La FEMP aprueba el Código del Buen Gobierno Local

Recoge los principios transparencia y ética pública, junto a medidas para mejorar la gestión y calidad de la democracia local

Incluye un decálogo de principios que van desde la defensa de los intereses generales con honradez, objetividad, imparcialidad, austeridad y cercanía al ciudadano, hasta no aceptar regalos que sobrepasen los usos y costumbres de la simple cortesía

Propone la regulación de una carta de derechos del ciudadano sobre el funcionamiento de los servicios

Obliga a la declaración de incompatibilidades y de bienes de los cargos públicos, directivos y personal de confianza de las instituciones y a trasladar al registro cualquier modificación.
Vincula las retribuciones económicas de los cargos electos a criterios objetivos como población, presupuesto y situación financiera municipal

La Comisión Ejecutiva de la FEMP ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos, el Código del Buen Gobierno Local, que recoge los principios transparencia y ética pública, junto a medidas para mejorar la gestión y calidad de la democracia local. El texto será remitido a todos los Gobiernos Locales españoles para que, en el uso de su autonomía, lo ratifiquen y lo incorporen a su normativa.
El documento aprobado ha sido elaborado por un grupo de trabajo integrado por representantes de todos los partidos políticos con representación en la Comisión Ejecutiva de la FEMP: PSOE, PP, IU, CiU y PAR. Este grupo ha venido trabajando desde mediados del pasado año en que se constituyó por acuerdo de la propia Comisión Ejecutiva.
El texto parte de un preámbulo en el que se recogen recomendaciones y documentos del Consejo de Europa y la apelación al ejercicio de las funciones de los electos locales con sentido de la responsabilidad, voluntad de servicio a la sociedad, transparencia, eficacia y dedicación plena a sus funciones públicas.
Esto se da en la inmensa mayoría de los electos locales españoles, pero existen casos excepcionales en los que el sistema democrático soporta casos de mala gestión y corrupción, transfuguismo, falta de transparencia, connivencia con intereses privados y ausencia de cauces para el control de la oposición, que degradan y perjudican a la democracia y dañan la credibilidad de políticos e instituciones.
Frente a ello, se propone una nueva forma de gobernar desde la cercanía, apostando por unos Ayuntamientos modernos y eficaces y considerando el ámbito local como espacio estratégico de la acción política, el futuro de la democracia y el desarrollo de los derechos de ciudadanía.
Principios
El Código recoge un decálogo de principios que van desde el respeto al ordenamiento jurídico y el compromiso con la ética pública y la calidad democrática, hasta la defensa de los intereses generales con honradez, objetividad, imparcialidad, austeridad y cercanía al ciudadano. Se propone fomentar la transparencia y la democracia participativa, trabajar por la inclusión social y el equilibrio territorial en los municipios. Del mismo modo, asume el código de conducta política en relación con el transfuguismo. Además, incluye el compromiso de no aceptar regalos que sobrepasen los usos y costumbres de la simple cortesía por parte de entidades y personas.
Calidad de la democracia
El documento incluye una serie de medidas para mejorar la gestión y la calidad de la democracia local, entre las que se encuentra la creación de comisiones de control de la contratación pública, la creación de mecanismos para posibilitar la participación de los ciudadanos, facilitar el trabajo de todos los grupos políticos, garantizar la pluralidad en los medios locales de información y favorecer el diálogo con los sectores sociales. Asimismo, propone la regulación de una carta de derechos ciudadanos respecto al funcionamiento de los servicios.
Incompatibilidades y declaraciones de bienes
El texto prevé que la declaración de causas de incompatibilidad de los electos locales al principio y al finalizar el mandato y cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos. Se harán públicas las declaraciones de bienes de los cargos públicos, directivos y personal de confianza de las instituciones, conforma a los modelos aprobados por los Plenos. Se registrarán los cambios patrimoniales o de actividad y se publicarán las retribuciones íntegras así como las compensaciones económicas por la representación desempeñada con motivo del cargo.
Retribuciones económicas
En relación con las retribuciones económicas de los electos locales, propone que se fijen con criterios objetivos (población, presupuesto o situación financiera municipal) y de acuerdo con unos baremos relacionados con el régimen retributivo de cargos públicos o funcionarios con similar responsabilidad de otras instituciones. Plantea, además la creación de un fondo en las Comunidades Autónomas, para garantizar las retribuciones de los electos locales en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Medidas de democracia participativa

Finalmente, el Código contempla medidas de fomento de la democracia participativa como complemento y refuerzo a la democracia representativa. Entre otras, prevé la creación de instrumentos como el Consejo del Municipio, grupos de trabajo en torno a proyectos determinados, talleres de reflexión ciudadana, presupuestos participativos, Consejo económico y Social y Consejos Asesores Sectoriales y la Iniciativa Popular. Se asegura el derecho a la información y el fomento del diálogo y la administración relacional.
Observatorio en la FEMP
El acuerdo de la FEMP incluye el compromiso de crear un Observatorio de evaluación de la calidad democrática que se encargará de valorar la aplicación del Código

Código del Buen Gobierno Local (pdf)

fuente:Elchedigital

¿Para Cuando en el Ayuntamiento de Alicante?

Alborch pide hacer públicos los bienes de los concejales

Los socialistas quieren que el Ayuntamiento de Valencia que preside la popular Rita Barberá asuma el código del buen gobierno aprobado por unanimidad el pasado 15 de diciembre por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La portavoz municipal socialista, Carmen Alborch, defenderá hoy en el pleno municipal un catálogo de medidas por la transparencia y la ética en los ayuntamientos. Entre otras medidas, la socialista reclama que todos los cargos electos municipales, así como los directivos y personal de confianza de las instituciones, hagan pública su declaración de bienes, actividades y causas de posible incompatibilidad.

