La crisis económica dispara los impuestos

El Ayuntamiento aumenta las plusvalías un 7,44%, las tasas de basura y vados un 5%, y de veladores, un 9,25%
Al concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Alicante, Juan Zaragoza, no le cuadran las cuentas del presupuesto municipal de 2009. Para compensar las pérdidas de ingresos en las arcas municipales ha decidido incrementar las tasas e impuestos con el fin de minimizar el impacto negativo de la crisis económica. Así, la Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante aprobó ayer la actualización de cuatro tasas municipales. Entre ellas, las plusvalías, que grava el incremento del valor de los terrenos urbanos, que suben una media del 7,44%, así como las tasas de basuras y de vados, que se aumentan un 5% lineal, y la tasas de veladores, que sube 9,25%.

El concejal de Hacienda indicó ayer que estos incrementos se han aprobado para actualizar las tasas con el IPC, y anunció que la intención del equipo de Gobierno es que esta equiparación "se haga todos los años, como hacen la mayoría de los ayuntamientos". Zaragoza señaló también que este incremento supondrá una recaudación adicional de "un millón de euros frente a los entre 30 y 38 millones de euros menos que tiene previsto ingresar el Ayuntamiento en 2009 respecto del presente año" .

Zaragoza refirió que se modificará la ordenanza del plusvalías para cambiar los coeficientes de incremento anual "con la intención de gravar aquellas compraventas que se produzcan en el menor espacio de tiempo para tratar de evitar la especulación con las compras y ventas de cualquier tipo de suelo". Así, el coeficiente anual de la plusvalía se incrementaría para 2009 entre en un 0,3 y un 0,7% dependiendo del periodo de cómputo de las propiedades que se transmitan. Sobre esta tasa Juan Zaragoza destacó que se utilizan valores de suelo que provenían de "la revisión catastral de 1996", por lo que se tratan de valores "muy desfasados en relación con los precios de mercado actuales".

Sobre el incremento en la tasa de basuras, indicó que ésta "no se actualiza desde 2006", y el IPC desde 2006 hasta septiembre de 2008 "subió un 9,4%" frente a la actualización de la tarifa del 5 por ciento planteada ayer en la Junta de Gobierno. Con este incremento en la tasa, las viviendas con una superficie construida de hasta 104 metros cuadrados verán como la cuota de basura aumentará en 2009 entre 0,97 y 1,70 euros anuales, mientras que aquellas que superen los 104 metros cuadrados tendrán un incremento de entre 1,41 y 2,47 euros.

Respecto a la tasa de vados, el concejal de Hacienda destacó que la ordenanza no se modifica desde el 30 de junio de 2000 y desde esa fecha hasta septiembre de 2008 el IPC ha crecido en un 30,5 %, mientras que la actualización propuesta para esta tasa es del 5%.


Bajada de ingresos
El concejal de Hacienda reconoció ayer que las previsiones del Ayuntamiento de Alicante es que el próximo año los ingresos municipales en concepto de impuesto de construcciones y obras (ICIO) y de plusvalías se reduzca en más de 15 millones de euros. El edil popular recordó que la previsión para 2008 era ingresar 14,3 millones de euros por licencias de obras y 9,9 por el incremento del valor de los terrenos urbanos, pero que no se alcanzará esta cifra dado el bajo número de viviendas que se están construyendo.

Esta tendencia a la baja en el ritmo de las obras hace prever que las previsiones de ingresos para 2009 se hayan estimado en tan sólo 3 millones de euros en el primero de los casos, lo que representa una caída del 80%, y de 5,3 millones por las plusvalías, es decir más de un 50%.

A ello hay que añadir, según señaló Zaragoza, la reducción de entre 7 y 9 millones de euros de transferencias del Estado, por lo que el presupuesto municipal de próximo año bajará entre 30 y 38 millones de euros, y se quedará en aproximadamente 217 millones de euros.

Para compensar las pérdidas por estos ingresos, el Ayuntamiento aprobó ayer el incremento de cuatro tasas, y en próximas reuniones de la Junta de Gobierno se incrementará el resto de tasas.

fuente:28.10.08 -

T. R.| ALICANTE

La Administración y sus 'altos secretos'

Los organismos oficiales ocultan a los ciudadanos información pública -
Una nueva ley regulará en España el derecho a saber

ROSARIO G. GÓMEZ 27/10/2008 reportaje El País

Obtener información oficial, acceder a archivos públicos o recabar datos de la Administración es, más que un derecho, un calvario. A diferencia de lo que ocurre en casi toda Europa (en Suecia, desde 1766), en España no existe ninguna ley que garantice la transparencia. Nada ni nadie obliga a instituciones, fundaciones o entidades privadas financiadas con dinero público a proporcionar datos a los ciudadanos. El oscurantismo es la única norma que se cumple a rajatabla. Impera la ley del top secret.

El 28 de septiembre es el día internacional del derecho a saber, pero la Administración española no parece tener esa fecha en el calendario. Esta situación, sin embargo, puede tocar a su fin. El Gobierno se ha comprometido a promover una ley que garantice "el mayor acceso posible a la información pública". Zapatero hizo el solemne anuncio en la clausura de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como respuesta a una petición expresa de este organismo, que agrupa a 1.300 publicaciones. La SIP subrayaba la necesidad de que las autoridades españolas pongan en marcha "de manera inmediata" una ley que reconozca y regule el derecho de los ciudadanos a acceder "de manera rápida, gratuita y efectiva" a los archivos y registros administrativos en manos de autoridades y organismos públicos.

