Presupuesto Municipal 2008 Ciudad de Alicante

La FEMP aprueba el Código del Buen Gobierno Local

2009-12-30T21:08:00.002+01:00

Recoge los principios transparencia y ética pública, junto a medidas para mejorar la gestión y calidad de la democracia local

Incluye un decálogo de principios que van desde la defensa de los intereses generales con honradez, objetividad, imparcialidad, austeridad y cercanía al ciudadano, hasta no aceptar regalos que sobrepasen los usos y costumbres de la simple cortesía

Propone la regulación de una carta de derechos del ciudadano sobre el funcionamiento de los servicios

Obliga a la declaración de incompatibilidades y de bienes de los cargos públicos, directivos y personal de confianza de las instituciones y a trasladar al registro cualquier modificación.
Vincula las retribuciones económicas de los cargos electos a criterios objetivos como población, presupuesto y situación financiera municipal

La Comisión Ejecutiva de la FEMP ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos, el Código del Buen Gobierno Local, que recoge los principios transparencia y ética pública, junto a medidas para mejorar la gestión y calidad de la democracia local. El texto será remitido a todos los Gobiernos Locales españoles para que, en el uso de su autonomía, lo ratifiquen y lo incorporen a su normativa.
El documento aprobado ha sido elaborado por un grupo de trabajo integrado por representantes de todos los partidos políticos con representación en la Comisión Ejecutiva de la FEMP: PSOE, PP, IU, CiU y PAR. Este grupo ha venido trabajando desde mediados del pasado año en que se constituyó por acuerdo de la propia Comisión Ejecutiva.
El texto parte de un preámbulo en el que se recogen recomendaciones y documentos del Consejo de Europa y la apelación al ejercicio de las funciones de los electos locales con sentido de la responsabilidad, voluntad de servicio a la sociedad, transparencia, eficacia y dedicación plena a sus funciones públicas.
Esto se da en la inmensa mayoría de los electos locales españoles, pero existen casos excepcionales en los que el sistema democrático soporta casos de mala gestión y corrupción, transfuguismo, falta de transparencia, connivencia con intereses privados y ausencia de cauces para el control de la oposición, que degradan y perjudican a la democracia y dañan la credibilidad de políticos e instituciones.
Frente a ello, se propone una nueva forma de gobernar desde la cercanía, apostando por unos Ayuntamientos modernos y eficaces y considerando el ámbito local como espacio estratégico de la acción política, el futuro de la democracia y el desarrollo de los derechos de ciudadanía.
Principios
El Código recoge un decálogo de principios que van desde el respeto al ordenamiento jurídico y el compromiso con la ética pública y la calidad democrática, hasta la defensa de los intereses generales con honradez, objetividad, imparcialidad, austeridad y cercanía al ciudadano. Se propone fomentar la transparencia y la democracia participativa, trabajar por la inclusión social y el equilibrio territorial en los municipios. Del mismo modo, asume el código de conducta política en relación con el transfuguismo. Además, incluye el compromiso de no aceptar regalos que sobrepasen los usos y costumbres de la simple cortesía por parte de entidades y personas.
Calidad de la democracia
El documento incluye una serie de medidas para mejorar la gestión y la calidad de la democracia local, entre las que se encuentra la creación de comisiones de control de la contratación pública, la creación de mecanismos para posibilitar la participación de los ciudadanos, facilitar el trabajo de todos los grupos políticos, garantizar la pluralidad en los medios locales de información y favorecer el diálogo con los sectores sociales. Asimismo, propone la regulación de una carta de derechos ciudadanos respecto al funcionamiento de los servicios.
Incompatibilidades y declaraciones de bienes
El texto prevé que la declaración de causas de incompatibilidad de los electos locales al principio y al finalizar el mandato y cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos. Se harán públicas las declaraciones de bienes de los cargos públicos, directivos y personal de confianza de las instituciones, conforma a los modelos aprobados por los Plenos. Se registrarán los cambios patrimoniales o de actividad y se publicarán las retribuciones íntegras así como las compensaciones económicas por la representación desempeñada con motivo del cargo.
Retribuciones económicas
En relación con las retribuciones económicas de los electos locales, propone que se fijen con criterios objetivos (población, presupuesto o situación financiera municipal) y de acuerdo con unos baremos relacionados con el régimen retributivo de cargos públicos o funcionarios con similar responsabilidad de otras instituciones. Plantea, además la creación de un fondo en las Comunidades Autónomas, para garantizar las retribuciones de los electos locales en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Medidas de democracia participativa

Finalmente, el Código contempla medidas de fomento de la democracia participativa como complemento y refuerzo a la democracia representativa. Entre otras, prevé la creación de instrumentos como el Consejo del Municipio, grupos de trabajo en torno a proyectos determinados, talleres de reflexión ciudadana, presupuestos participativos, Consejo económico y Social y Consejos Asesores Sectoriales y la Iniciativa Popular. Se asegura el derecho a la información y el fomento del diálogo y la administración relacional.
Observatorio en la FEMP
El acuerdo de la FEMP incluye el compromiso de crear un Observatorio de evaluación de la calidad democrática que se encargará de valorar la aplicación del Código

Código del Buen Gobierno Local (pdf)

fuente:Elchedigital

¿Para Cuando en el Ayuntamiento de Alicante?

2009-12-30T20:55:00.003+01:00

Alborch pide hacer públicos los bienes de los concejales

Los socialistas quieren que el Ayuntamiento de Valencia que preside la popular Rita Barberá asuma el código del buen gobierno aprobado por unanimidad el pasado 15 de diciembre por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La portavoz municipal socialista, Carmen Alborch, defenderá hoy en el pleno municipal un catálogo de medidas por la transparencia y la ética en los ayuntamientos. Entre otras medidas, la socialista reclama que todos los cargos electos municipales, así como los directivos y personal de confianza de las instituciones, hagan pública su declaración de bienes, actividades y causas de posible incompatibilidad.

Alborch destacó además de entre todas las medidas y recomendaciones que los socialistas, el único grupo de la oposición, tengan representación en todos los consejos de administración de las sociedades y empresas públicas municipales, así como en los patronatos de las fundaciones locales. De hecho, los socialistas llevan tiempo exigiendo fiscalizar los fondos públicos que han ido a parar a cinco entidades sin ánimo de lucro, a los que Barberá ha destinado en los últimos cinco años más de 45 millones de euros.

Alborch, que reconoció que Valencia ya puso en marcha un código ético de gobierno, subrayó, sin embargo, que tiene mucho camino por recorrer a la hora de controlar los mecanismos de concesión de las subvenciones o los contratos. "Creemos que abundar e insistir en principios como la honradez, la austeridad y la cercanía a los ciudadanos son principios que nunca vendrán de más", dijo Alborch. En el Ayuntamiento de Elche, el concejal socialista Alejandro Pérez consideró "intolerable" que el grupo del PP se niegue a hacer públicos sus bienes y su registro de intereses.

Los socialistas defenderán también hoy en el pleno una reclamación a los presupuestos, que está previsto que se aprueben definitivamente, porque el mismo día que se les dio el visto bueno provisional, el pasado 4 de diciembre, se recortaron en siete millones de euros aproximadamente, denunció el concejal socialista Juan Ferrer. De aprobarse hoy en estos términos, los socialistas volverán a denunciar las cuentas municipales.

Ferrer defenderá otra moción instando a la alcaldesa Rita Barberá a que exija al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que cree el Fondo de Cooperación Municipal, comprometido desde 1999 y que debería haberse dotado con 3.300 millones de euros en este periodo.

CRISTINA VÁZQUEZ - Valencia - 29/12/2009

Si banqueros y políticos fueran ángeles

2009-12-30T20:46:00.001+01:00

La crisis financiera de Estados Unidos y la corrupción local en España tienen en común un perjuicio a los intereses de los accionistas y de los ciudadanos por parte de directivos sin contrapesos en sus organizaciones

VÍCTOR LAPUENTE 28/12/2009

Qué tienen en común los escándalos financieros en Estados Unidos que han desencadenado la crisis económica mundial con los escándalos de corrupción política que hacen que la mayoría de sociedades de la Europa del Sur y del Este estén cayendo en los índices internacionales de buen gobierno por debajo de países como Chile, Botswana o Qatar?

El factor más repetido a ambos lados del Atlántico es "la avaricia de unos pocos". Es un argumento muy útil para los políticos. Queda bien en los mítines disertar sobre la avaricia como resultado de la idolatría a las fuerzas del mercado desregulado o la cultura del pelotazo. Además, apelando a la avaricia humana, los políticos pueden imponer la solución más fácil de vender al electorado: mayor regulación pública (más procedimientos administrativos y registros más detallados de las actividades de todo tipo de instituciones públicas y privadas) y más organismos públicos que actúen como controles externos de las instituciones potencialmente peligrosas. Destinemos más recursos públicos a agencias reguladoras de las instituciones financieras y a fiscalías o agencias anticorrupción.

Sin embargo, hay motivos para dudar sobre la funcionalidad de esta creciente industria del control público -más allá obviamente de ayudar a ganar elecciones para los que la defienden-. Por una parte, los estudios de corrupción política muestran que aumentar el número de procedimientos administrativos (para llevar a cabo cualquier actividad económica privada o pública) o introducir agencias específicas para la lucha contra la corrupción no tiene efectos positivos significativos. Por ejemplo, la mayoría de países con bajos niveles de corrupción ni tienen agencias anticorrup-ción ni las tenían cuando estaban combatiendo activamente la corrupción.

Por otra, si analizamos los escándalos financieros que han afectado a tantos bancos americanos, vemos que el origen de los mismos no reside tanto en la ausencia de agencias reguladoras -pues siempre es posible encontrar fórmulas creativas para sortear casi todo tipo de regulaciones- como en la excesiva tolerancia hacia el riesgo de los directivos de algunas instituciones financieras. Los ejecutivos adoptaron (o toleraron que sus subordinados adoptaran) decisiones de mucho riesgo que no habrían tomado con su propio dinero. Pero eran los ahorros de los accionistas. En otras palabras, una lectura alternativa de la crisis financiera es la de un abuso sistemático de los intereses de los accionistas de las propias instituciones afectadas por parte de los ejecutivos de las mismas, que sabían que no pagarían las consecuencias plenas de sus actos y jugaron con fuego o, en este caso, con hipotecas basura.

Por tanto, lo que tienen en común las instituciones del sector privado americanas responsables de la crisis financiera con las instituciones del sector público responsables de la crisis de corrupción política en el Sur y Este de Europa es un abuso de los intereses de los accionistas (inversores en el primer caso y ciudadanos en el segundo) por parte de unos directivos (ejecutivos y políticos electos, respectivamente) que no están limitados por pesos y contrapesos dentro de sus propias organizaciones. Ambas instituciones sufren el denominado "dilema madisoniano", ya que fue James Madison, uno de los padres fundadores de la Constitución americana, quien estableció la formulación clásica del problema: "Si los ángeles gobernaran a los hombres, ni los controles externos ni internos al Gobierno serían necesarios. Al diseñar un gobierno de hombres sobre hombres, la gran dificultad reside en esto: primero debes capacitar al Gobierno para controlar a los gobernados y, segundo, obligarle a controlarse a sí mismo". Los trabajos de científicos sociales contemporáneos, como Gary Miller, demuestran que todos los gobiernos -tanto del sector público como del privado- sufren este dilema. Los gobernantes de cualquier organización, independientemente de las regulaciones que les impongamos desde fuera, siempre tendrán oportunidades para sacar ventaja de su autonomía. Por ejemplo, aprovechando que saben más que los accionistas, los ejecutivos privados siempre pueden adquirir un coche (o un jet) extra a cargo de la empresa o exponer el dinero de los accionistas a un riesgo de más a cambio de un bono. Y los gobernantes públicos siempre pueden construir una carretera o un polideportivo de más u ofrecer un trato de favor (camuflado de forma perfectamente legal) a un amigo. La solución que Miller y otros apuntan para minimizar este oportunismo inherente a las posiciones ejecutivas es crear un relativo nivel de conflicto en la cúpula de las organizaciones. Que personas con intereses distintos tengan que ponerse de acuerdo para tomar las decisiones más importantes, aquellas que pueden acarrear un mayor abuso de los intereses de los accionistas.

En el sector privado, esto es lo que ocurre en aquellas empresas en las que existe un chairman of the board que es independiente del chief executive. Esta separación de intereses (o, como mínimo, la existencia de estos dos cargos de forma independiente) es habitual en empresas e instituciones financieras europeas. Por el contrario, la norma en Estados Unidos es que una misma persona acumule ambos cargos, lo que podría explicar por qué la gran mayoría de escándalos financieros se han dado en ese país. Muchos chief executives controlaban a placer los órganos que deberían controlarlos a ellos. Como señala The Economist, una de las primeras reformas que los bancos americanos más afectados por la crisis (como Citigroup, Washington Mutual o Wells Fargo) han adoptado ha sido separar los cargos de chairman of the board y de chief executive. Ésa es también la exigencia de uno de los grupos más prestigiosos del mundo, el noruego NBIM: si queréis que invirtamos en vosotros, deberéis separar estos cargos para evitar que todo el poder se acumule en unas mismas manos.

En el sector público, el ejemplo por excelencia de separación de poderes es el Gobierno federal americano. Diseñado por pensadores como Madison, conscientes de que los gobernantes no son ángeles, un sofisticado sistema de pesos y contrapesos hace que el político más poderoso del mundo (el presidente de EE UU) tenga menos oportunidades para beneficiarse de actividades corruptas que cualquier político regional o local en un país como España -como podemos comprobar a diario-.

Diferentes versiones de este sistema madisoniano de separación de poderes en la cúpula de las organizaciones públicas se ha implantado en las administraciones occidentales que ahora son menos corruptas. En muchos gobiernos locales y regionales americanos (o de la Europa del Norte) los políticos electos monopolizan el equivalente al consejo de administración de una empresa (como el pleno o comités de área) y unos gestores profesionales, en ocasiones procedentes del mundo privado, ocupan las posiciones directivas.

Como en las "buenas empresas" europeas, el chairman of the board (alcalde o máximo representante político) no es al mismo tiempo el chief executive officer (máximo gestor público). Como políticos de partido tienen que ponerse de acuerdo con gestores con intereses distintos (unos preocupados por su reelección y los otros por su reputación profesional), las posibilidades de connivencia para llevar a cabo actividades corruptas se reducen al mínimo. Por el contrario, en los gobiernos locales y regionales (y en algunos casos incluso en los centrales), de la Europa del Sur y del Este sucede algo similar a las "malas empresas" americanas: el chairman of the board (alcalde o consejero regional) es al mismo tiempo el único y todopoderoso chief executive officer. Los intereses de los accionistas (es decir, los ciudadanos) quedan así desprotegidos porque las mismas manos (o del mismo partido) toman las decisiones con mayor margen para el abuso, como la construcción de un velódromo o la organización de la visita del Papa.

En resumen, son cambios organizativos internos y no sólo los controles externos, los que deberíamos empezar a debatir seriamente a ambos lados del Atlántico. Tanto europeos como americanos podemos aprender mucho los unos de los otros. Los europeos sobre cómo instaurar una efectiva separación de poderes en la cúpula de las organizaciones públicas y los americanos, en las del sector privado. Ya que ni los banqueros ni los políticos son ángeles, no les dejemos margen de maniobra para que actúen como seres divinos.

Víctor Lapuente es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Gotemburgo, Suecia.

¿Quiénes son peores, nuestros políticos o los ciudadanos?

2009-12-27T18:48:00.000+01:00

FERNANDO VALLESPÍN 26/12/2009
Seguramente a nadie le ha sorprendido que entre los principales problemas de España que recogía el barómetro de noviembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) figurara, en tercer lugar, la "clase política, los partidos políticos". Se veía venir, después de tantos años de crispación, de los nuevos desvelamientos de casos de corrupción y de su falta de unidad ante la mayor crisis económica que hemos sufrido en décadas. Esta desafección no deja de llamar la atención, porque los políticos, lejos de tratarnos mal a los ciudadanos, se relacionan siempre con nosotros con extremado cuidado, como si fuésemos niños malcriados a los que no se les puede negar nada.

Como los padres de hoy con sus hijos, piensan que perderán el favor de sus gobernados si no están siempre pendientes de cada uno de los caprichos. Además, su gestión la presentan siempre en positivo, como si el más ligero reconocimiento de sus faltas fuera a provocar nuestra ira y, sobre todo, beneficiar al adversario. Algunos llaman a esta forma de proceder "gobernar con las encuestas", y es la actitud que ha suplantado al más tradicional "liderazgo".

No parece, sin embargo, que tanta desconsideración hacia los políticos obedezca a que los ciudadanos echen en falta más liderazgo; lo que ahora se añora es la unidad. Su reproche va más bien en la línea de que parecen preocuparse más por sus intereses partidistas que por el bienestar general. Y que esa persecución del interés propio, paradójicamente, ha acabado por objetivarles dentro de una "clase" o "casta" con atributos comunes a todos ellos. Lo primero sería el interés del partido, luego ya los intereses generales. Se da así la curiosa contradicción de que aquéllos que supuestamente están encargados de resolver los problemas de todos son vistos a su vez como un problema. El colmo.

Mal lo tenemos, porque la confianza, como bien sabemos por los sociólogos, es la sustancia que sirve para cohesionar las sociedades y para hacerlas más capaces de facilitar la convivencia y de encontrar soluciones a cualesquiera que sean las dificultades. Capital social se llama. Y se refiere tanto a la confianza entre las personas y grupos sociales como a la que se tiene hacia los gobernantes y las instituciones. En todo ello nos ubicamos siempre en la parte baja de la tabla de las democracias avanzadas. Si esto es así, no sólo tenemos un problema en la política, sino también en la propia sociedad. Uno de los rasgos de la cultura política española estriba, precisamente, en nuestra poca implicación en lo colectivo, en el escaso sentido comunitario, en el desinterés por todo cuanto huela a política. Pero, también, en nuestro tozudo sectarismo. ¿Cómo explicar si no que puedan salir reelegidos candidatos acusados de corrupción?

Lo fácil en las sociedades donde existe un exiguo arraigo de la responsabilidad individual es echarles siempre las culpas a los dirigentes cuando las cosas nos van mal. A nadie se le ocurre hacerse la reciente reflexión de Barack Obama, parafraseando un discurso de Kennedy, "no te preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país". Cuestión difícil, porque, para empezar, no todos entendemos lo mismo por "país"; para algunos es su propia Comunidad Autónoma, sea o no "nación", y para otros es España.

Pero no hace falta ir a la comunidad más amplia, nuestro poco aprecio por lo público se manifiesta también al nivel más local. Si las virtudes de la ciudadanía se miden por la predisposición hacia los intereses generales, nuestros privatizados conciudadanos -sólo atentos a la política cuando alguna decisión que viene de ésta puede afectar alguno de sus intereses privados-, no desmerecen de lo que ellos mismos opinan de sus políticos.

Es indudable que gran parte de las imputaciones que se dirigen hacia los políticos tienen un importante sustento en los hechos. Pero debemos considerar también las dificultades de gobernar una sociedad tan plural, corporativa y fragmentada como lo es la nuestra. Antes de proceder a descalificaciones generales convendría hacer un esfuerzo por discriminar entre unos y otros y por identificar con claridad cuáles son las causas de nuestro desapego y nuestra propia responsabilidad en este estado de cosas. Es difícil que haya políticos de baja calidad en una sociedad de ciudadanos exigentes. Exigentes no sólo para lo propio, claro, sino para la realización de aquellos valores en los que nos reconocemos todos, como la libertad, la seguridad la estabilidad. Sí, el famoso interés general, algo sobre lo que ya apenas se habla.

Desconfianza democrática y transparencia

2009-12-23T23:44:00.002+01:00

Empieza a ser un lugar común el hablar de desafección democrática, de distancia entre instituciones y ciudadanía o de desconfianza generalizada de la gente sobre la forma de proceder de los que nos gobiernan y representan.

La cosa va empeorando si hacemos caso de lo que las encuestas del CIS nos van diciendo. En un año se ha duplicado el número de españoles que afirman que uno de los principales problemas del país son los políticos. En porcentaje, la percepción ciudadana califica ahora ese problema como más grave que la amenaza terrorista. El goteo de escándalos que vinculan poder político y corrupción no ayudan precisamente a atemperar el clima negativo. Los diagnósticos abundan, y la sensación de hartazgo aumenta, pero son escasas las propuestas que vayan más allá de recomendaciones éticas y de los encadenados de buenos deseos.

Por otra parte, el creciente alejamiento de la política institucional de buena parte de los ciudadanos contrasta con el aumento de actividades participativas en esferas no directamente político-institucionales, pero sí muy vinculadas a las políticas concretas (solidaridad, cooperación, redes de intercambio). Más que repliegue a la esfera privada, encontramos la búsqueda de una esfera pública no asimilable a la que quieren monopolizar las instituciones en sus distintas formas. Los partidos sufren pérdidas significativas de confianza, pero aparecen nuevas formas de coaliciones y grupos que promueven aquí y allá iniciativas de significación colectiva.

Podríamos decir, con Pierre Rosanvallon, que baja puntos la participación política centrada en el solo camino electoral, mientras aumenta el grosor de la participación centrada en la expresión (hacerse oír), la implicación (vincularse a otros para conseguir objetivos comunes), o la intervención (hacer, más que escuchar y asistir). Y todo ello en un contexto en el que el cada vez tenemos menos marcos comunes de referencia, menos sentidos de pertenencia única.

Resulta así evidente que es más fácil que la acción política de la ciudadanía se desplace hacia el control y la vigilancia, dadas las dificultades de identificarse e intervenir en una política oficial y formal, sentida como ajena.

Existe la conciencia difusa que cada vez es menos factible que la ciudadanía pueda ejercer el poder o influir de manera muy directa en su ejercicio, y la atención se dirige a cómo controlarlo, vigilarlo y evitar sus excesos y chapuzas. A falta de una idea de interés general que pueda compartirse de manera plena, surge la transparencia como valor que permite, al menos, que todos podamos saber qué sucede y, por tanto, actuar en unsentido o en otro. La transparencia es pues un valor básico y relativamente despolitizado. Desde la transparencia es posible vigilar un poder que tiende a ser autista y sesgado, y politizar así la desconfianza que ello genera.

No se trata de una desconfianza liberal, en el sentido de controlar los excesos de un poder irremediablemente perverso, sino de una desconfianza democrática en el sentido de habilitar la acción y la capacidad transformadora de quienes, desde la ciudadanía, no quieren delegar toda responsabilidad sobre lo común a las instituciones.

En España no disponemos aún de una ley de acceso a la información comparable a la que ya existe en más de 80 países del mundo y, entre ellos, a la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea, algunos como Suecia con más de 200 años de tradición al respecto. En los programas electorales del PSOE del 2004 y del 2008 figuraba ese tema como una de las promesas electorales. El presidente Zapatero ha anunciado que antes de final de año contaremos con un proyecto de ley al respecto, en cuya tramitación sería bueno que se escuchara a los que hace tiempo vienen empujando para que exista tal normativa.

Es innegable la significación del tema. La gran sacudida que ha significado la ley de libertad de información en Estados Unidos lo pone de relieve. No será fácil. Las administraciones públicas españolas se han construido desde la unilateralidad y la jerarquía, y la opacidad ha estado siempre asociada a esa concepción.

Aún produce sonrojo rememorar que la Unión Europea, ante las quejas del Gobierno Aznar sobre la difusión de un informe de una de las direcciones generales de Bruselas que advertía sobre los perjuicios ambientales del Plan Hidrológico Nacional y que había sido utilizado por sus detractores, tuvo que recordar al Ejecutivo español que toda la documentación europea está obligatoria y plenamente disponible en Internet. Las administraciones no dejan de pedirnos datos, muchas veces de manera redundante y superflua. Y en cambio, protegen constantemente sus informes, decisiones y rutinas. Esperemos que la nueva norma que acabe con la excepcionalidad española ya mencionada, no parta de una visión timorata al respecto.

De hecho, es una clara oportunidad. Una oportunidad para favorecer el intercambio de información y la mejora de relaciones entre ciudadanía y Administración. Una oportunidad para facilitar la participación de los ciudadanos y de sus entidades en los procesos de configuración de las políticas públicas. Y una oportunidad para mejorar la eficacia y la eficiencia de las propias administraciones, reforzando la necesaria evaluación y rendición de cuentas.

No deberíamos dejar escapar esa ocasión para usar las enormes capacidades de Internet al respecto. Desde y con la Red, se puede articular la plena transparencia de la documentación administrativa, la transparencia organizacional, la transparencia contable y presupuestaria y la transparencia de la acción y las responsabilidades públicas. Internet expresa y sirve de soporte natural a ese conjunto de posibilidades si existe voluntad política para avanzar por esa línea.

Necesitamos que, por ejemplo, los contratos públicos, los cambios de calificación urbanística, los estudios e informes encargados por las administraciones, puedan ser consultados por cualquiera, de manera amigable y sencilla, desde cualquier ordenador. Facilitando así la incorporación de la ciudadanía a una labor hoy por hoy estrictamente institucionalizada y que ha demostrado sus límites y carencias. Sin sustituir los mecanismos reguladores y de control ya existentes en nuestro sistema, podremos contar con la capacidad de vigilancia y seguimiento permanente de cualquiera interesado por los asuntos y decisiones públicas.

En la célebre obra de Jane Jacobs sobre las ciudades norteamericanas, se hablaba de la capacidad de mantener "seguras" las calles, no tanto por la mayor o menor presencia de la policía en ellas, sino por esa mezcla de ojos vigilantes en aceras concurridas. Existe, afirmaba Jacobs, una red informal de confianza pública que mantiene niveles de seguridad aceptables y que constituye la base de cualquier acción colectiva. Los hechos que se van repitiendo demuestran que no podemos seguir confiando en delegar nuestra capacidad de vigilancia en ojos que han demostrado poca fiabilidad. Sólo la movilización social y la desconfianza activa pueden ir modificando una situación que se adivina estructural.

Joan Subirats es director del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la UAB.

Se hubiera podido evitar

2009-11-23T08:30:00.000+01:00

Transparente es aquello que se comprende sin duda ni ambigüedad. En la vida pública, transparencia es la obligación de las autoridades y organismos relacionados con el Estado de realizar sus acciones de forma que puedan ser sometidas a un control directo. Lo menos que se puede decir es que, en España, la transparencia es claramente insuficiente, porque no hay forma de practicar ese control si no existe un acceso inmediato a toda la información de que disponen esas autoridades.La realidad es que una parte no desdeñable de los casos de corrupción municipal y regional detectados en los últimos meses se hubiera podido evitar con normas que hubieran obligado a los ayuntamientos y gobiernos autónomos a colgar en Internet toda la información relativa a los fondos que manejan. Aun así, no hay forma de que en España se apruebe, de una vez por todas, una ley de las denominadas Freedom Information Act, que regule esa obligación y fije los mecanismos para el libre acceso a la información pública.

Los organismos especializados saben que la mejor manera de atajar la tortura o los malos tratos policiales no es aumentar las sanciones, sino disminuir las ocasiones y que lo único que resulta realmente eficaz es la obligación de instalar cámaras en todas las comisarías e instalaciones policiales. Están también hartos de explicar que una vez que se ha cometido un acto de corrupción es prácticamente imposible recuperar el dinero perdido por la comunidad y que la lucha contra el soborno, la venalidad y la deshonestidad pública exige medidas previas: es decir, información previa. Están hartos de decirlo y de demostrarlo con la experiencia de los países escandinavos, los más transparentes y los menos corruptos.

Las leyes de libre acceso a la información no son un privilegio para periodistas sino un mecanismo de protección de los ciudadanos, cada día más necesario. Se trata de colgar de Internet índices con toda la documentación relativa a expedientes públicos, actas de reuniones, planes, programas, correspondencia, dictámenes técnicos, estudios científicos o cualquier documentación financiada con dinero procedente de presupuestos públicos, de manera ordenada y accesible, a fin de que cualquier ciudadano pueda acceder a ella. Seguramente tampoco así será posible acabar con todos los casos de corrupción, pero es seguro que las sociedades que disponen de este tipo de legislaciones son capaces de atajar, antes de que se produzcan, la mayoría de los casos de mal uso de fondos públicos y de venalidad.

Y mientras que no se apruebe la ley, quizás los vecinos de algunos ayuntamientos españoles podrían aprender de lo que ha ocurrido en una pequeña ciudad brasileña, de 330.000 habitantes, llamada Maringá. Aburridos de que durante los años noventa e inicios de 2000, los fondos públicos fueran desviados y robados, y hartos de no poder nunca recuperar ni un real de ese dinero perdido, decidieron tomar el asunto en su mano y no contentarse con la detención y condena de algunos de los funcionarios implicados. La asociación comercial, el colegio local de abogados, el centro universitario, los miembros del club Rotario y del club de Los Leones crearon una agrupación llamada Sociedad Éticamente Responsable (SER), que negoció con las autoridades locales el acceso a partir de ese momento de toda la documentación pública.

Convencidos de que es indispensable actuar de manera preventiva para impedir la malversación de los recursos, en sus ratos libres comerciantes, abogados, rotarios o profesores de Maringá se encargaron de revisar los papeles municipales. Resultado: no sólo no ha habido casos de corrupción en estos dos últimos años, sino que en los primeros nueve meses de 2009 el ayuntamiento se ahorró cinco millones de dólares. Otras 35 ciudades se han apuntado a su peculiar sistema de libre acceso a la información y la Cepal acaba de darles su primer premio a la innovación social.
SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ 22/11/2009
solg@elpais.es

La imprescindible ética del gobernante

2009-11-22T09:54:00.001+01:00

La corrupción corroe los cimientos de la democracia. La partitocracia y su financiación, la profesionalización de la política y el transfuguismo son algunas de sus principales causas. Es necesario un rearme moral

La corrupción, en mayor o menor grado, ha existido siempre en el ámbito de la gestión de los asuntos públicos. En todos los tiempos, sistemas políticos, culturas y religiones. El fenómeno es global. Al parecer, las graves penas establecidas ya en el Código de Hammurabi contra los gobernantes corruptos no han devenido eficaces. Cicerón forjó su carrera política denunciando la corrupción de Verres. En la obra Breviario de los políticos, del cardenal Mazarino, se destaca el capítulo "dar y hacer regalos": relevantes ministros de la monarquía francesa de 1700 fueron grandes depredadores. El comercio mundial se desarrolló en el siglo XVII bajo la bandera de las comisiones ocultas. Hasta el Estado Vaticano se ha visto envuelto en algún asunto de corrupción (verbigracia, el cardenal Marzinkus y el Banco Ambrosiano).