Alborch destacó además de entre todas las medidas y recomendaciones que los socialistas, el único grupo de la oposición, tengan representación en todos los consejos de administración de las sociedades y empresas públicas municipales, así como en los patronatos de las fundaciones locales. De hecho, los socialistas llevan tiempo exigiendo fiscalizar los fondos públicos que han ido a parar a cinco entidades sin ánimo de lucro, a los que Barberá ha destinado en los últimos cinco años más de 45 millones de euros.

Alborch, que reconoció que Valencia ya puso en marcha un código ético de gobierno, subrayó, sin embargo, que tiene mucho camino por recorrer a la hora de controlar los mecanismos de concesión de las subvenciones o los contratos. "Creemos que abundar e insistir en principios como la honradez, la austeridad y la cercanía a los ciudadanos son principios que nunca vendrán de más", dijo Alborch. En el Ayuntamiento de Elche, el concejal socialista Alejandro Pérez consideró "intolerable" que el grupo del PP se niegue a hacer públicos sus bienes y su registro de intereses.

Los socialistas defenderán también hoy en el pleno una reclamación a los presupuestos, que está previsto que se aprueben definitivamente, porque el mismo día que se les dio el visto bueno provisional, el pasado 4 de diciembre, se recortaron en siete millones de euros aproximadamente, denunció el concejal socialista Juan Ferrer. De aprobarse hoy en estos términos, los socialistas volverán a denunciar las cuentas municipales.

Ferrer defenderá otra moción instando a la alcaldesa Rita Barberá a que exija al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que cree el Fondo de Cooperación Municipal, comprometido desde 1999 y que debería haberse dotado con 3.300 millones de euros en este periodo.

CRISTINA VÁZQUEZ - Valencia - 29/12/2009

Si banqueros y políticos fueran ángeles

La crisis financiera de Estados Unidos y la corrupción local en España tienen en común un perjuicio a los intereses de los accionistas y de los ciudadanos por parte de directivos sin contrapesos en sus organizaciones

VÍCTOR LAPUENTE 28/12/2009

Qué tienen en común los escándalos financieros en Estados Unidos que han desencadenado la crisis económica mundial con los escándalos de corrupción política que hacen que la mayoría de sociedades de la Europa del Sur y del Este estén cayendo en los índices internacionales de buen gobierno por debajo de países como Chile, Botswana o Qatar?

El factor más repetido a ambos lados del Atlántico es "la avaricia de unos pocos". Es un argumento muy útil para los políticos. Queda bien en los mítines disertar sobre la avaricia como resultado de la idolatría a las fuerzas del mercado desregulado o la cultura del pelotazo. Además, apelando a la avaricia humana, los políticos pueden imponer la solución más fácil de vender al electorado: mayor regulación pública (más procedimientos administrativos y registros más detallados de las actividades de todo tipo de instituciones públicas y privadas) y más organismos públicos que actúen como controles externos de las instituciones potencialmente peligrosas. Destinemos más recursos públicos a agencias reguladoras de las instituciones financieras y a fiscalías o agencias anticorrupción.

Sin embargo, hay motivos para dudar sobre la funcionalidad de esta creciente industria del control público -más allá obviamente de ayudar a ganar elecciones para los que la defienden-. Por una parte, los estudios de corrupción política muestran que aumentar el número de procedimientos administrativos (para llevar a cabo cualquier actividad económica privada o pública) o introducir agencias específicas para la lucha contra la corrupción no tiene efectos positivos significativos. Por ejemplo, la mayoría de países con bajos niveles de corrupción ni tienen agencias anticorrup-ción ni las tenían cuando estaban combatiendo activamente la corrupción.

Por otra, si analizamos los escándalos financieros que han afectado a tantos bancos americanos, vemos que el origen de los mismos no reside tanto en la ausencia de agencias reguladoras -pues siempre es posible encontrar fórmulas creativas para sortear casi todo tipo de regulaciones- como en la excesiva tolerancia hacia el riesgo de los directivos de algunas instituciones financieras. Los ejecutivos adoptaron (o toleraron que sus subordinados adoptaran) decisiones de mucho riesgo que no habrían tomado con su propio dinero. Pero eran los ahorros de los accionistas. En otras palabras, una lectura alternativa de la crisis financiera es la de un abuso sistemático de los intereses de los accionistas de las propias instituciones afectadas por parte de los ejecutivos de las mismas, que sabían que no pagarían las consecuencias plenas de sus actos y jugaron con fuego o, en este caso, con hipotecas basura.

Por tanto, lo que tienen en común las instituciones del sector privado americanas responsables de la crisis financiera con las instituciones del sector público responsables de la crisis de corrupción política en el Sur y Este de Europa es un abuso de los intereses de los accionistas (inversores en el primer caso y ciudadanos en el segundo) por parte de unos directivos (ejecutivos y políticos electos, respectivamente) que no están limitados por pesos y contrapesos dentro de sus propias organizaciones. Ambas instituciones sufren el denominado "dilema madisoniano", ya que fue James Madison, uno de los padres fundadores de la Constitución americana, quien estableció la formulación clásica del problema: "Si los ángeles gobernaran a los hombres, ni los controles externos ni internos al Gobierno serían necesarios. Al diseñar un gobierno de hombres sobre hombres, la gran dificultad reside en esto: primero debes capacitar al Gobierno para controlar a los gobernados y, segundo, obligarle a controlarse a sí mismo". Los trabajos de científicos sociales contemporáneos, como Gary Miller, demuestran que todos los gobiernos -tanto del sector público como del privado- sufren este dilema. Los gobernantes de cualquier organización, independientemente de las regulaciones que les impongamos desde fuera, siempre tendrán oportunidades para sacar ventaja de su autonomía. Por ejemplo, aprovechando que saben más que los accionistas, los ejecutivos privados siempre pueden adquirir un coche (o un jet) extra a cargo de la empresa o exponer el dinero de los accionistas a un riesgo de más a cambio de un bono. Y los gobernantes públicos siempre pueden construir una carretera o un polideportivo de más u ofrecer un trato de favor (camuflado de forma perfectamente legal) a un amigo. La solución que Miller y otros apuntan para minimizar este oportunismo inherente a las posiciones ejecutivas es crear un relativo nivel de conflicto en la cúpula de las organizaciones. Que personas con intereses distintos tengan que ponerse de acuerdo para tomar las decisiones más importantes, aquellas que pueden acarrear un mayor abuso de los intereses de los accionistas.

