobre corrupción local, lo que explicaría la misma en España sería "la falta de regulación", que "permite un margen de discrecionalidad, no siempre acorde con la protección del interés público". Pero, ¿alguien puede de veras creer que la solución a la corrupción local consiste en regular todas y cada una de las actividades de estas administraciones? Sorprende comparar la actitud de nuestro Tribunal de Cuentas con sus equivalentes nórdicos: en ellos, en lugar de artículos con detallados procedimientos, encontramos simplemente alguna presentación de powerpoint señalando que el objetivo es evitar una "deficiente contabilidad", dejando discreción casi absoluta a los auditores públicos sobre cómo llevar a cabo su labor de fiscalización. Como la literatura moderna sobre corrupción señala, las causas de la corrupción no hay que buscarlas en una "mala cultura" o en una regulación insuficiente, sino en la politización de las instituciones públicas. Las administraciones más proclives a la corrupción son aquéllas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político. Y aquí, el contraste entre España y los países europeos con niveles bajos de corrupción es significativo. En una ciudad europea de 100.000 a 500.000 habitantes puede haber, incluyendo al alcalde, dos o tres personas cuyo sueldo depende de que el partido X gane las elecciones. En España, el partido que controla un gobierno local puede nombrar multitud de altos cargos y asesores, y, a la vez, tejer una red de agencias y fundaciones con plena discreción en política de personal. En total, en una ciudad media española puede haber cientos de personas cuyos salarios dependen de que el partido X gane las elecciones. Esto genera diversos incentivos perversos para la corrupción. Los empleados públicos con un horizonte laboral limitado por la incertidumbre de las próximas elecciones son más propensos a aceptar o a solicitar sobornos a cambio de tratos de favor que los empleados públicos con un contrato estable. En segundo lugar, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría del mundo occidental, donde los políticos locales están forzados a tomar decisiones junto a funcionarios que estarían dispuestos a denunciar cualquier sospecha de trato de favor, en España toda la cadena de decisión de una política pública está en manos de personas que comparten un objetivo común: ganar las elecciones. Esto hace que se toleren con más facilidad los comportamientos ilícitos, y que, al haber mucho más en juego en las elecciones, las tentaciones para otorgar tratos de favor a cambio de financiación ilegal para el partido sean también más elevadas. ¿Qué podemos hacer para reducir esta politización? La experiencia de otros países resulta ilustrativa. Por ejemplo, entre finales del siglo XIX y principios del XX muchas ciudades de Estados Unidos presentaban unos niveles de politización y corrupción tan estratosféricos como los reflejados en la película Gangs of New York, donde el gobierno de la ciudad aparece capturado por redes clientelares e incluso criminales. Unos años después, la extensa politización de las administraciones locales -y, de su mano, la corrupción- descendió de forma drástica gracias a reformas institucionales como la sustitución del tipo de gobierno strong-mayor (el tipo de gobierno local que predomina en España, en el cual un solo cargo electo, el alcalde y su mayoría de gobierno, acumula mucho poder) por el denominado city-manager. En esta nueva forma de gobierno, los cargos electos retienen la capacidad legislativa, pero el poder ejecutivo pasa a manos de un directivo profesional nombrado por una mayoría cualificada de concejales y por un periodo de tiempo no coincidente con el ciclo electoral, reduciendo así el grado de dependencia política. Este tipo de gobierno, o variantes del mismo, ha sido adoptado en las administraciones locales de los países occidentales que presentan menores niveles de corrupción. En ellos, el partido que gana las elecciones tiene las "manos atadas" a la hora de hacer nombramientos, porque existe un directivo profesional que gestiona la organización administrativa, o bien debe llegar a amplios acuerdos con otras fuerzas políticas, incluyendo con frecuencia a las de la oposición, para nombrar a cargos públicos. En general, se trata de buscar mecanismos institucionales para que se seleccionen empleados públicos cuya continuidad en el cargo dependa de su competencia o mérito y no de su lealtad política. Es importante subrayar que el nivel de competencia de los empleados no es sinónimo de lo que tradicionalmente se interpreta como sistema de mérito en España; es decir, unos funcionarios públicos seleccionados mediante oposiciones y con una plaza "en propiedad" de por vida, con independencia de su rendimiento. La evidencia empírica nos muestra que no es necesario tener una administración repleta de funcionarios para reducir la corrupción. Por ejemplo, los dos países menos corruptos del mundo en 2008, Suecia y Nueva Zelanda, eliminaron hace años el estatus funcionarial para la gran mayoría de sus empleados públicos, que en la actualidad se rigen por la misma legislación laboral que cualquier trabajador del sector privado. ¿Podemos aspirar en España a unas administraciones más flexibles y eficientes y, a la vez, menos corruptas? El principal obstáculo para ello es que aquí el debate público está atrapado entre dos visiones antagónicas e indeseables ambas. Por un lado, los partidos políticos que, amparándose en la rigidez tradicional de la administración pública, han fomentado instituciones que permiten una alta politización de la administración y, por tanto, generan corrupción. Por otro, los representantes de los cuerpos de funcionarios que abogan por el mantenimiento de un sistema de empleados públicos inamovibles. Quien obviamente paga las ineficiencias derivadas de la politización y de la rigidez administrativa son los ciudadanos. Aunque esta situación parezca irreversible, la experiencia de otros contextos debe infundirnos optimismo. Cuando activistas como Richard Childs -hombre de negocios y promotor de un tipo de gobierno local basado en directivos profesionales como los existentes en el sector privado- iniciaron su improbable lucha contra la politización y la corrupción que asolaban la mayoría de niveles administrativos en Estados Unidos hace ya más de un siglo, se enfrentaron a redes clientelares cuyo poder parecía inexpugnable. Sin embargo, triunfaron porque fueron capaces de movilizar los intereses de aquellos que en última instancia generaban la riqueza del país, convenciéndolos de que ésta se estaba malgastando no con malas políticas públicas, sino con malos políticos, o mejor dicho, con la pervivencia de malas instituciones utilizadas por los políticos para sostener sus redes clientelares. ¿Podrá alguien en España movilizar esos intereses?
Víctor Lapuente Giné es profesor de Ciencia Política en el Quality of Government Institute de la Universidad de Gotemburgo (Suecia).