La corrupción política, entendida como utilización espúrea, por parte del gobernante, de potestades públicas en beneficio propio o de terceros afines y en perjuicio del interés general, es un mal canceroso que vive en simbiosis con el sistema democrático, a pesar de ser teóricamente incompatible con el mismo, y que debe preocupar muy seriamente a todos los demócratas, ya que corroe los cimientos de la democracia, en tanto que elimina la obligada distinción entre bien público y bien privado, característica de cualquier régimen liberal y democrático; rompe la idea de igualdad política, económica, de derechos y de oportunidades, pervirtiendo el pacto social; traiciona el Estado de derecho; supone desprestigio de la política y correlativa desconfianza de la ciudadanía en el sistema, desigualdad en la pugna política, violación de la legalidad y atentado a las reglas del mercado.

En España, en los últimos años, numerosos sucesos han puesto de manifiesto que el fenómeno de la corrupción en la gobernabilidad del Estado (principalmente, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos), no es algo coyuntural, sino estructural, que prolifera peligrosamente en las instituciones públicas. Los casos denominados Gürtel, Pretoria, Palma Arena, Palau, Operación Poniente, Operación Malaya, etc., que recorren la geografía nacional, han revelado que muchas Corporaciones Públicas han estado sometidas al poder económico y se han convertido así, crecientemente, en verdaderas plataformas de negocios varios, y de tráfico de influencias; hasta el punto de que hoy se corre el riesgo, cierto, de que intereses de grupos de presión económicos cambien el sentido del sacrosanto concepto del interés general, para inhabilitarlo. Obviamente, no es posible una estadística real de la corrupción, que por definición es oculta; y, de otra parte, como es natural, no todos los mandatarios públicos son corruptos.

En una sociedad abierta y democrática como la española, todos, en mayor o menor medida, somos responsables de la ola de corrupción que nos asola. Los políticos que la practican, promoviéndola o aceptándola; los sobornadores (promotores empresariales), ora causantes, ora víctimas; los partidos políticos, carentes a estas alturas de autoridad moral para combatirla; el estamento judicial (jueces y fiscales), que en muchas ocasiones no ha dado la talla; las instituciones encargadas del control y fiscalización de la actividad administrativa, negligentes casi siempre en su tarea; los medios de comunicación, silenciando o minimizando, a veces, el fenómeno corrupto; la intelectualidad, poco comprometida en su erradicación; la ciudadanía en general, tolerante en exceso con el político corrupto, quizás porque aún no es consciente de que la corrupción la paga de su bolsillo.

Las causas que propician esta perversión pública son múltiples, a saber: la partitocracia, con sus taras e imperfecciones; la profesionalización de la política, entendida en su peor versión; el fenómeno del transfuguismo; o el deficiente sistema de financiación de las formaciones políticas. Otras, propias del municipalismo, son la crónica insuficiencia de sus recursos económicos; el raquítico régimen de incompatibilidades legales de alcaldes y concejales; la galopante empresarización de los ayuntamientos para huir del Derecho Administrativo; o el deficiente sistema legal de control interno de sus actos económico-financieros.

Pero, por encima de todas ellas, a mi modo de ver, la causa primera de todos los males en el sector público español es la falta de ética pública de muchos de nuestros gobernantes, llegados a la política no por vocación ni espíritu de servicio, ni siquiera por ideología (qué rancios suenan ya estos conceptos), sino por propio interés. En términos generales, ética es el sentido, la intuición o la conciencia de lo que está bien y lo que no, de lo que se ha de hacer y de lo que debe evitarse.

La ética pública ha de ser correlativa de la privada. Mal podrá defender la integridad y la moralidad en el plano público quien carece de ella. Por otra parte, la actuación de cualquiera que realiza una función pública en nuestro país debe estar presidida por la idea de servicio de los intereses generales, que es el principal valor político. El artículo 103 de la Constitución Española -"La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales"- constituye un mandato para autoridades y funcionarios. Los valores clásicos del gestor público (imparcialidad, neutralidad, honradez y probidad) se han de ver complementados hoy con los nuevos valores de eficacia y transparencia, propios de las Administraciones Públicas del siglo XXI.

La corrupción socava la integridad moral de una sociedad. Supone la quiebra general de los valores morales. La corrupción pública, en cuanto supone lucro indebido del agente y su disposición a mal utilizar las potestades públicas que tiene encomendadas, es una práctica inmoral, ante todo; una violación de los principios éticos, sean individuales o sociales.

Algunos analistas consideran que la ética pública ha perdido hoy relevancia social, dada su naturaleza subjetiva. La gran mayoría entiende, sin embargo, que la ética ha de ser el mejor antídoto contra el veneno de la corrupción, y preconiza la necesidad de un rearme ético, de un regreso a los valores antes enunciados. Por eso, se observa últimamente en el mundo una gran preocupación oficial por la ética pública (el reciente Informe Kelly, en Reino Unido, sobre los gastos de los diputados británicos; Recomendación del Consejo de la OCDE, de 1998; Convención Americana contra la Corrupción, de 1996).

La política, que puede ser la más noble de todas las tareas, es susceptible de convertirse en el más vil de los oficios; precisamente porque es una actividad humana y, como tal, defectuosa. Todo el mundo coincide en que la ejemplaridad y la honradez son virtudes que deben presidir la actuación de los políticos, en tanto que escaparate y guía de la ciudadanía.

Pues bien, es la falta generalizada de ética pública de nuestros gestores municipales, por ejemplo, la razón principal del despilfarro del gasto público en los ayuntamientos, del favoritismo en la selección del personal o en la contratación de obras y servicios, de la interesada arbitrariedad en la planificación urbanística, de la negligencia en la gestión del patrimonio municipal o de los frecuentes cambalaches en la composición de las mayorías de gobierno. Es a partir de la ausencia de moral, o de dignidad en el desempeño del cargo, cuando el alcalde (o el concejal delegado de turno, o el funcionario revestido de capacidad decisoria o meramente asesora), experimenta un total desprecio por el interés general de la ciudadanía y utiliza sus potestades en beneficio particular (propio, de sus allegados o de su partido), orillando los principios constitucionales de eficacia, objetividad, independencia e igualdad, y demás preceptos legales y reglamentarios.

Llegados a este punto, hemos de convenir que ni uno sólo de los gestores públicos que recientemente han sido imputados en nuestro país por prácticas presuntamente corruptas, se distingue precisamente por cumplir los postulados éticos que se han descrito, a tenor de los modos y maneras de su malhadada gestión pública, que hemos conocido con todo detalle por las oportunas crónicas mediáticas sobre causas judiciales en marcha. Se diría más bien que utilizan la política como medio de vida y, según se ha visto, como negocio (primun vivere, deinde filosofare). La falta de ética pública de esos políticos es, por tanto, el denominador común de la práctica presuntamente corrupta a que se refieren los escándalos de corrupción antes señalados.

José Manuel Urquiza Morales, abogado, es autor de Corrupción municipal (Almuzara)

Obama y la revolución de los datos

2009-10-05T19:32:00.002+02:00

El presidente de EE UU innova también en el acceso de los ciudadanos a la información pública. El sitio Data.gov, que ofrece innumerables datos, está abierto a la participación constructiva de los usuarios

DIEGO BEAS 05/10/2009 EL PAIS TRIBUNA

Durante la campaña presidencial de 2008, Obama no se cansó de decirlo: de ser elegido presidente, reinventaría el Gobierno.

Cambiaría no sólo las políticas de su antecesor; las propuestas de campaña del candidato demócrata ambicionaban más. Entre sus prioridades se encontraban una reforma profunda del sistema sanitario y una reestructuración de la economía basada en las tecnologías de la información y el desarrollo de energías renovables. Una tercera prioridad, a la que se le prestó menos atención durante la campaña y que hoy continúa sin captar el pleno interés de los medios, tiene que ver con poner en marcha el rediseño más ambicioso y exhaustivo del funcionamiento del propio Gobierno federal estadounidense.

Obama prometió, entre otras cosas, repensar la burocracia federal -un gigantesco monstruo de cientos de agencias-, modernizar sus infraestructuras y, más importante aún, abrir la gestión gubernamental a la participación ciudadana. En un discurso de finales de 2007 lo llamó "Google for government": una plataforma accesible por cualquiera que no sólo haga transparente la Administración, sino que ordene, clasifique y ponga a disposición pública y en un formato abierto y de fácil acceso toda la información producida por el Gobierno. ¿El propósito? Doble: perfeccionar los mecanismos de rendición de cuentas e inaugurar una nueva etapa en la forma en la que la ciudadanía se involucra en los asuntos públicos.

El 21 de enero pasado, un día después de asumir la presidencia, Obama convocó a su consejo de ciencia y tecnología y solicitó una recomendación oficial sobre cómo "construir y poner en marcha un Gobierno más transparente, colaborativo y participativo". No buscaba una reforma cosmética; solicitó un informe que, partiendo de los avances de la revolución informática de los últimos 25 años, estableciera una hoja de ruta para reinventar su funcionamiento.

A finales de mayo, cuatro meses después de solicitar la recomendación, la Casa Blanca presentó Data.gov: una iniciativa revolucionaria que tiene el potencial de cambiar la forma en la que se concibe el acceso a la información pública. El nuevo sitio pretende convertirse en un gran repositorio de información federal accesible por cualquiera. En él se presentan cientos de miles de sets de datos -data sets- sobre todo tipo de actividades: desde series históricas de información meteorológica, demográfica y ambiental, hasta datos sobre los patrones de alimentación en cada Estado, el consumo de refrescos, los índices de diabetes por región y grupo de edad, pasando por todo tipo de estadísticas económicas, de comercio y del sistema de transporte. Todo en un mismo sitio, en un mismo formato. Universidades, organizaciones no gubernamentales, periodistas o ciudadanos de a pie tienen acceso. El objetivo es ponerlos al alcance de nuevos ojos que los procesen, analicen y propongan otros enfoques para afrontar los problemas del país.

La iniciativa tiene claros paralelismos con el movimiento de código abierto -o software libre- en el mundo de la informática. Durante décadas, el modelo que imperó en esa industria se basó en el sigiloso resguardo de todos los componentes de una aplicación o sistema operativo. Microsoft, el gigante del sector, ha construido su imperio vendiendo licencias de un sistema cerrado que sólo ellos conocen y pueden manipular. Su éxito se ha basado, más que en creatividad e innovación, en su capacidad para imponer un estándar y crear una dependencia que le garantice el dominio -The Economist comparó recientemente este modelo con el círculo de dependencia de un consumidor de droga que no consigue desengancharse-.

El modelo comenzaría a cambiar lentamente a partir de principios de los noventa, cuando un desconocido programador finlandés -Linus Torvalds- presentó Linux, un sistema operativo que funciona bajo el principio opuesto: abrir y compartir la mayor cantidad de información posible. En 20 años el modelo tradicional de la industria informática ha sido puesto patas arriba por plataformas abiertas que prescinden de sistemas operativos y que se conocen simplemente como the cloud: cientos de miles de servidores interconectados que distribuyen información en tiempo real a cualquier soporte; con estándares abiertos y sin las costosas licencias del software tradicional.

Podríamos estar ante algo similar con el lanzamiento de Data.gov.

Durante siglos, la mayoría de la información generada por las administraciones públicas se ha perdido y desaprovechado por trabas burocráticas e incapacidad institucional para darles sentido o utilidad. En años recientes y debido a las nuevas posibilidades que han traído consigo las tecnologías de la información para medir y cuantificar todo tipo de actividades, los Gobiernos se han convertido en gigantescos almacenes de información -desaprovechada, por lo general, por la ardua tarea que supone clasificarla y procesarla-.

Data.gov se propone cambiar esto. Y lo pretende hacer de la mano de la sociedad civil. "Liberar" la información e invitar a un nuevo tipo de participación ciudadana; darle un giro a la manera en la que la ciudadanía se involucra en los asuntos del Gobierno. Lo llaman democratizing data.

Un ejemplo que ilustra lo que pretende conseguir la iniciativa lanzada por Obama es Google Maps -una revolucionaria aplicación cartográfica abierta en la web que permite ser manipulada-. Cualquiera puede acceder al código de la aplicación y añadir capas de información que se sobreponen y enriquecen su funcionamiento -mashups-. Un grupo de periodistas de Chicago, por ejemplo, creó Everyblock.com, un sitio que se nutre de ficheros estatales y municipales para ofrecer información hiperlocal que se superpone a la ya disponible en Google Maps. Informes de accidentes viales, fallas en los servicios públicos, homicidios; actualizados al minuto y presentados manzana por manzana. En pocos meses se ha convertido en un sistema de denuncia ciudadana y recopilación de información paralela al de las instituciones públicas, utilizado con frecuencia por la policía. El proyecto es financiado por la prestigiada Knight Foundation de periodismo y actualmente cuenta con ediciones locales en 15 ciudades de Estados Unidos.

Data.gov pretende ser el germen de iniciativas similares a mayor escala. Se enmarca en un contexto más amplio de reformas que buscan obligar al Gobierno a que adopte las tecnologías y prácticas que ha traído consigo la revolución informática.

Como parte de este esfuerzo Obama creó dos nuevas oficinas responsables de coordinar e implementar la política tecnológica del Gobierno. El CTO y CIO -Chief Technology Officer (Oficina Principal de Tecnología) y Chief Information Officer (Oficina Principal de Información), respectivamente- son responsables de incentivar la creación de un marco para modernizar el funcionamiento de la Administración pública. La primera se encarga de diseñar la política tecnológica macro del Gobierno. En otras palabras, de imaginar la operación óptima de éste en 15 o 20 años y comenzar a tomar las decisiones necesarias para conseguirlo. El CIO coordina el flujo de información entre las diferentes agencias. Su trabajo consiste en diseñar o poner en práctica iniciativas como Data.gov.

Un dato sobresaliente de las dos nuevas oficinas es que sus titulares no se llaman John Smith, Robert Baker o Elizabeth Drew; Aneesh Chopra y Vivek Kundra, ambos nacidos en la India, son responsables de poner en marcha el cambio de paradigma.

"Necesitamos reestructurar drásticamente la forma en la que organizamos el trabajo", comentó Kundra durante el lanzamiento de Data.gov. El objetivo, detalló, es poner la mayor cantidad de información posible en manos de los ciudadanos. "Es un reconocimiento", dijo, "de que el Gobierno no tiene un monopolio ni sobre las mejores ideas ni sobre las soluciones a nuestros principales problemas".

La historia de este titánico esfuerzo apenas comienza. Aunque por ahora pueda sonar a un aburrido rediseño burocrático en los sótanos del Gobierno, es todo lo contrario. Nada menos que los primeros pasos de una transformación mayúscula que terminará reinventando la relación entre ciudadanía y Gobierno.

Diego Beas es periodista y actualmente colabora en la organización del Personal Democracy Forum Europe, un encuentro sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la política.

A fecha de hoy sigue sin actualizarse en la web municipal la información presupuestaria

2009-07-24T09:20:00.004+02:00

Volvemos a reiterar que han pasado casi 5 meses desde la aprobación plenaria del presupuesto municipal 2009(16/03/09) y,como se observa en la imagen,a fecha de hoy, viernes 24 de Julio,todavía se muestra en la web municipal la información del caducado presupuesto 2008.Ni para actualizar el escaso resumen presupuestario que únicamente nos ofrecen a los ciudadanos, se molestan.Aquellos que tenían que garantizar que esta información pública de nuestras cuentas estuviera disponible cuanto antes para su difusión, conocimiento y uso,ya ni les importa.En paralelo,la Concejalía de Participación Ciudadana realizo el pasado mayo-junio una campaña simulacro de presupuestos participativos.
Estos días esta cuestión es más evidente y tambien ha sido detectado por el ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DE LOS AYUNTAMIENTOS (ITA) 2009 ,donde se observa que la transparencia económico-financiera es la más baja de las cinco areas de transparencia estudiadas en el Ayuntamiento de Alicante

Consulta el ITA 2009

A fecha de hoy sigue sin actualizarse en la web municipal la información presupuestaria

2009-05-14T20:57:00.004+02:00

Han pasado casi 2 meses desde la aprobación plenaria del presupuesto municipal 2009(16/03/09) y,como se observa en la imagen,a fecha de hoy, jueves 14 de Mayo,todavía se muestra en la web municipal la información del caducado presupuesto 2008.Ni para actualizar el escaso resumen presupuestario que únicamente nos ofrecen a los ciudadanos, ya ni se molestan.Aquellos que tenían que garantizar que esta información pública de nuestras cuentas estuviera disponible cuanto antes para su difusión, conocimiento y uso,ya ni les importa.Por ello,tendremos que volver a conseguir esta información pública del presupuesto municipal 2009 y colgarla en un nuevo blog,mientras nos sigan usurpando nuestro derecho ciudadano a conocer fácilmente,usando los medios técnologicos de hoy,nuestras cuentas, desde la obligación de la transparencia.

Hoy,aprobación definitiva del Presupuesto Municipal 2009 y plantilla de personal

2009-03-16T10:25:00.004+01:00

A partir de hoy, con la aprobación definitiva del presupuesto de este año, deja de estar vigente el presupuesto municipal 2008 y este blog suspende su actualización de entradas aqui.Desde esta inicativa blogera hemos querido ofrecer ,completa y fácil de consultar, la información que el Ayuntamiento no ha dispuesto y colgado en su web corporativa, en nuestra web "ciudadana" espacio donde los alicantinos deberíamos tener disponible los datos detallados de sus cuentas municipales(o sea,el documento presupuestario completo) para poder participar como vecinos y contribuyentes ,con coherencia y criterio, en el gobierno de la ciudad.Tambien desde este blog hemos querido ofrecer información sobre experiencias de presupuestos participativos y otras cuestiones relacionadas con las cuentas públicas municipales.Si el equipo de gobierno responsable actual vuelve este año a limitar y restringir la información online del presupuesto 2009 a un resumen generalista de las principales partidas de ingresos y gastos,de nuevo ,intentaremos volver a mostrar con otra iniciativa blogweb la información presupuestaria completa de este año y de paso continuar fomentando la cultura de la transparencia y el hábito político de dar cuenta claras de su gestión.Esperamos que esta modesta iniciativa haya contribuido algo hacia este fin. Hasta pronto y aqui os dejamos un interesante artículo de opinión.

¿Por qué hay tanta corrupción en España?

La principal causa de los escándalos es el alto número de cargos de designación política en las instituciones nacionales, autonómicas y locales. Son redes clientelares que viven de que su partido gane las elecciones

VÍCTOR LAPUENTE GINÉ

EL PAÍS - Opinión - 27-03-2009

Para los que estudiamos la corrupción a nivel comparado, la reciente oleada de escándalos en España no representa ninguna sorpresa. Países como Francia, Italia, Portugal o España llevan años mostrando niveles de corrupción y de calidad de gobierno más parecidos a los de países autoritarios en vías de desarrollo que a los propios de democracias capitalistas avanzadas con décadas de pertenencia a la OCDE. ¿Qué factores separan a estos países, y en particular a España, de las democracias libres de corrupción?

Una primera tentación que hay que evitar es la de afirmar que la corrupción está en "nuestra cultura". Se trata de un argumento peligroso e intelectualmente poco satisfactorio, pero que, sin embargo, goza de cierto predicamento en algunos círculos -posiblemente los mismos que afirmaban no hace tanto tiempo que la democracia representativa o el capitalismo no tenían espacio en nuestra cultura mediterránea y/o católica. Como un creciente número de estudios está demostrando, la causalidad parece ir en todo caso en la dirección opuesta: los países desarrollan "malas" culturas -o culturas donde predomina la desconfianza social- como consecuencia de unos elevados niveles de corrupción. Una segunda tentación a evitar es el impulso legalista, con mucho arraigo en España, uno de los países del mundo con una mayor proporción de abogados en sus administraciones. Desde la visión legalista, expuesta, por ejemplo, por el Tribunal de Cuentas en un informe sobre corrupción local, lo que explicaría la misma en España sería "la falta de regulación", que "permite un margen de discrecionalidad, no siempre acorde con la protección del interés público". Pero, ¿alguien puede de veras creer que la solución a la corrupción local consiste en regular todas y cada una de las actividades de estas administraciones? Sorprende comparar la actitud de nuestro Tribunal de Cuentas con sus equivalentes nórdicos: en ellos, en lugar de artículos con detallados procedimientos, encontramos simplemente alguna presentación de powerpoint señalando que el objetivo es evitar una "deficiente contabilidad", dejando discreción casi absoluta a los auditores públicos sobre cómo llevar a cabo su labor de fiscalización. Como la literatura moderna sobre corrupción señala, las causas de la corrupción no hay que buscarlas en una "mala cultura" o en una regulación insuficiente, sino en la politización de las instituciones públicas. Las administraciones más proclives a la corrupción son aquéllas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político. Y aquí, el contraste entre España y los países europeos con niveles bajos de corrupción es significativo. En una ciudad europea de 100.000 a 500.000 habitantes puede haber, incluyendo al alcalde, dos o tres personas cuyo sueldo depende de que el partido X gane las elecciones. En España, el partido que controla un gobierno local puede nombrar multitud de altos cargos y asesores, y, a la vez, tejer una red de agencias y fundaciones con plena discreción en política de personal. En total, en una ciudad media española puede haber cientos de personas cuyos salarios dependen de que el partido X gane las elecciones. Esto genera diversos incentivos perversos para la corrupción. Los empleados públicos con un horizonte laboral limitado por la incertidumbre de las próximas elecciones son más propensos a aceptar o a solicitar sobornos a cambio de tratos de favor que los empleados públicos con un contrato estable. En segundo lugar, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría del mundo occidental, donde los políticos locales están forzados a tomar decisiones junto a funcionarios que estarían dispuestos a denunciar cualquier sospecha de trato de favor, en España toda la cadena de decisión de una política pública está en manos de personas que comparten un objetivo común: ganar las elecciones. Esto hace que se toleren con más facilidad los comportamientos ilícitos, y que, al haber mucho más en juego en las elecciones, las tentaciones para otorgar tratos de favor a cambio de financiación ilegal para el partido sean también más elevadas. ¿Qué podemos hacer para reducir esta politización? La experiencia de otros países resulta ilustrativa. Por ejemplo, entre finales del siglo XIX y principios del XX muchas ciudades de Estados Unidos presentaban unos niveles de politización y corrupción tan estratosféricos como los reflejados en la película Gangs of New York, donde el gobierno de la ciudad aparece capturado por redes clientelares e incluso criminales. Unos años después, la extensa politización de las administraciones locales -y, de su mano, la corrupción- descendió de forma drástica gracias a reformas institucionales como la sustitución del tipo de gobierno strong-mayor (el tipo de gobierno local que predomina en España, en el cual un solo cargo electo, el alcalde y su mayoría de gobierno, acumula mucho poder) por el denominado city-manager. En esta nueva forma de gobierno, los cargos electos retienen la capacidad legislativa, pero el poder ejecutivo pasa a manos de un directivo profesional nombrado por una mayoría cualificada de concejales y por un periodo de tiempo no coincidente con el ciclo electoral, reduciendo así el grado de dependencia política. Este tipo de gobierno, o variantes del mismo, ha sido adoptado en las administraciones locales de los países occidentales que presentan menores niveles de corrupción. En ellos, el partido que gana las elecciones tiene las "manos atadas" a la hora de hacer nombramientos, porque existe un directivo profesional que gestiona la organización administrativa, o bien debe llegar a amplios acuerdos con otras fuerzas políticas, incluyendo con frecuencia a las de la oposición, para nombrar a cargos públicos. En general, se trata de buscar mecanismos institucionales para que se seleccionen empleados públicos cuya continuidad en el cargo dependa de su competencia o mérito y no de su lealtad política. Es importante subrayar que el nivel de competencia de los empleados no es sinónimo de lo que tradicionalmente se interpreta como sistema de mérito en España; es decir, unos funcionarios públicos seleccionados mediante oposiciones y con una plaza "en propiedad" de por vida, con independencia de su rendimiento. La evidencia empírica nos muestra que no es necesario tener una administración repleta de funcionarios para reducir la corrupción. Por ejemplo, los dos países menos corruptos del mundo en 2008, Suecia y Nueva Zelanda, eliminaron hace años el estatus funcionarial para la gran mayoría de sus empleados públicos, que en la actualidad se rigen por la misma legislación laboral que cualquier trabajador del sector privado. ¿Podemos aspirar en España a unas administraciones más flexibles y eficientes y, a la vez, menos corruptas? El principal obstáculo para ello es que aquí el debate público está atrapado entre dos visiones antagónicas e indeseables ambas. Por un lado, los partidos políticos que, amparándose en la rigidez tradicional de la administración pública, han fomentado instituciones que permiten una alta politización de la administración y, por tanto, generan corrupción. Por otro, los representantes de los cuerpos de funcionarios que abogan por el mantenimiento de un sistema de empleados públicos inamovibles. Quien obviamente paga las ineficiencias derivadas de la politización y de la rigidez administrativa son los ciudadanos. Aunque esta situación parezca irreversible, la experiencia de otros contextos debe infundirnos optimismo. Cuando activistas como Richard Childs -hombre de negocios y promotor de un tipo de gobierno local basado en directivos profesionales como los existentes en el sector privado- iniciaron su improbable lucha contra la politización y la corrupción que asolaban la mayoría de niveles administrativos en Estados Unidos hace ya más de un siglo, se enfrentaron a redes clientelares cuyo poder parecía inexpugnable. Sin embargo, triunfaron porque fueron capaces de movilizar los intereses de aquellos que en última instancia generaban la riqueza del país, convenciéndolos de que ésta se estaba malgastando no con malas políticas públicas, sino con malos políticos, o mejor dicho, con la pervivencia de malas instituciones utilizadas por los políticos para sostener sus redes clientelares. ¿Podrá alguien en España movilizar esos intereses?
Víctor Lapuente Giné es profesor de Ciencia Política en el Quality of Government Institute de la Universidad de Gotemburgo (Suecia).

Oiga, que ese dinero es de todos

2009-03-10T19:18:00.001+01:00

El uso de fondos públicos a la ligera desacredita la política y desata críticas - Los coches de Touriño, Gallardón o Barberá son calderilla en los presupuestos, pero chirrían en tiempos de crisis

PABLO XIMÉNEZ DE SANDOVAL 10/03/2009 - REPORTAJE EL PAIS

Un presidente autonómico se vio atacado recientemente por la oposición por gastar una barbaridad de dinero en un coche de lujo. Ante las críticas, decidió devolver el coche inmediatamente y pedir disculpas. Por poco no se produjeron dimisiones. Además, dio una rueda de prensa en la que dijo que comprendía que a los políticos les pueden parecer normal cosas que los ciudadanos no entienden. ¿No le suena la noticia? Es que no se trataba de Emilio Pérez Touriño.

La vicepresidenta de la Junta de Extremadura, Dolores Aguilar, presentó en noviembre su dimisión cuando el PP puso el grito en el cielo porque su departamento había comprado un Lexus de lujo de 68.000 euros para sus desplazamientos. La dimisión no le fue aceptada, pero la situación se resolvió devolviendo el coche. El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, informó de que él tiene un Peugeot 407 (24.000 euros la versión más barata), aunque el coche de Presidencia es otro Audi A-8, sin blindaje ni extras comprado a precio de mercado hace cuatro años por su antecesor. Además de apoyar a Aguilar, Vara dijo lo siguiente: "Creo que todo esto no se puede despachar sin otorgarle la máxima importancia. Hay que aceptar primero que los ciudadanos no entienden determinadas cosas".

En efecto, lo normal para un alto cargo no tiene por qué ser entendido por el ciudadano de a pie de un país donde el sueldo medio son 21.000 euros brutos. Emilio Pérez Touriño podía haber hecho una llamada a su colega extremeño antes de despachar con desdén las preguntas sobre su coche -"siguiente pregunta", reiteraba-, una actitud que ha sido clave en la recta final de la campaña gallega. Su Audi A-8 blindado costó 480.000 euros, cinco veces más que el Lexus.

Tras el escándalo, Fernández Vara pidió al Parlamento regional que ponga por escrito un código de buenas prácticas que defina "lo que tenemos que gastar los políticos, los coches que tenemos que tener, a qué hoteles podemos ir, qué gastos protocolarios podemos hacer, qué compatibilidad hay entre cobrar sueldos y otros tipos de ingresos".

Si el Gobierno central siguiera los mismos criterios de gasto que la Xunta, sólo tendría presupuesto para 91 coches. El Parque Móvil del Estado, que da servicio al Gobierno y a altas personalidades en Madrid, lo componen 1.098 vehículos, en su mayoría coches (no cuentan los de las fuerzas y cuerpos de seguridad). Toda la flota ha costado 36.655.619,64 euros, según los datos oficiales. Los vehículos tienen unos cinco años y su valor actual sería un tercio de esa cifra. En 2008 nos gastamos 1.973.096,56 euros en reparaciones, que no está mal como factura del taller. También el año pasado nos gastamos 1.195.177 euros en gasolina para esos vehículos. Esta factura ha bajado desde 2005, cuando la cuenta de la gasolinera nos salió por 1.538.289 euros. Ahora son más ecológicos y consumen menos. A estos coches hay que sumarles 509 más de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. La cifra supone un ahorro respecto a los 894 que había a comienzos del año 2008.

Más de coches. Gracias a Touriño hemos sabido que el coche del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, un Audi A-6, le cuesta a los madrileños 591.624 euros, en régimen de alquiler hasta 2012. La marca Audi parece también la proveedora por defecto para todos los cargos valencianos. El presidente de la comunidad autónoma, Francisco Camps, tiene un Audi A-8 del que se desconoce el coste. Como referencia, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se mueve en un coche igual que costó 267.336 euros. Barberá dispone de un segundo coche, igual que éste, alquilado con opción a compra. La presidenta de las Cortes valencianas tiene el mismo modelo, con otros dos vehículos alquilados con opción a compra.

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, también utiliza el A-8. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, heredó este modelo del anterior alcalde, valorado en 50.000 euros. El alcalde de Castellón, Alberto Fabra, se mueve en un A-6 valorado en 76.000 euros.

Los modelos A-8 que eligen los políticos son coches de unos 90.000 euros, según explica un portavoz de la empresa automovilística. Lo que dispara el precio hasta lo inimaginable es el blindaje, ya que no se hace de serie. Lo caro es elegir un coche a dedo y luego blindarlo, lo que puede costar unas 10 veces más que el vehículo, explican en Audi. En concreto, Audi ha ido cogiendo fama de ser un coche muy robusto, que soporta bien los kilos extra del blindaje. En otro orden de cosas, la marca considera que aporta "lujo sin ostentación".