En el sector privado, esto es lo que ocurre en aquellas empresas en las que existe un chairman of the board que es independiente del chief executive. Esta separación de intereses (o, como mínimo, la existencia de estos dos cargos de forma independiente) es habitual en empresas e instituciones financieras europeas. Por el contrario, la norma en Estados Unidos es que una misma persona acumule ambos cargos, lo que podría explicar por qué la gran mayoría de escándalos financieros se han dado en ese país. Muchos chief executives controlaban a placer los órganos que deberían controlarlos a ellos. Como señala The Economist, una de las primeras reformas que los bancos americanos más afectados por la crisis (como Citigroup, Washington Mutual o Wells Fargo) han adoptado ha sido separar los cargos de chairman of the board y de chief executive. Ésa es también la exigencia de uno de los grupos más prestigiosos del mundo, el noruego NBIM: si queréis que invirtamos en vosotros, deberéis separar estos cargos para evitar que todo el poder se acumule en unas mismas manos.

En el sector público, el ejemplo por excelencia de separación de poderes es el Gobierno federal americano. Diseñado por pensadores como Madison, conscientes de que los gobernantes no son ángeles, un sofisticado sistema de pesos y contrapesos hace que el político más poderoso del mundo (el presidente de EE UU) tenga menos oportunidades para beneficiarse de actividades corruptas que cualquier político regional o local en un país como España -como podemos comprobar a diario-.

Diferentes versiones de este sistema madisoniano de separación de poderes en la cúpula de las organizaciones públicas se ha implantado en las administraciones occidentales que ahora son menos corruptas. En muchos gobiernos locales y regionales americanos (o de la Europa del Norte) los políticos electos monopolizan el equivalente al consejo de administración de una empresa (como el pleno o comités de área) y unos gestores profesionales, en ocasiones procedentes del mundo privado, ocupan las posiciones directivas.

Como en las "buenas empresas" europeas, el chairman of the board (alcalde o máximo representante político) no es al mismo tiempo el chief executive officer (máximo gestor público). Como políticos de partido tienen que ponerse de acuerdo con gestores con intereses distintos (unos preocupados por su reelección y los otros por su reputación profesional), las posibilidades de connivencia para llevar a cabo actividades corruptas se reducen al mínimo. Por el contrario, en los gobiernos locales y regionales (y en algunos casos incluso en los centrales), de la Europa del Sur y del Este sucede algo similar a las "malas empresas" americanas: el chairman of the board (alcalde o consejero regional) es al mismo tiempo el único y todopoderoso chief executive officer. Los intereses de los accionistas (es decir, los ciudadanos) quedan así desprotegidos porque las mismas manos (o del mismo partido) toman las decisiones con mayor margen para el abuso, como la construcción de un velódromo o la organización de la visita del Papa.

En resumen, son cambios organizativos internos y no sólo los controles externos, los que deberíamos empezar a debatir seriamente a ambos lados del Atlántico. Tanto europeos como americanos podemos aprender mucho los unos de los otros. Los europeos sobre cómo instaurar una efectiva separación de poderes en la cúpula de las organizaciones públicas y los americanos, en las del sector privado. Ya que ni los banqueros ni los políticos son ángeles, no les dejemos margen de maniobra para que actúen como seres divinos.

Víctor Lapuente es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Gotemburgo, Suecia.

¿Quiénes son peores, nuestros políticos o los ciudadanos?

FERNANDO VALLESPÍN 26/12/2009
Seguramente a nadie le ha sorprendido que entre los principales problemas de España que recogía el barómetro de noviembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) figurara, en tercer lugar, la "clase política, los partidos políticos". Se veía venir, después de tantos años de crispación, de los nuevos desvelamientos de casos de corrupción y de su falta de unidad ante la mayor crisis económica que hemos sufrido en décadas. Esta desafección no deja de llamar la atención, porque los políticos, lejos de tratarnos mal a los ciudadanos, se relacionan siempre con nosotros con extremado cuidado, como si fuésemos niños malcriados a los que no se les puede negar nada.

Como los padres de hoy con sus hijos, piensan que perderán el favor de sus gobernados si no están siempre pendientes de cada uno de los caprichos. Además, su gestión la presentan siempre en positivo, como si el más ligero reconocimiento de sus faltas fuera a provocar nuestra ira y, sobre todo, beneficiar al adversario. Algunos llaman a esta forma de proceder "gobernar con las encuestas", y es la actitud que ha suplantado al más tradicional "liderazgo".

No parece, sin embargo, que tanta desconsideración hacia los políticos obedezca a que los ciudadanos echen en falta más liderazgo; lo que ahora se añora es la unidad. Su reproche va más bien en la línea de que parecen preocuparse más por sus intereses partidistas que por el bienestar general. Y que esa persecución del interés propio, paradójicamente, ha acabado por objetivarles dentro de una "clase" o "casta" con atributos comunes a todos ellos. Lo primero sería el interés del partido, luego ya los intereses generales. Se da así la curiosa contradicción de que aquéllos que supuestamente están encargados de resolver los problemas de todos son vistos a su vez como un problema. El colmo.