Posiblemente esta ley sea el milagro que esperan los valencianos para saber lo que costó a las arcas públicas la visita de Benedicto XVI hace dos años. Casi los mismos que el diputado autonómico socialista José Camarasa lleva reclamando el alcance de la factura del multitudinario Encuentro de las Familias de julio de 2006. Cada poco tiempo plantea la cuestión al Gobierno que preside el popular Francisco Camps. "Estoy colapsado", se lamenta Camarasa. "He preguntado seis o siete veces sobre el coste del viaje del Papa y me contestan que el desembolso de dinero público fue el que correspondió a la organización de gastos propios de la visita. Repregunto, y lo mismo". En definitiva, "un diálogo propio de los hermanos Marx", que el parlamentario regional atribuye a "una táctica sistemática del Consell que consiste en no contestar las preguntas que le puedan perjudicar".

Conocer las listas de espera de los hospitales, los contratos inmobiliarios de las fundaciones que reciben subvención, el número de personas expulsadas de territorio español, el porcentaje de soldados que han sufrido accidentes en Irak, los kilómetros de carril bici en Madrid o cómo se reparte el dinero que recauda la SGAE es una misión titánica. "La ley es absolutamente necesaria. Cualquier persona que quiera acceder a una información, aunque sea inocua, se encuentra ante una carrera de obstáculos", constata el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz Severiano Fernández. ¿De quién es la culpa? "Hoy por hoy, los funcionarios acuden a todo tipo de excusas para ocultar la información, incluido el famoso silencio administrativo. La callada por respuesta es la forma más fácil y cómoda de ocultar la información. El ciudadano se encuentra en una situación de indefensión; a no ser que se embarque en los tribunales, un proceso que no deja de ser largo y costoso", explica Fernández.

Con una ley de libre acceso a la información, similar a la que disfrutan al menos 78 países en todo el mundo, se acabaría esta secular opacidad. El Consejo de Europa tiene ya sobre la mesa el primer tratado internacional dedicado a este derecho, una convención que podría ver la luz en 2009. "La Administración española quiere ser moderna, pero en esta materia va por detrás de países como México", subraya Fernández. Está incluso más rezagada que Guatemala, que acaba de aprobar una norma que obliga a los distintos organismos del Estado a revelar desde los contratos de los asesores a los gastos de representación pasado por todo tipo de convenios urbanísticos.

Si se consigue una Administración transparente se verá que "hay servicios que funcionan mal" y "funcionarios que a menudo se han apropiado de parcelas de poder que no les corresponden", apunta Manuel Sánchez de Diego, profesor de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. "La Administración, cuando regula, tiene miedo de que se le haga trabajar o de que se puedan descubrir sus pequeños secretillos. Muchos funcionarios deberían cambiar de mentalidad; no son guardianes de secretos", añade en tono irónico.

Aunque Zapatero anunció su regulación hace apenas tres semanas, no es la primera vez que la ley de transparencia sale a escena. Aparecía ya en el programa electoral de los socialistas en 2004 y 2008. "Impulsaremos una ley sobre el derecho al libre acceso a la información que garantice que todos los poderes, autoridades públicas y entidades sostenidas con fondos públicos faciliten, en tiempo útil, el libre acceso a toda información o documento oficial, con la única excepción de lo que atente a la legislación de protección de datos o de secretos oficiales".

Promesa incumplida en la primera legislatura y trabajo extra para Access Info Europe, organización que aboga por la transparencia informativa en el Viejo Continente y contribuye a su desarrollo a escala mundial. La entidad -que forma parte junto a otra veintena de la Coalición Pro Acceso- ha recogido las quejas de los ciudadanos ante el cerrojazo de la Administración en Cuando lo público no es público, documento que refleja una serie de casos en los que la autoridad competente ha mirado hacia otro lado.

Las peticiones formuladas no se refieren precisamente a secretos de Estado. A menos que la definición de "envase" lo sea. Access Info cuenta el ejemplo de un ciudadano que quiso saber lo que la Administración entendía por "envase" para poder reciclar. No tuvo éxito. Tampoco recibió respuesta aquel otro que solicitó al Ministerio de Cultura la memoria de la SGAE y de VEGAP sobre el empleo del dinero que recibe en concepto de canon digital. Aunque tratándose de la SGAE, organismo poco dado a la transparencia de sus cuentas, bien pudieran considerarse tales informes como top secret. Cultura esquivó dar las memorias pedidas porque "no forman parte de un expediente administrativo". Access Info considera que la sociedad tiene derecho a saber cómo se está empleando este dinero. Por eso ha presentado un recurso ante los tribunales.

Todos los males proceden de uno: España es de los pocos países de europeos que carece de una ley que regule el derecho de acceso de los ciudadanos a datos y archivos oficiales. Sólo Grecia, Luxemburgo y Chipre están en la misma situación. Malta, que también integraba el club de los sindatos, ha tomado la delantera y ya que está tramitando en el Parlamento la Freedom of Information Act.

Al frente de la asesoría jurídica de Access Info Europe, Eva Moraga afirma que el derecho de acceso es un instrumento clave para garantizar la transparencia. "Cualquier persona puede pedir a cualquier poder público o entidad privada si opera con fondos públicos, información sobre su actividad o sobre los servicios que presta". Además, no tiene que explicar para qué la quiere ni el uso que hará de ella. Sánchez de Diego lo resume en dos líneas: "Tengo derecho a que me informen porque tengo curiosidad".