José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante, tiene un BMW 745 que costó 109.945 euros. El alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, tiene otro BMW de 51.501 euros. En Andalucía, el consejero de Turismo se compró un Lexus de 66.780 euros, por cierto, el mismo por el que ofreció su dimisión la vicepresidenta extremeña.

El contribuyente puede acabar con la sensación de que en España si te dan un cargo vives el lujo gratis. El ex presidente balear Jaume Matas decidió que, para decorar su despacho, necesitaba un cuadro de 20 millones de pesetas del artista italiano Mimmo Paladino. Se lo compró en Arco. Cuando el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo decidió remozar el piso del Estado en el que iba a vivir en Madrid, quizá no reparó en que la obra salió por más de 200.000 euros hasta que lo vio en los periódicos. El vicealcalde de Castellón, Javier Moliner, ha remodelado las dependencias municipales por unos 400.000 euros.

Son las cifras a las que está acostumbrada la Administración, pero que, como dice Fernández Vara, al ciudadano no tienen por qué parecerle normales. Quede claro que en todo lo aquí descrito no hay ninguna ilegalidad. Es una cuestión de prioridades. Los contribuyentes ponen el dinero, los políticos deciden las prioridades de gasto. Son anécdotas, y por eso salen en los papeles y los grupos de oposición de todo signo salivan como hienas ante cualquiera de estos casos.

José María Gimeno, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y miembro de la Junta de Contratación de Aragón, se escandaliza como cualquiera de estas cifras. "Yo nunca podía imaginar que un coche costara eso", confiesa. "Yo puedo entender que se gaste ese dinero en seguridad el presidente del Supremo, pero en otros, sorprende". Lo mismo con el cuadro de Matas. Era una inversión para Baleares, pero "¿hasta qué punto es motivo de una Administración una inversión? Yo puedo entender que compre cuadros el Museo del Prado, o que se restaure un tapiz de un palacio del Estado, pero no que se compre un cuadro por inversión en un Gobierno".

Sin embargo, Gimeno quiere incidir en que esto son simples anécdotas. El verdadero despilfarro está en miles y miles de contratos "menores", sin concurso y totalmente opacos para el ciudadano amparados en la ley. La contratación pública es el 16% del PIB, recuerda Gimeno. El mal uso de ese dinero tiene consecuencias directas sobre la economía española.

Se refiere a que, para agilizar la Administración, hay un límite de 50.000 euros para obras y de 18.000 euros para cualquier otra cosa, por debajo del cual no hace falta concurso público. Es decir, se presenta la factura sin justificación, sin explicaciones, sin concurso y sin información pública. Eso es calderilla para un ministerio, y efectivamente es lo que le permite funcionar en el día a día. Pero un Ayuntamiento, con esos mismos límites, puede contratar todo a dedo sin dar explicaciones a nadie.

Esto genera "como poco, ineficiencia", dice Gimeno, ya que al no haber competencia el precio tenderá a ser más caro. "Pedir tres ofertas por e-mail no cuesta nada", insiste. "La Administración tiene su banco de licitadores, conoce a sus proveedores. Tampoco hay que pedir una oferta a Finlandia. Sólo hay que comparar, como haría cualquier particular". La contratación a dedo "nos hace ineficientes, y el siguiente paso a la ineficiencia es la corrupción". En el caso de los coches "seguro que está justificada legalmente su compra", dice Gimeno. "Pero la ley obliga a justificar la idoneidad y la conveniencia del gasto", y estos casos son discutibles "al menos estéticamente".

"La ley de contratos del sector público establece en su artículo 1 la obligación de las Administraciones de hacer una eficiente utilización de los fondos públicos, de controlar el gasto y adquirir bienes tras definir previamente las necesidades a satisfacer", explica José Antonio Moreno, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha y experto en contratación pública. Pero ésa es la teoría. "En el día a día de las compras públicas, uno de los mayores problemas es que, dado que la legislación permite algunos procedimientos excepcionales, las Administraciones acuden a ellos de forma generalizada". Los procedimientos que permiten saltarse todos los controles "se utilizan de forma laxa".

La ley prevé el procedimiento negociado (sin concurso) para una serie de casos como "imperiosa urgencia", "secreto" o "medidas de seguridad especiales". "Pero si interpretas en sentido amplio cualquiera de estos motivos, te puedes ir a ese procedimiento". Es decir, es fácil convertir la excepción en regla y adjudicar a dedo, sin publicidad y sin concurso. Utilizando "fórmulas genéricas" se puede colar cualquier gasto sin motivación por escrito.

Pero también tienen que fallar los controles internos, principalmente la intervención de las Administraciones. El interventor, el contable, está precisamente para que eso no pase. El problema es que si al interventor le justifican el gasto con esas cuestiones excepcionales, no puede poner pegas de ningún tipo. Si hay factura y hay presupuesto, hay que pagar.

Además, cuanto más pequeña es la Administración, más difícil es que los controles funcionen. Un interventor de una ciudad de más de 500.000 habitantes, que no quiere dar su nombre, explica que en un Ayuntamiento si te opones a un gasto "tienes al alcalde en el despacho de al lado". "Si pones objeciones a los gastos de personal, tienes a los sindicatos en la puerta". Además, "es un puesto designado a dedo, igual que se pone se quita". Todo esto "hace que los interventores no se pongan a cuestionar la oportunidad del gasto, se limitan a ver que cumpla con la ley de contratos y que tenga respaldo presupuestario, y ya está". En definitiva, "el criterio político se impone siempre" al criterio técnico.

Otras instituciones tienen sus propios sistemas de control. Las Cortes, por ejemplo, no rinden cuentas de sus gastos a nadie. Ni siquiera informan al Tribunal de Cuentas. Su autonomía es absoluta. Pero a cambio tienen un sistema de control muy eficaz: las Cortes tienen prohibido endeudarse. Es decir, el ciudadano sabe que su asignación de los Presupuestos Generales del Estado es todo lo que pueden gastar. El Congreso y el Senado funcionan con poco más de lo que se gasta el Real Madrid en fichajes en un verano.

Tras la discrecionalidad de los políticos y las trampas para evitar los controles, hay un último problema, la falta de información. No hay una cultura de fiscalización ciudadana de lo que hacen los políticos. En un ayuntamiento, por ejemplo, la oposición tiene todo tipo de dificultades para acceder a la información de los gastos más comprometidos. Se puede acabar un mandato sin que lleguen a ver nunca los papeles.

El Gobierno vasco (ahora en funciones) se ha hartado de contestar preguntas parlamentarias sobre los viajes de Juan José Ibarretxe y sus consejeros, como el que el presidente vasco hizo con una comitiva de 16 personas cinco días a EE UU.

Pero por lo menos el Gobierno vasco envió una detalladísima información al Parlamento sobre el viaje. Un senador del PP, Agustín Almodóbar, preguntó en noviembre cuánto había costado la participación de España en la cumbre del G-20 y cuántas personas fueron al viaje. El Ministerio de Exteriores le contestó por escrito lo siguiente: "La delegación española contó con los responsables de las áreas involucradas y con el apoyo de profesionales. (...) En cuanto a la dotación económica, es la habitual para este tipo de encuentros". A la vista de la respuesta, el senador ha repetido la pregunta. Posiblemente, aparte del Rey y el ex presidente José María Aznar, los ciudadanos no sepan cuál es el coste "habitual" de pasar un fin de semana en Washington con el presidente de EE UU. Y ya que el ciudadano es el que paga la factura, no estaría de más verla antes de la campaña electoral.

Con información de Joaquín Ferrandis, Ezequiel Moltó, María Fabra, Santiago Navarro, Lourdes Lucio y Andreu Manresa.

Corrupción. Más allá de los mitos

2009-03-08T21:13:00.003+01:00

Manifestación celebrada en Tegucigalpa- ELMER MARTÍNEZ / AFP

Soborno, coima, mordida... Tres formas de denominar a la auténtica plaga de la sociedad actual. Una clave para frenar su expansión es mejorar la transparencia de la gestión pública y privada

S egún los tribunales americanos, Siemens pagó, entre 1998 y 2004, 40 millones de dólares en soborno a altas autoridades argentinas para conseguir un contrato de 1.000 millones de dólares para producir nuevos documentos de identidad. También pagó en 2004 en México 2,6 millones de dólares por un proyecto en modernización de refinerías. Estos sobornos eran, como aceptó la mayor empresa de ingeniería europea en los tribunales, parte de una práctica sistemática de décadas que fue aplicada en múltiples países. En los países muy corruptos, los sobornos eran casi el 40% de los contratos; en otros, del 5% al 6%. La empresa deberá pagar en total 2.600 millones de dólares en EE UU y Alemania en multas e investigaciones y reformas. Informa el New York Times que Friedrich, jefe de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, señaló que la corrupción en ella "era sistemática y extendida"; el director del FBI de Washington que lideró la investigación la llamó "masiva y cuidadosamente orquestada". Tan insertada estaba la corrupción en la cultura corporativa que uno de los principales operadores de los sobornos, Siekaczek, alegando que eran prácticas extendidas, afirmó después de haber admitido su culpa: "La gente dirá después de Siemens que no hemos sido afortunados, que hemos roto el mandamiento número 11. Ese mandamiento dice: no permitas que te descubran".

Los costos económicos de la corrupción son altísimos, y los pagan finalmente los consumidores y los contribuyentes. Destruye la confianza, elemento clave de la economía. Socava el sistema de valores morales y crea nihilismo en los jóvenes.

Hay varios mitos respecto a ella que correspondería revisar en América Latina:

Primer mito. La corrupción es esencialmente pública. El caso de Siemens, y múltiples otros similares como, entre otros, la quiebra del principal banco privado dominicano hace algunos años, que absorbió recursos vitales para el país; el soborno comprobado realizado por ejecutivos de una transnacional líder en Argentina para vender masivamente informatización al principal banco público, han mostrado que la corrupción no es sólo pública. La corrupción corporativa es parte importante del problema global. En los hechos, los esquemas de corrupción suelen entrelazar a ejecutivos públicos y privados.

Hasta 1999 en que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) penó la corrupción, el código fiscal alemán, entre otros, permitía la deducción de los sobornos como "gastos de negocios". El Pacto Global de la ONU terminó de oficializar a la corrupción como tema para la empresa privada en 2004, al agregar la lucha contra ella como décimo principio de su Código de Responsabilidad Social Empresarial.

Segundo mito. La corrupción se concentra en las coimas que los ciudadanos pagan a funcionarios. La coima en los países de Suramérica, la mordida en México y otras similares son claras expresiones de corrupción que deben ser combatidas y erradicadas. Sin embargo, los costos mayores los paga la sociedad en las grandes operaciones de colusión económica, entre empresas y funcionarios, como los que se han dado, entre otros, en el mercado de armas y en otras formas de corrupción más silenciosas. Entre ellas, las connivencias entre el crimen organizado y miembros de la policía, la influencia sobre el sistema judicial, los crímenes medioambientales.

Uno de los grandes temas que surgen cuando se eleva la vista de las coimas es el de la transparencia de la financiación en los procesos electorales. En un incisivo estudio de Ethos y Transparency International en Brasil al respecto (2008), más de 2/3 de las empresas firmantes del pacto por la integridad y contra la corrupción consideraron sobre esta estratégica cuestión que "las empresas deben apoyar iniciativas de la sociedad civil que monitoricen la financiación de la política", "las empresas deben revelar sus donaciones políticas al margen de lo que hagan los partidos y los candidatos", "las empresas solamente deben apoyar candidatos comprometidos con la divulgación de las donaciones".

Tercer mito. La opinión pública latinoamericana es pasiva frente a la corrupción. Está sucediendo lo contrario. El latinobarómetro y la encuesta mundial de valores muestran un rechazo generalizado, una enorme indignación por la impunidad y la exigencia creciente por respuestas contundentes.

Cuarto mito. La corrupción es un tema básicamente policial. Una investigación de la Universidad de Harvard muestra que es mucho más complejo. Trató de medir en 100 países con qué causales estaba más conectada. Las correlaciones econométricas identificaron que la principal eran los niveles de desigualdad. Cuanto mayores son las asimetrías en una sociedad, élites reducidas tienen el control de las grandes decisiones económicas, de los recursos, de la información, y las grandes mayorías tienen grados mínimos de información y de participación real. En esas condiciones hay, según los investigadores, "incentivos perversos" para las prácticas corruptas, porque los grupos de alto poder no tienen control y pueden actuar con impunidad. La corrupción, a su vez, aumenta la desigualdad. Se ha estimado que un aumento de un punto en el índice de corrupción hace aumentar el coeficiente Gini de desigualdad en 5,4 puntos.

Cuanto más equitativas las sociedades y mayor la participación de las mayorías, en educación, salud, información e incidencia en las decisiones, mejor podrán vigilar, y protestar, y menor será la corrupción.

Estos resultados son particularmente significativos para América Latina, por ser la región más desigual del planeta. Uno de los costos silenciosos de la desigualdad son los incentivos para la corrupción.

¿Cómo combatir la corrupción en la región? Mejorar la equidad y superar los mitos señalados, y otros, profundizando sobre sus causas, son recomendaciones básicas.

Junto a ello son imprescindibles vigorosas políticas de reforma y fortalecimiento del poder judicial, apoyo a la profesionalización de las instituciones policiales vinculadas con la investigación de estos delitos, establecimiento de instituciones reguladoras sólidas y dotadas de capacidad técnica efectiva, gestión activa para la recuperación de activos en el exterior. Después de largas gestiones, el empobrecido Haití acaba de recuperar varios millones de dólares que la dinastía Duvalier había depositado en cuentas suizas.

Una clave para enfrentar la corrupción es ampliar las posibilidades del control social. Ello significa, entre otros aspectos, maximizar los grados de transparencia de la gestión tanto pública como privada e instalar mecanismos institucionalizados de participación continua de la población. Son significativos los resultados logrados con desarrollos en los que América Latina fue pionera en los últimos años, como el presupuesto municipal participativo de Porto Alegre, que se ha convertido en una referencia mundial en la materia y se ha extendido bajo diversas fórmulas a centenares de ciudades de la región. La apertura plena de los presupuestos, su análisis por la ciudadanía, su selección directa de prioridades, la rendición de cuentas, generaron una gestión local muy mejorada y redujeron sensiblemente los niveles de corrupción y de clientelismo.

A todo lo anterior deberá sumarse trabajar en la familia, la educación y los medios masivos para fomentar una "cultura de la transparencia y la responsabilidad". Ambos significan que el otro importa. La corrupción es lo contrario: egoísmo maximizado. En los noventa, en Argentina, donde este año se están llevando adelante 15 procesos judiciales contra políticos, ex funcionarios, empresarios y banqueros de esa década, algunos sectores de la población llegaron a invertir los valores. Los funcionarios y empresarios que robaban cubriendo sus operaciones eran percibidos como "unos vivos"; los que no lo hacían, "una especie de idiotas". La década de políticas ortodoxas extremas destruyó parte de la clase media y de las oportunidades para la mayoría de la población en ese y otros países de la región, pero, además, erosionó profundamente los valores básicos.

Las sociedades reaccionaron, pero hay que continuar trabajando ese plano fundamental. Los países que encabezan la tabla mundial de integridad, como los nórdicos, tienen altos grados de equidad, instituciones sólidas, un poder judicial ejemplar, pero, además, la cultura rechaza a los corruptos, son "parias sociales". La ilegalización "cultural" además de jurídica de la corrupción es la doble batalla a dar.

La investigación de Harvard es alentadora, concluye que "después de todo, la corrupción no es un destino".

Bernardo Kliksberg es autor de numerosas obras. La más reciente, escrita con el premio Nobel Amartya Sen, Primero la gente (Planeta/Deusto). Es asesor principal de la dirección del PNUD/ONU para América Latina.

fuente:EL PAIS - TRIBUNA

presupuesto 2009:aprobación inicial

2009-02-25T10:03:00.002+01:00

Los programas de financiación permiten invertir en la ciudad 174 millones de euros

2009-02-06T08:14:00.003+01:00

Fuente de la plaza de la Montañeta que se sustituirá por una nueva.

La intención del Consistorio es crear una entrada sur en San Gabriel similar a la avenida de Denia Aumentarán las zonas verdes y los paseos, como el que se construirá en la calle Teulada

06.02.09 -

J. V. PÉREZ PARDO

| ALICANTE

Los programas de financiación local aprobados por el Gobierno central y la Generalitat Valenciana, más las subvenciones del Plan Urban de la Unión Europea para la recuperación de espacios urbanos y otras ayudas, permitirán inyectar a la ciudad unas inversiones de 174 millones de euros. Algunos de estos proyectos como la rehabilitación de enclaves de la Zona Norte, que cuenta con un presupuesto de veinte millones de euros ya se otorgaron hace tiempo, pero otras aportaciones han surgido como motor de impulso de la economía local, especialmente para el sector de la construcción.

Así, el Fondo de Inversión Estatal ha adjudicado a Alicante 57 millones de euros, mientras que el plan de inversiones de la Generalitat Valenciana asciende a 63 millones de euros, una media de 203 euros per cápita. Con la aportación de la administración autonómica se pretende remodelar el acceso sur de la ciudad y crear «una nueva avenida de Denia», explicó el concejal de Atención Urbana, Andrés Llorens. No será la única actuación que se financie con este plan especial del Consell, aunque «todavía está por decidir» las actuaciones que se llevarán a cabo, indicó el también primer teniente de alcalde.

Las primeras en llegar

La primera remesa de fondos públicos que llegarán a la ciudad son las actuaciones del conocido Plan ZP, con obras ya decididas y aprobadas, que se licitarán «en breve», según explicó el concejal de Atención Urbana, Andrés Llorens.

Respecto a las obras competencia de su área, «son actuaciones a pie de calle, orientadas a mejorar la calidad y la atención de todos y cada uno de los alicantinos», subrayó ayer Llorens. El principal capítulo de inversión es el destinado al arreglo de calles, aceras y mejora de la accesibilidad de Alicante, para lo que se destinan casi ocho millones, seguido por la creación de zonas verdes, que cuenta con un presupuesto de 4,5 millones.

En este capítulo, Llorens quiso destacar las actuaciones que tendrán lugar en lugares tan emblemáticos de la ciudad como el Parque de Canalejas, la Plaza de la Montañeta o la transformación de la Gran Vía, desde la calle Teulada al Puente Rojo. Además, recordó , «se une al esfuerzo inversor del Tram y el Centro de Congresos», aún sin fecha de inicio de obras.

Proyectos para la ciudad

LAS ACTUACIONES

Cientos de obras pondrán las calles de Alicante patas arriba en Hogueras

Las mejoras de plazas, aceras, asfaltado y alumbrado afectan a todos los barrios

El Ayuntamiento sólo ejecutó en 2008 el 41% de las obras de su plan de inversiones

2009-01-22T10:10:00.003+01:00

Juan Zaragoza. / L. V

Proyectos que se preveían realizar el pasado año siguen sin empezar como sucede con las obras de mejoras en instalaciones deportivas municipales y en centros escolares.

MANUEL DOPAZO
El Ayuntamiento de Alicante sólo ejecutó durante 2008 el 41 por ciento del presupuesto de inversiones para el pasado año, lo que supone que se ha quedado pendientes de ejecución casi el 60 por ciento de los proyectos anunciados para 2008. Así, entre los proyectos que deberían haberse completado y no se han iniciado están la remodelación de zonas verdes, la reparación de aceras y calzadas y la renovación de pistas deportivas en centros escolares.
Los datos facilitados por el propio Ayuntamiento con respecto al presupuesto de inversiones de 2008, que ascendía a casi 64 millones de euros, indican que al 31 de diciembre pasado quedaban por ejecutar obras por un importe de casi 38 millones, lo que significa el 59 por ciento del total.
Este incumplimiento de las inversiones se ha traducido en la paralización, en unos casos, y en la ralentización, en otros, de los proyectos municipales incluidos en dicho presupuesto de inversiones.
Así, y según los propios datos municipales, durante 2008 no se ha ejecutado ni un céntimo de euro de los 1,2 millones de euros destinados a la remodelación de aceras y calzadas. La misma suerte ha corrido la renovación de pistas deportivas en colegios, ya que los 250.000 euros reservados para este fin siguen disponibles. Otros proyectos sin empezar que debían haberse completado en 2008 son las inversiones en los distintos distritos municipales, la remodelación de zonas verdes, la renovación de aceras en la colonia Requena, la construcción de nuevos nichos en el cementerio, la compra de materiales para el cuerpo de Bomberos, la biblioteca para el centro social de Florida-Babel, el paso para la accesibilidad de la playa de San Gabriel, la última fase de la renovación de las aceras de Maisonnave, la instalación de sistemas de seguridad en colegios públicos, la reparación de instalaciones deportivas municipales, el soterramiento de contenedores en el mercado de Benalúa, el acondicionamiento de la fachada del Centro Social de Los Ángeles, las inversiones en los mercados municipales, la reparación de la antigua Fábrica de Tabacos y la reposición del pavimentos en los juegos infantiles.
En otros casos, el grado de ejecución es mínimo, como sucede con el presupuesto para las inversiones destinadas a los planes integrales de la Zona Norte de la ciudad, con sólo un 5 por ciento de ejecución, y con la renovación de la instalación eléctrica del alumbrado público, también con un 5 por ciento ejecutado.
Desde el equipo de gobierno municipal del PP achacan en gran parte este retraso en la ejecución de las obras municipales a la demora en la adjudicación del crédito bancario para financiar estas obras, lo que provocó que la disponibilidad del dinero no se tuvo hasta mediados de octubre, según señala Juan Zaragoza. El concejal de Hacienda añade al respecto que la convocatoria del concurso para financiar el crédito municipal destinado al pago de los proyectos municipales del presupuesto de inversiones se paralizó durante varios meses hasta que se tuvo la seguridad de que no era necesario para el Ayuntamiento redactar un plan económico y financiero.

El gobierno local sólo ejecutó el pasado ejercicio el 40% de las inversiones
previstas

«Hubo problemas para disponer del dinero del préstamo solicitado», explica el concejal Juan Zaragoza

22.01.09 -J. F. PICÓ

El equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alicante no estuvo muy fino el pasado año, ni los anteriores, a la hora de ejecutar las inversiones aprobadas por los mismos concejales y reflejados en los presupuestos municipales del 2008.

Según el estado de ejecución de las cuentas del pasado año, los ediles liderados primero por Luis Díaz Alperi y, durante el último trimestre, por Sonia Castedo, sólo se gastaron el 40% de las partidas asignadas para inversiones. Es, una vez más, una de las grandes asignaturas pendientes de los consistorios del Partido Popular en la capital. No es que gobiernos de otro signo fueran mejores gestores, según las estadísticas, pero ahora son éstos quienes tienen la responsabilidad.

Los datos oficiales correspondientes al pasado ejercicio revelan que los créditos iniciales para inversiones ascendieron a 12,2 millones de euros, aunque el montante disponible alcanzó los 63,7 millones. Durante el año fueron realizados pagos por valor de 24,5 millones de euros, y está pendiente de ello 1,5 millones más.

Según la documentación que ya maneja el grupo socialista en el Ayuntamiento, hay numerosas partidas que ni se tocaron durante el 2008. Son los casos de la renovación de aceras y calzadas, para lo que había 1,2 millones de euros, o los 664.000 euros asignados para medios de transporte de Bomberos, o los 913.000 euros para inversiones en distritos municipales.

Hacienda local

El concejal de Hacienda, Juan Zaragoza, aseguró que durante el pasado año hubo problemas para que los concejales dispusieran de los fondos previstos a través del préstamo de más de 13 millones de euros.

Una consulta realizada al Ministerio de Hacienda sobre el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria provocó un retraso inesperado. Además, a raíz de esta consulta, fue necesaria realizar una modificación presupuestaria como consecuencia de los préstamos que había concertado el Patronato Municipal de Vivienda que, sumados a los propios del Ayuntamiento, desequilibraban la citada estabilidad

Aprobados los proyectos del Fondo de Inversión

2009-01-20T08:56:00.005+01:00

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, anunció ayer que el Gobierno central ha aprobado todos los proyectos presentados al Fondo Estatal de Inversión Local, lo que permitirá a la ciudad acometer iniciativas por valor de 57.109.323,55 millones de euros, como la remodelación de la plaza del Ayuntamiento, la creación de un vivero de empresas, la remodelación de la Ciudad de la Justicia y la rehabilitación de la Fábrica de Tabacos, entre otros.
Castedo destacó que el Ministerio de Administraciones Públicas comunicó ayer al Ayuntamiento de Alicante la aprobación de todos los proyectos presentados y aprobados en la junta de Gobierno, celebrada el pasado 12 de enero en sesión extraordinaria.
Mientras, la Junta de Gobierno Local aprobó ayer por vía urgente el inicio del expediente para probar los presupuestos municipales de este año. Las cuentas locales se someterán el próximo jueves a estudio en la Comisión de Hacienda ya el equipo de Gobierno Local pretende aprobarlos en pleno a principios de febrero, según informó la portavoz del PP, Marta García-Romeu.

Resolución 17-01-2009

Proyectos de Fondo estatal de inversión local del Ayto. de Alicante

Las 'víctimas' del presupuesto de la crisis

2009-01-14T08:28:00.003+01:00

Juan Zaragoza, en primer término, y el técnico Pablo Ortiz. / DANI MADRIGAL

Las áreas de Juventud, Playas, Sanidad y Consumo, Comercio y Mercados y Participación sufren los principales recortes de las cuentes municipales del 2009

14.01.09 -

JOSÉ F. PICÓ

| ALICANTE

Los presupuestos del Ayuntamiento de Alicante, conocidos ya como los primeros presupuestos de la crisis, ya se han cobrado sus primeras víctimas: cinco concejalías, además de otros órganos municipales, sufren importantísimos recortes económicos respecto al pasado año, por encima del 30% en todos los casos. Las áreas peor paradas son Playas y Juventud. La primera, dirigida por la portavoz del equipo de gobierno, Marta García-Romeu, pierde un 46,56%, pasando de 189.000 a 101.000 euros. El otro órgano, con Laura Chorro como titular, registra un recorte similar, del 48,08%. Si en el 2008 dispuso de cerca de un millón de euros, para el 2009 tendrá que conformarse con 512.356 euros.

En esta lista de víctimas se encuentra también Sanidad y Consumo, a cuyo frente se encuentra Mari Carmen Román, que ve cómo pasa de 1,7 millones de euros de presupuesto a apenas un millón, un descenso del 39,8%. El cuarto damnificado es Toño Sobrino, titular de Comercio y Mercados. El proyecto de presupuestos le concede 1,3 millones de euros, frente a los 2,2 millones que le fueron asignados para el 2008.

Y por último, Participación Ciudadana. Su concejal, María Ángeles Goitia, sólo dispondrá para el presente ejercicio de 1,1 millones de euros, más de medio millón menos que el pasado año, es decir, una caída del 32%.

En cifras globales, un 67% de las arcas municipales han visto reducidos su consignación. Las excepciones hay que buscarlas en Seguridad y en Acción Social, con ligeros aumentos.

Estos datos forman parte de las cuentas municipales presentadas ayer a los medios de comunicación, y que deberán pasar su primer examen en el Consejo Económico y Social convocado para el próximo viernes. El PSOE ya dispone de la documentación principal. El concejal de Hacienda, Juan Zaragoza, fue en encargado de desgranar el proyecto, cuya aprobación inicial se producirá en un crisis calificada por el citado edil como «galopante» y que ha hecho mella en las cuentas.

La caída de la previsión de ingresos es abrumadora. Desciende hasta los ingresos por multas. La crisis de la construcción se deja notar, tal y como se había apuntado. Dos datos son elocuentes: el Ayuntamiento prevé ingresar por el Impuesto de Construcción (ICIO) once millones de euros menos que en el 2008, y, además, también registrará un descenso de otros cuatro millones por el impuesto de la plusvalía. Y menos mal que el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) no sólo se mantiene, sino que el Consistorio prevé aumentar los ingresos como consecuencia del final del boom inmobiliario. Pero, ¿qué ocurrirá el próximo ejercicio?

Si bien las citadas concejalías son las más dañadas por el primer presupuesto de la crisis, otros órganos del Consistorio también lo van a sufrir. Así, Protocolo ve cómo pierde un 50% de su consignación. La crisis llega a todos y la partida de la Secretaría de la Alcaldía ha sido reducida un 21%, pasando de 911.000 euros en el 2008 a 719.000 para este año.

Tal y como ya se había informado, los sueldos de los 28 concejales (el 29 sería Joaquín Ripoll, pero cobra de la Diputación) han sido congelados. No subirán ni el IPC. Según explicó Juan Zaragoza, «debemos ser los primeros en empujar del carro».

Subasta de suelo

La mayoría de los datos y consideraciones aportadas por Juan Zaragoza reflejan la situación actual. Otro botón: el Ayuntamiento no tiene pensado vender suelo, al menos durante el primer trimestre, hasta comprobar cómo evoluciona la economía. La subasta del pasado año ya quedó desierta y conviene no tropezar dos veces con la misma piedra.

Pero no todo es negativo. El Gobierno central se ha comprometido a aumentar la transferencia a Alicante a través del Fondo de Cooperación Municipal.

El Ayuntamiento, después de las consultadas realizadas con el Ejecutivo, recibirá 55,2 millones de euros, cuatro millones más que el año pasado. Al respecto, Juan Zaragoza sólo pidió que se agilice el pago, porque «aún no hemos recibido la transferencia del 2007».

LAS QUE BAJAN LAS QUE SUBEN

El concejal Juan Zaragoza, acompañado por el jefe de Servicio de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Alicante, Pablo Ortiz, se desplazará la próxima semana a Valencia, donde tiene previsto entrevistarse con el vicepresidente primero y portavoz del Consell Vicente Rambla. El objetivo es recabar la mayor información posible para obtener fondos de la Unión Europea. El edil de Hacienda y Patrimonio está convencido de que hay ayudas de UE a las que el Consistorio podría acceder y que, sólo por desconocimiento, no siquiera se ha presentado a las convocatorias.

El precedente es positivo en cuanto al trabajo realizado por los técnicos para conseguir fondos desde Bruselas. Es el Plan Urban, del que el Ayuntamiento ha logrado alrededor de doce millones de euros para financiar actuaciones en la necesitada Zona Norte. Este año ya hay previsto invertir en torno a cuatro millones de euros en la recuperación de estos barrios, de los que el 70% proceden de Bruselas, y el resto, de los fondos municipales.