Mal lo tenemos, porque la confianza, como bien sabemos por los sociólogos, es la sustancia que sirve para cohesionar las sociedades y para hacerlas más capaces de facilitar la convivencia y de encontrar soluciones a cualesquiera que sean las dificultades. Capital social se llama. Y se refiere tanto a la confianza entre las personas y grupos sociales como a la que se tiene hacia los gobernantes y las instituciones. En todo ello nos ubicamos siempre en la parte baja de la tabla de las democracias avanzadas. Si esto es así, no sólo tenemos un problema en la política, sino también en la propia sociedad. Uno de los rasgos de la cultura política española estriba, precisamente, en nuestra poca implicación en lo colectivo, en el escaso sentido comunitario, en el desinterés por todo cuanto huela a política. Pero, también, en nuestro tozudo sectarismo. ¿Cómo explicar si no que puedan salir reelegidos candidatos acusados de corrupción?

Lo fácil en las sociedades donde existe un exiguo arraigo de la responsabilidad individual es echarles siempre las culpas a los dirigentes cuando las cosas nos van mal. A nadie se le ocurre hacerse la reciente reflexión de Barack Obama, parafraseando un discurso de Kennedy, "no te preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país". Cuestión difícil, porque, para empezar, no todos entendemos lo mismo por "país"; para algunos es su propia Comunidad Autónoma, sea o no "nación", y para otros es España.

Pero no hace falta ir a la comunidad más amplia, nuestro poco aprecio por lo público se manifiesta también al nivel más local. Si las virtudes de la ciudadanía se miden por la predisposición hacia los intereses generales, nuestros privatizados conciudadanos -sólo atentos a la política cuando alguna decisión que viene de ésta puede afectar alguno de sus intereses privados-, no desmerecen de lo que ellos mismos opinan de sus políticos.

Es indudable que gran parte de las imputaciones que se dirigen hacia los políticos tienen un importante sustento en los hechos. Pero debemos considerar también las dificultades de gobernar una sociedad tan plural, corporativa y fragmentada como lo es la nuestra. Antes de proceder a descalificaciones generales convendría hacer un esfuerzo por discriminar entre unos y otros y por identificar con claridad cuáles son las causas de nuestro desapego y nuestra propia responsabilidad en este estado de cosas. Es difícil que haya políticos de baja calidad en una sociedad de ciudadanos exigentes. Exigentes no sólo para lo propio, claro, sino para la realización de aquellos valores en los que nos reconocemos todos, como la libertad, la seguridad la estabilidad. Sí, el famoso interés general, algo sobre lo que ya apenas se habla.

Desconfianza democrática y transparencia

Empieza a ser un lugar común el hablar de desafección democrática, de distancia entre instituciones y ciudadanía o de desconfianza generalizada de la gente sobre la forma de proceder de los que nos gobiernan y representan.

La cosa va empeorando si hacemos caso de lo que las encuestas del CIS nos van diciendo. En un año se ha duplicado el número de españoles que afirman que uno de los principales problemas del país son los políticos. En porcentaje, la percepción ciudadana califica ahora ese problema como más grave que la amenaza terrorista. El goteo de escándalos que vinculan poder político y corrupción no ayudan precisamente a atemperar el clima negativo. Los diagnósticos abundan, y la sensación de hartazgo aumenta, pero son escasas las propuestas que vayan más allá de recomendaciones éticas y de los encadenados de buenos deseos.

Por otra parte, el creciente alejamiento de la política institucional de buena parte de los ciudadanos contrasta con el aumento de actividades participativas en esferas no directamente político-institucionales, pero sí muy vinculadas a las políticas concretas (solidaridad, cooperación, redes de intercambio). Más que repliegue a la esfera privada, encontramos la búsqueda de una esfera pública no asimilable a la que quieren monopolizar las instituciones en sus distintas formas. Los partidos sufren pérdidas significativas de confianza, pero aparecen nuevas formas de coaliciones y grupos que promueven aquí y allá iniciativas de significación colectiva.

Podríamos decir, con Pierre Rosanvallon, que baja puntos la participación política centrada en el solo camino electoral, mientras aumenta el grosor de la participación centrada en la expresión (hacerse oír), la implicación (vincularse a otros para conseguir objetivos comunes), o la intervención (hacer, más que escuchar y asistir). Y todo ello en un contexto en el que el cada vez tenemos menos marcos comunes de referencia, menos sentidos de pertenencia única.

Resulta así evidente que es más fácil que la acción política de la ciudadanía se desplace hacia el control y la vigilancia, dadas las dificultades de identificarse e intervenir en una política oficial y formal, sentida como ajena.

Existe la conciencia difusa que cada vez es menos factible que la ciudadanía pueda ejercer el poder o influir de manera muy directa en su ejercicio, y la atención se dirige a cómo controlarlo, vigilarlo y evitar sus excesos y chapuzas. A falta de una idea de interés general que pueda compartirse de manera plena, surge la transparencia como valor que permite, al menos, que todos podamos saber qué sucede y, por tanto, actuar en unsentido o en otro. La transparencia es pues un valor básico y relativamente despolitizado. Desde la transparencia es posible vigilar un poder que tiende a ser autista y sesgado, y politizar así la desconfianza que ello genera.

No se trata de una desconfianza liberal, en el sentido de controlar los excesos de un poder irremediablemente perverso, sino de una desconfianza democrática en el sentido de habilitar la acción y la capacidad transformadora de quienes, desde la ciudadanía, no quieren delegar toda responsabilidad sobre lo común a las instituciones.