Oiga, que ese dinero es de todos

El uso de fondos públicos a la ligera desacredita la política y desata críticas - Los coches de Touriño, Gallardón o Barberá son calderilla en los presupuestos, pero chirrían en tiempos de crisis

PABLO XIMÉNEZ DE SANDOVAL 10/03/2009 - REPORTAJE EL PAIS

Un presidente autonómico se vio atacado recientemente por la oposición por gastar una barbaridad de dinero en un coche de lujo. Ante las críticas, decidió devolver el coche inmediatamente y pedir disculpas. Por poco no se produjeron dimisiones. Además, dio una rueda de prensa en la que dijo que comprendía que a los políticos les pueden parecer normal cosas que los ciudadanos no entienden. ¿No le suena la noticia? Es que no se trataba de Emilio Pérez Touriño.

La vicepresidenta de la Junta de Extremadura, Dolores Aguilar, presentó en noviembre su dimisión cuando el PP puso el grito en el cielo porque su departamento había comprado un Lexus de lujo de 68.000 euros para sus desplazamientos. La dimisión no le fue aceptada, pero la situación se resolvió devolviendo el coche. El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, informó de que él tiene un Peugeot 407 (24.000 euros la versión más barata), aunque el coche de Presidencia es otro Audi A-8, sin blindaje ni extras comprado a precio de mercado hace cuatro años por su antecesor. Además de apoyar a Aguilar, Vara dijo lo siguiente: "Creo que todo esto no se puede despachar sin otorgarle la máxima importancia. Hay que aceptar primero que los ciudadanos no entienden determinadas cosas".

En efecto, lo normal para un alto cargo no tiene por qué ser entendido por el ciudadano de a pie de un país donde el sueldo medio son 21.000 euros brutos. Emilio Pérez Touriño podía haber hecho una llamada a su colega extremeño antes de despachar con desdén las preguntas sobre su coche -"siguiente pregunta", reiteraba-, una actitud que ha sido clave en la recta final de la campaña gallega. Su Audi A-8 blindado costó 480.000 euros, cinco veces más que el Lexus.

Tras el escándalo, Fernández Vara pidió al Parlamento regional que ponga por escrito un código de buenas prácticas que defina "lo que tenemos que gastar los políticos, los coches que tenemos que tener, a qué hoteles podemos ir, qué gastos protocolarios podemos hacer, qué compatibilidad hay entre cobrar sueldos y otros tipos de ingresos".

Si el Gobierno central siguiera los mismos criterios de gasto que la Xunta, sólo tendría presupuesto para 91 coches. El Parque Móvil del Estado, que da servicio al Gobierno y a altas personalidades en Madrid, lo componen 1.098 vehículos, en su mayoría coches (no cuentan los de las fuerzas y cuerpos de seguridad). Toda la flota ha costado 36.655.619,64 euros, según los datos oficiales. Los vehículos tienen unos cinco años y su valor actual sería un tercio de esa cifra. En 2008 nos gastamos 1.973.096,56 euros en reparaciones, que no está mal como factura del taller. También el año pasado nos gastamos 1.195.177 euros en gasolina para esos vehículos. Esta factura ha bajado desde 2005, cuando la cuenta de la gasolinera nos salió por 1.538.289 euros. Ahora son más ecológicos y consumen menos. A estos coches hay que sumarles 509 más de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. La cifra supone un ahorro respecto a los 894 que había a comienzos del año 2008.