Zaragoza presenta los presupuestos más ajustados por la grave crisis y el desplome de la construcción

El Ayuntamiento destina más 8 millones a inversiones y pierde hasta el 78% de los ingresos por el ICIO

14.01.09 -M. A. G.-Las Provincias

Muy difícil y complicado. Así ha sido, a juicio del responsable municipal de Hacienda, Juan Zaragoza, la labor de cuadrar los presupuestos de 2009. Unas cuentas más que ajustadas por la grave crisis económica y el desplome en la construcción. Dos factores que han obligado, como estaba previsto, a apretarse el cinturón a prácticamente todas los departamentos municipales.

El presupuesto municipal asciende a 247 millones de euros, un 2,79% más bajo que el del año anterior. Un descenso de la cifra global producido, según el responsable de los presupuestos, por la caída del negocio de la construcción. Así, el Ayuntamiento ha visto reducirse drásticamente más del 78% sus ingresos por el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (Icio), para ingresar este año poco más de 3 millones de euros, mientras que el año pasado supuso un ingreso para las arcas municipales de casi 14,5 millones de euros.

Los ingresos en concepto de plusvalía disminuyen también casi a la mitad. Además, y para terminar de agravar la situación, no está prevista la venta de suelo municipal, ya que el pasado año, -recuerda Zaragoza- quedó desierta una subasta de suelo por la falta de un comprador interesado.

Para compensar estas disminuciones de ingresos, el Ayuntamiento aumentó un 2,12% el IBI; un 7,44%, las plusvalías; un 5%, las tasas de Basuras y Vados y algo más del 9,2%, la de veladores.

El Ayuntamiento de Alicante gestionará en 2009 un total de 247.706.065 euros, de los que más de 8,7 millones de euros se destinará a inversiones. "Sin embargo -añadió Juan Zaragoza- si le unimos la inversión de cada uno de los Patronatos y la parte de inversiones de los Proyectos Urban, las inversiones durante el año 2009 alcanzarán la cifra de 17 millones de euros". Una cifra a la que habrá que añadir los 57 millones de euros de los fondos de inversión del Estado que no se contemplan en las cuentas municipales pero que se notará en las obras y proyectos de la ciudad de Alicante a lo largo de este año.

El Ayuntamiento tiene previsto además pedir un préstamo de 11,5 millones de euros. La deuda municipal actual asciende a los 130 millones de euros y sitúa en el 65% el endeudamiento municipal. "Un nivel muy bueno -explica el concejal de Hacienda- teniendo en cuenta que se nos permite un endeudamiento de hasta el 120% y que la Ley Presupuestaria es durísima y poco práctica, puesto -añade- que no se nos permite endeudarnos en gasto corriente".

Zaragoza recordó además que se está realizando una contención del gasto importantísima, congelando los sueldos de los concejales y personal de confianza, reduciendo un 50% los gastos de protocolo de Alcaldía (pasando de 450.000 a 200.000 euros) y un 33% del resto de las concejalías, entre otras medidas. En todo caso el primer trimestre del año será clave para saber cómo van las cuentas municipales. "Aún -reconocía Zaragoza- tenemos de dónde recortar más gastos".

Los concejales podrán adjudicar obras sin publicidad por hasta 200.000 euros, el doble que antes

2009-01-13T08:19:00.000+01:00

13.01.09 -

J. F. PICÓ

| ALICANTE

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante aprobó ayer por urgencia una moción que permitirá a los concejales contratar obras por el procedimiento negociado sin publicidad por valor de 200.000 euros, el doble que hasta ahora. Es el máximo legal autorizado por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

La objetivo es «agilizar» los trámites de la contratación, sobre todo en estos momentos, cuando hay que gestionar en un tiempo récord 65 proyectos por un importe de 57 millones de euros, cuya financiación corresponde al Conocido Plan Zapatero. Hasta ahora, según un acuerdo anterior de la Junta de Gobierno, los contratos de obras de hasta 100.000 euros podían tramitarse por el trámite negociado sin publicad. Es decir, se solicita presupuestos a tres empresas y los técnicos después valoran la mejor propuesta, sin necesidad de que el concurso sea publicado en diario o boletín oficial alguno, según explicaron a este diario fuentes municipales.

El acuerdo aprobado ayer también aumenta los límites cuantitativos para los contratos de gestión de servicios públicos (de 50.000 a 60.000 euros), así como para los restantes contratos administrativos (también de 50.00 a 60.000 euros).

Según consta en la moción, todos los concejales o delegados están autorizados para realizar estas operaciones.

La selección de proyectos

2009-01-12T13:59:00.000+01:00

Nadie alega contra la subida de tres tasas locales y de la plusvalía municipal

2009-01-09T08:43:00.001+01:00

La Junta de Gobierno aprobará de forma definitiva el próximo lunes una actualización de la carga fiscal, sin que la oposición haya presentado enmiendas

09.01.09 -

JOSÉ F. PICÓ

| la Verdad

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante aprobará de forma definitiva el próximo lunes un paquete de medidas para incrementar los ingresos a través de la subida o actualización de la carga fiscal que soportan los alicantinos. En otras palabras, quedará aprobada la subida de tres tasas y de un impuesto.

La novedad no estriba en los incrementos, de los que ya se dieron cuenta a finales de noviembre, cuando estas medidas pasaron por la Junta de Gobierno para su aprobación inicial. El quiz de la cuestión hay que buscarlo en que nadie, ni persona física ni organización política o ciudadana, ha presentado alegación alguna. Así lo confirmaron ayer a este diario fuentes de la Concejalía de Hacienda que dirige Juan Zaragoza.

Ni siquiera el grupo socialista, con catorce concejales en la oposición municipal, ha dejado plasmado negro sobre blanco su rechazo a estas medidas.

Las tres tasas que son actualizadas son las de basuras, veladores y vados, mientras que el impuesto afectado es el de plusvalía. La Hacienda local confía en que con el incremento propuesto podrá recaudar en torno a un millón de euros más.

En el caso de la tasa de basuras, la actualización de la tarifa es lineal, afectada a todos los usuarios por igual, y asciende al 5%. Es el mismo porcentaje aplicado a los vados, aunque la repercusión en euros en ambos casos es escaso. Por ejemplo, la cuota anual de basuras sube entre 0,97 y 2,47 euros.

En el caso de los veladores, la actuación es del 9,25%, una cantidad muy parecida al incremento acumulado del Índice de Precios al Consumo (IPC) desde junio del 2006. En cualquier caso, las subidas son mínimas en euros, entre 0,08 y 0,23 euros por metro cuadrado y mes. La modificación de esta tasa también incluye una serie de bonificaciones fiscales, con la reducción del 90% si el velador se encuentra en una zona afectada por obras públicas.

Por último, la plusvalía sube de media un 7,44% y afecta sólo a las transmisiones de inmuebles. Se grava ahora las operaciones especulativas, según fuentes de la Hacienda local.

APUNTES

Arranca el proceso para aprobar las cuentas municipales más austeras, con 247 millones de euros

2009-01-09T08:38:00.002+01:00

El presupuesto sufre un recorte de alrededor de 30 millones respecto al del pasado año El Consejo Económico y Social abordará el próximo día 16 el documento

09.01.09 -JOSÉ. F. PICÓ

| la Verdad

El proceso para la aprobación de los presupuestos municipales de Alicante correspondientes al ejercicio del 2009 ya está en marcha. Superados, no sin dificultades, la negociación y el ajuste como consecuencia de las peticiones de cada concejal, la Hacienda local ya dispone del calendario que debería concluir antes del 10 de febrero con el visto bueno inicial de las cuentas por parte del Pleno municipal.

Según ha podido saber este diario de fuentes consistoriales, el proyecto de presupuestos ya está concluido y revela un montante global de 247 millones de euros aproximadamente. Es decir, unos 30 millones de euros menos que las cuentas del pasado ejercicio presupuestario, tal y como se aprobó. Luego han llegado varias modificaciones de crédito que han variado sustancialmente la radiografía inicial. Esta cantidad es ya la consolidada, es decir, la que incluye los gastos e ingresos de cada uno de los patronatos municipales, además de la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social, uno de los organismos que finalmente ha salido mejor parados en el capítulo de inversiones.

Se trata de un presupuesto austero, cuya elaboración ha provocado no solo la resistencia por parte de algunos concejales, sino también fricciones con el edil delegado de Hacienda y Patrimonio, Juan Zaragoza. Los serios recortes en las previsiones de ingresos, a raíz de la crisis galopante y de consecuencias aún impredecibles, ha obligado a realizar un verdadero encaje de bolillos no sólo político, sino también técnico.

Cumplir trámites

En cualquier caso, el trabajo más complicado está hecho y ahora hay que cumplir una serie de trámites que se prolongarán más de un mes. Según las fuentes municipales consultadas por este diario, hoy o el lunes será convocado el Consejo Económico y Social, cuya celebración está prevista para el día 16, es decir, dentro de una semana. El grupo socialista cuenta con una representante en este órgano, la portavoz adjunta Carmen Sánchez Brufal. No obstante, no será la primera de su formación en conocer el proyecto de presupuestos.

El 19, tres días después de celebrarse el Consejo Económico y Social, las cuentas del 2009 serán aprobadas por la Junta de Gobierno Local. Un paso más dentro del alambicado proceso. La idea del gobierno municipal es reducir al máximo posible los plazos para la presentación de enmiendas, tal y como lo permite la legislación vigente. Así se hizo ya el pasado año. En un principio y si los plazos previstos se van cumpliendo, el día 22 se celebrará la Comisión Informativa de Hacienda, abierta a todos los concejales de la Corporación.

Los técnicos municipales dispondrán entonces hasta el día 26 para estudiar e informar sobre las enmiendas presentadas. El 28 será convocada por fin la Comisión Permanente de Hacienda, cuya celebración está prevista para el mes de febrero, en concreto, para el día 2, a las nueve y media de la mañana, como es habitual.

Sólo quedará entonces la convocatoria del Pleno para la aprobación inicial de los presupuestos municipales del 2009. Desde la Hacienda local confían en que la sesión plenaria pueda celebrarse antes del 10 de febrero. Arrancará el periodo de exposición pública previo a la aprobación definitiva.

CRONOLOGÍA

El PP replica a las críticas del PSOE con un centenar de proyectos para el Plan Zapatero

La oposición insiste en que no ha habido consenso ni participación pública y el gobierno local asegura: «Hemos hechos los deberes»

09.01.09 -J. F. P.| ALICANTE

El grupo de gobierno del Partido Popular replicó a las críticas socialistas sobre el oscurantismo en la elección de los proyectos que pueden ser financiados por el Gobierno central, con una ristra de cien proyectos y un presupuesto global de alrededor de 106 millones de euros. En realidad, es una especie de batiburrillo, con iniciativas nuevas y otras antiguas que dormían el sueño de los justos durante los últimos años. Todavía hoy, la alcaldesa, Sonia Castedo, reunirá a sus concejales para realizar una criba sobre este paquete de proyectos. No hay que olvidar que el llamado Plan Zapatero ha asignado a Alicante 57 millones de euros.

La portavoz del PP, Marta García-Romeu, y la propia alcaldesa, leyeron incluso el listado de proyectos (once de las trece páginas) después de que el líder del PSOE local, Roque Moreno, reiterara sus críticas: falta de participación pública para una «ocasión histórica».

El enfrentamiento se produjo durante el Pleno extraordinario solicitado por el grupo socialista, con el que pretendía que el gobierno local aprobara un proceso de consenso con vecinos y entidades varias para decidir qué proyectos habría que incluir para su dotación por el Plan Zapatero. Marta García-Romeu le recordó que los plazos han sido «muy escasos», apenas 34 días hábiles. De hecho, el plazo para presentar las iniciativa a financiar finalizar le próximo 24 de enero.

En cualquier caso, ya hay proyectos encima de la mesa, al menos epígrafes de proyectos. Ahora toca a la Junta de Gobierno o, en su caso, al Pleno, aprobarlos antes de presentarlos para su financiación. El tiempo corre en contra del gobierno local y en juego hay 57 millones de euros, lo que equivale a algo menos del 20% del presupuesto municipal para el 2009.

LA RISTRA *

Castedo desempolva más de cien proyectos para que se los financie el Gobierno central

2009-01-09T08:26:00.003+01:00

Marta García-Romeu y Roque Moreno durante el pleno de ayer con Sonia Castedo al fondo PILAR CORTÉS

La alcaldesa reúne numerosas actuaciones arrumbadas por falta de recursos y añade otras nuevas que doblan los 57 millones de la ayuda estatal

MANUEL DOPAZO La orden de la alcaldesa de Alicante, para que sus ediles presentaran todos los proyectos pendientes para ser financiadas con los fondos de ayuda que aportará el Gobierno de España, ha provocado un aluvión de propuestas sin precedentes en el Ayuntamiento, hasta superar el centenar, y sumar más de cien millones de euros, lo que supone prácticamente el doble de los 57 millones de euros que tiene asignada la ciudad. Muchos de los proyectos permanecían arrumbados desde hace tiempo por falta de recursos y otros se han elaborado deprisa y corriendo. Hoy se reune el equipo de gobierno para seleccionar los proyectos que finalmente se presentarán en Madrid.
La lista de proyectos es tan elevada que ocupa 13 folios y viene a demostrar las numerosas necesidades de la ciudad en todos los aspectos La relación no pudo leerla en su totalidad la portavoz del PP en su intervención en el pleno municipal de ayer, al agotar todo el tiempo de que disponía, lo que provocó que la alcaldesa, que es la única componente de la Corporación cuya intervención en el pleno no tiene límite de tiempo, le relevara en la enumeración de los proyectos. Esta circunstancia provocó las críticas del PSOE al termino del pleno, en boca de su portavoz, Roque Moreno.
El más del centenar de proyectos es la consecuencia de la aportación de todos los proyectos pendientes por parte de cada una de las concejalías municipales. Sonia Castedo ya preveía que pudiera excederse del presupuesto de 57 millones pero ya informó que la voluntad municipal era sobrepasarlos ante la eventualidad de que puedan costearse también con el remanente sobrante si algunos ayuntamientos de la provincia no agotan el fondo que les corresponde. Sin embargo, es muy posible que nunca imaginara que el excedente alcanzara tales proporciones, lo que obliga a que hoy se reúna con su grupo municipal para dar prioridad a los más importantes y urgentes, con un anexo de varios proyectos más para un posible remanente de fondos, y suprimir varias decenas de proyectos que no pueden obtener financiación. Otro criterio de selección importante será escoger aquellos proyectos que se tiene la seguridad de que cumplen las condiciones requeridas por el Gobierno central, especialmente que se puedan ejecutar durante este año o con una prórroga máxima de tres meses, así como que no cuenten con ningún tipo de financiación anterior.
La alcaldesa tiene previsto completar hoy esa relación de proyectos seleccionados y aprobarlos después en la Junta de Gobierno Local, y es posible que algunos de ellos ya se incluyan por la vía de urgencia en la Junta prevista para el próximo lunes. Una treintena de estos proyectos se recogen en el anexo de al lado, a la espera de que se conozcan los definitivos. En cualquier caso, dentro de la lista a estudiar hay actuaciones en numerosos barrios y partidas rurales.

El PP rechaza la moción del PSOE para que distritos y Consejo Económico elijan las obras

M. D. El pleno municipal de ayer rechazó, con los votos del PP, la moción del PSOE para que un 40 por ciento de los proyectos a pagar con los fondos del Gobierno central los elijan las asambleas de distrito y que el restante 60 por ciento se reserve a proyectos singulares, todo ello con el dictamen del Consejo Económico y Social.
En su intervención, Roque Moreno destacó la relevancia de estas ayudas para la ciudad del gobierno de Zapatero y subrayó que supone una inversión casi cuatro veces mayor que todas las inversiones municipales del pasado año. También criticó al PP por no contar con los distritos para seleccionar los proyectos. Por su parte, la portavoz del PP, Marta García Romeu, calificó de "decreto trampa" la resolución del Gobierno central que implanta estas ayudas porque tan solo ha dejado 34 días laborables para que los Ayuntamientos completen los proyectos a financiar. García Romeu insistió en que los proyectos propuestos han sido todos pedidos por los vecinos y calificó de demagógica y arbitraria la moción del PSOE.
Sonia Castedo, al final del pleno, volvió a agitar el fantasma de los sueldos de la oposición al advertir a Roque Moreno que debe dejar de cobrar de las arcas municipales si tal como ha anunciado "se va a dedicar este año a hacer campaña electoral".

Los fondos de Zapatero ayudan a cuadrar al PP el presupuesto municipal de 2009

Los 57 millones que aportaría el Ejecutivo central prevén sacar al Ayuntamiento del apuro económico

MANUEL DOPAZO Los 57 millones de euros que el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero aportará al Ayuntamiento de Alicante para financiar proyectos municipales han prestado una ayuda importante para que el equipo de gobierno del PP haya podido finalmente cuadrar el presupuesto municipal de este año. Así, el concejal de Hacienda, Juan Zaragoza, anuncia que ya ha cuadrado el presupuesto municipal de 2009, aunque su aprobación definitiva no podrá llevarse a cabo antes de marzo por la larga tramitación exigida.
Las cuentas del Ayuntamiento han sido las más difíciles de cuadrar en muchísimos años, y si finalmente salen adelante hay que agradecerlo, en parte a las ayudas de Zapatero. Es verdad que la mayoría de las actuaciones que se van a pagar con los fondos del Gobierno de España se suelen financiar recurriendo a los créditos bancarios y dentro del presupuesto de inversiones, y que muchos de estos proyectos estaban totalmente descartados para este año ante la precariedad económica de las arcas municipales, pero estos 57 millones han permitido liberar fondos municipales para que se puedan destinar a otros fines, contribuyendo así a que por fin les salgan las cuentas al PP y a la Concejalía de Hacienda para acometer el curso presupuestario de 2009.
No es casualidad, por tanto, que el concejal de Hacienda, Juan Zaragoza, asegure que ya tiene las cuentas cuadradas. Así y todo, va a ser la primera vez en muchísimos años que se produzca una reducción de las cuentas municipales con respecto al año anterior, ya que según indica el edil del PP el montante definitivo ronda los 247 millones de euros, lo que representa un descenso próximo al 15 por ciento con respecto a 2008.
La financiación de los proyectos con los fondos estatales va a afectar también al presupuesto de inversiones, que va a ser muy reducido, aunque el Ayuntamiento tiene obligaciones pendientes de obligado cumplimiento como la aportación de más de dos millones de euros para destinarlos a la construcción de viviendas sociales, como consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo que declaró ilegal que el Ayuntamiento destinara a la compra del cuartel de Benalúa el dinero obtenido en una subasta de suelo municipal.

La aprobación final no será posible antes de marzo

La demora en la confección del presupuesto por parte del equipo de gobierno del PP y los numerosos pasos requeridos para su tramitación va a provocar que el presupuesto municipal de este año no se pueda aprobar antes de marzo. Así, la tramitación se inicia la semana próxima con la convocatoria del Consejo Económico y Social. Acto seguido la propuesta de presupuesto debe ir a aprobación inicial a la Junta Local de Gobierno, Luego se convocará la Comisión de Hacienda y se abrirá el plazo de enmiendas para la oposición. Tras estudiarse y resolverse las mismas, se celebrará el pleno de aprobación provisional y un mes después el pleno de aprobación definitiva si hay alegaciones.

El Ayuntamiento prevé emplear a 441 personas con las obras del fondo estatal

La Verdad

El PP recurre a proyectos antiguos pendientes de ejecutar para que los financie el Gobierno

Las Provincias

Moreno pide invertir en barrios el 40% de los fondos estatales

2008-12-26T09:06:00.002+01:00

El PSOE propone mejoras en las infraestructuras

24.12.08 -T. R.|Las Provincias

El Ayuntamiento de Alicante debe de destinar el 40% de los 57 millones de euros que recibirá del Fondo Estatal de Inversión Local a atender las necesidades urgentes de los barrios, mientras que el 60% restante se ha de emplear en proyectos singulares de interés municipal. Esta es la propuesta que el portavoz del grupo municipal socialista, Roque Moreno, hizo ayer para que se destine una inversión de 23 millones de euros en mejoras de los barrios y 34 millones a proyectos singulares.

El edil del PSOE considera que el presupuesto para barrios y partidas rurales ha de ir destinado al arreglo de las aceras y calzadas, renovación del alumbrado, convertir solares catalogados como zonas verdes en parques y jardines, instalación de contenedores soterrados y la eliminación de barreras arquitectónicas en estos espacios.

Además, los socialistas apuestan porque los proyectos singulares sean los de la peatonalización del casco histórico, la urbanización de la plaza del Ayuntamiento, la recuperación del castillo de San Fernando y la creación de la Casa de las Culturas y de la Fábrica de las Artes en la antigua fábrica de Tabacos.

Moreno ha expuesto la necesidad de instalar puntos de conexión "wifi" en parques, plazas y paseos de la ciudad, el desarrollo de un plan de saneamiento integral de la zona sur de la ciudad, la ejecución del denominado Cinturón Verde y la puesta en marcha de instalaciones deportivas y culturales, entre otras.

El grupo socialista del consistorio alicantino entiende que esta inversión, en su conjunto, debe destinarse a generar empleo y actividad económica, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, recuperar parte del "alarmante déficit dotacional" y garantizar el derecho a la educación de los más pequeños, especialmente la red de escuelas infantiles de 0 a 3 años. Abogan por adecuar los colegios públicos de la ciudad para que tengan "dignas condiciones de habitabilidad", rehabilitar el patrimonio público arquitectónico para usos públicos, apostar por las nuevas tecnologías y poner en valor el patrimonio arquitectónico.

"Se trata de invertir los fondos públicos para la generación de empleo y, a la vez, construir ciudad, lo que exige tener un modelo urbano propio", señaló Roque Moreno.

Las ciudades y los vecinos frente a la crisis

2008-12-19T10:52:00.001+01:00

Los efectos de la catástrofe financiera se perciben sobre todo a nivel local. En España, los municipios sólo gestionan un 15% del gasto público, frente al 24% de la media comunitaria. Así que, bienvenidas las ayudas

JOAN SUBIRATS 18/12/2008

La crisis golpea en todas partes, pero se deja notar con mayor fuerza en las ciudades, en esas tramas urbanas que han crecido con fuerza en los últimos años en España. Y en ese escenario cuenta cada vez más la capacidad de las comunidades locales para afrontar los problemas de la crisis cotidiana, con todos sus matices y recovecos. Los protagonistas de las cumbres de Washington o Bruselas sobrevuelan los problemas. Los alcaldes y los vecinos se los encuentran cada día cara a cara. No es lo mismo hablar de la crisis que padecerla cotidianamente al pagar el billete de metro, afrontar la factura del gas o del agua, o devanarse los sesos pensando cómo seguir pagando la hipoteca. Los precios y tasas de los servicios públicos y sus mecanismos de actualización se fijaron en momentos muy distintos de los actuales. Y las perspectivas de aumento en algunas ciudades superan el 3% o el 4%. La tarjeta más usada en el transporte público de la conurbación metropolitana de Barcelona subió hace unos días más del 7%.

Por otro lado, la noticia de la reducción de la inflación y del índice de precios al consumo, aparentemente favorable para ese concepto impersonal que es la economía, ha provocado que la actualización automática de las pensiones (que se fija a partir de la variación del IPC interanual de cada mes de noviembre, este año un 2,4%) provoque una reducción drástica de las expectativas de contar con un poco más de recursos para los millones de personas que sólo tienen acceso a las pensiones más bajas. Para una viuda de más de 65 años, el aumento será sólo de 33 euros. Personas situadas en la escala más baja de prestaciones sociales no notarán para nada la reducción del IPC, basado esencialmente en la rebaja del precio del petróleo, y en cambio cada 10 céntimos de subida en los bienes básicos como alimentación, textil, vivienda o servicios esenciales como agua o transporte suponen un verdadero terremoto en sus frágiles economías. Y en esos aspectos la tendencia de los precios ha sido al alza (6,6% de aumento en los gastos asociados al hogar, un 3,2% en la alimentación). ¿Quiénes van a salir peor librados de esos ajustes? Está claro que van a ser los pensionistas, en especial las viudas, y los jóvenes, abrumadoramente precarios de trabajo discontinuo y, por tanto, los más afectados, junto con los inmigrantes, por el aumento del desempleo. Es evidente que la conflictividad va a ir en aumento, ya que el contraste entre planes millonarios de rescate por arriba y miserias por abajo no podrán soportarse por mucho tiempo.

¿Qué hacer ante ese panorama? Las respuestas de los Gobiernos apuntan a los grandes parámetros de actividad económica. Sus multimillonarios planes de rescate y ayuda se dirigen al sector bancario o algunos ámbitos industriales especialmente significativos por el impacto de la crisis y por su gran carga de puestos de trabajo directos o indirectos que suponen, como es el caso de la industria del automóvil. Mientras, vamos descubriendo nuevas estafas revestidas de honorabilidad financiera. En España, al margen de lo ya mencionado, destaca el acuerdo del pleno del Congreso del pasado 27 de noviembre, en el que el presidente Zapatero asumió la importancia de los gobiernos locales en los procesos de recuperación económica y estableció un significativo crédito para los municipios. Calificar ese plan de ayuda a los municipios como de "aspirina", como ha hecho Rajoy, demuestra hasta qué punto la necesidad de descalificar al Gobierno acaba por despreciar una de las pocas medidas concretas que pueden afectar directamente a la población en forma de puestos de trabajo, mejora de servicios y revitalización económica local.

Seguramente sería mejor que las ayudas no estuvieran tan condicionadas en tiempo y forma. Podemos caer fácilmente en el peligro de que "solución busque problema", y que para no perder las ayudas, se improvisen obras o se acometan construcciones que luego sean difíciles de mantener.

Pero el problema de las ciudades y de los ciudadanos no es sólo coyuntural, es estructural. Y lo es ya que la importancia de las ciudades y de los gobiernos locales en el bienestar y la supervivencia ciudadana no se corresponde con las estrecheces económicas en la que viven los ayuntamientos españoles. Las ciudades son hoy decisivas en el bienestar individual y colectivo. Y en cambio, las agendas locales siguen fuertemente condicionadas por las limitaciones que impone un porcentaje del gasto público que está lejos de la que es a la mayoría de países europeos.

Mientras las comunidades autónomas han pasado de no existir a controlar más de una tercera parte del gasto público, los municipios siguen anclados en cifras que rondan el 15% de ese gasto público total, lejos del 24% en que sitúa la media comunitaria. Para gastar, hay que recibir transferencias y recaudar. Y tanto en una cosa como en la otra, la rigidez de ingresos en la que se encuentran los municipios españoles es total.

Bienvenidos, pues, los miles de millones de euros que de manera extraordinaria y urgente se conceden ahora a los ayuntamientos, pero sería necesario que se aborde de manera más estructural el reforzamiento presupuestario ordinario de los gobiernos locales. Recordemos que quedan lejos las alegrías del boom inmobiliario que permitía disfrazar y atenuar las penurias de los presupuestos municipales y que provocaron fenómenos de desgobierno y corrupción, muy minoritarios, pero que perjudicaron seriamente la demostrada capacidad de gestión de muchos gobiernos locales.

Algunas ciudades empiezan a notar de manera clara los excesos de la época de vacas gordas. La deuda de los municipios españoles es, en algunos casos, francamente significativa. La deuda de Madrid representa la mitad del total de endeudamiento municipal, seguida a mucha distancia por Valencia, Barcelona, Zaragoza, Málaga o Sevilla. La Federación Española de Municipios y Provincias asegura que son miles de millones de euros los que se gastan los municipios españoles en tareas que no les corresponden legislativamente hablando, pero que asumen dado que (como decía un alcalde) "donde no llegan mis competencias, empiezan mis incumbencias". Y esas incumbencias crecen a medida que nos adentramos en la crisis y sus efectos en personas y familias.

Ha pasado la época de los fastos municipales. La época en que las ciudades competían para ver quién hacia el plan urbanístico más fantástico, el edificio o el puente más atrevido del arquitecto-estrella más de moda. La época en que contaba más la apariencia que la solidez social y la cohesión ciudadana. El gasto que dedican las ciudades a las políticas sociales, la capacidad de ayudar de manera concreta a los sectores y personas más vulnerables, será a partir de ahora la clave.

La vida de los ciudadanos está hoy más llena de incertidumbres y de dudas que hace unos años. Estas incertidumbres planean sobre la realidad social y afectan la vida de pueblos y ciudades. La política local tiene que ver hoy en día con cotidianeidad, estilos y formas de vida. Y son las ciudades y sus equipos de gobierno los que deben gestionar y tratar de implicar conjuntamente a la ciudadanía en la gobernación de la vida local. Hemos de aceptar que el bienestar individual y colectivo de los ciudadanos depende cada vez más de la capacidad de servicio y de la capacidad de gestionar servicios y recursos desde la cercanía de los gobiernos locales. Los problemas de la gente requieren sin duda planteamientos globales que busquen salidas estructurales a un capitalismo enfermo de sus propias dinámicas, pero requieren asimismo políticas pensadas y gestionadas desde la proximidad, con mecanismos y estilos de gobierno y gestión participativos.

En definitiva, necesitamos alcaldes y ciudades comprometidos con la solidaridad. Sin gobiernos y comunidades locales más fuertes no aseguraremos salidas a la crisis que consigan que sus costes sean los menos dramáticos posibles y que la nueva era pueda hacerse sobre nuevas bases de compromiso y responsabilidad compartida.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB.

¿donde fueron los jamones?