En España no disponemos aún de una ley de acceso a la información comparable a la que ya existe en más de 80 países del mundo y, entre ellos, a la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea, algunos como Suecia con más de 200 años de tradición al respecto. En los programas electorales del PSOE del 2004 y del 2008 figuraba ese tema como una de las promesas electorales. El presidente Zapatero ha anunciado que antes de final de año contaremos con un proyecto de ley al respecto, en cuya tramitación sería bueno que se escuchara a los que hace tiempo vienen empujando para que exista tal normativa.

Es innegable la significación del tema. La gran sacudida que ha significado la ley de libertad de información en Estados Unidos lo pone de relieve. No será fácil. Las administraciones públicas españolas se han construido desde la unilateralidad y la jerarquía, y la opacidad ha estado siempre asociada a esa concepción.

Aún produce sonrojo rememorar que la Unión Europea, ante las quejas del Gobierno Aznar sobre la difusión de un informe de una de las direcciones generales de Bruselas que advertía sobre los perjuicios ambientales del Plan Hidrológico Nacional y que había sido utilizado por sus detractores, tuvo que recordar al Ejecutivo español que toda la documentación europea está obligatoria y plenamente disponible en Internet. Las administraciones no dejan de pedirnos datos, muchas veces de manera redundante y superflua. Y en cambio, protegen constantemente sus informes, decisiones y rutinas. Esperemos que la nueva norma que acabe con la excepcionalidad española ya mencionada, no parta de una visión timorata al respecto.

De hecho, es una clara oportunidad. Una oportunidad para favorecer el intercambio de información y la mejora de relaciones entre ciudadanía y Administración. Una oportunidad para facilitar la participación de los ciudadanos y de sus entidades en los procesos de configuración de las políticas públicas. Y una oportunidad para mejorar la eficacia y la eficiencia de las propias administraciones, reforzando la necesaria evaluación y rendición de cuentas.

No deberíamos dejar escapar esa ocasión para usar las enormes capacidades de Internet al respecto. Desde y con la Red, se puede articular la plena transparencia de la documentación administrativa, la transparencia organizacional, la transparencia contable y presupuestaria y la transparencia de la acción y las responsabilidades públicas. Internet expresa y sirve de soporte natural a ese conjunto de posibilidades si existe voluntad política para avanzar por esa línea.

Necesitamos que, por ejemplo, los contratos públicos, los cambios de calificación urbanística, los estudios e informes encargados por las administraciones, puedan ser consultados por cualquiera, de manera amigable y sencilla, desde cualquier ordenador. Facilitando así la incorporación de la ciudadanía a una labor hoy por hoy estrictamente institucionalizada y que ha demostrado sus límites y carencias. Sin sustituir los mecanismos reguladores y de control ya existentes en nuestro sistema, podremos contar con la capacidad de vigilancia y seguimiento permanente de cualquiera interesado por los asuntos y decisiones públicas.

En la célebre obra de Jane Jacobs sobre las ciudades norteamericanas, se hablaba de la capacidad de mantener "seguras" las calles, no tanto por la mayor o menor presencia de la policía en ellas, sino por esa mezcla de ojos vigilantes en aceras concurridas. Existe, afirmaba Jacobs, una red informal de confianza pública que mantiene niveles de seguridad aceptables y que constituye la base de cualquier acción colectiva. Los hechos que se van repitiendo demuestran que no podemos seguir confiando en delegar nuestra capacidad de vigilancia en ojos que han demostrado poca fiabilidad. Sólo la movilización social y la desconfianza activa pueden ir modificando una situación que se adivina estructural.

Joan Subirats es director del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la UAB.

Se hubiera podido evitar

Transparente es aquello que se comprende sin duda ni ambigüedad. En la vida pública, transparencia es la obligación de las autoridades y organismos relacionados con el Estado de realizar sus acciones de forma que puedan ser sometidas a un control directo. Lo menos que se puede decir es que, en España, la transparencia es claramente insuficiente, porque no hay forma de practicar ese control si no existe un acceso inmediato a toda la información de que disponen esas autoridades.La realidad es que una parte no desdeñable de los casos de corrupción municipal y regional detectados en los últimos meses se hubiera podido evitar con normas que hubieran obligado a los ayuntamientos y gobiernos autónomos a colgar en Internet toda la información relativa a los fondos que manejan. Aun así, no hay forma de que en España se apruebe, de una vez por todas, una ley de las denominadas Freedom Information Act, que regule esa obligación y fije los mecanismos para el libre acceso a la información pública.

Los organismos especializados saben que la mejor manera de atajar la tortura o los malos tratos policiales no es aumentar las sanciones, sino disminuir las ocasiones y que lo único que resulta realmente eficaz es la obligación de instalar cámaras en todas las comisarías e instalaciones policiales. Están también hartos de explicar que una vez que se ha cometido un acto de corrupción es prácticamente imposible recuperar el dinero perdido por la comunidad y que la lucha contra el soborno, la venalidad y la deshonestidad pública exige medidas previas: es decir, información previa. Están hartos de decirlo y de demostrarlo con la experiencia de los países escandinavos, los más transparentes y los menos corruptos.

Las leyes de libre acceso a la información no son un privilegio para periodistas sino un mecanismo de protección de los ciudadanos, cada día más necesario. Se trata de colgar de Internet índices con toda la documentación relativa a expedientes públicos, actas de reuniones, planes, programas, correspondencia, dictámenes técnicos, estudios científicos o cualquier documentación financiada con dinero procedente de presupuestos públicos, de manera ordenada y accesible, a fin de que cualquier ciudadano pueda acceder a ella. Seguramente tampoco así será posible acabar con todos los casos de corrupción, pero es seguro que las sociedades que disponen de este tipo de legislaciones son capaces de atajar, antes de que se produzcan, la mayoría de los casos de mal uso de fondos públicos y de venalidad.