Más de coches. Gracias a Touriño hemos sabido que el coche del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, un Audi A-6, le cuesta a los madrileños 591.624 euros, en régimen de alquiler hasta 2012. La marca Audi parece también la proveedora por defecto para todos los cargos valencianos. El presidente de la comunidad autónoma, Francisco Camps, tiene un Audi A-8 del que se desconoce el coste. Como referencia, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se mueve en un coche igual que costó 267.336 euros. Barberá dispone de un segundo coche, igual que éste, alquilado con opción a compra. La presidenta de las Cortes valencianas tiene el mismo modelo, con otros dos vehículos alquilados con opción a compra.

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, también utiliza el A-8. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, heredó este modelo del anterior alcalde, valorado en 50.000 euros. El alcalde de Castellón, Alberto Fabra, se mueve en un A-6 valorado en 76.000 euros.

Los modelos A-8 que eligen los políticos son coches de unos 90.000 euros, según explica un portavoz de la empresa automovilística. Lo que dispara el precio hasta lo inimaginable es el blindaje, ya que no se hace de serie. Lo caro es elegir un coche a dedo y luego blindarlo, lo que puede costar unas 10 veces más que el vehículo, explican en Audi. En concreto, Audi ha ido cogiendo fama de ser un coche muy robusto, que soporta bien los kilos extra del blindaje. En otro orden de cosas, la marca considera que aporta "lujo sin ostentación".

José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante, tiene un BMW 745 que costó 109.945 euros. El alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, tiene otro BMW de 51.501 euros. En Andalucía, el consejero de Turismo se compró un Lexus de 66.780 euros, por cierto, el mismo por el que ofreció su dimisión la vicepresidenta extremeña.

El contribuyente puede acabar con la sensación de que en España si te dan un cargo vives el lujo gratis. El ex presidente balear Jaume Matas decidió que, para decorar su despacho, necesitaba un cuadro de 20 millones de pesetas del artista italiano Mimmo Paladino. Se lo compró en Arco. Cuando el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo decidió remozar el piso del Estado en el que iba a vivir en Madrid, quizá no reparó en que la obra salió por más de 200.000 euros hasta que lo vio en los periódicos. El vicealcalde de Castellón, Javier Moliner, ha remodelado las dependencias municipales por unos 400.000 euros.

Son las cifras a las que está acostumbrada la Administración, pero que, como dice Fernández Vara, al ciudadano no tienen por qué parecerle normales. Quede claro que en todo lo aquí descrito no hay ninguna ilegalidad. Es una cuestión de prioridades. Los contribuyentes ponen el dinero, los políticos deciden las prioridades de gasto. Son anécdotas, y por eso salen en los papeles y los grupos de oposición de todo signo salivan como hienas ante cualquiera de estos casos.

José María Gimeno, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y miembro de la Junta de Contratación de Aragón, se escandaliza como cualquiera de estas cifras. "Yo nunca podía imaginar que un coche costara eso", confiesa. "Yo puedo entender que se gaste ese dinero en seguridad el presidente del Supremo, pero en otros, sorprende". Lo mismo con el cuadro de Matas. Era una inversión para Baleares, pero "¿hasta qué punto es motivo de una Administración una inversión? Yo puedo entender que compre cuadros el Museo del Prado, o que se restaure un tapiz de un palacio del Estado, pero no que se compre un cuadro por inversión en un Gobierno".

Sin embargo, Gimeno quiere incidir en que esto son simples anécdotas. El verdadero despilfarro está en miles y miles de contratos "menores", sin concurso y totalmente opacos para el ciudadano amparados en la ley. La contratación pública es el 16% del PIB, recuerda Gimeno. El mal uso de ese dinero tiene consecuencias directas sobre la economía española.

Se refiere a que, para agilizar la Administración, hay un límite de 50.000 euros para obras y de 18.000 euros para cualquier otra cosa, por debajo del cual no hace falta concurso público. Es decir, se presenta la factura sin justificación, sin explicaciones, sin concurso y sin información pública. Eso es calderilla para un ministerio, y efectivamente es lo que le permite funcionar en el día a día. Pero un Ayuntamiento, con esos mismos límites, puede contratar todo a dedo sin dar explicaciones a nadie.