2008-12-18T14:56:00.002+01:00

“Los Ayuntamientos nos la jugamos con el Fondo de Inversión Local”

2008-12-12T08:44:00.003+01:00

Entrevista

Pedro Castro, Presidente de la FEMP

Por Manuel Arias

“Esta claro que con el programa de inversiones en el ámbito local del Gobierno los ayuntamientos nos la jugamos”, señala Pedro Castro, Presidente de la FEMP. “Si salimos adelante, si demostramos nuestra eficacia y nuestra capacidad de gestionar vamos a tener el apoyo del Presidente. Si por el contrario fallamos, el Presidente va a tener muchas dificultades para poder avalar una financiación suficiente con ampliación de competencias. Creo que ésa es la gran apuesta”. El presidente de la FEMP, con anterioridad a la polémica sobre sus declaraciones, concedió esta entrevista a Municipios 21, para hablar sobre el resultado de la reunión con el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

¿Cree que los ayuntamientos, sobre todo los de tipo medio y pequeño, están preparados para diseñar y gestionar los proyectos que pueden acogerse a este Fondo de Inversión, dado lo corto de los plazos y la exigencia de su novedad?.
Aquí van a tener que jugar un papel importante las federaciones territoriales de la FEMP y las Diputaciones, sobre todo para los pequeños y medianos municipios. Creo que es un desafío para los ayuntamientos: El gobierno central ha depositado su confianza en la Administración Local; entiende que es la más rápida y ágil para poder poner este plan de choque en funcionamiento y no le vamos a fallar.
¿No cree que, otra vez, estamos ante una competencia impropia de los Ayuntamientos, aunque en este caso haya venido dotada de financiación?
Los Ayuntamientos estamos acostumbrados a decir a todo que si, no sabemos decir que no. Cuando los vecinos nos llegan siempre apostamos por sus peticiones y en este caso, si la Administración Central ha entendido que los ayuntamientos son el instrumento más válido que tiene España para solucionar los problemas del paro y apostar por la salida de la crisis, pues los ayuntamientos vamos a estar ahí. Siempre decimos que somos tan Estado como puedan ser las Comunidades Autónomas o la Administración Central y ésta es una ocasión excelente para demostrarlo.
Vistas las condiciones fijadas por el Plan Inversor, en cuanto a plazos y novedad de los proyectos, ¿no se corre el riesgo de presentar aquellos proyectos que se puedan abordar en tan poco tiempo en lugar de los proyectos que más urgentemente necesite cada localidad?
No, no. En primer lugar, no hay que presentar proyectos, lo que hay que presentar es una memoria de los proyectos perfectamente argumentada y dotada, redactada por arquitectos. Los proyectos hay que elaborarlos desde ahora hasta el mes de abril, momento en el que deben estar en fase de adjudicación. Por tanto, tenemos tiempo suficiente.

No obstante, contesto a la pregunta y digo que los Gobiernos locales sabemos perfectamente lo que hace falta en nuestras ciudades, venimos definiendo y estudiando las necesidades de nuestros ciudadanos y de nuestros territorios y por tanto no nos pilla de sorpresa. El problema es que no teníamos dinero; sueños, ilusiones e ideas nos sobran,.
Pero este plan, en realidad, no resuelve los problemas de financiación de los ayuntamientos…
No desde luego, y tampoco es su objetivo. Creo que el Partido Popular aquí no lo ha entendido, porque no quiero pensar que tenga mala fe. La situación es la siguiente: en la reunión que tuvimos con el Presidente, todos los representantes de los cinco grupos políticos que sustentan la FEMP, salimos diciendo que estábamos absolutamente de acuerdo con el Plan. No hubo ninguna discrepancia, no hubo ninguna voz en contra. Es fundamental aclarar que esto es un plan de choque para generar empleo, para provocar desarrollo económico, es un plan de choque para transmitir confianza a la sociedad. Estos son los tres ejes fundamentales de este plan de choque.

Y, en paralelo, en la reunión también abordamos la financiación local un tema en el que la respuesta del Presidente Zapatero fue tan favorable que incluso el representante del Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP, salió diciendo que se encontraba plenamente satisfecho con el resultado de la reunión.
¿Puede concretar la respuesta de Zapatero a sus peticiones en materia de financiación?
A la reunión llevamos las cinco reivindicaciones tradicionales de la FEMP: Una, los anticipos a cuenta, que se nos dijo que si y de hecho el 2008 ya se ha cobrado; Dos, el que liquidemos del 95 al 98% como hacen las Comunidades Autónomas. Esto también se nos concedió y se ha incorporado a la negociación del nuevo modelo de financiación; Tres, mejoras en el fondo de nivelación para los pequeños ayuntamientos, y se ha aumentado en 20 millones; Cuatro, la posibilidad de endeudamiento de los ayuntamientos que también se nos ha concedido y, por último, el quinto punto se refiere a la ampliación de los recorridos de los impuestos municipales como es el IAE o el Impuesto sobre las Plusvalías y el Valor de los Terrenos que también se ha incorporado a la mesa de negociación con Hacienda.

Igualmente, planteamos que no se podía cerrar la negociación que estamos manteniendo, con dos comisiones paralelas con el Ministerio de Administraciones Publicas y el Ministerio de Hacienda, para encontrar una solución definitiva para los Ayuntamientos. Hay que pactar un nuevo modelo de de Estatuto de Autonomía Local, que deberá definir de una vez por todas las competencias municipales, las reales, las que vamos a hacer y las que estamos haciendo. Y en paralelo, hay que cerrar un nuevo modelo de financiación local que contemple lo anterior. También en este caso el Presidente del Gobierno asumió la situación y afirmo con una absoluta claridad que el borrador general del Estatuto de Autonomía Local deberá estar desarrollado antes de que acabe diciembre y las líneas generales del nuevo modelo de financiación también l deberán fijarse en este año. Y, desde luego, todo deberá estar aprobado antes de 2010 o en 2010 como máximo.

Así pues, todas las reivindicaciones de los municipios fueron asumidas y contestadas de manera positiva por el Gobierno en la persona de su Presidente. Por tanto, no entiendo las críticas posteriores del Partido Popular, toda vez que allí todos los representantes del PP asintieron y asumieron como absolutamente positiva la reunión que habíamos mantenido con el Presidente.
Recapitulando, ¿la negociación con Administraciones Públicas y Hacienda se concluirá este mismo mes?
No exactamente. El compromiso adquirido es que en torno al 15 de diciembre la ministra de Administración Territorial deberá presentar en la FEMP las líneas generales, el borrador de lo que debe ser el nuevo Estatuto de Autonomía Local. Algo parecido debe hacer el ministro de Hacienda porque ambas negociaciones van y deben de ir en paralelo, y además simultaneas y vinculadas con la de las Comunidades Autónomas. Por tanto, si la financiación autonómica, en líneas generales, va a estar en el primer trimestre de 2009, también deberá estar la municipal.
Sigue existiendo esa ‘doble sensibilidad’ en la Administración Central, y cuando se habla con Zapatero se despejan los problemas, que reaparecen automáticamente cuando se habla con los ministerios, al menos con algunos ministerios…
Evidentemente, existen dos niveles de decisión; los ministros, los secretarios de Estado tienen un determinado nivel de decisión en el que a veces no se introduce el elemento corrector de la política. Es decir, el Secretario de Estado de Hacienda o los responsables de Administración Territorial saben perfectamente cual es su cometido, y además las negociaciones con ellos son fluidas. No obstante, cuando hablas con el Presidente de Gobierno se introduce el elemento corrector del a política, porque él lo puede hacer. Zapatero es consciente de que en este momento se necesita un plan de choque para transmitir confianza, para generar empleo y para desarrollar políticas activas en materia económica. Y, en esa reflexión, pues entiende que los Ayuntamientos son la administración más cercana al ciudadano y apuesta por los ayuntamientos. Y eso sólo lo puede hacer el Presidente del Gobierno, un Secretario de Estado lo que puede hacer es transmitir la idea, pero nunca tomar la decisión.
¿El éxito o fracaso de la gestión de este plan de choque por los ayuntamientos puede influir en las negociaciones en curso?
Esta claro que aquí nos la jugamos. Si salimos adelante y demostramos la eficacia y la eficiencia y la capacidad de gestionar vamos a tener el apoyo del Presidente. Si por el contrario fallamos, el presidente va a tener muchas dificultades para poder avalar una financiación con ampliación de competencias si no somos capaces de gestionar las que tenemos. Yo creo que esa es la gran apuesta.

Y yo desde aquí hago, aprovechando Municipios 21, un llamamiento a las comunidades autónomas, también a las diputaciones, pero especialmente a las comunidades autonomías para que aprovechen las sinergias que generan estos 8.000 millones de euros. Yo no entendería que en este momento, todas las comunidades autónomas no se sienten con los empresarios, los sindicatos, y las entidades financieras para generar un gran plan de vivienda pública, un gran plan de reactivación económica sumando sus recursos propios a los 8.000 millones que pone el Gobierno sobre la mesa.

Además, creo que las Comunidades Autónomas también deberían sentarse con las entidades financieras y demandarles que agilicen los créditos y la financiación a las Pymes que ahora están asfixiadas. Porque es importante crear nuevos empleos pero igual o más de importante es mantener el que tenemos.

Por tanto, las Comunidades se tienen que sentar con las entidades financieras e impulsar que corran fluidamente los recursos y la tesorería hacia las pymes. También deberían eliminar la burocracia y agilizar los planes generales que tienen paralizados en sus respectivas consejerías de Urbanismo.

Por último, los tiempos de crisis son el tiempo de los valientes y yo les digo a las Comunidades Autónomas que es el momento de que todas arriesguen en innovación, investigación y desarrollo. Hay que preparar y modernizar nuestras infraestructuras productivas en estos momentos para que cuando los vientos favorables de la salida de la crisis soplen, tengamos la barca con las velas desplegadas en la mejor dirección para llegar a puerto.

fuente:Municipios 21

El concejal de Hacienda advierte de que será muy difícil atender los imprevistos en 2009

2008-12-12T08:42:00.002+01:00

El edil Juan Zaragoza en el Ayuntamiento, en imagen de archivo CARRATALÁ

Juan Zaragoza envía un escrito a los demás ediles del PP avisando de que las arcas del Ayuntamiento están agotadas para el próximo año

MANUEL DOPAZO El concejal de Hacienda, Juan Zaragoza, ha remitido un escrito a los demás ediles del PP del Ayuntamiento, en el que les expresa la gravedad de la crisis económica que atraviesan las arcas municipales hasta el punto de advertirles que no puede garantizar que durante 2009 se puedan efectuar suplementos para el pago de los imprevistos. Se trataría de una situación sin precedentes en el consistorio alicantino desde hace muchísimo tiempo y que comprometería su actividad a todos los niveles.
Las modificaciones y ampliaciones del presupuesto municipal, conocidas como suplementos de crédito, son tan frecuentes que hoy en día no se concibe que se pueda funcionar sin ellas. Baste decir que durante este año el equipo de gobierno del PP ya ha aprobado cuatro en los nueve meses de vigencia del presupuesto de 2008, por un montante global de cerca de 40 millones de euros. Además, es prácticamente seguro que el concejal de Hacienda aún proponga más modificaciones, especialmente por el retraso en la aprobación del presupuesto de 2009, que todo apunta a que no entrará en vigor antes de finales de febrero o incluso más tarde.
En el escrito a sus compañeros del PP del equipo de gobierno, el concejal de Hacienda les manifiesta que los augurios no son nada optimistas y que "es muy probable que la liquidación presupuestaria del año 2008 no resulte nada favorable". A este respecto, Juan Zaragoza señaló a este periódico que habrá que esperar hasta febrero para conocer la citada liquidación presupuestaria municipal, pero admitió que las previsiones son bastante pesimistas. En estas circunstancias, el edil añade en su comunicado que de confirmarse las previsiones "no podremos garantizar que contemos con disponibilidad para efectuar modificaciones de crédito el próximo año".
Si finalmente estas previsiones se confirman, la actividad municipal de 2009 va a estar gravemente lastrada hasta el punto de no poder hacer frente a necesidades que surgen casi a diario en una ciudad de más de 300.000 habitantes, algunas de ellas perentorias.
Y es que el recurso a los suplementos de crédito es un procedimiento habitual en el Ayuntamiento, ya que permite hacer frente a proyectos y necesidades que surgen sobre la marcha y que no se contemplaron cuando se aprobó el presupuesto municipal. De los cuatro suplementos aprobados en lo que va de año, el más elevado económicamente fue el primero, por un importe global de 31 millones de euros y cuya financiación se llevó a cabo mediante distintas operaciones contables, pero especialmente con los remanentes de tesorería de libre disposición. Este suplemento de crédito se aprobó en mayo de este año, tan sólo dos meses después de que el pleno aprobara definitivamente el presupuesto de 2008.
Posteriormente se han aprobado otros tres suplementos de crédito en los plenos del 17 de junio, 7 de noviembre y 25 de noviembre, a los que se añadirá, previsiblemente, algún otro.
Prohibido todo gasto sin partida presupuestaria

El concejal de Hacienda no se limita a advertir de la posible eliminación de los suplementos de crédito en 2009, sino que también les recalca a los ediles del PP algo tan elemental como que no pueden efectuar ningún gasto sin que exista consignación presupuestaria para ello. El motivo de esta advertencia es la habitual práctica de algunas concejalías, de efectuar gastos que no están previstos en el presupuesto municipal, hasta el punto de que durante el presente año se han pagado por este concepto más de 13 millones de euros, procedentes de facturas pendientes de pago de años anteriores y que no constaban en los presupuestos municipales.
Juan Zaragoza no quiere más dudas al respecto y transcribe en su escrito a los ediles del PP un artículo de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en el que se establece que "no podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la citada norma, sin perjuicio de la responsabilidad a que haya lugar". En definitiva, que queda prohibido a los concejales cualquier gasto que no esté incluido en el presupuesto municipal.

El Fondo Extraordinario de Inversión Pública en Alicante

2008-12-02T08:43:00.004+01:00

Las ayudas del Gobierno se destinarán a restaurar la Fábrica de Tabacos y el Castillo de Santa Bárbara(las Provincias)

Castedo exige hasta el último euro de los 57 millones y el PSOE prevé que la inversión genere 3.000 empleos

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, aseguró ayer que el Ayuntamiento "no se va a olvidar de un solo proyecto" para solicitar la financiación al Fondo Extraordinario de Inversión Pública en el Ámbito Local, promovido por el Gobierno, al tiempo que indicó que espera que al Ejecutivo central "no se le olvide un solo euro" de la inversión comprometida.

Castedo opinó que es "maravilloso" que se haya previsto esta inversión para infraestructuras en el ámbito local y destacó que es "novedoso" que de "una vez por todas la ciudad de Alicante reciba algo del Gobierno", pero que pese a ello "no se nos va a olvidar".

La alcaldesa destacó que el equipo de Gobierno ya se ha "marcado los plazos para que "todos los proyectos se pongan encima de la mesa", ya que el próximo 24 de enero es el plazo final para presentar las solicitudes, que "tienen que basarse en proyectos ya hechos y que ya están aprobados".

Apuntó que ya ha pensado en algunos de los proyectos que podrían presentarse para recibir ingresos de este fondo y precisó, ya que el tope es de 5 millones de euros, que algunos se van a dividir en fases para que cumplan con los requisitos. Los proyectos susceptibles de recibir estos fondos no pueden estar contemplados en los presupuestos del Ayuntamiento. Entre ellos, citó "el Castillo de Santa Bárbara y la Fábrica de Tabacos también", entre otros.

En relación con la tabaquera, Castedo resaltó que hay que "reestudiar el proyecto" con el fin de "encaminarlo a la rehabilitación y después se concretará la obra y los usos que se tienen que tener".

De igual modo, se refirió a la plaza del Ayuntamiento, de la que "ya está pedido el proyecto, que también va a entrar dentro para convertirlo en una plaza".

Por su parte, el PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Alicante pidió a la alcaldesa que "se ponga manos a la obra" en la elaboración de las propuestas para recibir el dinero del Fondo de Inversión Pública, que asciende a 57 millones de euros que permitirán la creación de entre 2.000 y 3.000 puestos de trabajo directos en la ciudad

El dinero inyectado por el Gobierno irá al Castillo, la Fábrica de Tabacos y la plaza del Ayuntamiento
PSOE y PP cifran entre 2.000 y 3.000 los puestos de trabajo que se crearán
(diario Información)

La inyección económica del Gobierno reporta al Ayuntamiento 57 millones
La Verdad

Los ayuntamientos de la Comunitat recibirán hasta 864 millones del fondo de inversión del Gobierno

2008-11-29T13:40:00.001+01:00

El PSPV presentará mociones en los consistorios para forzar al PP a votar a favor de la medida

29.11.08 -

M. HORTELANO

| VALENCIA

Corren nuevos aires en el PSPV. Menos de 24 horas después de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunciara en el Congreso de los Diputados que salía en defensa de los Ayuntamientos españoles, con una partida de 8.000 millones de euros para inversiones, el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ya presentaba las cifras valencianizadas. Así, del total del montante que el Ejecutivo sacará de la hucha para que los Consistorios puedan fomentar la inversión en obra pública, y por consiguiente, fomentar el nuevo empleo, la Comunitat recibirá hasta 864,5 millones de euros. El porcentaje que le corresponde por su 10,8% de aportación a la población estatal. Eso sí, siempre y cuando los Consistorios soliciten la ayuda, justificando las nuevas obras y los nuevos contratos a desempleados. Conforme a esas necesidades, el Gobierno repartirá las cantidades hasta el máximo al que aspira cada localidad.

Por municipios, la ciudad de Valencia podrá solicitar la llegada del fondo más sustancioso, con 141 millones de euros, lo que según el líder del PSPV permitirá a la alcaldesa Rita Barberá multiplicar por cuatro el capítulo seis de las inversiones para obras que comiencen a realizarse a partir del 11 de enero de 2009. Castellón se queda con 30,5 millones y Alicante con más de 57. El fondo de inversión pública en el ámbito local, como se denomina la medida, prevé crear 25.000 puestos de trabajos directos en la Comunitat y más de 200.000 en toda España, gracias a la ejecución inmediata de obras sobre las que tengan competencia directa los Ayuntamientos. El reparto del dinero estará gestionado por el Ministerio de Administraciones Públicas, y su adjudicación se hará conforme a la población total de cada municipio. Aunque será cada entidad local la que solicite, a través de internet y hasta el 10 de diciembre, el importe que necesita, acorde a los proyectos que pretenda desarrollar. Además, los trabajadores que se contraten para esas nuevas tareas deberán acreditar su situación de desempleo.

El secretario ejecutivo federal de Política Municipal, Antonio Hernando, ayer de visita en Valencia para mantener una jornada de trabajo con la dirección del PSPV y con los alcaldes y portavoces socialistas, aseguró que se trataba de una medida "sin precedentes" para el municipalismo, que permitirá a los Ayuntamientos crear el doble de empleo del previsto en 2009. Hernando destacó además la libertad de los equipos de Gobierno local para destinar el dinero que recibirán para las inversiones, siempre y cuando se utilice para obra nueva, "que es la que realmente genera empleo". El socialista reprochó la actitud del líder nacional del PP, Mariano Rajoy, que ya adelantó el día anterior (con el anuncio de Zapatero) que su grupo en el Congreso se abstendría en la votación, algo que para el PSOE resulta una actitud "inaceptable".

El secretario general de los socialistas valencianos no dudó en aprovechar la medida impulsada por su líder espiritual para devolver al PP una taza de la misma medicina que siempre han empleado los populares en la Comunitat. Alarte anunció que su partido presentará mociones en todos los Ayuntamientos en los que tiene representación para instar al Congreso de los Diputados a que todos los grupos parlamentarios den el sí a las ayudas económicas a los municipios. De este modo, la federación valenciana evidenciaría el distinto criterio de la dirección del PP valenciano (cuyos alcaldes aceptarán el dinero del fondo) respecto de la nacional, que ya ha anunciado que se abstendrá en la votación del nuevo fondo de inversión.

Además, el también alcalde de Alaquàs adelantó que su grupo pedirá la comparecencia extraordinaria del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en un pleno monográfico de Les Corts para explicar sus planes ante la "grave" situación del desempleo en la Comunitat. Alarte instó a Camps a que dé su receta para este problema, ya que en su opinión, Zapatero se ha adelantado, frente a la "posición de vergüenza pública" del jefe del Consell.

El delegado del Gobierno en la Comunitat, Ricardo Peralta, animó ayer a los municipios de la Comunitat a que hagan uso del fondo de inversión y soliciten las inversiones.

Por su parte, el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, valoró ayer que las ayudas del fondo de inversión local aprobado por el Consejo de Ministros son "insuficientes" y añadió que son consecuencia de la "presión fiscal" y no de una "planificación previa".

Esta aportación de 8.000 millones de euros está muy por debajo de lo que en este momento son las demandas de inversión que tiene el conjunto de ayuntamientos de la Comunitat Valenciana", indicó.

En esta misma línea, el vicepresidente Económico Gerardo Camps explicó que la ejecución de estas ayudas "va a ser muy compleja", salvo que los ayuntamientos tengan ya los proyectos preparados, puesto que la fecha para presentar las propuestas acaba el 11 de enero. Alertó de que esto podría suponer que el objetivo de "crear empleo" con el que se han puesto en marcha estas iniciativas podría verse incumplido.

Alarte cifra en 864 millones el fondo para que los municipios creen empleo

2008-11-29T13:22:00.002+01:00

El socialista pide a Camps que convoque un pleno para explicar sus medidas de apoyo

CRISTINA VÁZQUEZ - Valencia - 29/11/2008

Jorge Alarte, secretario general de los socialistas valencianos, se convirtió ayer aunque fuera sólo unos instantes en el mister Marshall valenciano. Flanqueado por Antonio Hernando, secretario federal de Ciudades y Política Municipal del PSOE, que trajo noticias frescas de Madrid, Alarte cifró en 864 millones los fondos que el Gobierno español transferirá a los Ayuntamientos valencianos para incentivar la obra pública y crear unos 25.000 empleos. El presidente Zapatero anunció el jueves en el Congreso de los Diputados un fondo extraordinario de 11.000 millones de euros -8.000 de ellos dirigido a los Ayuntamientos- para capear la crisis y crear 300.000 empleos. La medida fue aprobada ayer en el Consejo de Ministros.

El dinero se distribuirá atendiendo a la población de cada municipio y está destinado a obras de ejecución inmediata que sean de competencia local. Los fondos son exclusivamente para inversiones nuevas y no podrán emplearse para gasto corriente o amortización de la deuda. La Intervención General del Estado fiscalizará "su correcta aplicación", explicó Hernando.

Eufórico por la nueva noticia, -es probablemente la mejor que ha proporcionado en los dos escasos meses que lleva como secretario general de los socialistas-, Alarte emplazó al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, a convocar un pleno extraordinario en las Cortes Valencianas para que "en justa correspondencia con el fondo de ayuda anunciado por el Gobierno español, Camps presente también sus medidas de acción y apoyo a los Ayuntamientos".

El Ayuntamiento de Valencia recibirá un máximo, según cálculos del PSOE, de 141 millones de euros para inversiones -el doble de lo que el consistorio ha presupuestado para capítulo 6 en 2009-. El de Castellón ingresará 30,5 millones; el de Alicante, 57 millones; Elche, 39 millones; Orihuela, 14 millones; Gandia, 13,7 millones y Torrent, 13. "Esto se hará para todos los municipios con independencia de su color político", remachó Hernando, quien pidió a todos los partidos políticos que apoyen la medida.

En este sentido, Alarte avanzó que el partido presentará a través de sus concejales mociones en los consistorios valencianos instando a todos los grupos políticos a que respalden el fondo extraordinario. "Espero que los alcaldes de Valencia, Castellón y Alicante [donde gobierna el PP] voten a favor de unos fondos que benefician a los ciudadanos", subrayó el dirigente socialista.

Alarte denunció que Madrid y la Comunidad Valenciana, las dos en manos del PP, son las únicas autonomías españolas sin Fondo de Cooperación Municipal. Por eso le insistió en que aporte 300 millones de euros al fondo, sin dotación desde el año 1999. Antes de dar por acabada su comparecencia, el dirigente socialista echó mano de un recorte de prensa para dejar en evidencia la política de "vergüenza" de Camps. Alarte recordó cómo el presidente prometió en marzo de 2006 a los alcaldes valencianos un Plan de Mejora para los Municipios, con el que pretendía destinar 450.000 euros a todos los municipios. "De ese dinero", dijo, "sólo nos han llegado 6.000 euros, el pago del resto se ha pospuesto a 2011", resumió el alcalde de Alaquàs.

Otros dirigentes y cargos institucionales socialistas salieron en tromba para valorar la iniciativa. La portavoz socialista en Valencia, Carmen Alborch, pidió a Camps la misma sensibilidad que Zapatero hacia los consistorios, y el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, destacó la celeridad con que está actuando el Ejecutivo.

En sentido contrario, el vicepresidente económico del Consell, Gerardo Camps, se refirió al plan de Zapatero como un "refrito" de medidas anunciadas, y aseguró que la Generalitat fiscalizará el reparto del dinero. El vicepresidente Vicente Rambla, dijo que era "más de lo mismo", es decir, "más improvisación y más aluvión". Para Rambla, los fondos no son más que un "parcheo". Para los dos vicepresidentes del Consell, más urgente es resolver la financiación local y autonómica.

Los ayuntamientos sin excesiva deuda podrán tener déficit

2008-11-29T10:59:00.002+01:00

El Gobierno acepta con condiciones la principal demanda de los alcaldes

VERA GUTIÉRREZ CALVO / LARA OTERO - Madrid - 29/11/2008

El Gobierno castigará sin déficit a los ayuntamientos que se hayan endeudado más de lo que permite la ley (a la cabeza de todos, Madrid) pero sí permitirá presupuestar más gastos que ingresos a los que no hayan rebasado el límite, establecido en el 110% de sus ingresos. Ésa será, según un portavoz del Ministerio de Economía y Hacienda, la respuesta a la petición unánime de los alcaldes para que se les permita incurrir en déficit: "Se va a permitir un ligero déficit en 2009, aún por cuantificar, pero sólo a los ayuntamientos que no hayan superado el límite de endeudamiento que establece la Ley de Haciendas Locales".

El ministerio precisaba así algo que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero dejó en el aire durante su reunión de ayer con la ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Los 25 alcaldes de esa ejecutiva se presentaron en La Moncloa muy agradecidos por la medida anunciada la víspera de los 8.000 millones para obra pública, pero sin renunciar a sus propias reivindicaciones. La principal, que se les autorice a incurrir en déficit mientras dure la crisis, algo que les prohíbe (sólo a ellos) la Ley de Estabilidad.

Zapatero, acompañado por la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, y el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, aseguró que es "sensible" al problema de los alcaldes y se comprometió a darles una respuesta la semana próxima. El presidente de la FEMP, el socialista Pedro Castro, afirmó después en rueda de prensa visiblemente satisfecho: "El Gobierno ha dicho sí a que los ayuntamientos podamos contraer déficit, sólo queda saber cómo, cuánto y cuándo".

Otros alcaldes presentes en la reunión sostuvieron, sin embargo, que Zapatero, "aunque parecía favorable a la petición", sólo se comprometió a "estudiarla". El ministerio lo explicó más tarde a este periódico: sí se autorizará un "ligero" déficit, haciendo una "interpretación flexible" de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en línea de lo que se permite al Estado central y las comunidades autónomas. Pero sólo a los que hayan respetado el límite de deuda.

Las otras dos reivindicaciones básicas planteadas por la FEMP -reforma del impuesto de plusvalía y aumento de las entregas a cuenta de la recaudación- quedan aparcadas hasta que se negocie el nuevo modelo de financiación municipal, que "estará listo en 2010", aseguró Castro.

De las dos horas y media de reunión, más de la mitad del tiempo se fue en abordar la medida de los 8.000 millones anunciada el jueves. "En momentos de crisis se requieren soluciones imaginativas, y ésta que hemos tomado es un ejemplo", dijo Zapatero, según uno de los presentes.

Para algo más que "obritas"

Los cinco millones que ha fijado el Gobierno como tope para cada uno de los proyectos que financiará con los 8.000 millones aprobados ayer dan para algo más que "obritas", según expresión del vicepresidente, Pedro Solbes. Tras el Consejo de Ministros, explicó que ayuntamientos, cabildos y mancomunidades recibirán su parte de ese fondo en función de su número de habitantes.

Los ayuntamientos tendrán que presentar antes del 24 de enero los proyectos por Internet ante Administraciones Públicas, que resolverá en 20 días. Deben incluir el número de parados que se van a emplear, el presupuesto, la certificación de que la obra no estaba ya presupuestada y el acuerdo del Pleno. Las solicitudes podrán referirse a equipamientos, mejora de espacios públicos, suelo industrial, medio ambiente y otras.

Cuando se adjudique el proyecto -debe licitarse en un mes y empezar a ejecutarse antes del 13 de abril- la corporación local recibirá el 70% del importe; el resto al finalizar la obra: en el primer trimestre de 2010, aunque podrá autorizarse una prórroga de seis meses si hay incidencias. Solbes destacó que los contratados para realizar estas obras han de ser parados, porque el objetivo es crear 200.000 nuevos empleos.

La Federación de Municipios y Provincias aplaudió la medida, aunque la mayoría de los alcaldes lamentó que los plazos sean tan ajustados y que los proyectos no puedan costar más de cinco millones (para agilizar el procedimiento). También pidieron aclaraciones sobre la exigencia de que sólo pueda contratarse a parados, porque eso dejaría fuera a empresas con plantilla propia. Según aseguraron, la ministra Elena Salgado les dijo que esa exigencia se refiere sólo a "una parte" de la obra contratada, no a la totalidad.

REPORTAJE: La financiación municipal

"Podré reformar el cementerio"

Municipios grandes y pequeños hacen planes tras el anuncio de Zapatero

EL PAÍS - Madrid - 29/11/2008

El jueves por la tarde, tras escuchar al presidente José Luis Rodríguez Zapatero anunciar una lluvia de 8.000 millones para financiar obra pública, los alcaldes de los 8.112 ayuntamientos de España se pusieron a hacer cuentas: a cada uno le toca un pedazo mayor o menor del pastel en función de su población. Y ayer, ya con la cifra en la mano, elaboraban a toda prisa -los pequeños más que los grandes- sus listas de proyectos prioritarios: el ministerio sólo aceptará los que lleguen antes del 20 de enero y puedan ejecutarse en 2009

MADRID Guarderías, pero pequeñas

A Madrid, la ciudad más poblada, le caen 570 millones. El problema es que cada proyecto no puede superar los cinco millones. "Un polideportivo en Madrid cuesta nueve millones; un centro de día con residencia, parecido. Claro, podemos hacer equipamientos más pequeños y más baratos, pero nos parece un poco absurdo el límite de los cinco millones. Igual que los plazos tan ajustados", se lamenta Juan Bravo, concejal de Hacienda en el Gobierno municipal del PP. A pesar de ello, agradece el balón de oxígeno y lo empleará en hacer "escuelas infantiles (pequeñas), zonas verdes y reformas en calles y alumbrado público".