Y mientras que no se apruebe la ley, quizás los vecinos de algunos ayuntamientos españoles podrían aprender de lo que ha ocurrido en una pequeña ciudad brasileña, de 330.000 habitantes, llamada Maringá. Aburridos de que durante los años noventa e inicios de 2000, los fondos públicos fueran desviados y robados, y hartos de no poder nunca recuperar ni un real de ese dinero perdido, decidieron tomar el asunto en su mano y no contentarse con la detención y condena de algunos de los funcionarios implicados. La asociación comercial, el colegio local de abogados, el centro universitario, los miembros del club Rotario y del club de Los Leones crearon una agrupación llamada Sociedad Éticamente Responsable (SER), que negoció con las autoridades locales el acceso a partir de ese momento de toda la documentación pública.

Convencidos de que es indispensable actuar de manera preventiva para impedir la malversación de los recursos, en sus ratos libres comerciantes, abogados, rotarios o profesores de Maringá se encargaron de revisar los papeles municipales. Resultado: no sólo no ha habido casos de corrupción en estos dos últimos años, sino que en los primeros nueve meses de 2009 el ayuntamiento se ahorró cinco millones de dólares. Otras 35 ciudades se han apuntado a su peculiar sistema de libre acceso a la información y la Cepal acaba de darles su primer premio a la innovación social.
SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ 22/11/2009
solg@elpais.es

La imprescindible ética del gobernante

La corrupción corroe los cimientos de la democracia. La partitocracia y su financiación, la profesionalización de la política y el transfuguismo son algunas de sus principales causas. Es necesario un rearme moral

La corrupción, en mayor o menor grado, ha existido siempre en el ámbito de la gestión de los asuntos públicos. En todos los tiempos, sistemas políticos, culturas y religiones. El fenómeno es global. Al parecer, las graves penas establecidas ya en el Código de Hammurabi contra los gobernantes corruptos no han devenido eficaces. Cicerón forjó su carrera política denunciando la corrupción de Verres. En la obra Breviario de los políticos, del cardenal Mazarino, se destaca el capítulo "dar y hacer regalos": relevantes ministros de la monarquía francesa de 1700 fueron grandes depredadores. El comercio mundial se desarrolló en el siglo XVII bajo la bandera de las comisiones ocultas. Hasta el Estado Vaticano se ha visto envuelto en algún asunto de corrupción (verbigracia, el cardenal Marzinkus y el Banco Ambrosiano).

La corrupción política, entendida como utilización espúrea, por parte del gobernante, de potestades públicas en beneficio propio o de terceros afines y en perjuicio del interés general, es un mal canceroso que vive en simbiosis con el sistema democrático, a pesar de ser teóricamente incompatible con el mismo, y que debe preocupar muy seriamente a todos los demócratas, ya que corroe los cimientos de la democracia, en tanto que elimina la obligada distinción entre bien público y bien privado, característica de cualquier régimen liberal y democrático; rompe la idea de igualdad política, económica, de derechos y de oportunidades, pervirtiendo el pacto social; traiciona el Estado de derecho; supone desprestigio de la política y correlativa desconfianza de la ciudadanía en el sistema, desigualdad en la pugna política, violación de la legalidad y atentado a las reglas del mercado.

En España, en los últimos años, numerosos sucesos han puesto de manifiesto que el fenómeno de la corrupción en la gobernabilidad del Estado (principalmente, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos), no es algo coyuntural, sino estructural, que prolifera peligrosamente en las instituciones públicas. Los casos denominados Gürtel, Pretoria, Palma Arena, Palau, Operación Poniente, Operación Malaya, etc., que recorren la geografía nacional, han revelado que muchas Corporaciones Públicas han estado sometidas al poder económico y se han convertido así, crecientemente, en verdaderas plataformas de negocios varios, y de tráfico de influencias; hasta el punto de que hoy se corre el riesgo, cierto, de que intereses de grupos de presión económicos cambien el sentido del sacrosanto concepto del interés general, para inhabilitarlo. Obviamente, no es posible una estadística real de la corrupción, que por definición es oculta; y, de otra parte, como es natural, no todos los mandatarios públicos son corruptos.

En una sociedad abierta y democrática como la española, todos, en mayor o menor medida, somos responsables de la ola de corrupción que nos asola. Los políticos que la practican, promoviéndola o aceptándola; los sobornadores (promotores empresariales), ora causantes, ora víctimas; los partidos políticos, carentes a estas alturas de autoridad moral para combatirla; el estamento judicial (jueces y fiscales), que en muchas ocasiones no ha dado la talla; las instituciones encargadas del control y fiscalización de la actividad administrativa, negligentes casi siempre en su tarea; los medios de comunicación, silenciando o minimizando, a veces, el fenómeno corrupto; la intelectualidad, poco comprometida en su erradicación; la ciudadanía en general, tolerante en exceso con el político corrupto, quizás porque aún no es consciente de que la corrupción la paga de su bolsillo.

Las causas que propician esta perversión pública son múltiples, a saber: la partitocracia, con sus taras e imperfecciones; la profesionalización de la política, entendida en su peor versión; el fenómeno del transfuguismo; o el deficiente sistema de financiación de las formaciones políticas. Otras, propias del municipalismo, son la crónica insuficiencia de sus recursos económicos; el raquítico régimen de incompatibilidades legales de alcaldes y concejales; la galopante empresarización de los ayuntamientos para huir del Derecho Administrativo; o el deficiente sistema legal de control interno de sus actos económico-financieros.

Pero, por encima de todas ellas, a mi modo de ver, la causa primera de todos los males en el sector público español es la falta de ética pública de muchos de nuestros gobernantes, llegados a la política no por vocación ni espíritu de servicio, ni siquiera por ideología (qué rancios suenan ya estos conceptos), sino por propio interés. En términos generales, ética es el sentido, la intuición o la conciencia de lo que está bien y lo que no, de lo que se ha de hacer y de lo que debe evitarse.