Esto genera "como poco, ineficiencia", dice Gimeno, ya que al no haber competencia el precio tenderá a ser más caro. "Pedir tres ofertas por e-mail no cuesta nada", insiste. "La Administración tiene su banco de licitadores, conoce a sus proveedores. Tampoco hay que pedir una oferta a Finlandia. Sólo hay que comparar, como haría cualquier particular". La contratación a dedo "nos hace ineficientes, y el siguiente paso a la ineficiencia es la corrupción". En el caso de los coches "seguro que está justificada legalmente su compra", dice Gimeno. "Pero la ley obliga a justificar la idoneidad y la conveniencia del gasto", y estos casos son discutibles "al menos estéticamente".

"La ley de contratos del sector público establece en su artículo 1 la obligación de las Administraciones de hacer una eficiente utilización de los fondos públicos, de controlar el gasto y adquirir bienes tras definir previamente las necesidades a satisfacer", explica José Antonio Moreno, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha y experto en contratación pública. Pero ésa es la teoría. "En el día a día de las compras públicas, uno de los mayores problemas es que, dado que la legislación permite algunos procedimientos excepcionales, las Administraciones acuden a ellos de forma generalizada". Los procedimientos que permiten saltarse todos los controles "se utilizan de forma laxa".

La ley prevé el procedimiento negociado (sin concurso) para una serie de casos como "imperiosa urgencia", "secreto" o "medidas de seguridad especiales". "Pero si interpretas en sentido amplio cualquiera de estos motivos, te puedes ir a ese procedimiento". Es decir, es fácil convertir la excepción en regla y adjudicar a dedo, sin publicidad y sin concurso. Utilizando "fórmulas genéricas" se puede colar cualquier gasto sin motivación por escrito.

Pero también tienen que fallar los controles internos, principalmente la intervención de las Administraciones. El interventor, el contable, está precisamente para que eso no pase. El problema es que si al interventor le justifican el gasto con esas cuestiones excepcionales, no puede poner pegas de ningún tipo. Si hay factura y hay presupuesto, hay que pagar.

Además, cuanto más pequeña es la Administración, más difícil es que los controles funcionen. Un interventor de una ciudad de más de 500.000 habitantes, que no quiere dar su nombre, explica que en un Ayuntamiento si te opones a un gasto "tienes al alcalde en el despacho de al lado". "Si pones objeciones a los gastos de personal, tienes a los sindicatos en la puerta". Además, "es un puesto designado a dedo, igual que se pone se quita". Todo esto "hace que los interventores no se pongan a cuestionar la oportunidad del gasto, se limitan a ver que cumpla con la ley de contratos y que tenga respaldo presupuestario, y ya está". En definitiva, "el criterio político se impone siempre" al criterio técnico.

Otras instituciones tienen sus propios sistemas de control. Las Cortes, por ejemplo, no rinden cuentas de sus gastos a nadie. Ni siquiera informan al Tribunal de Cuentas. Su autonomía es absoluta. Pero a cambio tienen un sistema de control muy eficaz: las Cortes tienen prohibido endeudarse. Es decir, el ciudadano sabe que su asignación de los Presupuestos Generales del Estado es todo lo que pueden gastar. El Congreso y el Senado funcionan con poco más de lo que se gasta el Real Madrid en fichajes en un verano.

Tras la discrecionalidad de los políticos y las trampas para evitar los controles, hay un último problema, la falta de información. No hay una cultura de fiscalización ciudadana de lo que hacen los políticos. En un ayuntamiento, por ejemplo, la oposición tiene todo tipo de dificultades para acceder a la información de los gastos más comprometidos. Se puede acabar un mandato sin que lleguen a ver nunca los papeles.

El Gobierno vasco (ahora en funciones) se ha hartado de contestar preguntas parlamentarias sobre los viajes de Juan José Ibarretxe y sus consejeros, como el que el presidente vasco hizo con una comitiva de 16 personas cinco días a EE UU.

Pero por lo menos el Gobierno vasco envió una detalladísima información al Parlamento sobre el viaje. Un senador del PP, Agustín Almodóbar, preguntó en noviembre cuánto había costado la participación de España en la cumbre del G-20 y cuántas personas fueron al viaje. El Ministerio de Exteriores le contestó por escrito lo siguiente: "La delegación española contó con los responsables de las áreas involucradas y con el apoyo de profesionales. (...) En cuanto a la dotación económica, es la habitual para este tipo de encuentros". A la vista de la respuesta, el senador ha repetido la pregunta. Posiblemente, aparte del Rey y el ex presidente José María Aznar, los ciudadanos no sepan cuál es el coste "habitual" de pasar un fin de semana en Washington con el presidente de EE UU. Y ya que el ciudadano es el que paga la factura, no estaría de más verla antes de la campaña electoral.