El seguimiento llevado a cabo por Access Info echa por tierra esa declaración de intenciones. Tras seguir el rastro de 41 solicitudes de datos presentadas por diferentes personas a distintos organismos públicos llega a una conclusión demoledora: el 78% de las peticiones no recibieron la información solicitada -en unos casos la contestación denegaba los datos (43%) y en otros, sencillamente, se optó por el silencio (35%). Sólo en un 22% de las consultas se ofrecieron los datos requeridos.

El silencio administrativo "no vale" porque "supone una violación de un derecho fundamental", se queja Moraga. "Hay que cambiar los usos. El ciudadano tiene derecho a estar bien informado para participar en la vida pública con conocimiento de causa". En la misma línea insiste el profesor Sánchez de Diego, que ancla el derecho de acceso directamente en el artículo 20 de la Constitución: "El derecho a la libertad de información abarca el derecho a emitir, recibir y buscar información. Es un derecho fundamental". Recuerda que el artículo 105 -argumentado por algunos- no está en el catálogo de los derechos fundamentales, sino que afecta a la Administración, "la otra cara de la moneda". Por eso, sostiene que la nueva norma debería tramitarse como ley orgánica, lo que requiere "un mayor consenso entre los partidos políticos".

Aunque España siga sin oírlo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha dejado claro: el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión comprende "no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole". Y añade que el Estado tiene la "obligación positiva" de suministrar la información.

Se trata, además, de un derecho universal. Pese a que la materia prima es la información, no es exclusivo de los periodistas. Como subraya el abogado Ángel García Castillejo -autor del libro Régimen jurídico del profesional de la información- afecta a todos los ciudadanos. "Es de cajón. Es inconcebible que a estas alturas no esté disponible". Lo importante, además del reconocimiento del derecho, es "que se faciliten las herramientas para que la búsqueda de la información sea efectiva". Llevar a cabo la tramitación no deberá ser un rompecabezas ni provocar quebraderos de cabeza en el solicitante. Se trata de que sea un proceso sencillo, rápido y gratuito. Y, sobre todo, que la respuesta no discurra por los circunloquios propios del lenguaje oficial, sino que sea bien entendida por quien la recibe. "El lenguaje debe ser comprensible y la respuesta rápida. No vale que la Administración se vaya tirando la pelota de un sitio a otro, ni el clásico 'vuelva usted mañana", apunta Sánchez de Diego.

El tiempo de respuesta es una pieza importante (la mayoría de las legislaciones lo acotan a un máximo de 15 días) para que las peticiones no se eternicen. La media de los casos en España analizados por Access Info es de 38 días, aunque en algunas ocasiones la respuesta ha estado seis meses en el congelador. Y a veces, sigue ahí. Moraga recuerda que en Suecia la contestación debe ser inmediata. "Es un caso extremo. Se establecen plazos de 24 ó 48 horas. Y si la búsqueda de datos es compleja y va a tardar una semana el funcionario de turno llama al solicitante para explicárselo".

A la hora de determinar quién ha de velar por la transparencia, Moraga se inclina por el modelo del Reino Unido: un organismo independiente. Sánchez de Diego considera podría recaer en una institución similar a la del Defensor del Pueblo o la Agencia de Protección de Datos. Pero sobre todo, hace falta que sea obligatoria en los distintos escalones de la Administración: estatal, autonómica y local. Quizá así, Camarasa pueda saber en esta legislatura lo que costó la visita pastoral de 2006.

Las frases

"Los funcionarios se creen guardianes de secretos", se queja un experto

Camarasa: "El diálogo con el Consell es propio de los hermanos Marx"

España es uno de los cuatro países de la UE que carecen de regulación

Zapatero se ha comprometido a promover una ley en esta legislatura

El 78% de las solicitudes no recibieron respuesta satisfactoria

Los datos sobre seguridad nacional y vida privada estarán protegidos

El libre acceso a la información se plantea como un derecho fundamental

El proceso para obtener documentos debe ser rápido, sencillo y gratuito

Unos casos

LISTAS DE ESPERA

Conocer las listas de espera hospitalaria es una carrera de obstáculos. Las comunidades, que tienen transferidas las competencias en materia de Sanidad, se escudan en que los datos los proporciona el Ministerio. Y viceversa. Es la técnica de pasarse la pelota entre Administraciones.

CARRIL BICI

El Ayuntamiento de Madrid echó mano del socorrido silencio administrativo cuando un ciudadano pidió información sobre el número de kilómetros de carril bici en el área metropolitana y el porcentaje de esos kilómetros que están situados en la zona circundada por la M-30.

MEMORIA DE LA SGAE

El Ministerio de Cultura no facilitó los informes de la Sociedad General de Autores a un ciudadano que quería saber cómo se emplea el dinero del canon digital. Denegó las memorias de las entidades de gestión SGAE y VEGAP de 2006 porque "no forman parte de un expediente administrativo". Access Info ha acudido a los tribunales porque es "de claro interés público".

VISITA DEL PAPA

Los intentos del diputado socialista José Camarasa por saber el coste de la visita del Papa a Valencia en 2006 se han estrellado contra el Gobierno regional. Apenas ha visto una factura: la de los 9.969,60 euros que El Corte Inglés cobró a la Consejería de Presidencia por "los servicios prestados" por su división de congresos y convenciones. Camarasa no se conforma.

EDIFICIOS DE JUSTICIA

El Ministerio de Justicia negó a un ciudadano datos sobre los inmuebles arrendados en Madrid y la renta mensual que paga. Alegó que los documentos formaban parte de expedientes abiertos, puesto que "la relación jurídica derivada del contrato de arrendamiento", seguía vigente. El argumento "facilita el oscurantismo y obstaculiza la fiscalización de la acción pública", dice Access Info.