La ética pública ha de ser correlativa de la privada. Mal podrá defender la integridad y la moralidad en el plano público quien carece de ella. Por otra parte, la actuación de cualquiera que realiza una función pública en nuestro país debe estar presidida por la idea de servicio de los intereses generales, que es el principal valor político. El artículo 103 de la Constitución Española -"La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales"- constituye un mandato para autoridades y funcionarios. Los valores clásicos del gestor público (imparcialidad, neutralidad, honradez y probidad) se han de ver complementados hoy con los nuevos valores de eficacia y transparencia, propios de las Administraciones Públicas del siglo XXI.

La corrupción socava la integridad moral de una sociedad. Supone la quiebra general de los valores morales. La corrupción pública, en cuanto supone lucro indebido del agente y su disposición a mal utilizar las potestades públicas que tiene encomendadas, es una práctica inmoral, ante todo; una violación de los principios éticos, sean individuales o sociales.

Algunos analistas consideran que la ética pública ha perdido hoy relevancia social, dada su naturaleza subjetiva. La gran mayoría entiende, sin embargo, que la ética ha de ser el mejor antídoto contra el veneno de la corrupción, y preconiza la necesidad de un rearme ético, de un regreso a los valores antes enunciados. Por eso, se observa últimamente en el mundo una gran preocupación oficial por la ética pública (el reciente Informe Kelly, en Reino Unido, sobre los gastos de los diputados británicos; Recomendación del Consejo de la OCDE, de 1998; Convención Americana contra la Corrupción, de 1996).

La política, que puede ser la más noble de todas las tareas, es susceptible de convertirse en el más vil de los oficios; precisamente porque es una actividad humana y, como tal, defectuosa. Todo el mundo coincide en que la ejemplaridad y la honradez son virtudes que deben presidir la actuación de los políticos, en tanto que escaparate y guía de la ciudadanía.

Pues bien, es la falta generalizada de ética pública de nuestros gestores municipales, por ejemplo, la razón principal del despilfarro del gasto público en los ayuntamientos, del favoritismo en la selección del personal o en la contratación de obras y servicios, de la interesada arbitrariedad en la planificación urbanística, de la negligencia en la gestión del patrimonio municipal o de los frecuentes cambalaches en la composición de las mayorías de gobierno. Es a partir de la ausencia de moral, o de dignidad en el desempeño del cargo, cuando el alcalde (o el concejal delegado de turno, o el funcionario revestido de capacidad decisoria o meramente asesora), experimenta un total desprecio por el interés general de la ciudadanía y utiliza sus potestades en beneficio particular (propio, de sus allegados o de su partido), orillando los principios constitucionales de eficacia, objetividad, independencia e igualdad, y demás preceptos legales y reglamentarios.

Llegados a este punto, hemos de convenir que ni uno sólo de los gestores públicos que recientemente han sido imputados en nuestro país por prácticas presuntamente corruptas, se distingue precisamente por cumplir los postulados éticos que se han descrito, a tenor de los modos y maneras de su malhadada gestión pública, que hemos conocido con todo detalle por las oportunas crónicas mediáticas sobre causas judiciales en marcha. Se diría más bien que utilizan la política como medio de vida y, según se ha visto, como negocio (primun vivere, deinde filosofare). La falta de ética pública de esos políticos es, por tanto, el denominador común de la práctica presuntamente corrupta a que se refieren los escándalos de corrupción antes señalados.

José Manuel Urquiza Morales, abogado, es autor de Corrupción municipal (Almuzara)

Obama y la revolución de los datos

El presidente de EE UU innova también en el acceso de los ciudadanos a la información pública. El sitio Data.gov, que ofrece innumerables datos, está abierto a la participación constructiva de los usuarios

DIEGO BEAS 05/10/2009 EL PAIS TRIBUNA

Durante la campaña presidencial de 2008, Obama no se cansó de decirlo: de ser elegido presidente, reinventaría el Gobierno.

Cambiaría no sólo las políticas de su antecesor; las propuestas de campaña del candidato demócrata ambicionaban más. Entre sus prioridades se encontraban una reforma profunda del sistema sanitario y una reestructuración de la economía basada en las tecnologías de la información y el desarrollo de energías renovables. Una tercera prioridad, a la que se le prestó menos atención durante la campaña y que hoy continúa sin captar el pleno interés de los medios, tiene que ver con poner en marcha el rediseño más ambicioso y exhaustivo del funcionamiento del propio Gobierno federal estadounidense.

Obama prometió, entre otras cosas, repensar la burocracia federal -un gigantesco monstruo de cientos de agencias-, modernizar sus infraestructuras y, más importante aún, abrir la gestión gubernamental a la participación ciudadana. En un discurso de finales de 2007 lo llamó "Google for government": una plataforma accesible por cualquiera que no sólo haga transparente la Administración, sino que ordene, clasifique y ponga a disposición pública y en un formato abierto y de fácil acceso toda la información producida por el Gobierno. ¿El propósito? Doble: perfeccionar los mecanismos de rendición de cuentas e inaugurar una nueva etapa en la forma en la que la ciudadanía se involucra en los asuntos públicos.

El 21 de enero pasado, un día después de asumir la presidencia, Obama convocó a su consejo de ciencia y tecnología y solicitó una recomendación oficial sobre cómo "construir y poner en marcha un Gobierno más transparente, colaborativo y participativo". No buscaba una reforma cosmética; solicitó un informe que, partiendo de los avances de la revolución informática de los últimos 25 años, estableciera una hoja de ruta para reinventar su funcionamiento.