BARCELONA Aún sin cuantificar

El Ayuntamiento de Barcelona (PSC-ICV) recibió con frialdad el anuncio de Zapatero. El equipo económico del Consistorio alega que no sabe aún qué cantidad le toca, aunque todos los ayuntamientos pueden saberlo desde el jueves porque el Gobierno ha dicho que el dinero se reparte en función de la población.

VALENCIA "Medida paliativa"

La alcaldesa de Valencia (797.000 habitantes), Rita Barberá, salió ayer del pleno municipal con una carpeta "llena" de proyectos: "Infraestructura, mejora de la ciudad y equipamientos". Barberá (PP) no concretará más "hasta ver cómo se plasma" el plan, que valoró positivamente aunque lo considera una "medida paliativa". La ciudad recibirá 141 millones, el doble de la inversión prevista en su presupuesto.

SEVILLA Prioridad: los barrios

El Ayuntamiento de Sevilla quiere volcar los recursos en el segundo plan de barrios. El delegado de Urbanismo, Alfonso Rodríguez, cree que el consistorio estará preparado para los proyectos de renovación urbana, reurbanización de barrios y rehabilitación de viviendas. Sevilla, con 699.000 habitantes, pretende crear 900 empleos.

PALMA El reto de los plazos

A Palma de Mallorca (400.000 habitantes) le tocan 70 millones. Su alcaldesa, la socialista Aina Calvo, está encantada. A bote pronto se le ocurren dos destinos para el dinero: "Rehabilitar escuelas y suprimir barreras arquitectónicas". Como todos sus colegas, está apurada por los plazos: "Va a ser un reto empezar las obras en abril y terminarlas en 12 meses. Habrá que emplearse a fondo... ¡Y nunca mejor dicho lo de emplearse!".

SEGOVIA El parque de bomberos

Pedro Arahuetes (PSOE) gobierna una ciudad con 60.000 habitantes y un presupuesto de unos 100 millones. Recibirá "unos 10 millones" del fondo estatal. "Ya he puesto a trabajar a todos los concejales para ver cómo gastarlo: podremos arreglar pavimento de calles, reformar el cementerio y el parque de bomberos. Algunas de las cosas a las que habíamos renunciado por falta de dinero en 2009", afirma. "Es una medida estupenda, aunque los problemas estructurales de los ayuntamientos no se arreglan con esto y por eso seguiremos reclamando al Gobierno".

VILLAFRANCA DE LOS BARROS Un hogar del pensionista

El socialista Ramón Romero, alcalde de esta localidad de Badajoz con 13.800 vecinos, tiene ya muy claro qué tres cosas hará con sus casi dos millones y medio de euros: "Habíamos comprado hace muy poco un edificio del siglo XVIII para convertirlo en hogar del pensionista, y ahí se había quedado porque no teníamos dinero para rehabilitarlo; ahora podremos hacerlo. También queremos pavimentar una calle -poniendo adoquines en lugar de asfalto, porque así emplearemos más mano de obra- y, por último, cambiar las farolas del barrio del Pilar".

VILLANUEVA DE LA CAÑADA "Positivo, pero no resuelve"

A este municipio madrileño de 20.000 habitantes le tocan unos tres millones de euros. "No sabemos aún cuál será su destino, pero probablemente haremos una escuela infantil y algunas zonas verdes, con eso ya se habrá acabado el presupuesto", explica su alcalde, Luis Partida (PP), que ve "muy positiva" la medida del Gobierno pero advierte: "El problema más grave de los ayuntamientos es de liquidez: falta dinero para mantener los servicios públicos y los equipamientos ya existentes. Y eso no se resuelve con este fondo".

CALAMOCHA A repartir entre 11

"Imagínese, con 11 pedanías que tenemos, seguro que se nos ocurrirá algo: reformar los viales, los cementerios... Aunque los plazos son muy cortos", afirma entre esperanzado y agobiado Joaquín Peribáñez, alcalde del Partido Aragonés en este municipio de Teruel con 5.000 habitantes y un presupuesto de seis millones. Aún no ha calculado cuánto les toca del fondo pero subraya que sabrán sacarle partido.

Información elaborada por Blanca Cía, Sara Velert, Fernando Pérez Monguió y Vera Gutiérrez Calvo.

Y ALICANTE?????????::::::::::::::::::

El alcalde de Elche recibió las 70 propuestas procedentes de los presupuestos participativos.

2008-11-28T22:58:00.004+01:00

El proceso de los presupuestos participativos que el Ayuntamiento inició el pasado mes de abril, culminó ayer con la entrega al alcalde Alejandro Soler, de las 70 propuestas aprobadas en las asambleas de zona recientemente celebradas.

El acto protocolario tuvo lugar en el salón de plenos. La edil de Participación, Àngels Candela, destacó que el proceso supone «una forma de participación de la ciudadanía en la gestión de la ciudad, mediante la cual entre todos los vecinos y vecinas interesados han podido proponer y decidir acerca de qué hacer con parte del presupuesto del Ajuntament d'Elx».

Por su parte, el alcalde, que recibió las propuestas de manos de Paqui Coves, miembro de uno de los grupos motores que se constituyeron dentro del proceso de presupuestos participativos, mostró su satisfacción destacando «el carácter democrático del proceso ya que supone que los propios ciudadanos elijan y decidan el destino de parte del presupuesto municipal». Las propuestas se incluirán en los presupuestos municipales del próximo año, que se están confeccionando.
Fuente: Diario La Verdad.

VER PROPUESTAS

Entrega del document al Ajuntament d´Elx

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¿CONOCEMOS LAS PROPUESTAS AL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE DE LA CAMPAÑA MUNICIPAL "ES TU TURNO" DEL PASADO MES DE SEPTIEMBRE?

¿POR QUÉ HA DESAPARECIDO LA INFORMACIÓN DE ESA RECIENTE CAMPAÑA "PARTICIPATIVA" EN LA WEB DE LA CONCEJALIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SIN DEJAR NI RASTRO?

ESO SI,.. ENCONTRARÁS UN PRIMER CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS

El Gobierno abre la puerta a que los ayuntamientos puedan aumentar su deuda

2008-11-28T22:14:00.004+01:00

"Absoluta satisfacción" de los consistorios por los 8.000 millones aprobados por el Gobierno para obra pública

EFECOM - Madrid - 28/11/2008

El Gobierno ha abierto hoy la posibilidad a que los ayuntamientos pueden aumentar su deuda, hasta el 0,5% del PIB, lo que supondría disponer de unos 5.800 millones de euros. Así lo ha asegurado el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, quien ha dicho que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha comprometido a contestar sobre esta posibilidad la próxima semana. Esto ha motivado una queja del vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, quien cree que de esta manera los entes locales se podrían estar adelantado al nuevo modelo de financiación autonómica que se está elaborando.

Castro, que se ha reunido con Rodríguez Zapatero en el palacio de la Moncloa, ha mostrado la "absoluta satisfacción" de los ayuntamientos por el crédito extraordinario de 8.000 millones de euros aprobado hoy por el Gobierno, que "va a suponer la reactivación económica" de los municipios. Respecto a las suspicacias que puedan generar que los ayuntamientos manejen 8.000 millones, cuando algunos de ellos están implicados en casos de corrupción, Castro ha dicho que las corporaciones locales son conscientes de que "no pueden ahora fallar".

El alcalde de Getafe, al frente de la Comisión Ejecutiva de la FEMP, se reunió esta mañana con el presidente del Gobierno, a quien ha trasladado los principales problemas del municipalismo, como la necesidad de un nuevo sistema de financiación o la elaboración de un estatuto de la autonomía local.

"Instrumento frente a la crisis económica"

Al término de la reunión y en rueda de prensa, Castro ha dicho que los ayuntamientos "han agradecido la confianza que tiene en ellos el Gobierno" y ha asegurado que son "un instrumento para las soluciones frente a la crisis económica", ya que a la aportación del Estado de 8.000 millones, las corporaciones locales sumarán otros 3.000, lo que puede generar unos 300.000 puestos de trabajo.

El alcalde de Getafe ha añadido que esa inversión pública se destinará principalmente a sectores que modernicen las estructuras productivas de las ciudades, con nuevos polígonos industriales, parques tecnológicos, y equipamientos sociales, como escuelas infantiles y residencias, entre otros. Castro ha afirmado que todo ello va a cambiar las ciudades de España, ya que va a suponer una "inyección, un balón de oxígeno para las pequeñas y medianas empresas que tienen serias dificultades de subsistencia". Además, ha explicado que los proyectos tienen que estar presentados entre el próximo 10 de diciembre y el 20 de enero, para ser adjudicados en abril y estar concluidos a 31 de diciembre de 2009.

En la reunión, Castro ha trasladado a Zapatero otras reivindicaciones municipales, como la necesidad de que se les paguen los anticipos a cuenta, el fondo de nivelación para los municipios menores de 75.000 habitantes o modificar algunos impuestos, como el de las plusvalías.

ConsejodeministrosmedidasAyuntamientosv8.pdf (249,03 kB)

Zapatero destina 8.000 millones a obras municipales urgentes para crear empleo

El Gobierno aprueba el Decreto Ley por el que se crea el Fondo de Inversión Municipal de 8.000 millones de euros

Pedro Castro:los Ayuntamientos asumen la responsabilidad de utilizar el fondo del Gobierno para salir de la crisis

Problemas y flores

2008-11-18T15:01:00.001+01:00

La nueva alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, se ha propuesto embellecer la ciudad. Desde su toma de posesión, no pasa día sin que exprese en público este deseo, aprovechando una u otra razón. Puede asegurarse que, a estas alturas, ningún alicantino desconoce el proyecto. Para Castedo, embellecer la ciudad consiste, sobre todo, en plantar flores, muchas flores. Incluso ha calculado que serán necesarias 40.000 plantas para que Alicante alcance el punto de belleza que ella ansía. Mientras llega el momento, ha creado una concejalía de Imagen Urbana que, al carecer de contenidos, no sabemos muy bien de qué se ocupará. Su efecto simbólico, sin embargo, queda fuera de duda.El propósito de Castedo es admirable, aunque está por ver que Alicante mejore porque plantemos unas docenas de geranios o de crisantemos. Los defectos de la ciudad son más profundos y vienen de lejos: en su mayor parte, son el resultado de su mal urbanismo y de muchos, muchos años de dejadez municipal. Y eso no se remedia con flores, sino con un programa preciso de gobierno y una voluntad para llevarlo a efecto. No dudo de la voluntad de la alcaldesa, que me parece una mujer intrépida, pero -más allá del proyecto de plantar flores- desconozco otros puntos de su programa de gobierno.
Si queremos formarnos la opinión de un político, si pretendemos juzgarlo, hemos de atender a los hechos y no a sus palabras. El político suele utilizar las palabras y está habituado a fingir con ellas; serán su conducta, sus acciones, las que nos revelen su verdadero pensamiento. ¿Cómo podríamos creer que se preocupa por la belleza de Alicante quien permitió que el edificio del Gobierno Militar se convirtiera en el espantajo actual? ¿De qué belleza hablamos? ¿Podemos arreglar con flores ese destrozo en el corazón de la ciudad?
Cuando ejercía de concejal de Urbanismo, Castedo defendió numerosas veces el plan Rabassa, que proponía el constructor Enrique Ortiz. Siempre lo hizo con energía y con una pasión que a algunos pudo parecernos excesiva. Recuerdo haberle oído decir que quienes se oponían al plan pedirían perdón alguna vez a los alicantinos por su conducta. Uno de los argumentos más utilizados por la concejal en su defensa de Rabassa era que permitiría la construcción de vivienda social, que tanto necesita la ciudad. La preocupación de Sonia Castedo por la vivienda social pareció sincera, en aquel momento, a todo el mundo. Sus palabras influyeron en muchos alicantinos a quienes, no gustándoles Rabassa, pensaron que la construcción de vivienda social podía justificarlo.
Pocos meses después, pudimos asistir a un hecho singular: en el primer pleno que presidía Sonia Castedo como alcaldesa de Alicante, se eliminaba la partida destinada a vivienda social en el presupuesto municipal. Los ochos millones de euros que el Ayuntamiento había previsto gastar para este fin, se desviaban a otros menesteres considerados más urgentes. Aquella necesidad apremiante de vivienda social que Castedo había defendido con encendimiento, pocos meses antes, desaparecía ahora en un instante. Al alicantino que había seguido estos hechos con atención, se le presentó un problema que sigue sin resolverse al día de hoy. Sospecho que es el mismo problema -o, en todo caso, uno muy parecido- que ahora pretende solucionar Sonia Castedo plantando algunas flores.
JOSÉ RAMÓN GINER 17/11/2008

"La situación finaciera de los Ayuntamientos es dramática"Entrevista a la presidenta de la FVMP

2008-11-17T14:22:00.001+01:00

El Ayuntamiento venderá los Abaseis por el alto coste de la rehabilitación

2008-11-12T08:37:00.002+01:00

El gobierno local no encuentra utilidad a los antiguos cines sin hacer un gran desembolso, dos años y medio después de haberlo comprado por 2,8 millones
12.11.08 - JOSÉ F. PICÓ

Muerto el perro, se acabó la rabia. Después de dos años y medio cerrado, justo el tiempo transcurrido desde que fue comprado por el Ayuntamiento, el complejo de los Cines Abaseis, que permanece cerrado desde entonces, dejará de ser propiedad municipal. Ya no habrá que discutir sobre si la Banda Municipal de Música tiene cabida o sobre si los locales son adecuados para este uso. Ni siquiera si hay espacio para un retén de la Policía Loca, como anunció el anterior equipo de gobierno liderado por Luis Díaz Alperi. La decisión está tomada: el inmueble comprado en mayo del 2006 será vendido.
El concejal de Patrimonio, Juan Zaragoza, se ha puesto ya manos a la obra y hasta ha mantenido algunos contactos durante los últimos días con empresarios que podrían estar interesados en la compra del inmueble situado en la avenida de Novelda, en el barrio de Los Ángeles. No obstante, será convocada una subasta, según la antigua denominación del procedimiento administrativo, para que la mercantil que presente la mayor oferta económica se quede con el edificio.
La Verdad informó en su edición de ayer de la cronología de los hechos ocurridos en torno a la operación de compra de los Cines Abaseis por el Consistorio, así como lo sucedido hasta hoy. El inmueble, de planta baja y sótano, fue adquirido por el Consistorio en mayo del 2006, según el acuerdo de la Junta de Gobierno Local fechado el 15 de mayo. La compra ascendió a 2,85 millones de euros. No tardó mucho en escriturarse a nombre del Ayuntamiento. Pasaron los meses y se ejecutaron unas obras en su interior para adecuar uno de sus espacios como sede de la Banda Municipal. Sin embargo, cuando los músicos realizaron una prueba, decidieron no volver.
La pésima acústica del local impedía los ensayos y cualquier otro proyecto previsto en este sentido, como conciertos para escolares, según la idea expuesta en su día por el entonces director de la Banda, Bernabé Sanchís. Se da la circunstancia de que su informe sobre las buenas condiciones del local forma parte del argumentario utilizado en mayo del 2006 por el equipo de gobierno municipal para la adquisición del inmueble.
Y durante todo este tiempo, los Cines Abaseis han permanecido sin uso alguno, ni siquiera como almacén. Algunos concejales han ido a valorar posibles usos, pero, finalmente, nadie ha sido capaz de ponerle el collar al perro.
DATOS
Descripción de los Cines Abaseis
Plantas: Una planta baja de carácter comercial, con una superficie de 1.200 metros cuadrados, y un sótano, con 58 plazas de aparcamiento, y una superficie aproximada de 1.585 metros cuadrados.
Dónde: En el barrio de Los Ángeles, perteneciente a la urbanización denominada Los Jarales, junto a la avenida de Novelda.
La operación de compra
Antiguos propietarios: Las mercantiles Hedera Patrimonial e Inversiones Sierra Helada.
Cuándo: La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alicante autorizó la compra el 15 de mayo del 2006.
Por cuanto: 2,85 millones de euros.
Usos
Previstos: Sede de la Banda Municipal de Música y retén de la Policía Local, entre otros.
Estado actual: Cerrado.
Proyecto: La venta del inmueble por parte del Ayuntamiento, probablemente a través de una subasta debido a que no se le encuentra utilizada y que cualquier obra de adecuación no es asumible en la actualidad.

El PP de Alicante sube todas las tasas municipales un 5% en 2009

2008-11-08T21:59:00.002+01:00

La caída de ingresos por IBI y vehículos provoca un déficit de 5 millones

SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 08/11/2008

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, en manos del PP con mayoría absoluta, aprobó ayer en el pleno una subida del 5% de todas las tasas municipales y el impuesto de plusvalía para el ejercicio de 2009. La medida contó con la abstención del único grupo de la oposición, el PSPV, que de esta forma se sumó a la recomendación de la ejecutiva federal socialista de no "boicotear" los presupuestos de las instituciones públicas.

El incremento se enmarca en la necesidad del gobierno local de "exprimir" todos los recursos para confeccionar el presupuesto del próximo año ante la caída de ingresos por dos capítulos hasta ahora claves: el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el de circulación. La primera consecuencia de la merma de la recaudación de estos dos impuestos ha sido que el equipo de gobierno cerrará el vigente presupuesto con déficit. "Calculamos que la diferencia de los ingresos previstos con los realmente recaudados oscilará entre los cuatro o cinco millones de euros", precisó el concejal de Hacienda, Juan Zaragoza. El edil del PP señaló que ante este escenario de crisis, especialmente en el mercado inmobiliario y en el de la venta de vehículos, el equipo de gobierno se ha visto forzado a elaborar un presupuesto para 2009 también a la baja. "El presupuesto de 2009 será unos 38 millones de euros menos que el de este año [225 millones de euros]", indicó Zaragoza.

Las subidas que ayer aprobó el pleno afectan a las tasas de vados, de ocupación de vía pública, la grúa y la basura. El impacto económico global del aumento será de un millón de euros, según estimó el responsable del área de Hacienda. "No se trata de una subida, sino de una actualización a la previsión del IPC de todas estas tasas, algunas de las cuales no se tocaban desde hace más de 20 años", explicó Zaragoza. La subida que afectará de forma generalizada a todos los vecinos será la de la tasa de la basura, "aunque su impacto no será muy elevado, una media de 1,70 euros por vivienda", dijo Zaragoza. Esta tasa estaba congelada desde 2002, cuando el Ayuntamiento optó por aplicarla de manera individual, al margen del recibo del IBI.

Ángel Pernías, concejal socialista responsable del área de Hacienda, justificó la abstención del Grupo Socialista en la recomendación general de la dirección federal del partido. Pernías criticó la "improvisación" del PP y los cálculos optimistas de ingresos por impuestos como el IBI y el de circulación sin tener presente el impacto de la crisis. "Ello conllevará que el actual presupuesto se cierre con déficit y ha provocado un alud de modificaciones puntuales de crédito a lo largo del ejercicio", argumentó Pernías. El pleno aprobó ayer otras modificaciones por 1,4 millones de euros. "En este caso sí hemos votado en contra, para expresar nuestro rechazo a la gestión económica del PP", señaló.

Tasas e impuestos que suben

- Basura. Esta tasa será la que tendrá una repercusión sobre el conjunto de los vecinos. La subida del 5% supone en la práctica que todos los ciudadanos tendrán que pagar en 2009 una media de 1,70 euros más por el servicio.

- Resto de tasas. El resto de tasas que se incrementarán un 5% son las relativas a la ocupación de la vía pública, vados y la grúa municipal.

- Plusvalías. El PP también acordó ayer una subida, en este caso en torno al 7%, del impuesto sobre el suelo urbano, conocido como el de plusvalías.

- Impacto económico. El concejal de Hacienda evaluó en un millón de euros el impacto global de las subidas.

La crisis pone en riesgo el servicio de limpieza en las ciudades

2008-11-03T20:25:00.002+01:00

Las empresas suspenderán la prestación si siguen los impagos

VERA GUTIÉRREZ CALVO - Madrid - 03/11/2008

La crisis económica y la "asfixia" que dicen sufrir los ayuntamientos puede empezar a notarse en algo que los ciudadanos perciben nada más poner un pie fuera de su casa: la limpieza urbana. La asociación que agrupa a las empresas que prestan ese servicio público en 3.500 municipios (de un total de 8.000) estudia la posibilidad de dejar de hacerlo ante el retraso cada vez mayor de los consistorios a la hora de pagar las facturas cada mes.

"La ley fija un máximo de dos meses para pagar; la media ya estaba en casi seis meses, pero últimamente la demora ha llegado a ocho meses. Entendemos que los ayuntamientos están pasando por serias dificultades, pero algunos nos están utilizando como bancos, y nosotros no somos bancos", protesta Francisco Jardón, presidente de la Asociación de Empresas de Limpieza Pública (Aselip), que agrupa a una treintena de entidades (entre ellas, filiales de gigantes como FCC, ACS y Ferrovial), da empleo a 90.000 personas y es responsable de la recogida de basuras y el baldeo de las calles en todas las grandes ciudades excepto Sevilla, Palma de Mallorca, Gijón y Valladolid.

Jardón asegura que ya se están dando casos -no dice dónde- en los que la empresa adjudicataria del servicio ha decidido cancelar el contrato y dejar de limpiar. "No queremos alarmar, pero la ley autoriza a rescindir el contrato si el pago se demora más de seis meses. Aunque se trata, por ahora, de municipios pequeños, podría ir a más si la situación empeora", apunta.

¿Por qué lo denuncian en este momento, si siempre ha habido retrasos? "Porque desde enero hemos detectado un deterioro muy, muy acelerado en los pagos. Y nosotros no tenemos otro cliente: si los ayuntamientos dejan de pagar, algunas empresas pueden irse a pique. Antes te enfrentabas a un caso concreto de un ayuntamiento que no pagaba a tiempo; ahora nos tememos que se convierta en algo general", prosigue el empresario. Aselip desconoce cuál fue el volumen de beneficios del sector el año pasado, cuando aún era momento de bonanza.

La asociación considera que, como los contratos de limpieza son de larga duración (una media de 10 años), los ayuntamientos tienden a confiarse y retrasan el pago de la factura mensual, más ahora que se ven con el agua de la crisis al cuello. Pero también cree que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero podría hacer mucho para ayudar. "Apoyamos la reivindicación de los ayuntamientos: que el Gobierno modifique la Ley de Estabilidad Presupuestaria para permitirles incurrir en déficit como a las comunidades autónomas. Si el Gobierno está dispuesto a inyectar 50.000 millones en su plan de rescate de la banca, podría tomar esta otra medida para salvar el sector privado que gestiona servicios públicos", argumenta Jardón.

Los ayuntamientos están "muy mal" y las empresas van a reclamar "lo suyo". Para empezar, van a exigir el cobro de los intereses por demora que la Ley de Contratos establece cuando el retraso en el pago es excesivo. "Estaríamos hablando de un 11,2% sobre la factura", avisa la asociación. Ya hay empresas que lo cobran a sus ayuntamientos, pero ahora se hará "de forma general".

Aselip ha empezado a pedir entrevistas con los responsables de las grandes ciudades para plantear el problema. Madrid, por ejemplo, ha pasado de pagar en tres meses a hacerlo en cinco. "Y eso que, de los grandes ayuntamientos, es el caso menos malo", afirma Jardón. "En municipios pequeños hay situaciones extremas. Toda la provincia de Granada, excepto la capital, y la de Cádiz... Hay sitios donde se tarda un año en cobrar".

El Ayuntamiento de Madrid, el mayor de España, admite que la crisis está ralentizando los pagos a las empresas que gestionan servicios. "Vamos a intentar que esto no afecte a las pequeñas empresas, como las que realizan la asistencia a domicilio, pero con las grandes sí está ocurriendo. No podemos hacer otra cosa, estamos asfixiados", justifican desde el Consistorio madrileño.

La batalla por la deuda

Los ayuntamientos españoles llevan meses denunciando las dificultades a las que la crisis les ha condenado. El sistema de financiación municipal no se toca desde hace 30 años -al contrario que el autonómico-, y los alcaldes sostienen que la Administración más cercana al ciudadano está al borde del colapso: cada vez presta más servicios con menos dinero. Algunos ayuntamientos, como los de Madrid o Zaragoza, se han endeudado hasta las cejas en años anteriores; otros abusaron de la venta de suelo y ahora piden ayuda al Gobierno cuando las vacas son flacas. Pero todos están realizando desde hace años, sin tener financiación para ello, tareas que competen a otras Administraciones.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria no permite a los ayuntamientos incurrir en déficit (cerrar los presupuestos con más gastos que ingresos), algo de lo que sí pueden echar mano (con límites) el Gobierno y las comunidades. Por eso, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), dirigida por el socialista Pedro Castro, negocia a contrarreloj con Hacienda para que acabe con esa "discriminación". "Estamos convencidos de que el Gobierno entenderá que esto tiene que cambiar", afirma Castro. Los municipios piden que se les deje incurrir en un déficit del 0,5% del PIB (6.000 millones).

Aunque sea un ladrón

2008-11-02T18:44:00.001+01:00

Las detenciones efectuadas en los últimos días en los ayuntamientos de Bigastro, San Fulgencio y Zarra y las informaciones sobre los millonarios ingresos sin justificar del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, investigados por los jueces, han vuelto a poner sobre el tapete de la política valenciana el problema de la corrupción.

Un problema que no es nuevo, que ya afloró a finales de la década de los 80, en una etapa de rápido crecimiento económico, y que acabó arrastrando a la oposición al Gobierno de Felipe González un lustro después.

De finales de los 80 y primeros de los 90 es la destitución del consejero de Obras Públicas, Rafael Blasco, por parte del presidente socialista Joan Lerma, temeroso de ver salpicado su gobierno por escándalos de corrupción urbanística. Y de la misma época es el denominado caso Naseiro, relacionado con la financiación irregular del PP en la Comunidad Valenciana.

Estos dos ejemplos explican en parte, lo sucedido estas últimas semanas en la política valenciana. El temor del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a repetir el error de González le llevó en la legislatura pasada a introducir un buen número de medidas anticorrupción, incluida la creación de una unidad contra los delitos urbanísticos en la Guardia Civil, que ha realizado buena parte de las detenciones de los últimos días, y la reorganización de la Fiscalía Anticorrupción.

Sin embargo, la introducción de nuevos instrumentos de lucha contra la corrupción no ha acabado y difícilmente lo hará, con los espacios oscuros de la política y la Administración pública. Y es ahí donde los propios partidos políticos se convierten en un elemento central para combatir la corrupción.

Es cierto que populares y socialistas han actuado, por voluntad o forzados por las circunstancias, con contundencia cuando los casos de corrupción han estado nítidamente delimitados y sus responsables fácilmente identificados. El ex consejero del PP Luis Fernando Cartagena, condenado por malversación de fondos públicos y falsedad documental en su etapa de alcalde de Orihuela, es el ejemplo más conocido. El más reciente, es el del alcalde socialista de Bigastro, José Joaquín Moya, expulsado del PSPV el mismo día que salía esposado de las dependencias municipales.

Pero también es cierto que, con demasiada facilidad, los dirigentes de los partidos políticos se escudan en pseudoanálisis de carácter moral, que achacan en exclusiva la situación a la falta de civismo de los ciudadanos que votan candidatos corruptos. La consecuencia es que el temor a perder gobiernos locales o provinciales impide a los partidos políticos sustituir a los candidatos manchados. Es ese pánico a las manifestaciones de los descamisados del Partido Justicialista que gritaban por las calles de Buenos Aires "¡Aunque sea un ladrón, queremos a Perón!". Un pánico que hoy se materializa ante las cenas de adhesión y homenaje a los imputados y ante manifestaciones de familiares y vecinos jaleando a los cargos públicos detenidos en distintos municipios de la geografía valenciana como Zarra, Pego o Castellón.

En otras ocasiones, la osadía lleva a manifestaciones aberrantes en democracia, como las de aquellos cargos públicos que afirman que su victoria en las urnas equivale a la absolución por parte de un jurado popular que debería eximirles de rendir cuentas ante los tribunales y ante la opinión pública.

Por eso quizá sea ahora más necesario que nunca recordar la afirmación del sociólogo José María Maravall cuando asegura: "Si los comicios son el único mecanismo para asegurar la responsabilidad de los políticos, si los políticos convierten sus victorias electorales en procesos exoneradores, y si entre una elección y otra sólo atienden a sus responsabilidades legales, entonces el Parlamento se vuelve irrelevante y la confrontación política se traslada al terreno judicial".

Es posible que en medio de los escándalos de las últimas semanas sea difícil retener en la memoria que el alcalde socialista de Bigastro, reelegido una y otra vez desde hace más de 20 años, tiene también presentada una denuncia por negarse a facilitar información a los grupos municipales, o que cada vez que la oposición exige explicaciones sobre Carlos Fabra las mayorías del PP declaran tabú la cuestión. Pero quizá sea bueno recordarlo si sirve para que las explicaciones que se reclaman los partidos y los políticos entre sí se puedan escuchar en las instituciones donde representan a los ciudadanos.

JOAQUÍN FERRANDIS 02/11/2008 -El Pais Comunidad Valenciana

La FEMP se reunirá con el Presidente del Gobierno para hablar sobre financiación local

2008-11-01T14:07:00.002+01:00

El Presidente de la FEMP, Pedro Castro, se reunirá en la primera quincena de noviembre con el Presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero para hablar sobre el nuevo modelo de financiación local. Así lo ha anunciado Pedro Castro al término de la reunión de la Comisión Ejecutiva de la FEMP, celebrada en Palma de Mallorca.

Pedro Castro comentó, al término de esta reunión, que ha recibido una respuesta por carta del Presidente del Gobierno en la que le indica expresamente su intención de abordar con la dirección de la FEMP los problemas que aquejan en estos momentos a las haciendas locales y las propuestas de los Ayuntamientos sobre el nuevo modelo de financiación, entre otros asuntos. El Alcalde de Getafe destacó el gesto de Zapatero, por ser la primera vez que un Presidente del Gobierno se dirige a la FEMP para hablar de financiación.

Al respecto, manifestó que piensa trasladar a Zapatero la necesidad de que la negociación siga adelante para alcanzar cuanto antes un acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación, aunque el sistema no entre en vigor hasta el 2010. “Ahora es el momento del dialogo, de ejercer la responsabilidad y de arrimar el hombro frente a la crisis”, afirmó.

Pedro Castro también destacó la necesidad de que el Gobierno afronte la regulación de la participación de los Gobiernos Locales en los ingresos tributarios de las Comunidades Autónomas. La FEMP ha encargado un dictamen a expertos de la Universidad Carlos III, cuyo primer avance ya obra en poder de la Federación, en el que se fundamenta y se fija la base jurídica sobre la obligación constitucional que tienen las CCAA de establecer fondos de financiación no finalistas y la obligación de garantizar la suficiencia financiera de las haciendas locales, derivada de artículo 142 de la Constitución.