SOLDADOS

Una solicitante formuló cuatro preguntas a Defensa: número de inmuebles vendidos en 2007, soldados tratados por traumas posconflicto, denuncias contra miembros de las Fuerzas Armadas por discriminación de género y militares accidentados en Irak y Afganistán desde 2001. Nada de esto "constituye materia propia de la información administrativa", opinó el Ministerio.

El Ayuntamiento sube un 5% las tasas, incluyendo la de basuras

MANUEL DOPAZO

El concejal de Hacienda afirma que es una "actualización" y anuncia que a partir de ahora todos los años se incrementará el IPC de los tributos municipales para evitar los desfases

El Ayuntamiento de Alicante subirá las tasas municipales en un cinco por ciento, incluida la de basuras, para su entrada en vigor el 1 de enero próximo. La única excepción será la tasa de mercados municipales. El concejal de Hacienda, Juan Zaragoza, por el contrario, rechaza que se trate de una subida y habla de "actualización". Además, a partir de ahora, este incremento de las tasas se llevará a cabo todos los años por el importe del IPC. La subida también afecta al impuesto de incremento del valor de los terrenos urbanos, más conocido como impuesto de plusvalía, que sube una media del 7,4 por ciento.La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, tiene que enfrentarse, apenas unas semanas después de asumir su cargo, a una medida municipal tan impopular como la subida de tributos y especialmente de la tasa de basuras, que afecta a los ciudadanos de toda condición y cuya reimplantación en 2002 provocó una gran polémica, ya que hay que recordar que fue suprimida en 1989 porque se incluyó en el impuesto de bienes inmuebles. La anterior revisión al alza de este tributo fue en 2005.La subida del 5 por ciento afectará también a las tasas de vados, ocupación de vía pública, mesas y veladores de bares en terrazas públicas, e incluso a la grúa y todas las demás. La única excepción, según señaló el concejal de Hacienda, será la tasa de los mercados y mercadillos municipales, que permanecerá congelada. Estas subidas de las tasas, además, se repetirán a partir de ahora todos los años, en contra de lo que se ha venido haciendo por el Ayuntamiento, que esperaba varios años para incrementarlas. El edil de Hacienda asegura que lo que hace el Ayuntamiento "no es una subida sino una actualización" y recalca que la repercusión sobre el bolsillo del ciudadano será la del IPC, recordando al respecto que este año la previsión apunta a que dicho IPC suba incluso más del 5 por ciento.Con respecto a la tasa de basura, Zaragoza recalca que con lo que se recauda e incluyendo el incremento previsto del 5 por ciento sólo se alcanza a pagar el 41 por ciento del coste de la recogida de residuos. Así, según los datos de Juan Zaragoza, el coste anual de la recogida de basuras es de casi 20 millones de euros, mientras que el importe de todos los recibos a cobrar apenas supera los 8 millones.En cuanto a la subida anual que se va a aplicar a partir de ahora, Zaragoza afirma que se trata de "actualizaciones" para evitar su desfase.En lo referente al impuesto de plusvalía, el incremento no se puede aplicar sobre el tipo impositivo, ya que el Ayuntamiento tiene fijado el máximo previsto por la ley, que es el 30 por ciento. Por tanto, la subida se aplica sobre el porcentaje de incremento anual del valor del suelo. Zaragoza explica al respecto que la subida será mayor cuando se computen pocos años, por entenderse que comprende las transmisiones de suelo de carácter especulativo, mientras que será menor para los cómputos de 11 a 15 años, y se congela desde los 16 a los 20 años.Por último, el presupuesto municipal para 2009 presenta una novedad y es que por primera vez el grupo socialista ha sido invitado a que presente propuestas antes de su aprobación, para su inclusión en el mismo si se consideran aceptables por el equipo de gobierno del PP. Hasta ahora, el PSOE conocía el presupuesto cuando se sometía a aprobación y su única posibilidad de intervenir era mediante la presentación de enmiendas. La presentación de propuestas por parte del PSOE fue abordada ayer en una comida de trabajo de Zaragoza con el portavoz socialista, Roque Moreno, y el también edil socialista edil Ángel Pernías.

ALICANTE
El recorte de ingresos lleva al Ayuntamiento a aumentar las tasas un 5%
El Consistorio lamenta que el Gobierno vaya a reducir su aportación entre siete y diez millones de euros Las primeras subidas se aplicarán en el recibo de las basuras y en la plusvalía
24.10.08 -
JOSÉ F. PICÓ