Con información de Joaquín Ferrandis, Ezequiel Moltó, María Fabra, Santiago Navarro, Lourdes Lucio y Andreu Manresa.

Corrupción. Más allá de los mitos

Manifestación celebrada en Tegucigalpa- ELMER MARTÍNEZ / AFP

Soborno, coima, mordida... Tres formas de denominar a la auténtica plaga de la sociedad actual. Una clave para frenar su expansión es mejorar la transparencia de la gestión pública y privada

S egún los tribunales americanos, Siemens pagó, entre 1998 y 2004, 40 millones de dólares en soborno a altas autoridades argentinas para conseguir un contrato de 1.000 millones de dólares para producir nuevos documentos de identidad. También pagó en 2004 en México 2,6 millones de dólares por un proyecto en modernización de refinerías. Estos sobornos eran, como aceptó la mayor empresa de ingeniería europea en los tribunales, parte de una práctica sistemática de décadas que fue aplicada en múltiples países. En los países muy corruptos, los sobornos eran casi el 40% de los contratos; en otros, del 5% al 6%. La empresa deberá pagar en total 2.600 millones de dólares en EE UU y Alemania en multas e investigaciones y reformas. Informa el New York Times que Friedrich, jefe de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, señaló que la corrupción en ella "era sistemática y extendida"; el director del FBI de Washington que lideró la investigación la llamó "masiva y cuidadosamente orquestada". Tan insertada estaba la corrupción en la cultura corporativa que uno de los principales operadores de los sobornos, Siekaczek, alegando que eran prácticas extendidas, afirmó después de haber admitido su culpa: "La gente dirá después de Siemens que no hemos sido afortunados, que hemos roto el mandamiento número 11. Ese mandamiento dice: no permitas que te descubran".

Los costos económicos de la corrupción son altísimos, y los pagan finalmente los consumidores y los contribuyentes. Destruye la confianza, elemento clave de la economía. Socava el sistema de valores morales y crea nihilismo en los jóvenes.

Hay varios mitos respecto a ella que correspondería revisar en América Latina:

Primer mito. La corrupción es esencialmente pública. El caso de Siemens, y múltiples otros similares como, entre otros, la quiebra del principal banco privado dominicano hace algunos años, que absorbió recursos vitales para el país; el soborno comprobado realizado por ejecutivos de una transnacional líder en Argentina para vender masivamente informatización al principal banco público, han mostrado que la corrupción no es sólo pública. La corrupción corporativa es parte importante del problema global. En los hechos, los esquemas de corrupción suelen entrelazar a ejecutivos públicos y privados.

Hasta 1999 en que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) penó la corrupción, el código fiscal alemán, entre otros, permitía la deducción de los sobornos como "gastos de negocios". El Pacto Global de la ONU terminó de oficializar a la corrupción como tema para la empresa privada en 2004, al agregar la lucha contra ella como décimo principio de su Código de Responsabilidad Social Empresarial.

Segundo mito. La corrupción se concentra en las coimas que los ciudadanos pagan a funcionarios. La coima en los países de Suramérica, la mordida en México y otras similares son claras expresiones de corrupción que deben ser combatidas y erradicadas. Sin embargo, los costos mayores los paga la sociedad en las grandes operaciones de colusión económica, entre empresas y funcionarios, como los que se han dado, entre otros, en el mercado de armas y en otras formas de corrupción más silenciosas. Entre ellas, las connivencias entre el crimen organizado y miembros de la policía, la influencia sobre el sistema judicial, los crímenes medioambientales.

Uno de los grandes temas que surgen cuando se eleva la vista de las coimas es el de la transparencia de la financiación en los procesos electorales. En un incisivo estudio de Ethos y Transparency International en Brasil al respecto (2008), más de 2/3 de las empresas firmantes del pacto por la integridad y contra la corrupción consideraron sobre esta estratégica cuestión que "las empresas deben apoyar iniciativas de la sociedad civil que monitoricen la financiación de la política", "las empresas deben revelar sus donaciones políticas al margen de lo que hagan los partidos y los candidatos", "las empresas solamente deben apoyar candidatos comprometidos con la divulgación de las donaciones".

Tercer mito. La opinión pública latinoamericana es pasiva frente a la corrupción. Está sucediendo lo contrario. El latinobarómetro y la encuesta mundial de valores muestran un rechazo generalizado, una enorme indignación por la impunidad y la exigencia creciente por respuestas contundentes.