Por otro lado, el Presidente de la FEMP insistió en la necesidad de que se aborde con carácter urgente la redacción del nuevo Estatuto del Gobierno Local, para lo cual, anunció, se entrevistará la próxima semana con la Ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado.

Enmiendas a los Presupuestos 2009

En su comparecencia ante los medios, Castro informó además que la Comisión Ejecutiva acordó pedir una entrevista con el Vicepresidente segundo y Ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, para trasladarle las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado 2009 aprobadas por el máximo órgano directivo de la Federación. El texto de estas enmiendas se remitirá de forma inmediata a los portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso y del Senado.

Las propuestas de la FEMP plantean el mantenimiento de los anticipos a cuenta en la liquidación definitiva a las Entidades Locales, en los mismos términos y cantidades contempladas en los Presupuestos de 2008; que las entregas a cuenta a los Ayuntamientos se produzcan con el mismo criterio que a las Comunidades Autónomas, es decir, que se aplique el 98% en lugar del 95% como hasta ahora; y que se establezca un fondo de nivelación de 80 millones de euros destinado a los pequeños municipios.

Además, la FEMP presentará otras enmiendas relativas a la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria a los Ayuntamientos con el mismo criterio que las Comunidades Autónomas y la creación de mecanismos para que los disminuyan los ingresos por las plusvalías, en concreto la modificación de la base imponible del Impuesto de Plusvalías conforme a valores homogéneos similares a los utilizados en los impuestos autonómicos.

Pedro Castro exige una rápida respuesta del Gobierno sobre la aplicación de la Estabilidad Presupuestaria en los Ayuntamientos

El Presidente de la FEMP, Pedro Castro, ha pedido que se apliquen a los Gobiernos Locales los mismos criterios que a las Comunidades Autónomas en la ejecución de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Del mismo modo, exige que se adopten los mecanismos oportunos para que los Ayuntamientos no vean disminuidos sus ingresos por las plusvalías.

Por ello, demanda una pronta respuesta del Gobierno a ambas reclamaciones.

En concreto, la FEMP solicita la modificación de la base imponible del Impuesto de Plusvalías conforme a valores homogéneos similares a los utilizados en los impuestos autonómicos.

Estas dos propuestas están incluidas en los cinco puntos de “exigencias mínimas” que la Comisión Ejecutiva de la FEMP aprobó en su última reunión y que, posteriormente, fueron remitidos al Ministro de Economía y Hacienda y a los Grupos Parlamentarios.

Castro ha informado que en la última reunión de la Comisión bilateral FEMP – Gobierno para la reforma de la financiación local, celebrada el viernes de 10 de octubre, el Gobierno anunció su intención de vincular los otros tres puntos * (ver asterisco) del documento sobre “exigencias mínimas” a la negociación sobre el nuevo modelo de financiación.

Los representantes locales en esta Comisión bilateral son el Presidente de la Comisión de Haciendas y Financiación Local de la FEMP y Alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes; el Teniente Alcalde de Madrid y Vicepresidente de esta Comisión, Juan Bravo; y los portavoces de los grupos políticos de la Federación, Ramón Ropero, Alcalde de Villafranca de los Barros (PSOE), Fernando Martínez Maillo, Presidente de la Diputación de Zamora (PP), y Rosa Aguilar, Alcaldesa de Córdoba (IU).

Presupuestos en época de crisis

2008-11-01T13:56:00.002+01:00

Joan Subirats 30/10/2008

En este final de año, en pleno alud de cambios de difícil conceptualización, les toca aprobar presupuestos a las administraciones públicas, con las dificultades que comporta una restricción súbita de ingresos y unas demandas de gasto al alza. Es precisamente en momentos como éstos cuando es importante examinar y debatir en profundidad esa expresión numérica de los objetivos de un Gobierno que son los presupuestos. Y me temo que no tenemos buenos mimbres con los que construir tal debate, más allá de las previsibles descalificaciones genéricas por parte de la oposición. No es serio, por ejemplo, que en algunas administraciones se pretenda evitar un debate políticamente significativo sobre en qué partidas incrementar, mantener o rebajar el gasto, y para ello se adopte la salida fácil y tradicional de recortar a todos por igual. Tampoco parece razonable adoptar una posición de excepcionalidad, proponiendo que todos los partidos de la oposición arrimen el hombro y voten con el Gobierno los presupuestos para demostrar así que es más importante la unidad que la discusión sobre las bases conceptuales (o sea, ideológicas y de valores) del presupuesto y sus concreciones sustantivas y operativas. Hemos de reconocer que los gobiernos en España, tanto de la esfera estatal como de las esferas de gobierno autonómica o local, no disponen de capacidades analíticas suficientes como para poder discriminar y discutir con seriedad prioridades, cuando el sistema de control de gestión que tienen establecido sólo les suministra información sobre el grado de ejecución presupuestaria y la legalidad contable. Son escasos los ámbitos de gestión pública que dispongan hoy de informaciones serias y contrastables sobre resultados de la acción pública y sobre el grado de impacto o de cumplimiento de objetivos alcanzado. Y de esta manera, la navegación se basa más en la experiencia e intuición del piloto que en certezas y puntos de referencia precisos.

La costumbre dispone que lo importante es saber de qué cantidad dispone el gestor a primeros de año y el grado de ejecución de esos recursos a finales del mismo. Ése será el punto clave que indicará una mejor o peor posición para abordar la discusión del nuevo presupuesto. En ese escenario, todo el énfasis se pone en el debate sobre la cuantía del gasto departamento por departamento, política por política, y no tanto en prioridades establecidas y resultados obtenidos. El sentido común indicaría que los presupuestos de los distintos gobiernos deberían examinar con detalle los impactos que tendrá la nueva situación económica y social, y disponer la distribución de recursos con arreglo a ello. Pero los compromisos que se arrastran año a año, las rigideces del sistema de función pública y la poca capacidad de generar información para la navegación reducen en muchos casos esa capacidad de cambio a proporciones muy limitadas. Lo que ha resultado sorprendente para mucha gente es la rapidez con que se han prometido enormes cantidades de recursos para el rescate financiero, cuando cualquiera que propusiera inversiones de tal calibre para asuntos de interés social sería inmediatamente tachado de insensato. Estamos viendo como se apuntan serias dificultades económicas para mantener el proceso de implementación de las previsiones de la llamada ley de defensa de la autonomía y de atención a la dependencia, o se anuncian recortes muy significativos en muchas áreas, y en cambio uno se marea cuando oye hablar de las cuantías de los fondos destinados a reducir los efectos de la crisis financiera. ¿Podremos saber algún día en qué se han gastado concretamente esos recursos, qué efectos ha tenido su asignación? ¿Podremos comparar esos resultados con el grado de mejora en la calidad de vida de las personas que sufren procesos de dependencia? ¿Tenemos, en definitiva, información suficiente nosotros y los parlamentarios o concejales para discutir políticamente, es decir, relacionando valores y prioridades, la distribución presupuestaria?

Necesitamos que las entidades, las asociaciones, las organizaciones no gubernamentales, no estén sólo pendientes de cómo han quedado en la foto de las previsiones presupuestarias del año próximo y se preocupen también por discutir cuél ha sido el destino de los fondos y los resultados obtenidos con esta o aquella actuación de los poderes públicos. En un país como Estados Unidos, existe la sana costumbre de relacionar coste con resultados. El próximo 4 de noviembre, los estadounidenses no sólo votarán a quién quieren de presidente, sino que podrán votar si así lo desean en centenares y centenares de referéndos y consultas que se presentan en muchos estados y municipios del país. Y en buena parte de esas consultas se relaciona de manera directa una medida concreta que impulsa un grupo de ciudadanos con el coste que ello supone. Aquí, con partidas de difícil localización en los inextricables capítulos presupuestarios, aún no sabemos a quién recriminar cuando se produce una noticia aparentemente escandalosa sobre este o aquel automóvil, no podemos discutir si es mejor o peor que exista un pool de coches oficiales, o si lo que resultaría más eficiente sería usar taxis. Hablamos de copago y lo relacionamos con exceso de frecuentación del sistema sanitario, pero no está nada claro este nexo de causalidad, sobre todo si no discutimos previamente formas de organización sanitaria o mecanismos de distribución de fármacos. Los pocos ejemplos de participación ciudadana en el debate sobre los presupuestos públicos ponen de manifiesto el alto grado de educación cívica que permiten. Nos falta transparencia y pedagogía presupuestaria e información sobre el ciclo que relaciona recursos e impactos. Si no avanzamos en esa línea, lo normal es que la desconfianza aumente y que la sospecha sobre el despilfarro público o el trato de favor a ciertas élites económicas siga creciendo.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona.

La crisis económica dispara los impuestos

2008-10-28T08:38:00.002+01:00

El Ayuntamiento aumenta las plusvalías un 7,44%, las tasas de basura y vados un 5%, y de veladores, un 9,25%
Al concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Alicante, Juan Zaragoza, no le cuadran las cuentas del presupuesto municipal de 2009. Para compensar las pérdidas de ingresos en las arcas municipales ha decidido incrementar las tasas e impuestos con el fin de minimizar el impacto negativo de la crisis económica. Así, la Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante aprobó ayer la actualización de cuatro tasas municipales. Entre ellas, las plusvalías, que grava el incremento del valor de los terrenos urbanos, que suben una media del 7,44%, así como las tasas de basuras y de vados, que se aumentan un 5% lineal, y la tasas de veladores, que sube 9,25%.

El concejal de Hacienda indicó ayer que estos incrementos se han aprobado para actualizar las tasas con el IPC, y anunció que la intención del equipo de Gobierno es que esta equiparación "se haga todos los años, como hacen la mayoría de los ayuntamientos". Zaragoza señaló también que este incremento supondrá una recaudación adicional de "un millón de euros frente a los entre 30 y 38 millones de euros menos que tiene previsto ingresar el Ayuntamiento en 2009 respecto del presente año" .

Zaragoza refirió que se modificará la ordenanza del plusvalías para cambiar los coeficientes de incremento anual "con la intención de gravar aquellas compraventas que se produzcan en el menor espacio de tiempo para tratar de evitar la especulación con las compras y ventas de cualquier tipo de suelo". Así, el coeficiente anual de la plusvalía se incrementaría para 2009 entre en un 0,3 y un 0,7% dependiendo del periodo de cómputo de las propiedades que se transmitan. Sobre esta tasa Juan Zaragoza destacó que se utilizan valores de suelo que provenían de "la revisión catastral de 1996", por lo que se tratan de valores "muy desfasados en relación con los precios de mercado actuales".

Sobre el incremento en la tasa de basuras, indicó que ésta "no se actualiza desde 2006", y el IPC desde 2006 hasta septiembre de 2008 "subió un 9,4%" frente a la actualización de la tarifa del 5 por ciento planteada ayer en la Junta de Gobierno. Con este incremento en la tasa, las viviendas con una superficie construida de hasta 104 metros cuadrados verán como la cuota de basura aumentará en 2009 entre 0,97 y 1,70 euros anuales, mientras que aquellas que superen los 104 metros cuadrados tendrán un incremento de entre 1,41 y 2,47 euros.

Respecto a la tasa de vados, el concejal de Hacienda destacó que la ordenanza no se modifica desde el 30 de junio de 2000 y desde esa fecha hasta septiembre de 2008 el IPC ha crecido en un 30,5 %, mientras que la actualización propuesta para esta tasa es del 5%.

Bajada de ingresos
El concejal de Hacienda reconoció ayer que las previsiones del Ayuntamiento de Alicante es que el próximo año los ingresos municipales en concepto de impuesto de construcciones y obras (ICIO) y de plusvalías se reduzca en más de 15 millones de euros. El edil popular recordó que la previsión para 2008 era ingresar 14,3 millones de euros por licencias de obras y 9,9 por el incremento del valor de los terrenos urbanos, pero que no se alcanzará esta cifra dado el bajo número de viviendas que se están construyendo.

Esta tendencia a la baja en el ritmo de las obras hace prever que las previsiones de ingresos para 2009 se hayan estimado en tan sólo 3 millones de euros en el primero de los casos, lo que representa una caída del 80%, y de 5,3 millones por las plusvalías, es decir más de un 50%.

A ello hay que añadir, según señaló Zaragoza, la reducción de entre 7 y 9 millones de euros de transferencias del Estado, por lo que el presupuesto municipal de próximo año bajará entre 30 y 38 millones de euros, y se quedará en aproximadamente 217 millones de euros.

Para compensar las pérdidas por estos ingresos, el Ayuntamiento aprobó ayer el incremento de cuatro tasas, y en próximas reuniones de la Junta de Gobierno se incrementará el resto de tasas.

fuente:28.10.08 -

T. R.| ALICANTE

La Administración y sus 'altos secretos'

2008-10-27T18:20:00.003+01:00

Los organismos oficiales ocultan a los ciudadanos información pública -
Una nueva ley regulará en España el derecho a saber

ROSARIO G. GÓMEZ 27/10/2008 reportaje El País

Obtener información oficial, acceder a archivos públicos o recabar datos de la Administración es, más que un derecho, un calvario. A diferencia de lo que ocurre en casi toda Europa (en Suecia, desde 1766), en España no existe ninguna ley que garantice la transparencia. Nada ni nadie obliga a instituciones, fundaciones o entidades privadas financiadas con dinero público a proporcionar datos a los ciudadanos. El oscurantismo es la única norma que se cumple a rajatabla. Impera la ley del top secret.

El 28 de septiembre es el día internacional del derecho a saber, pero la Administración española no parece tener esa fecha en el calendario. Esta situación, sin embargo, puede tocar a su fin. El Gobierno se ha comprometido a promover una ley que garantice "el mayor acceso posible a la información pública". Zapatero hizo el solemne anuncio en la clausura de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como respuesta a una petición expresa de este organismo, que agrupa a 1.300 publicaciones. La SIP subrayaba la necesidad de que las autoridades españolas pongan en marcha "de manera inmediata" una ley que reconozca y regule el derecho de los ciudadanos a acceder "de manera rápida, gratuita y efectiva" a los archivos y registros administrativos en manos de autoridades y organismos públicos.

Posiblemente esta ley sea el milagro que esperan los valencianos para saber lo que costó a las arcas públicas la visita de Benedicto XVI hace dos años. Casi los mismos que el diputado autonómico socialista José Camarasa lleva reclamando el alcance de la factura del multitudinario Encuentro de las Familias de julio de 2006. Cada poco tiempo plantea la cuestión al Gobierno que preside el popular Francisco Camps. "Estoy colapsado", se lamenta Camarasa. "He preguntado seis o siete veces sobre el coste del viaje del Papa y me contestan que el desembolso de dinero público fue el que correspondió a la organización de gastos propios de la visita. Repregunto, y lo mismo". En definitiva, "un diálogo propio de los hermanos Marx", que el parlamentario regional atribuye a "una táctica sistemática del Consell que consiste en no contestar las preguntas que le puedan perjudicar".

Conocer las listas de espera de los hospitales, los contratos inmobiliarios de las fundaciones que reciben subvención, el número de personas expulsadas de territorio español, el porcentaje de soldados que han sufrido accidentes en Irak, los kilómetros de carril bici en Madrid o cómo se reparte el dinero que recauda la SGAE es una misión titánica. "La ley es absolutamente necesaria. Cualquier persona que quiera acceder a una información, aunque sea inocua, se encuentra ante una carrera de obstáculos", constata el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz Severiano Fernández. ¿De quién es la culpa? "Hoy por hoy, los funcionarios acuden a todo tipo de excusas para ocultar la información, incluido el famoso silencio administrativo. La callada por respuesta es la forma más fácil y cómoda de ocultar la información. El ciudadano se encuentra en una situación de indefensión; a no ser que se embarque en los tribunales, un proceso que no deja de ser largo y costoso", explica Fernández.

Con una ley de libre acceso a la información, similar a la que disfrutan al menos 78 países en todo el mundo, se acabaría esta secular opacidad. El Consejo de Europa tiene ya sobre la mesa el primer tratado internacional dedicado a este derecho, una convención que podría ver la luz en 2009. "La Administración española quiere ser moderna, pero en esta materia va por detrás de países como México", subraya Fernández. Está incluso más rezagada que Guatemala, que acaba de aprobar una norma que obliga a los distintos organismos del Estado a revelar desde los contratos de los asesores a los gastos de representación pasado por todo tipo de convenios urbanísticos.

Si se consigue una Administración transparente se verá que "hay servicios que funcionan mal" y "funcionarios que a menudo se han apropiado de parcelas de poder que no les corresponden", apunta Manuel Sánchez de Diego, profesor de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. "La Administración, cuando regula, tiene miedo de que se le haga trabajar o de que se puedan descubrir sus pequeños secretillos. Muchos funcionarios deberían cambiar de mentalidad; no son guardianes de secretos", añade en tono irónico.

Aunque Zapatero anunció su regulación hace apenas tres semanas, no es la primera vez que la ley de transparencia sale a escena. Aparecía ya en el programa electoral de los socialistas en 2004 y 2008. "Impulsaremos una ley sobre el derecho al libre acceso a la información que garantice que todos los poderes, autoridades públicas y entidades sostenidas con fondos públicos faciliten, en tiempo útil, el libre acceso a toda información o documento oficial, con la única excepción de lo que atente a la legislación de protección de datos o de secretos oficiales".

Promesa incumplida en la primera legislatura y trabajo extra para Access Info Europe, organización que aboga por la transparencia informativa en el Viejo Continente y contribuye a su desarrollo a escala mundial. La entidad -que forma parte junto a otra veintena de la Coalición Pro Acceso- ha recogido las quejas de los ciudadanos ante el cerrojazo de la Administración en Cuando lo público no es público, documento que refleja una serie de casos en los que la autoridad competente ha mirado hacia otro lado.

Las peticiones formuladas no se refieren precisamente a secretos de Estado. A menos que la definición de "envase" lo sea. Access Info cuenta el ejemplo de un ciudadano que quiso saber lo que la Administración entendía por "envase" para poder reciclar. No tuvo éxito. Tampoco recibió respuesta aquel otro que solicitó al Ministerio de Cultura la memoria de la SGAE y de VEGAP sobre el empleo del dinero que recibe en concepto de canon digital. Aunque tratándose de la SGAE, organismo poco dado a la transparencia de sus cuentas, bien pudieran considerarse tales informes como top secret. Cultura esquivó dar las memorias pedidas porque "no forman parte de un expediente administrativo". Access Info considera que la sociedad tiene derecho a saber cómo se está empleando este dinero. Por eso ha presentado un recurso ante los tribunales.

Todos los males proceden de uno: España es de los pocos países de europeos que carece de una ley que regule el derecho de acceso de los ciudadanos a datos y archivos oficiales. Sólo Grecia, Luxemburgo y Chipre están en la misma situación. Malta, que también integraba el club de los sindatos, ha tomado la delantera y ya que está tramitando en el Parlamento la Freedom of Information Act.

Al frente de la asesoría jurídica de Access Info Europe, Eva Moraga afirma que el derecho de acceso es un instrumento clave para garantizar la transparencia. "Cualquier persona puede pedir a cualquier poder público o entidad privada si opera con fondos públicos, información sobre su actividad o sobre los servicios que presta". Además, no tiene que explicar para qué la quiere ni el uso que hará de ella. Sánchez de Diego lo resume en dos líneas: "Tengo derecho a que me informen porque tengo curiosidad".

El seguimiento llevado a cabo por Access Info echa por tierra esa declaración de intenciones. Tras seguir el rastro de 41 solicitudes de datos presentadas por diferentes personas a distintos organismos públicos llega a una conclusión demoledora: el 78% de las peticiones no recibieron la información solicitada -en unos casos la contestación denegaba los datos (43%) y en otros, sencillamente, se optó por el silencio (35%). Sólo en un 22% de las consultas se ofrecieron los datos requeridos.

El silencio administrativo "no vale" porque "supone una violación de un derecho fundamental", se queja Moraga. "Hay que cambiar los usos. El ciudadano tiene derecho a estar bien informado para participar en la vida pública con conocimiento de causa". En la misma línea insiste el profesor Sánchez de Diego, que ancla el derecho de acceso directamente en el artículo 20 de la Constitución: "El derecho a la libertad de información abarca el derecho a emitir, recibir y buscar información. Es un derecho fundamental". Recuerda que el artículo 105 -argumentado por algunos- no está en el catálogo de los derechos fundamentales, sino que afecta a la Administración, "la otra cara de la moneda". Por eso, sostiene que la nueva norma debería tramitarse como ley orgánica, lo que requiere "un mayor consenso entre los partidos políticos".

Aunque España siga sin oírlo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha dejado claro: el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión comprende "no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole". Y añade que el Estado tiene la "obligación positiva" de suministrar la información.

Se trata, además, de un derecho universal. Pese a que la materia prima es la información, no es exclusivo de los periodistas. Como subraya el abogado Ángel García Castillejo -autor del libro Régimen jurídico del profesional de la información- afecta a todos los ciudadanos. "Es de cajón. Es inconcebible que a estas alturas no esté disponible". Lo importante, además del reconocimiento del derecho, es "que se faciliten las herramientas para que la búsqueda de la información sea efectiva". Llevar a cabo la tramitación no deberá ser un rompecabezas ni provocar quebraderos de cabeza en el solicitante. Se trata de que sea un proceso sencillo, rápido y gratuito. Y, sobre todo, que la respuesta no discurra por los circunloquios propios del lenguaje oficial, sino que sea bien entendida por quien la recibe. "El lenguaje debe ser comprensible y la respuesta rápida. No vale que la Administración se vaya tirando la pelota de un sitio a otro, ni el clásico 'vuelva usted mañana", apunta Sánchez de Diego.

El tiempo de respuesta es una pieza importante (la mayoría de las legislaciones lo acotan a un máximo de 15 días) para que las peticiones no se eternicen. La media de los casos en España analizados por Access Info es de 38 días, aunque en algunas ocasiones la respuesta ha estado seis meses en el congelador. Y a veces, sigue ahí. Moraga recuerda que en Suecia la contestación debe ser inmediata. "Es un caso extremo. Se establecen plazos de 24 ó 48 horas. Y si la búsqueda de datos es compleja y va a tardar una semana el funcionario de turno llama al solicitante para explicárselo".

A la hora de determinar quién ha de velar por la transparencia, Moraga se inclina por el modelo del Reino Unido: un organismo independiente. Sánchez de Diego considera podría recaer en una institución similar a la del Defensor del Pueblo o la Agencia de Protección de Datos. Pero sobre todo, hace falta que sea obligatoria en los distintos escalones de la Administración: estatal, autonómica y local. Quizá así, Camarasa pueda saber en esta legislatura lo que costó la visita pastoral de 2006.

Las frases

"Los funcionarios se creen guardianes de secretos", se queja un experto

Camarasa: "El diálogo con el Consell es propio de los hermanos Marx"

España es uno de los cuatro países de la UE que carecen de regulación

Zapatero se ha comprometido a promover una ley en esta legislatura

El 78% de las solicitudes no recibieron respuesta satisfactoria

Los datos sobre seguridad nacional y vida privada estarán protegidos

El libre acceso a la información se plantea como un derecho fundamental

El proceso para obtener documentos debe ser rápido, sencillo y gratuito

Unos casos

LISTAS DE ESPERA

Conocer las listas de espera hospitalaria es una carrera de obstáculos. Las comunidades, que tienen transferidas las competencias en materia de Sanidad, se escudan en que los datos los proporciona el Ministerio. Y viceversa. Es la técnica de pasarse la pelota entre Administraciones.

CARRIL BICI

El Ayuntamiento de Madrid echó mano del socorrido silencio administrativo cuando un ciudadano pidió información sobre el número de kilómetros de carril bici en el área metropolitana y el porcentaje de esos kilómetros que están situados en la zona circundada por la M-30.

MEMORIA DE LA SGAE

El Ministerio de Cultura no facilitó los informes de la Sociedad General de Autores a un ciudadano que quería saber cómo se emplea el dinero del canon digital. Denegó las memorias de las entidades de gestión SGAE y VEGAP de 2006 porque "no forman parte de un expediente administrativo". Access Info ha acudido a los tribunales porque es "de claro interés público".

VISITA DEL PAPA

Los intentos del diputado socialista José Camarasa por saber el coste de la visita del Papa a Valencia en 2006 se han estrellado contra el Gobierno regional. Apenas ha visto una factura: la de los 9.969,60 euros que El Corte Inglés cobró a la Consejería de Presidencia por "los servicios prestados" por su división de congresos y convenciones. Camarasa no se conforma.

EDIFICIOS DE JUSTICIA

El Ministerio de Justicia negó a un ciudadano datos sobre los inmuebles arrendados en Madrid y la renta mensual que paga. Alegó que los documentos formaban parte de expedientes abiertos, puesto que "la relación jurídica derivada del contrato de arrendamiento", seguía vigente. El argumento "facilita el oscurantismo y obstaculiza la fiscalización de la acción pública", dice Access Info.

SOLDADOS

Una solicitante formuló cuatro preguntas a Defensa: número de inmuebles vendidos en 2007, soldados tratados por traumas posconflicto, denuncias contra miembros de las Fuerzas Armadas por discriminación de género y militares accidentados en Irak y Afganistán desde 2001. Nada de esto "constituye materia propia de la información administrativa", opinó el Ministerio.

El Ayuntamiento sube un 5% las tasas, incluyendo la de basuras

2008-10-24T08:37:00.005+02:00

MANUEL DOPAZO

El concejal de Hacienda afirma que es una "actualización" y anuncia que a partir de ahora todos los años se incrementará el IPC de los tributos municipales para evitar los desfases

El Ayuntamiento de Alicante subirá las tasas municipales en un cinco por ciento, incluida la de basuras, para su entrada en vigor el 1 de enero próximo. La única excepción será la tasa de mercados municipales. El concejal de Hacienda, Juan Zaragoza, por el contrario, rechaza que se trate de una subida y habla de "actualización". Además, a partir de ahora, este incremento de las tasas se llevará a cabo todos los años por el importe del IPC. La subida también afecta al impuesto de incremento del valor de los terrenos urbanos, más conocido como impuesto de plusvalía, que sube una media del 7,4 por ciento.La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, tiene que enfrentarse, apenas unas semanas después de asumir su cargo, a una medida municipal tan impopular como la subida de tributos y especialmente de la tasa de basuras, que afecta a los ciudadanos de toda condición y cuya reimplantación en 2002 provocó una gran polémica, ya que hay que recordar que fue suprimida en 1989 porque se incluyó en el impuesto de bienes inmuebles. La anterior revisión al alza de este tributo fue en 2005.La subida del 5 por ciento afectará también a las tasas de vados, ocupación de vía pública, mesas y veladores de bares en terrazas públicas, e incluso a la grúa y todas las demás. La única excepción, según señaló el concejal de Hacienda, será la tasa de los mercados y mercadillos municipales, que permanecerá congelada. Estas subidas de las tasas, además, se repetirán a partir de ahora todos los años, en contra de lo que se ha venido haciendo por el Ayuntamiento, que esperaba varios años para incrementarlas. El edil de Hacienda asegura que lo que hace el Ayuntamiento "no es una subida sino una actualización" y recalca que la repercusión sobre el bolsillo del ciudadano será la del IPC, recordando al respecto que este año la previsión apunta a que dicho IPC suba incluso más del 5 por ciento.Con respecto a la tasa de basura, Zaragoza recalca que con lo que se recauda e incluyendo el incremento previsto del 5 por ciento sólo se alcanza a pagar el 41 por ciento del coste de la recogida de residuos. Así, según los datos de Juan Zaragoza, el coste anual de la recogida de basuras es de casi 20 millones de euros, mientras que el importe de todos los recibos a cobrar apenas supera los 8 millones.En cuanto a la subida anual que se va a aplicar a partir de ahora, Zaragoza afirma que se trata de "actualizaciones" para evitar su desfase.En lo referente al impuesto de plusvalía, el incremento no se puede aplicar sobre el tipo impositivo, ya que el Ayuntamiento tiene fijado el máximo previsto por la ley, que es el 30 por ciento. Por tanto, la subida se aplica sobre el porcentaje de incremento anual del valor del suelo. Zaragoza explica al respecto que la subida será mayor cuando se computen pocos años, por entenderse que comprende las transmisiones de suelo de carácter especulativo, mientras que será menor para los cómputos de 11 a 15 años, y se congela desde los 16 a los 20 años.Por último, el presupuesto municipal para 2009 presenta una novedad y es que por primera vez el grupo socialista ha sido invitado a que presente propuestas antes de su aprobación, para su inclusión en el mismo si se consideran aceptables por el equipo de gobierno del PP. Hasta ahora, el PSOE conocía el presupuesto cuando se sometía a aprobación y su única posibilidad de intervenir era mediante la presentación de enmiendas. La presentación de propuestas por parte del PSOE fue abordada ayer en una comida de trabajo de Zaragoza con el portavoz socialista, Roque Moreno, y el también edil socialista edil Ángel Pernías.