Con un recorte de alrededor de 38 millones de euros en los ingresos municipales previstos para el 2009, tal y como avanzó este diario el pasado martes, el equipo de gobierno municipal está haciendo encaje de bolillos. La Verdad informó de que la tijera afectará, entre otros, a los gastos de protocolo y a nuevas inversiones, que prácticamente no habrá, y sólo se salvarán áreas como Acción Social, Servicios y Mantenimiento y Seguridad. Pero las medidas presupuestarias van más allá. Hace falta dinero para mantener los servicios y, aunque los impuestos no van a subir, con alguna excepción, sí lo harán las tasas.No habrá que esperar a conocer las cuentas del 2009 para comprobarlo. El próximo lunes, la Junta de Gobierno Local prevé aprobar sendas modificaciones de ordenanzas fiscales para aumentar los ingresos municipales en un millón de euros. Y no serán las únicas. En próximas juntas habrá más cambios. En este primer paquete se encuentran el impuesto de la plusvalía y la tasa de basuras. Luego vendrá el resto: vados, veladores, uso de instalaciones deportivas...El recibo de la basura subirá el próximo año un 5%, mientras que la plusvalía también aumenta sus coeficientes, aunque este impuesto sólo lo abona quien realiza, por ejemplo, la venta de una vivienda.Vados y veladoresCuando llegue la tasa de vados, el aumento previsto también será del 5%. Así, el titular de un vado de hasta cuatro metros de longitud pasará de pagar 222 euros al año a abonar 233. Y también llegará el incremento de la tasa de veladores, que en este caso ascenderá al 9%, aunque la modificación de la ordenanza también incluirá beneficios fiscalesEl concejal de Hacienda, Juan Zaragoza, explicó que, en general, se trata de una actualización de las tasas al IPC. En algunos casos, el precio del servicio no ha variado desde hace años, como ocurre, por ejemplo, con la tasa de venta ambulante. Ni siquiera ha aumentado cada ejercicio con el Índice de Precios al Consumo (IPC).Zaragoza reconoció que los ajustes serán «muy importantes» debido a la falta de ingresos. En este sentido, aseguró que «hasta el Gobierno central colabora en esta asfixia económica, con un recorte de su aportación de entre siete y diez millones de euros». Además, lamentó que «lo que aún nos tiene que pagar del 2007, no llegará hasta mediados o finales del próximo año».
DATOS
Qué: Aumento de la tasa de basuras y del impuesto de la plusvalía.Cuándo: El primer trámite será el lunes, con la aprobación de ambas propuestas por parte de la Junta de Gobierno Local.Por qué: La reducción de los ingresos municipales para el 2009 rondará los 38 millones de euros, según los primeros cálculos.Las primeras medidasModificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de residuos sólidos urbanos (basuras): La propuesta supone un incremento del 5% de la tarifa. En la actualidad, la recaudación obtenida apenas cubre el 39% del servicio, el resto lo asume el Ayuntamiento de sus presupuestos. Con el aumento se logra cubrir únicamente el 40,95%.Modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía): Con el aumento de los coeficientes a aplicar, el Ayuntamiento espera un aumento de la liquidación del 7,44%.

Alicante
El Ayuntamiento incrementa un 5% las tasas de basura y vados y un 9%, la de veladores
El edil de Hacienda anuncia que aumentarán los impuestos locales, que no se actualizan desde hace años, para ajustar el presupuesto
24.10.08 -
T. R.
ALICANTE

Ajustar el presupuesto municipal de 2009 a los tiempos de crisis. Este es el objetivo del Ayuntamiento de Alicante que prevé incrementar las tasas que cobra por la prestación de los servicios públicos un mínimo del 5%, es decir, el índice anual de precios al consumo (IPC). Aumento que, a partir de ahora, se aplicará en cada ejercicio. Así la Junta de Gobierno Local aprobará el lunes la modificación de las ordenanzas fiscales referidas a la tasa de recogida de basuras y las plusvalías.En el primero de los casos, el aumento de los recibos será de un 5% lineal, de tal manera que las viviendas de hasta 104 metros cuadrados situadas en vías de primera categoría pagarán 35,68 euros, mientras que los que se hallen en vías de segunda, tercera y cuarta categoría pagarán 30,58, 25,48 y 20,38 euros, respectivamente. Si la vivienda supera la superficie de los 104 metros cuadrados, la cuota pasará a ser de 51,79 euros en vías de primera categoría, y 44,39, 36,99 y 29,59 euros en el resto. El concejal de Hacienda, Juan Zaragoza, indicó que, pese a esta subida de las tasas, sólo se cubrirá el 40% del coste del servicio de recogida de basuras. En el caso de las plusvalías el incremento estimado en la liquidación de este impuesto es del 7,44% de la cuota íntegra.Además, el equipo municipal de Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento tiene previsto en las próximas semanas modificar también las ordenanzas fiscales de vados, que subirán un 5%, lo que representa 11 euros anuales, y de veladores, que experimentarán un incremento del 9%, es decir, que subirán de 3,63 euros por metro cuadrado y mes hasta los 3,92 euros.No obstante, según indicó el concejal de Hacienda, a los establecimientos afectados por obras se les reducirá hasta un 90% el importe de la tasa de veladores. Reducción que se les mantendrá en años sucesivos en función de la recuperación económica del negocio. También por cambio de mobiliario se les reducirá en un 50% el primer año y un 35% y el 15% en el segundo y tercer año, respectivamente . Zaragoza justificó la subida de las tasas en el hecho de que algunas de ellas, como las de los mercados municipales o la venta ambulante, "llevan años sin modificarse, por lo que es necesario ajustarlas a la actualidad", si bien resaltó que no se hará con carácter retroactivo. Argumentó que el incremento previsto de la veintena de tasas que cobra el Ayuntamiento "representará unos ingresos de sólo un millón de euros, lo que supondrá un pequeño respiro para las arcas municipales".Presupuestos de 2009 Añadió que este año, como consecuencia de la crisis, se producirá una reducción de las transferencias del Estado y una bajada en los ingresos, sobre todo de licencias de obras y construcciones, que obligan a rebajar el presupuesto de 2009 entre 30 y 38 millones de euros con respecto al de este año que ascendía a 255 millones de euros. Zaragoza señaló que "el objetivo es que las áreas de Acción Social, Servicios y Mantenimiento y Seguridad se mantengan, y recortar el gasto corriente". En cualquier caso indicó que "se mantendrán las inversiones que están en marcha, que cuentan con 45 millones de euros, y los proyectos que tienen ya consignación presupuestaria como el Palacio de Congresos en Sangueta o la Estación de Autobuses provisional". Tampoco se verán afectadas los proyectos que se acordaron entre el ex alcalde, Luis Díaz Alperi, y el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. En cambio, se reducirá en un 33% e incluso podría desaparecer los gastos de protocolo.