Cuarto mito. La corrupción es un tema básicamente policial. Una investigación de la Universidad de Harvard muestra que es mucho más complejo. Trató de medir en 100 países con qué causales estaba más conectada. Las correlaciones econométricas identificaron que la principal eran los niveles de desigualdad. Cuanto mayores son las asimetrías en una sociedad, élites reducidas tienen el control de las grandes decisiones económicas, de los recursos, de la información, y las grandes mayorías tienen grados mínimos de información y de participación real. En esas condiciones hay, según los investigadores, "incentivos perversos" para las prácticas corruptas, porque los grupos de alto poder no tienen control y pueden actuar con impunidad. La corrupción, a su vez, aumenta la desigualdad. Se ha estimado que un aumento de un punto en el índice de corrupción hace aumentar el coeficiente Gini de desigualdad en 5,4 puntos.

Cuanto más equitativas las sociedades y mayor la participación de las mayorías, en educación, salud, información e incidencia en las decisiones, mejor podrán vigilar, y protestar, y menor será la corrupción.

Estos resultados son particularmente significativos para América Latina, por ser la región más desigual del planeta. Uno de los costos silenciosos de la desigualdad son los incentivos para la corrupción.

¿Cómo combatir la corrupción en la región? Mejorar la equidad y superar los mitos señalados, y otros, profundizando sobre sus causas, son recomendaciones básicas.

Junto a ello son imprescindibles vigorosas políticas de reforma y fortalecimiento del poder judicial, apoyo a la profesionalización de las instituciones policiales vinculadas con la investigación de estos delitos, establecimiento de instituciones reguladoras sólidas y dotadas de capacidad técnica efectiva, gestión activa para la recuperación de activos en el exterior. Después de largas gestiones, el empobrecido Haití acaba de recuperar varios millones de dólares que la dinastía Duvalier había depositado en cuentas suizas.

Una clave para enfrentar la corrupción es ampliar las posibilidades del control social. Ello significa, entre otros aspectos, maximizar los grados de transparencia de la gestión tanto pública como privada e instalar mecanismos institucionalizados de participación continua de la población. Son significativos los resultados logrados con desarrollos en los que América Latina fue pionera en los últimos años, como el presupuesto municipal participativo de Porto Alegre, que se ha convertido en una referencia mundial en la materia y se ha extendido bajo diversas fórmulas a centenares de ciudades de la región. La apertura plena de los presupuestos, su análisis por la ciudadanía, su selección directa de prioridades, la rendición de cuentas, generaron una gestión local muy mejorada y redujeron sensiblemente los niveles de corrupción y de clientelismo.

A todo lo anterior deberá sumarse trabajar en la familia, la educación y los medios masivos para fomentar una "cultura de la transparencia y la responsabilidad". Ambos significan que el otro importa. La corrupción es lo contrario: egoísmo maximizado. En los noventa, en Argentina, donde este año se están llevando adelante 15 procesos judiciales contra políticos, ex funcionarios, empresarios y banqueros de esa década, algunos sectores de la población llegaron a invertir los valores. Los funcionarios y empresarios que robaban cubriendo sus operaciones eran percibidos como "unos vivos"; los que no lo hacían, "una especie de idiotas". La década de políticas ortodoxas extremas destruyó parte de la clase media y de las oportunidades para la mayoría de la población en ese y otros países de la región, pero, además, erosionó profundamente los valores básicos.

Las sociedades reaccionaron, pero hay que continuar trabajando ese plano fundamental. Los países que encabezan la tabla mundial de integridad, como los nórdicos, tienen altos grados de equidad, instituciones sólidas, un poder judicial ejemplar, pero, además, la cultura rechaza a los corruptos, son "parias sociales". La ilegalización "cultural" además de jurídica de la corrupción es la doble batalla a dar.

La investigación de Harvard es alentadora, concluye que "después de todo, la corrupción no es un destino".

Bernardo Kliksberg es autor de numerosas obras. La más reciente, escrita con el premio Nobel Amartya Sen, Primero la gente (Planeta/Deusto). Es asesor principal de la dirección del PNUD/ONU para América Latina.

fuente:EL PAIS - TRIBUNA

presupuesto 2009:aprobación inicial

Los programas de financiación permiten invertir en la ciudad 174 millones de euros

Fuente de la plaza de la Montañeta que se sustituirá por una nueva.

La intención del Consistorio es crear una entrada sur en San Gabriel similar a la avenida de Denia Aumentarán las zonas verdes y los paseos, como el que se construirá en la calle Teulada

06.02.09 -

J. V. PÉREZ PARDO

| ALICANTE

Los programas de financiación local aprobados por el Gobierno central y la Generalitat Valenciana, más las subvenciones del Plan Urban de la Unión Europea para la recuperación de espacios urbanos y otras ayudas, permitirán inyectar a la ciudad unas inversiones de 174 millones de euros. Algunos de estos proyectos como la rehabilitación de enclaves de la Zona Norte, que cuenta con un presupuesto de veinte millones de euros ya se otorgaron hace tiempo, pero otras aportaciones han surgido como motor de impulso de la economía local, especialmente para el sector de la construcción.