A finales de mayo, cuatro meses después de solicitar la recomendación, la Casa Blanca presentó Data.gov: una iniciativa revolucionaria que tiene el potencial de cambiar la forma en la que se concibe el acceso a la información pública. El nuevo sitio pretende convertirse en un gran repositorio de información federal accesible por cualquiera. En él se presentan cientos de miles de sets de datos -data sets- sobre todo tipo de actividades: desde series históricas de información meteorológica, demográfica y ambiental, hasta datos sobre los patrones de alimentación en cada Estado, el consumo de refrescos, los índices de diabetes por región y grupo de edad, pasando por todo tipo de estadísticas económicas, de comercio y del sistema de transporte. Todo en un mismo sitio, en un mismo formato. Universidades, organizaciones no gubernamentales, periodistas o ciudadanos de a pie tienen acceso. El objetivo es ponerlos al alcance de nuevos ojos que los procesen, analicen y propongan otros enfoques para afrontar los problemas del país.

La iniciativa tiene claros paralelismos con el movimiento de código abierto -o software libre- en el mundo de la informática. Durante décadas, el modelo que imperó en esa industria se basó en el sigiloso resguardo de todos los componentes de una aplicación o sistema operativo. Microsoft, el gigante del sector, ha construido su imperio vendiendo licencias de un sistema cerrado que sólo ellos conocen y pueden manipular. Su éxito se ha basado, más que en creatividad e innovación, en su capacidad para imponer un estándar y crear una dependencia que le garantice el dominio -The Economist comparó recientemente este modelo con el círculo de dependencia de un consumidor de droga que no consigue desengancharse-.

El modelo comenzaría a cambiar lentamente a partir de principios de los noventa, cuando un desconocido programador finlandés -Linus Torvalds- presentó Linux, un sistema operativo que funciona bajo el principio opuesto: abrir y compartir la mayor cantidad de información posible. En 20 años el modelo tradicional de la industria informática ha sido puesto patas arriba por plataformas abiertas que prescinden de sistemas operativos y que se conocen simplemente como the cloud: cientos de miles de servidores interconectados que distribuyen información en tiempo real a cualquier soporte; con estándares abiertos y sin las costosas licencias del software tradicional.

Podríamos estar ante algo similar con el lanzamiento de Data.gov.

Durante siglos, la mayoría de la información generada por las administraciones públicas se ha perdido y desaprovechado por trabas burocráticas e incapacidad institucional para darles sentido o utilidad. En años recientes y debido a las nuevas posibilidades que han traído consigo las tecnologías de la información para medir y cuantificar todo tipo de actividades, los Gobiernos se han convertido en gigantescos almacenes de información -desaprovechada, por lo general, por la ardua tarea que supone clasificarla y procesarla-.

Data.gov se propone cambiar esto. Y lo pretende hacer de la mano de la sociedad civil. "Liberar" la información e invitar a un nuevo tipo de participación ciudadana; darle un giro a la manera en la que la ciudadanía se involucra en los asuntos del Gobierno. Lo llaman democratizing data.

Un ejemplo que ilustra lo que pretende conseguir la iniciativa lanzada por Obama es Google Maps -una revolucionaria aplicación cartográfica abierta en la web que permite ser manipulada-. Cualquiera puede acceder al código de la aplicación y añadir capas de información que se sobreponen y enriquecen su funcionamiento -mashups-. Un grupo de periodistas de Chicago, por ejemplo, creó Everyblock.com, un sitio que se nutre de ficheros estatales y municipales para ofrecer información hiperlocal que se superpone a la ya disponible en Google Maps. Informes de accidentes viales, fallas en los servicios públicos, homicidios; actualizados al minuto y presentados manzana por manzana. En pocos meses se ha convertido en un sistema de denuncia ciudadana y recopilación de información paralela al de las instituciones públicas, utilizado con frecuencia por la policía. El proyecto es financiado por la prestigiada Knight Foundation de periodismo y actualmente cuenta con ediciones locales en 15 ciudades de Estados Unidos.

Data.gov pretende ser el germen de iniciativas similares a mayor escala. Se enmarca en un contexto más amplio de reformas que buscan obligar al Gobierno a que adopte las tecnologías y prácticas que ha traído consigo la revolución informática.

Como parte de este esfuerzo Obama creó dos nuevas oficinas responsables de coordinar e implementar la política tecnológica del Gobierno. El CTO y CIO -Chief Technology Officer (Oficina Principal de Tecnología) y Chief Information Officer (Oficina Principal de Información), respectivamente- son responsables de incentivar la creación de un marco para modernizar el funcionamiento de la Administración pública. La primera se encarga de diseñar la política tecnológica macro del Gobierno. En otras palabras, de imaginar la operación óptima de éste en 15 o 20 años y comenzar a tomar las decisiones necesarias para conseguirlo. El CIO coordina el flujo de información entre las diferentes agencias. Su trabajo consiste en diseñar o poner en práctica iniciativas como Data.gov.

Un dato sobresaliente de las dos nuevas oficinas es que sus titulares no se llaman John Smith, Robert Baker o Elizabeth Drew; Aneesh Chopra y Vivek Kundra, ambos nacidos en la India, son responsables de poner en marcha el cambio de paradigma.

"Necesitamos reestructurar drásticamente la forma en la que organizamos el trabajo", comentó Kundra durante el lanzamiento de Data.gov. El objetivo, detalló, es poner la mayor cantidad de información posible en manos de los ciudadanos. "Es un reconocimiento", dijo, "de que el Gobierno no tiene un monopolio ni sobre las mejores ideas ni sobre las soluciones a nuestros principales problemas".

La historia de este titánico esfuerzo apenas comienza. Aunque por ahora pueda sonar a un aburrido rediseño burocrático en los sótanos del Gobierno, es todo lo contrario. Nada menos que los primeros pasos de una transformación mayúscula que terminará reinventando la relación entre ciudadanía y Gobierno.

Diego Beas es periodista y actualmente colabora en la organización del Personal Democracy Forum Europe, un encuentro sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la política.