Bilbao es el ayuntamiento más transparente de España

El alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, recibe de manos del presidente de Transparency International España, Jesús Lizcano, el I Premio de Transparencia Municipal, que la ONG ha otorgado a esta ciudad. / EFE

El Ayuntamiento de Bilbao ha recibido esta semana el I Premio de Transparencia Municipal, un galardón que reconoce públicamente la apuesta del Consistorio bilbaíno en favor de una administración de "calidad y cercana a la ciudadanía".
Estos premios los concede la fundación Transparencia Internacional, una institución sin ánimo de lucro con sede en Berlín y delegaciones por todo el mundo, cuyo objetivo es la lucha contra la corrupción en todos los ámbitos de la vida pública. La división española está adscrita a la Fundación Ortega y Gasset.El pasado mes de mayo, Transparencia Internacional España invitó al Ayuntamiento de Bilbao a participar en la elaboración del Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA), una iniciativa pionera cuyo objetivo era evaluar el nivel de información pública entre la administración local y la ciudadanía en los cien municipios más poblados del Estado.Para ello, se estableció un total de 80 indicadores que abarcaban las áreas municipales consideradas como más importantes en la información pública que debe ofrecer un Ayuntamiento.Tras el análisis de todos esos indicadores, el pasado mes de julio, Transparencia Internacional situó al Ayuntamiento de Bilbao como el más transparente de todo el Estado, con una puntuación de 90,6 puntos sobre 100 posibles.En este sentido, cabe recordar que el Ayuntamiento de Bilbao recibió la mayor puntuación posible (100 puntos) en los ámbitos de la Transparencia en Información Corporativa e Institucional y la Transparencia en las Contrataciones de Servicios.También obtuvo una altísima puntuación (97,5 puntos) por la Transparencia en las Relaciones con la Ciudadanía y la Sociedad, y 85 puntos por la Transparencia Económico-Financiera, siendo ésta la mayor puntuación de los 100 municipios participantes en el estudio.Por último, el Ayuntamiento de Bilbao obtuvo 77,8 puntos en el ámbito de la Transparencia en materia de Urbanismo y Obras Públicas, la séptima máxima puntuación entre las 100 ciudades más pobladas del Estado.El Ayuntamiento de Bilbao aseguró que la concesión del I Premio Transparencia Municipal supone un "estímulo" para continuar adelante con el proceso de modernización interna iniciado hace unos años por el Ayuntamiento de Bilbao, donde la transparencia en la gestión alcanza el rango de estrategia municipal.

fuente:Municipios 21




En la sede de la Fundación Ortega y Gasset
Azkuna recoge en Madrid el Premio de Transparencia Municipal

El presupuesto municipal para 2009 se reducirá más del 15%

El Ayuntamiento se ve obligado a ajustar cuentas ante el descenso que está registrando en la recaudación de la mayoría de los impuestos y tasas

CLARA R. FORNER
Los ingresos que percibe el Ayuntamiento no paran de reducirse por culpa de la crisis. En 2007 las arcas municipales recaudaron 255 millones de euros pero, ahora que se están cerrando las cuentas del año, la Concejalía de Hacienda calcula que al cierre del ejercicio se habrán ingresado entre 38 y 40 millones de euros menos. Por tanto, el concejal de Hacienda, Juan Zaragoza, ya avanza que las cuentas municipales de 2009 se reducirán al menos un 15% respecto a este año. El edil ha pedido a todos los concejales y delegados que presenten unos presupuestos contenidos al máximo y que incluyan sólo los proyectos prioritarios.
Servicios Sociales, Seguridad y Transportes, Personal y Servicios y Mantenimiento serán las áreas que menos sufrirán los recortes porque son los departamentos básicos para el funcionamiento de la ciudad. Pero, aún así, también se van a ver afectadas y sus responsables tendrán que echar cuentas para gastar menos porque "no va a haber dinero para todo", advierte Zaragoza.
La mayoría de los impuestos y tasas que aplica el Ayuntamiento están reduciendo la recaudación, sobre todo los relacionados con la construcción, como el ICIO -Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-, las plusvalías o las licencias. Pero no sólo la crisis del ladrillo pasa factura a las arcas municipales. También se ingresa menos a través del impuesto de circulación pues se están vendiendo menos vehículos.
El único impuesto que va a crecer este año es el de Bienes Inmuebles -IBI- porque, obviamente, en los últimos meses se han seguido construyendo viviendas, aunque menos que otros años. Sin embargo, Juan Zaragoza señala que este aumento no será suficiente como para compensar el descenso en el resto de los impuestos.
Del mismo modo, bajarán las retribuciones del Gobierno que corresponden al Ayuntamiento y, además, Zaragoza explica que las compensaciones del Estado siempre se cobran habitualmente con retraso "y las que tenían que venir de 2007 seguramente no las cobraremos hasta junio o julio de 2009". De ahí que el edil de Hacienda insista en defender un cambio en el sistema de financiación de los ayuntamientos, tal y como aprobó el último pleno con los votos del PP.