Así, el Fondo de Inversión Estatal ha adjudicado a Alicante 57 millones de euros, mientras que el plan de inversiones de la Generalitat Valenciana asciende a 63 millones de euros, una media de 203 euros per cápita. Con la aportación de la administración autonómica se pretende remodelar el acceso sur de la ciudad y crear «una nueva avenida de Denia», explicó el concejal de Atención Urbana, Andrés Llorens. No será la única actuación que se financie con este plan especial del Consell, aunque «todavía está por decidir» las actuaciones que se llevarán a cabo, indicó el también primer teniente de alcalde.

Las primeras en llegar

La primera remesa de fondos públicos que llegarán a la ciudad son las actuaciones del conocido Plan ZP, con obras ya decididas y aprobadas, que se licitarán «en breve», según explicó el concejal de Atención Urbana, Andrés Llorens.

Respecto a las obras competencia de su área, «son actuaciones a pie de calle, orientadas a mejorar la calidad y la atención de todos y cada uno de los alicantinos», subrayó ayer Llorens. El principal capítulo de inversión es el destinado al arreglo de calles, aceras y mejora de la accesibilidad de Alicante, para lo que se destinan casi ocho millones, seguido por la creación de zonas verdes, que cuenta con un presupuesto de 4,5 millones.

En este capítulo, Llorens quiso destacar las actuaciones que tendrán lugar en lugares tan emblemáticos de la ciudad como el Parque de Canalejas, la Plaza de la Montañeta o la transformación de la Gran Vía, desde la calle Teulada al Puente Rojo. Además, recordó , «se une al esfuerzo inversor del Tram y el Centro de Congresos», aún sin fecha de inicio de obras.

Proyectos para la ciudad

LAS ACTUACIONES

Mejoras para las calles

Reparación de tramos de aceras: 3.014.608,80 euros.

Renovar pavimento distintas calzadas: Consiste en fresar el pavimento donde sea necesario, regularización del pavimento en bacheo cuando sea necesario y capa de aglomerado asfáltico de cuatro a cinco centímetros de espesor. 1.327.016,10 euros.

Renovación de aceras en la Avda. Costa Blanca: 1.379.310,35 euros.

Eliminación de barreras urbanísticas en 487 pasos de peatones: 947.185,86 euros.

Acondicionamiento de pasos de peatones San Fernando, San Vicente y otras: 633.425,48 euros.

Urbanización espacio público entre C/ Tridente y C/ Curricán: 317.488,71 euros.

Adecuación Mediana de la Avda de Villajoyosa en la Albufereta: 216.953,45 euros.

Zonas verdes

Ejecución de parque urbano en la calle Corbeta: 727.628,31 euros.

Ajardinamiento de medianas en Gran Vía, tramo entre la avenida Teulada y el Puente Rojo: 318.965,51 euros.

Acondicionamiento del parque El Palmeral: 363.275,86 euros.

Acondicionamiento del parque de Canalejas: 327.586,21 euros.

Remodelación integral del Camino del Faro: 701.264,61 euros.

Espacios adaptados para el libre paseo de mascotas: 1.240.795,23 euros.

Plantación de césped artificial en la avenida Costa Blanca: 750.000 euros.

Iluminación

Cambio de luminarias y equipo de alumbrado público para mejora de eficiencia energética: Rambla de Méndez Nuñez, Explanada de España, zonas comerciales de San Blas, calles Curricán, Arpón, Redes, Olimpo, Zeus, Historiador Vicente Ramos, Doblada, Fernando Madroñal, y sectores de Alcalde Lorenzo Carbonell, Arquitecto Morell, Reyes Católicos, Avenida de la Estación, Juan Bautista Lafora, y Castillo de San Fernando. 732.438,79 euros.

Renovación de alumbrado público en sectores Benito Perez Galdós: Avdas. de Benito Pérez Galdos, Condomina, Costablanca y Villajoyosa, en la Gran Via , en las plazas de la Coruña y del Foguerer Tomás Valcárcel, y en la calles adyacentes de Tarragona Pontevedra y Rafal. 1.346.356,84 euros.

Renovación de alumbrado público en sectores Soto, Gadea y Marvá: Paseos de Soto Gadea y Marvá, Parque Monte Tosal, Zona residencial de Villafranqueza, Calle del Pintor Baeza, y las Avenidas de Orihuela, Jijona y Elche. 1.110.743,87 euros.

Renovación de alumbrado público en sectores Soto, Gadea y Marvá otros seis más: Paseos de Soto Gadea y Marvá, Parque Monte Tosal, Zona residencial de Villafranqueza, Calle del Pintor Baeza, y las Avenidas de Orihuela, Jijona y Elche. 1.110.743,87 euros.