El precio de una parcela pública se rebaja a la mitad

Uno de los modos que tiene el Ayuntamiento de recaudar dinero es la enajenación de parcelas. Pero, obviamente, también la crisis del ladrillo afecta a estos ingresos hasta el punto de que Consistorio prevé rebajar a la mitad el precio de una parcela de San Blas para poder venderla.
El Ayuntamiento sacó a subasta este solar, donde se podían levantar 72 viviendas libres, por un valor de 4,5 millones de euros, pero no hubo empresas interesadas en adquirirlo. Ahora, para que el nuevo concurso no vuelva a quedar desierto, la Concejalía de Hacienda se plantea "bajar el precio hasta dos millones y medio o incluso dejarlo en dos millones de euros".
Además, en esta ocasión la parcela va a destinarse a viviendas protegidas ya que, según explica el concejal Juan Zaragoza, "en tiempos de crisis los bancos conceden más fácilmente los préstamos para construir VPO que viviendas libres".
El Ayuntamiento también prevé crear una nueva empresa municipal dedicada a la gestión del suelo público, que dependería del Patronato de la Vivienda y funcionaría con su mismo personal. Juan Zaragoza asegura que esta medida "permitirá ser más ágiles a la hora de construir viviendas protegidas".

Castedo asegura que los grandes proyectos de Alicante no peligran pese al ajuste presupuestario
La alcaldesa afirma que el dinero del Consell está "garantizado" pero que ha de "primar la austeridad" para reducir los gastos corrientes

A. TERUEL

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, afirmó ayer que los grandes proyectos previstos para la ciudad no peligran pese al recorte del presupuesto municipal. Las cuentas del Ayuntamiento se reducirán en un 15 por ciento en 2009, debido fundamentalmente a la merma de la recaudación por impuestos y tasas, pero al margen de eso, según la primera edil, los fondos procedentes de la Generalitat están "garantizados" y, en consecuencia, también las actuaciones que promueve el Consell.No obstante, Castedo admitió que durante el próximo ejercicio "tendrá que primar la austeridad" en el Ayuntamiento, para poder compensar la "caída en picado" de los ingresos por recaudación. Al mismo tiempo, lamentó que "baje la aportación del Estado", porque eso hace que "difícilmente se pueda llevar adelante todo". Esto provocará que, inevitablemente, "algo se pueda quedar atrás por falta de dinero".De cualquier forma, recalcó, el principal montante son los gastos corrientes y no las inversiones, por lo que es el primero de esos conceptos el que hay que vigilar con mayor atención. Por ello, indicó que se llevará a cabo "un control al milímetro" al respecto, para impedir dispendios innecesarios. En todo caso, esto no conllevará una reducción del personal municipal no funcionario.Por otro lado, acerca de la situación en la planta de Altadis, la alcaldesa señaló que instará al grupo popular en las Cortes Valencianas a la presentación de una moción de apoyo al mantenimiento de la fábrica. Castedo confió en que sea un texto "conjunto" para todos los grupos, al igual que en el Ayuntamiento. Además, acerca de la reunión prevista para el miércoles con el director general de Altadis, alegó que "debe ser la otra parte quien proponga algo", porque el Consistorio "tiene claro" que las instalaciones de Las Atalayas "no deben cerrarse".Castedo añadió que se está analizando de forma exhaustiva el convenio suscrito hace ocho años entre el Ayuntamiento y la multinacional tabaquera para "tener claro si ha habido un incumplimiento" del mismo por parte de Altadis. De ser así, y llegado el caso extremo de cerrarse la planta, el Consistorio "debería obtener algún tipo de compensación".