Colegios

Acondicionamiento de patios: Gastón Castelló y Voramar.144.000 euros.

Acondicionamiento de carpintería exterior: C.P. Aneja, C.P. Azorín, C.P. Bacarot, C.P. Emilio Varela, C.P. Joaquín María López, C.P. Joaquín Sorolla, C.P. La Cañada, C.P. Maestro López Soria, C.P. Ntra. Sra. de la Paz, C.P. Rafael Altamira, C.P. Verdegás, C.P. Virgen del Remedio, C.P. Sierra de Mariola.1.006.757,76 euros.

Acondicionamiento del patio en el colegio público Azorín: 368.486,98 euros.

Obras: C.P. Rafael Altamira, rehabilitación de aseos de profesores y cocina existente, mediante ejecución de nuevas instalaciones y servicios; C.P. Verdegás, rehabilitación de las cubiertas con su sustitución; C.P Carlos Arniches, sustitución de la red de agua potable; C.P. Santo Domingo, Sierra Mariola, Carlos Arniches, rehabilitación y acondicionamiento de las viviendas de conserjes y aseos. 293.086,73 euros.

Acondicionamiento de parcela y vallados: Ampliación y mejora de los accesos de C.P. Pedro Duque; ejecución del vallado mediante muro de hormigón armado y valla tipo colegios en el C.P. Rebolledo; acondicionamiento de solar anexo al C.P. La Florida mediante su urbanización, y renovación y pintura en existente del cerramiento exterior del C.P. Mora Puchol. 271.657,52 euros.

Acondicionamiento de juegos infantiles: 175.000 euros.

Ampliación de patio Colegio Público Nou San Blas:168.323,31 euros.

Acondicionamiento de pistas deportivas en CP San Fernando, José Carlos Aguilera y Juan Bautista Llorca: 132.072,85 euros.

Plazas públicas

Renovación Plaza de la Montañeta: 991.379,31 euros.

Renovación de la plaza Altozano: 327.586,21 euros.

Acondicionamiento integral plaza padre Ángel de Carcagente: 256.029,14 euros.

Acondicionamiento Plaza La Pipa: 146.551,72 euros.

Acondicionamiento integral de la plaza de Hermanos Pascual: 135.646,41 euros.

Ampliación de la plaza de San Agustín:116.379,31 euros.

Renovación parcial del pavimento de la Explanada: 525.862 euros.

Adecuación del mobiliario y jardinería de la Explanada: 180.000 euros.

Juegos infantiles

Acondicionamiento de juegos en las playas: 310.344,83 euros.

Acondicionamiento de zona de juegos infantiles en arena en Partidas Rurales: 126.820 euros.

Acondicionamiento de zona de juegos infantiles en Gran Vía Fase II: 96.649,18 euros.

Creación de zona de juegos infantiles en la plaza de la Fabriqueta, frente a la calle del Músico José Alcaraz: 97.327,59 euros.

Acondicionamiento de zona de juegos infantiles en Plaza Progreso: 86.206,90 euros.

Acondicionamiento de zona de juegos infantiles en parque C/Millena, parque C/Palngre y Avda. Pintor Pérez Gil Fase II: 85.953,39 euros.

Renovación de zona de juegos en la Plaza de San Blas con ampliación de la zona, y ejecución de nueva zona de juegos con urbanización en la Plaza Lo Morant: 75.471,79 euros.

Acondicionamiento de zona de juegos infantiles en el parque del Jardín Botánico: 115.258,62 euros.

Acondicionamiento de zona de juegos infantiles en plaza Doctor Carlos Van-Der Hofstadt: 72.243,10 euros.

Acondicionamiento de zona de juegos infantiles en plaza Virgen del Mar: 67.641,05 euros.

Recogida de residuos

Renovación Plaza de la Montañeta: Plaza Correos -C/ San Fernando, Plaza del Sol, Plaza Hospital, Plaza Hnos Pascual, Plaza de América, Plaza Benalúa, Plaza Ciudad de Asis, Plaza de La Viña, Plaza Padre Fontova, Plaza del Mar, Plaza Correos y Plaza Joaquín Maria Lopez. 827.586,23 euros.

Centros de mayores

Ampliación del Local del centro de 3ª edad de Rabasa: 822.413,79 euros.

Plazas emblemáticas como La Montañeta tendrán una profunda reestructuración

Algunos parques contarán con una zona especial para el paseo de mascotas

Cientos de obras pondrán las calles de Alicante patas arriba en Hogueras

Las mejoras de plazas, aceras, asfaltado y alumbrado afectan a todos los barrios