Los municipios se alzan contra las cuentas

Los fondos para ayuntamientos y comunidades sufren la caída de ingresos entre las protestas de los alcaldes - La inversión estatal por regiones se estabiliza
VERA G. CALVO / S. DEL ARCO - Madrid / Barcelona - 01/10/2008 -el País
Un baño de realismo. Eso encontraron ayer los responsables de comunidades autónomas y ayuntamientos cuando se pusieron a estudiar el proyecto de Presupuestos 2009 entregado por el ministro Pedro Solbes en el Congreso. El mensaje es claro: no es momento para pedir más dinero. Las comunidades, que llevan meses exigiendo más financiación, verán que no sólo tienen menos recursos procedentes del sistema, sino que las inversiones estatales se congelan el año próximo. Lo mismo ocurre con el fondo para los municipios, que incluso se rebaja más de lo que ya anunció el Gobierno a los alcaldes hace sólo dos meses. La explicación es sencilla, alega una portavoz del Ministerio de Economía y Hacienda: la crisis hace prever que la recaudación de los impuestos caerá considerablemente en 2009. "Y la previsión baja para todos".Los 8.000 municipios de España lanzaron ayer un SOS al Gobierno: un documento con sus "exigencias mínimas" -más dinero, más capacidad para endeudarse, permiso para modificar impuestos municipales, nuevos fondos de compensación- para que en 2009 no se recorte la financiación a ciudades y pueblos, que ya consideran insuficiente. Pero a la misma hora en que la ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), reunida en Valladolid, aprobaba su documento, Solbes presentaba en Madrid un proyecto de Presupuestos que ya es una respuesta: no hay dinero para atender esas exigencias.
Según el ministerio, el fondo para ayuntamientos y diputaciones provinciales subirá en 2009 un 2%: de 16.101 millones de euros a 16.410 millones. Hace sólo dos meses el ministerio aseguraba que subiría un 6,3%. "Las previsiones han cambiado, se está recaudando menos de lo previsto y es normal que todo el mundo vea recortados sus ingresos", explica ahora una portavoz de Economía. Pero esa subida del 2% sólo resulta si de la cantidad de este año se restan los 445 millones que el Gobierno anunció que pagaría como anticipo del próximo. Además, si no se computa el dinero que se debe a las ciudades de la recaudación de años anteriores, el fondo estatal nuevo (las "entregas a cuenta") baja un 2,2% (unos 340 millones menos), según cálculos de técnicos municipales.
Antes de conocer las cifras contenidas en los Presupuestos, la Federación de Municipios, presidida por el socialista Pedro Castro, había hecho público por la mañana su documento de mínimos para 2009. Son éstos:
-Que las transferencias a los ayuntamientos se equiparen a las de las comunidades autónomas. Esto es, que se pague con la "entrega a cuenta" el 98% de lo que se prevé recaudar en el año (no el 95% como se hace ahora). Eso supondría unos 380 millones más a repartir entre todos los municipios en 2009.
-Que se autorice a los ayuntamientos a incurrir en déficit y a endeudarse en la misma medida que a la Administración central y a la autonómica, y no menos.
-Que se cree un "fondo de nivelación" estatal de entre 70 y 80 millones para las ciudades más pequeñas (hasta 75.000 habitantes) porque son las más agobiadas por la crisis.
-Que se permita a los ayuntamientos modificar el impuesto de plusvalía para poder cobrarlo en función del valor real de las casas o terrenos vendidos, no del valor catastral (que suele ser mucho menor).
-Que se garantice el cobro en 2009 de una partida discrecional: el "anticipo" de la liquidación de años anteriores.
Además de exigir, la FEMP aprobó una serie de medidas de autocontención y austeridad durante la crisis (recomendaciones que no obligan a los ayuntamientos): congelación salarial para alcaldes, concejales y cargos de confianza; y congelación del presupuesto municipal salvo en ciertas partidas imprescindibles como el suministro eléctrico. Los responsables de la Federación de Municipios retomarán la negociación con el ministerio la semana próxima, y en esa mesa bilateral defenderán sus reivindicaciones ante lo que tildan de "asfixia económica".
El mismo término emplean varias comunidades autónomas para referirse al estado de sus cuentas. Y el proyecto de Presupuestos para el año que viene añade más presión a los Gobiernos autonómicos, pendientes de pactar un nuevo modelo de financiación que actualice sus crecientes necesidades de gasto. Pese a que la cuantía total de las transferencias a las comunidades crece un 2,2% -48.300 millones de euros-, las transferencias que resultan de la aplicación de los sistemas de financiación vigentes disminuyen un 2,6% (37.480 millones).
El Fondo de Suficiencia (FS), que cubre la diferencia entre las necesidades de financiación de cada comunidad autónoma y los recursos tributarios que se le atribuyen en el año base (1999), disminuye un 3,2%, debido a la caída prevista en la recaudación de los impuestos indirectos. El FS se calcula en función de los ingresos tributarios del Estado (IRPF, IVA e impuestos especiales).
Solbes descartó la creación de un nuevo fondo para compensar el retroceso de los fondos estructurales procedentes de Bruselas, una posibilidad que apuntó hace ahora justo un año. "Tiene más sentido reforzar el Fondo de Compensación Interterritorial", dijo, un fondo que apenas se ha utilizado desde la puesta en marcha del modelo autonómico. El FCI -un instrumento de desarrollo regional destinado a corregir desequilibrios interterritoriales y a hacer efectivo el principio de solidaridad- apenas crecerá el 1,2% este año, hasta los 1.333 millones de euros. Pero en los próximos años "puede jugar un papel parecido al de los fondos europeos y como tal aparecerá en la reforma del sistema de financiación", afirmó.
La inversión regionalizable del Estado también sufre un estancamiento: sólo crece un 0,2%, hasta los 24.800 millones de euros. Con todo, el ministro Solbes parece haber vuelto a cuadrar el sudoku de las inversiones para dar cumplimento a los estatutos de varias comunidades autónomas.
Los Presupuestos consagran a Andalucía y a Cataluña como las comunidades que más inversión regionalizable van a recibir del Estado el año que viene. En términos absolutos es cierto: la primera recibirá 4.410 millones de euros, un 1,3% más que el ejercicio anterior; y Cataluña, 3.772 millones, un 1,2% más.
La gran beneficiada es Castilla y León, que con un crecimiento de casi el 11% alcanza a la Comunidad de Madrid, una de las autonomías perjudicadas -con una disminución de las inversiones del Estado del 4,7%, hasta los 2.464 millones de euros-. El consejero de Hacienda madrileño, Antonio Beteta, lo considera un "nuevo atropello del Gobierno socialista". "Madrid recibe casi el 50% menos que Cataluña y Andalucía, algo especialmente grave si tenemos en cuenta que los madrileños son los que más impuestos pagan", dijo.
Pero hay muchas maneras de analizar las cuentas. Si se tiene en cuenta la población las cosas cambian, salvo para Castilla y León. Tras la ciudad autónoma de Ceuta, la comunidad gobernada por el PP es la que más inversión per cápita recibe del Estado: 980 euros, casi el doble que la media nacional, que es de 544 euros. Andalucía va pareja, mientras que en Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid la inversión por habitante es inferior.
Los presupuestos destinan 12.860 millones de euros a inversiones en las comunidades de Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Aragón y Baleares para dar cumplimiento a las disposiciones fijadas en sus respectivos estatutos de autonomía, con lo que, en algunos casos, la cifra de inversión es superior al reparto anterior. ¿Por qué? La inversión regionalizable sólo tiene en cuenta las inversiones directas del Estado; la de los estatutos también incluye las transferencias de capital y partidas extrapresupuestarias.
Así, Cataluña recibirá finalmente 4.626, en inversiones. Representa el 18,72% (el peso actual de la economía catalana en el conjunto de la española) de toda la inversión que el Ejecutivo de Zapatero destinará a infraestructuras. Baleares recibirá 34 millones adicionales.