ALICANTE
El recorte de ingresos lleva al Ayuntamiento a aumentar las tasas un 5%
El Consistorio lamenta que el Gobierno vaya a reducir su aportación entre siete y diez millones de euros Las primeras subidas se aplicarán en el recibo de las basuras y en la plusvalía
24.10.08 -
JOSÉ F. PICÓ

Con un recorte de alrededor de 38 millones de euros en los ingresos municipales previstos para el 2009, tal y como avanzó este diario el pasado martes, el equipo de gobierno municipal está haciendo encaje de bolillos. La Verdad informó de que la tijera afectará, entre otros, a los gastos de protocolo y a nuevas inversiones, que prácticamente no habrá, y sólo se salvarán áreas como Acción Social, Servicios y Mantenimiento y Seguridad. Pero las medidas presupuestarias van más allá. Hace falta dinero para mantener los servicios y, aunque los impuestos no van a subir, con alguna excepción, sí lo harán las tasas.No habrá que esperar a conocer las cuentas del 2009 para comprobarlo. El próximo lunes, la Junta de Gobierno Local prevé aprobar sendas modificaciones de ordenanzas fiscales para aumentar los ingresos municipales en un millón de euros. Y no serán las únicas. En próximas juntas habrá más cambios. En este primer paquete se encuentran el impuesto de la plusvalía y la tasa de basuras. Luego vendrá el resto: vados, veladores, uso de instalaciones deportivas...El recibo de la basura subirá el próximo año un 5%, mientras que la plusvalía también aumenta sus coeficientes, aunque este impuesto sólo lo abona quien realiza, por ejemplo, la venta de una vivienda.Vados y veladoresCuando llegue la tasa de vados, el aumento previsto también será del 5%. Así, el titular de un vado de hasta cuatro metros de longitud pasará de pagar 222 euros al año a abonar 233. Y también llegará el incremento de la tasa de veladores, que en este caso ascenderá al 9%, aunque la modificación de la ordenanza también incluirá beneficios fiscalesEl concejal de Hacienda, Juan Zaragoza, explicó que, en general, se trata de una actualización de las tasas al IPC. En algunos casos, el precio del servicio no ha variado desde hace años, como ocurre, por ejemplo, con la tasa de venta ambulante. Ni siquiera ha aumentado cada ejercicio con el Índice de Precios al Consumo (IPC).Zaragoza reconoció que los ajustes serán «muy importantes» debido a la falta de ingresos. En este sentido, aseguró que «hasta el Gobierno central colabora en esta asfixia económica, con un recorte de su aportación de entre siete y diez millones de euros». Además, lamentó que «lo que aún nos tiene que pagar del 2007, no llegará hasta mediados o finales del próximo año».
DATOS
Qué: Aumento de la tasa de basuras y del impuesto de la plusvalía.Cuándo: El primer trámite será el lunes, con la aprobación de ambas propuestas por parte de la Junta de Gobierno Local.Por qué: La reducción de los ingresos municipales para el 2009 rondará los 38 millones de euros, según los primeros cálculos.Las primeras medidasModificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de residuos sólidos urbanos (basuras): La propuesta supone un incremento del 5% de la tarifa. En la actualidad, la recaudación obtenida apenas cubre el 39% del servicio, el resto lo asume el Ayuntamiento de sus presupuestos. Con el aumento se logra cubrir únicamente el 40,95%.Modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía): Con el aumento de los coeficientes a aplicar, el Ayuntamiento espera un aumento de la liquidación del 7,44%.

Alicante
El Ayuntamiento incrementa un 5% las tasas de basura y vados y un 9%, la de veladores
El edil de Hacienda anuncia que aumentarán los impuestos locales, que no se actualizan desde hace años, para ajustar el presupuesto
24.10.08 -
T. R.
ALICANTE

Ajustar el presupuesto municipal de 2009 a los tiempos de crisis. Este es el objetivo del Ayuntamiento de Alicante que prevé incrementar las tasas que cobra por la prestación de los servicios públicos un mínimo del 5%, es decir, el índice anual de precios al consumo (IPC). Aumento que, a partir de ahora, se aplicará en cada ejercicio. Así la Junta de Gobierno Local aprobará el lunes la modificación de las ordenanzas fiscales referidas a la tasa de recogida de basuras y las plusvalías.En el primero de los casos, el aumento de los recibos será de un 5% lineal, de tal manera que las viviendas de hasta 104 metros cuadrados situadas en vías de primera categoría pagarán 35,68 euros, mientras que los que se hallen en vías de segunda, tercera y cuarta categoría pagarán 30,58, 25,48 y 20,38 euros, respectivamente. Si la vivienda supera la superficie de los 104 metros cuadrados, la cuota pasará a ser de 51,79 euros en vías de primera categoría, y 44,39, 36,99 y 29,59 euros en el resto. El concejal de Hacienda, Juan Zaragoza, indicó que, pese a esta subida de las tasas, sólo se cubrirá el 40% del coste del servicio de recogida de basuras. En el caso de las plusvalías el incremento estimado en la liquidación de este impuesto es del 7,44% de la cuota íntegra.Además, el equipo municipal de Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento tiene previsto en las próximas semanas modificar también las ordenanzas fiscales de vados, que subirán un 5%, lo que representa 11 euros anuales, y de veladores, que experimentarán un incremento del 9%, es decir, que subirán de 3,63 euros por metro cuadrado y mes hasta los 3,92 euros.No obstante, según indicó el concejal de Hacienda, a los establecimientos afectados por obras se les reducirá hasta un 90% el importe de la tasa de veladores. Reducción que se les mantendrá en años sucesivos en función de la recuperación económica del negocio. También por cambio de mobiliario se les reducirá en un 50% el primer año y un 35% y el 15% en el segundo y tercer año, respectivamente . Zaragoza justificó la subida de las tasas en el hecho de que algunas de ellas, como las de los mercados municipales o la venta ambulante, "llevan años sin modificarse, por lo que es necesario ajustarlas a la actualidad", si bien resaltó que no se hará con carácter retroactivo. Argumentó que el incremento previsto de la veintena de tasas que cobra el Ayuntamiento "representará unos ingresos de sólo un millón de euros, lo que supondrá un pequeño respiro para las arcas municipales".Presupuestos de 2009 Añadió que este año, como consecuencia de la crisis, se producirá una reducción de las transferencias del Estado y una bajada en los ingresos, sobre todo de licencias de obras y construcciones, que obligan a rebajar el presupuesto de 2009 entre 30 y 38 millones de euros con respecto al de este año que ascendía a 255 millones de euros. Zaragoza señaló que "el objetivo es que las áreas de Acción Social, Servicios y Mantenimiento y Seguridad se mantengan, y recortar el gasto corriente". En cualquier caso indicó que "se mantendrán las inversiones que están en marcha, que cuentan con 45 millones de euros, y los proyectos que tienen ya consignación presupuestaria como el Palacio de Congresos en Sangueta o la Estación de Autobuses provisional". Tampoco se verán afectadas los proyectos que se acordaron entre el ex alcalde, Luis Díaz Alperi, y el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. En cambio, se reducirá en un 33% e incluso podría desaparecer los gastos de protocolo.

Bilbao es el ayuntamiento más transparente de España

2008-10-06T08:49:00.002+02:00

El alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, recibe de manos del presidente de Transparency International España, Jesús Lizcano, el I Premio de Transparencia Municipal, que la ONG ha otorgado a esta ciudad. / EFE

El Ayuntamiento de Bilbao ha recibido esta semana el I Premio de Transparencia Municipal, un galardón que reconoce públicamente la apuesta del Consistorio bilbaíno en favor de una administración de "calidad y cercana a la ciudadanía".
Estos premios los concede la fundación Transparencia Internacional, una institución sin ánimo de lucro con sede en Berlín y delegaciones por todo el mundo, cuyo objetivo es la lucha contra la corrupción en todos los ámbitos de la vida pública. La división española está adscrita a la Fundación Ortega y Gasset.El pasado mes de mayo, Transparencia Internacional España invitó al Ayuntamiento de Bilbao a participar en la elaboración del Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA), una iniciativa pionera cuyo objetivo era evaluar el nivel de información pública entre la administración local y la ciudadanía en los cien municipios más poblados del Estado.Para ello, se estableció un total de 80 indicadores que abarcaban las áreas municipales consideradas como más importantes en la información pública que debe ofrecer un Ayuntamiento.Tras el análisis de todos esos indicadores, el pasado mes de julio, Transparencia Internacional situó al Ayuntamiento de Bilbao como el más transparente de todo el Estado, con una puntuación de 90,6 puntos sobre 100 posibles.En este sentido, cabe recordar que el Ayuntamiento de Bilbao recibió la mayor puntuación posible (100 puntos) en los ámbitos de la Transparencia en Información Corporativa e Institucional y la Transparencia en las Contrataciones de Servicios.También obtuvo una altísima puntuación (97,5 puntos) por la Transparencia en las Relaciones con la Ciudadanía y la Sociedad, y 85 puntos por la Transparencia Económico-Financiera, siendo ésta la mayor puntuación de los 100 municipios participantes en el estudio.Por último, el Ayuntamiento de Bilbao obtuvo 77,8 puntos en el ámbito de la Transparencia en materia de Urbanismo y Obras Públicas, la séptima máxima puntuación entre las 100 ciudades más pobladas del Estado.El Ayuntamiento de Bilbao aseguró que la concesión del I Premio Transparencia Municipal supone un "estímulo" para continuar adelante con el proceso de modernización interna iniciado hace unos años por el Ayuntamiento de Bilbao, donde la transparencia en la gestión alcanza el rango de estrategia municipal.

fuente:Municipios 21

En la sede de la Fundación Ortega y Gasset
Azkuna recoge en Madrid el Premio de Transparencia Municipal

El presupuesto municipal para 2009 se reducirá más del 15%

2008-10-05T15:03:00.001+02:00

El Ayuntamiento se ve obligado a ajustar cuentas ante el descenso que está registrando en la recaudación de la mayoría de los impuestos y tasas

CLARA R. FORNER
Los ingresos que percibe el Ayuntamiento no paran de reducirse por culpa de la crisis. En 2007 las arcas municipales recaudaron 255 millones de euros pero, ahora que se están cerrando las cuentas del año, la Concejalía de Hacienda calcula que al cierre del ejercicio se habrán ingresado entre 38 y 40 millones de euros menos. Por tanto, el concejal de Hacienda, Juan Zaragoza, ya avanza que las cuentas municipales de 2009 se reducirán al menos un 15% respecto a este año. El edil ha pedido a todos los concejales y delegados que presenten unos presupuestos contenidos al máximo y que incluyan sólo los proyectos prioritarios.
Servicios Sociales, Seguridad y Transportes, Personal y Servicios y Mantenimiento serán las áreas que menos sufrirán los recortes porque son los departamentos básicos para el funcionamiento de la ciudad. Pero, aún así, también se van a ver afectadas y sus responsables tendrán que echar cuentas para gastar menos porque "no va a haber dinero para todo", advierte Zaragoza.
La mayoría de los impuestos y tasas que aplica el Ayuntamiento están reduciendo la recaudación, sobre todo los relacionados con la construcción, como el ICIO -Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras-, las plusvalías o las licencias. Pero no sólo la crisis del ladrillo pasa factura a las arcas municipales. También se ingresa menos a través del impuesto de circulación pues se están vendiendo menos vehículos.
El único impuesto que va a crecer este año es el de Bienes Inmuebles -IBI- porque, obviamente, en los últimos meses se han seguido construyendo viviendas, aunque menos que otros años. Sin embargo, Juan Zaragoza señala que este aumento no será suficiente como para compensar el descenso en el resto de los impuestos.
Del mismo modo, bajarán las retribuciones del Gobierno que corresponden al Ayuntamiento y, además, Zaragoza explica que las compensaciones del Estado siempre se cobran habitualmente con retraso "y las que tenían que venir de 2007 seguramente no las cobraremos hasta junio o julio de 2009". De ahí que el edil de Hacienda insista en defender un cambio en el sistema de financiación de los ayuntamientos, tal y como aprobó el último pleno con los votos del PP.

El precio de una parcela pública se rebaja a la mitad

Uno de los modos que tiene el Ayuntamiento de recaudar dinero es la enajenación de parcelas. Pero, obviamente, también la crisis del ladrillo afecta a estos ingresos hasta el punto de que Consistorio prevé rebajar a la mitad el precio de una parcela de San Blas para poder venderla.
El Ayuntamiento sacó a subasta este solar, donde se podían levantar 72 viviendas libres, por un valor de 4,5 millones de euros, pero no hubo empresas interesadas en adquirirlo. Ahora, para que el nuevo concurso no vuelva a quedar desierto, la Concejalía de Hacienda se plantea "bajar el precio hasta dos millones y medio o incluso dejarlo en dos millones de euros".
Además, en esta ocasión la parcela va a destinarse a viviendas protegidas ya que, según explica el concejal Juan Zaragoza, "en tiempos de crisis los bancos conceden más fácilmente los préstamos para construir VPO que viviendas libres".
El Ayuntamiento también prevé crear una nueva empresa municipal dedicada a la gestión del suelo público, que dependería del Patronato de la Vivienda y funcionaría con su mismo personal. Juan Zaragoza asegura que esta medida "permitirá ser más ágiles a la hora de construir viviendas protegidas".

Castedo asegura que los grandes proyectos de Alicante no peligran pese al ajuste presupuestario
La alcaldesa afirma que el dinero del Consell está "garantizado" pero que ha de "primar la austeridad" para reducir los gastos corrientes

A. TERUEL

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, afirmó ayer que los grandes proyectos previstos para la ciudad no peligran pese al recorte del presupuesto municipal. Las cuentas del Ayuntamiento se reducirán en un 15 por ciento en 2009, debido fundamentalmente a la merma de la recaudación por impuestos y tasas, pero al margen de eso, según la primera edil, los fondos procedentes de la Generalitat están "garantizados" y, en consecuencia, también las actuaciones que promueve el Consell.No obstante, Castedo admitió que durante el próximo ejercicio "tendrá que primar la austeridad" en el Ayuntamiento, para poder compensar la "caída en picado" de los ingresos por recaudación. Al mismo tiempo, lamentó que "baje la aportación del Estado", porque eso hace que "difícilmente se pueda llevar adelante todo". Esto provocará que, inevitablemente, "algo se pueda quedar atrás por falta de dinero".De cualquier forma, recalcó, el principal montante son los gastos corrientes y no las inversiones, por lo que es el primero de esos conceptos el que hay que vigilar con mayor atención. Por ello, indicó que se llevará a cabo "un control al milímetro" al respecto, para impedir dispendios innecesarios. En todo caso, esto no conllevará una reducción del personal municipal no funcionario.Por otro lado, acerca de la situación en la planta de Altadis, la alcaldesa señaló que instará al grupo popular en las Cortes Valencianas a la presentación de una moción de apoyo al mantenimiento de la fábrica. Castedo confió en que sea un texto "conjunto" para todos los grupos, al igual que en el Ayuntamiento. Además, acerca de la reunión prevista para el miércoles con el director general de Altadis, alegó que "debe ser la otra parte quien proponga algo", porque el Consistorio "tiene claro" que las instalaciones de Las Atalayas "no deben cerrarse".Castedo añadió que se está analizando de forma exhaustiva el convenio suscrito hace ocho años entre el Ayuntamiento y la multinacional tabaquera para "tener claro si ha habido un incumplimiento" del mismo por parte de Altadis. De ser así, y llegado el caso extremo de cerrarse la planta, el Consistorio "debería obtener algún tipo de compensación".

Los municipios se alzan contra las cuentas

2008-10-01T08:02:00.001+02:00

Los fondos para ayuntamientos y comunidades sufren la caída de ingresos entre las protestas de los alcaldes - La inversión estatal por regiones se estabiliza
VERA G. CALVO / S. DEL ARCO - Madrid / Barcelona - 01/10/2008 -el País
Un baño de realismo. Eso encontraron ayer los responsables de comunidades autónomas y ayuntamientos cuando se pusieron a estudiar el proyecto de Presupuestos 2009 entregado por el ministro Pedro Solbes en el Congreso. El mensaje es claro: no es momento para pedir más dinero. Las comunidades, que llevan meses exigiendo más financiación, verán que no sólo tienen menos recursos procedentes del sistema, sino que las inversiones estatales se congelan el año próximo. Lo mismo ocurre con el fondo para los municipios, que incluso se rebaja más de lo que ya anunció el Gobierno a los alcaldes hace sólo dos meses. La explicación es sencilla, alega una portavoz del Ministerio de Economía y Hacienda: la crisis hace prever que la recaudación de los impuestos caerá considerablemente en 2009. "Y la previsión baja para todos".Los 8.000 municipios de España lanzaron ayer un SOS al Gobierno: un documento con sus "exigencias mínimas" -más dinero, más capacidad para endeudarse, permiso para modificar impuestos municipales, nuevos fondos de compensación- para que en 2009 no se recorte la financiación a ciudades y pueblos, que ya consideran insuficiente. Pero a la misma hora en que la ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), reunida en Valladolid, aprobaba su documento, Solbes presentaba en Madrid un proyecto de Presupuestos que ya es una respuesta: no hay dinero para atender esas exigencias.
Según el ministerio, el fondo para ayuntamientos y diputaciones provinciales subirá en 2009 un 2%: de 16.101 millones de euros a 16.410 millones. Hace sólo dos meses el ministerio aseguraba que subiría un 6,3%. "Las previsiones han cambiado, se está recaudando menos de lo previsto y es normal que todo el mundo vea recortados sus ingresos", explica ahora una portavoz de Economía. Pero esa subida del 2% sólo resulta si de la cantidad de este año se restan los 445 millones que el Gobierno anunció que pagaría como anticipo del próximo. Además, si no se computa el dinero que se debe a las ciudades de la recaudación de años anteriores, el fondo estatal nuevo (las "entregas a cuenta") baja un 2,2% (unos 340 millones menos), según cálculos de técnicos municipales.
Antes de conocer las cifras contenidas en los Presupuestos, la Federación de Municipios, presidida por el socialista Pedro Castro, había hecho público por la mañana su documento de mínimos para 2009. Son éstos:
-Que las transferencias a los ayuntamientos se equiparen a las de las comunidades autónomas. Esto es, que se pague con la "entrega a cuenta" el 98% de lo que se prevé recaudar en el año (no el 95% como se hace ahora). Eso supondría unos 380 millones más a repartir entre todos los municipios en 2009.
-Que se autorice a los ayuntamientos a incurrir en déficit y a endeudarse en la misma medida que a la Administración central y a la autonómica, y no menos.
-Que se cree un "fondo de nivelación" estatal de entre 70 y 80 millones para las ciudades más pequeñas (hasta 75.000 habitantes) porque son las más agobiadas por la crisis.
-Que se permita a los ayuntamientos modificar el impuesto de plusvalía para poder cobrarlo en función del valor real de las casas o terrenos vendidos, no del valor catastral (que suele ser mucho menor).
-Que se garantice el cobro en 2009 de una partida discrecional: el "anticipo" de la liquidación de años anteriores.
Además de exigir, la FEMP aprobó una serie de medidas de autocontención y austeridad durante la crisis (recomendaciones que no obligan a los ayuntamientos): congelación salarial para alcaldes, concejales y cargos de confianza; y congelación del presupuesto municipal salvo en ciertas partidas imprescindibles como el suministro eléctrico. Los responsables de la Federación de Municipios retomarán la negociación con el ministerio la semana próxima, y en esa mesa bilateral defenderán sus reivindicaciones ante lo que tildan de "asfixia económica".
El mismo término emplean varias comunidades autónomas para referirse al estado de sus cuentas. Y el proyecto de Presupuestos para el año que viene añade más presión a los Gobiernos autonómicos, pendientes de pactar un nuevo modelo de financiación que actualice sus crecientes necesidades de gasto. Pese a que la cuantía total de las transferencias a las comunidades crece un 2,2% -48.300 millones de euros-, las transferencias que resultan de la aplicación de los sistemas de financiación vigentes disminuyen un 2,6% (37.480 millones).
El Fondo de Suficiencia (FS), que cubre la diferencia entre las necesidades de financiación de cada comunidad autónoma y los recursos tributarios que se le atribuyen en el año base (1999), disminuye un 3,2%, debido a la caída prevista en la recaudación de los impuestos indirectos. El FS se calcula en función de los ingresos tributarios del Estado (IRPF, IVA e impuestos especiales).
Solbes descartó la creación de un nuevo fondo para compensar el retroceso de los fondos estructurales procedentes de Bruselas, una posibilidad que apuntó hace ahora justo un año. "Tiene más sentido reforzar el Fondo de Compensación Interterritorial", dijo, un fondo que apenas se ha utilizado desde la puesta en marcha del modelo autonómico. El FCI -un instrumento de desarrollo regional destinado a corregir desequilibrios interterritoriales y a hacer efectivo el principio de solidaridad- apenas crecerá el 1,2% este año, hasta los 1.333 millones de euros. Pero en los próximos años "puede jugar un papel parecido al de los fondos europeos y como tal aparecerá en la reforma del sistema de financiación", afirmó.
La inversión regionalizable del Estado también sufre un estancamiento: sólo crece un 0,2%, hasta los 24.800 millones de euros. Con todo, el ministro Solbes parece haber vuelto a cuadrar el sudoku de las inversiones para dar cumplimento a los estatutos de varias comunidades autónomas.
Los Presupuestos consagran a Andalucía y a Cataluña como las comunidades que más inversión regionalizable van a recibir del Estado el año que viene. En términos absolutos es cierto: la primera recibirá 4.410 millones de euros, un 1,3% más que el ejercicio anterior; y Cataluña, 3.772 millones, un 1,2% más.
La gran beneficiada es Castilla y León, que con un crecimiento de casi el 11% alcanza a la Comunidad de Madrid, una de las autonomías perjudicadas -con una disminución de las inversiones del Estado del 4,7%, hasta los 2.464 millones de euros-. El consejero de Hacienda madrileño, Antonio Beteta, lo considera un "nuevo atropello del Gobierno socialista". "Madrid recibe casi el 50% menos que Cataluña y Andalucía, algo especialmente grave si tenemos en cuenta que los madrileños son los que más impuestos pagan", dijo.
Pero hay muchas maneras de analizar las cuentas. Si se tiene en cuenta la población las cosas cambian, salvo para Castilla y León. Tras la ciudad autónoma de Ceuta, la comunidad gobernada por el PP es la que más inversión per cápita recibe del Estado: 980 euros, casi el doble que la media nacional, que es de 544 euros. Andalucía va pareja, mientras que en Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid la inversión por habitante es inferior.
Los presupuestos destinan 12.860 millones de euros a inversiones en las comunidades de Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Aragón y Baleares para dar cumplimiento a las disposiciones fijadas en sus respectivos estatutos de autonomía, con lo que, en algunos casos, la cifra de inversión es superior al reparto anterior. ¿Por qué? La inversión regionalizable sólo tiene en cuenta las inversiones directas del Estado; la de los estatutos también incluye las transferencias de capital y partidas extrapresupuestarias.
Así, Cataluña recibirá finalmente 4.626, en inversiones. Representa el 18,72% (el peso actual de la economía catalana en el conjunto de la española) de toda la inversión que el Ejecutivo de Zapatero destinará a infraestructuras. Baleares recibirá 34 millones adicionales.

Castedo pide un nuevo modelo de financiación en su estreno en el pleno

2008-09-30T14:48:00.002+02:00

S. N. - Alicante - 30/09/2008-el País

Sonia Castedo, recién nombrada alcaldesa de Alicante, del PP, estrenó ayer su cargo en el pleno de la corporación con una moción en la solicita al Gobierno central una reforma de financiación local. En paralelo a esta iniciativa, el grupo popular hizo valer su mayoría absoluta para sacar adelante nuevas modificaciones de crédito del presupuesto inicial aprobado a mediados del pasado mes de febrero. Con las modificaciones de ayer, el equipo de gobierno local ha trastocado ya un 20% del presupuesto inicial, que ascendía a 260 millones de euros.El grupo popular argumentó la necesidad de un nuevo modelo de financiación local en la actual crisis económica y alegó que el "Ayuntamiento ofrece servicios que no son de su competencia", en palabras del edil de Hacienda, Juan Zaragoza. El único grupo de la oposición municipal, el PSPV, votó en contra de la propuesta. Su portavoz, Roque Moreno, acusó a los populares "de confundir a los ciudadanos, para que piensen que la culpa de las facturas del Ayuntamiento es del Gobierno y no de los gestores del consistorio".
Los socialistas se abstuvieron en la votación de la modificación de crédito del presupuesto del patronato de la vivienda [bajas por anulación por 8.257.706 euros]. La concejal de vivienda, Isabel Fernández, señaló que la modificación "viene motivada por la Ley de Estabilidad Presupuestaria". El edil socialista Ángel Pernías denunció que con esta práctica el "presupuesto queda desfigurado".

Las cuentas siguen oscuras...(en Valencia)

2008-09-29T19:11:00.002+02:00

El Ayuntamiento de Valencia mantiene facturas ocultas

S. V. - Valencia - 29/09/2008-el País

Año tras año, lo mismo. El interventor del Ayuntamiento de Valencia repite en cada auditoría interna de las cuentas municipales sus reparos como un mantra: se comprometen gastos sin presupuesto; se guardan facturas en los cajones hasta el ejercicio siguiente; no se controla la desviación del coste de las obras; y se adjudica el grueso de la inversión a dedo a las contratas y concesionarias, entre otros malabarismos para que al final de año cuadren las cuentas y la deuda no supere los límites legales.

Este año no es diferente. Para empezar, al interventor no le han llegado el 11% de los documentos que había pedido a los distintos servicios. Y esa "falta de remisión, no ha sido justificada". Pero con los datos recibidos sobra para constatar que "al igual que en auditorías anteriores", el gobierno local del PP abusa de "la realización de gastos sin autorización, disposición ni fiscalización previa". Hay facturas de ejercicios anteriores en los que el dispendio no tenía cobertura presupuestaria y se generan otras por nuevos gastos no previstos o excesos de obra de proyectos ya adjudicados. "Es una constante", advierte el interventor en su informe.

Los recibos que se guardan en un cajón y van aflorando a lo largo del ejercicio siguiente llevan el sello del "reparo" de la intervención antes de pasar por el pleno municipal, que aprueba el pago a posteriori con el llamado reconocimiento extrajudicial de crédito, una cuantía que no deja de crecer.

Si en 2002 se admitieron fuera de los plazos previstos, recibos por 18,3 millones de euros; en 2004, se dispararon a 55,4 millones de euros. La cifra bajó en 2006 a 39,3 millones de euros -recuerda la auditoría- pero se encaramó de nuevo a los 54,4 millones en el siguiente ejercicio. Y este año, a la altura de finales de julio, los reconocimientos extrajudiciales ascendían ya a 48,4 millones.

El grueso de esas facturas sin cobertura presupuestaria ni fiscalización previa del interventor está asociada al gasto corriente, lo que revela que de entrada se asigna menos dinero a servicios que el Ayuntamiento sabe que al final costarán más.

Un caso que comenta el interventor todos los años es el de la entidad metropolitana de residuos (Emtre), con la que el Consistorio arrastra deudas de ejercicio en ejercicio. El remedio a este desfase constante será la nueva tasa de basura que cobrará directamente el Emtre. También contribuyen a llenar el cajón de recibos ocultos los servicios centrales técnicos, Transportes, Alumbrado y las certificaciones de los últimos meses de cada año de las contratas municipales, a las que se aplaza el pago para que cuadren los números del presupuesto. Entre las empresas que cobran con retraso están Secopsa, FCC y SAV, con contratos de mantenimiento, recogida de basura y limpieza.

La novedad en la auditoría sobre el ejercicio de 2007 es el análisis de la llamada cuenta 413. Un cambio de la instrucción de contabilidad del Estado ha obligado a crearla para registrar en ella esos pagos que ya sabe el Consistorio que no serán liquidados en el ejercicio que corresponde. El interventor constata que en 2007 los primeros seis meses de este año se han aprobado 60,6 millones de euros en reconocimientos extrajudiciales por gastos de 2006 y anteriores, pero en la cuenta 413, que debe registrarlos, sólo aparece el 81,1%. Entre los servicios que evitaron registrar sus sobrecostes están el ciclo integral del agua, proyectos urbanos, gestión de residuos, Policía Local, proyectos singulares, jardinería y deportes.

Otro objeción de fondo que figura en todas las auditorías de los últimos años es la práctica habitural del gobierno local del PP de prescindir de muchos concursos públicos y contratar mayoritariamente a dedo. Durante el año pasado, el 72,4% del gasto total de inversiones fue a parar por encargo directo a contratas, concesionarias y a la empresa municipal Aumsa. Así ocurrió en el 62,5% de los casos, frente a un exiguo 4,1% en el que se realizó concurso público. Este vicio de prescindir de la libre concurrencia se extiende a la contratación en general, afirma el interventor.

Tanto en 2005 como en 2006, más del 70% de la inversión quedó en manos de contratas y concesionarias, una constante que se acentuó el año pasado. "Las nuevas licitaciones en sentido estricto", por concurso, subasta, contrato menor o procedimiento negociado "sólo representan un 34,4% de las contrataciones" y alcanzan al 16,9% del gasto. Como siempre, -y "sin cuestionar la conveniencia" de prescindir de los concursos en algunos casos- el interventor pide a los distintos servicios "informes justificativos" de esa decisión, más allá del hecho de que legalmente exista la posibilidad de contratar a dedo con las contratas y concesionarias. También exige que se "refuerce el control" de la ejecución de los proyectos, sus plazos y desviaciones de costes.

El concejal de Hacienda, Silvestre Senent, reconoce que el porcentaje de inversión sin concurso público "es alto". Senent alega que es legal que las concesionarias de ciertos servicios puedan realizar obras, "y por agilizar" se recurre a ellas. "Y muchas veces es más ventajoso", añade. Es la explicación de todos los años y la réplica a las denuncias socialistas, que rebotan en el equipo de gobierno "como en un frontón", critica el concejal Juan Ferrer, que en el pasado pleno destacó el "esfuerzo inútil de la intervención" en sus quejas a la gestión económica.

El alcalde planea dejar sin sueldo a varios concejales del grupo socialista

2008-09-10T08:22:00.003+02:00

La mayoría del PP modificará el Reglamento Orgánico del Pleno que permitirá el recorte de dedicaciones exclusivas La medida también afectará a algunos de los diez asesores y administrativos de la oposición
10.09.08 -
JOSÉ F. PICÓ

El alcalde, Luis Díaz Alperi, y su equipo de gobierno arrancan el nuevo ejercicio político con una decisión que provocará un estruendo en el Consistorio, en especial en el grupo municipal socialista, el principal afectado por la medida que conoció ayer este diario. El primer edil propondrá en breve una modificación del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP), que le permitirá reducir de manera muy importante el número de dedicaciones exclusivas del grupo socialista, así como el número de asesores y auxiliares con que cuenta la oposición en la actualidad.El Reglamento Orgánico del Pleno es el principal instrumento de funcionamiento interno de la Corporación. Regula cuestiones como las convocatorias de las sesiones plenarias, la elección del alcalde o las retribuciones de los concejales. El documento fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Alicante el 26 de abril del 2005, con el consenso de los grupos del Partido Popular y del PSOE, en aquella famosa sesión en la que ambos grupos votaron a favor de la aprobación provisional del no menos famoso Plan Rabasa.Según la información a la que ha tenido acceso La Verdad, el alcalde tiene previsto modificar algunas cuestiones del ROP que el vicesecretario general del Consistorio considera necesario. Y aprovechando estos cambios, se introducirán otros de gran calado político y mediático.El apartado 4 del artículo 27 del mencionado reglamento indica: «Todos los miembros de la Corporación integrados en cualquiera de los grupos municipales de la misma tendrán derecho a desempeñar el cargo en régimen de dedicación exclusiva». Así fue pactado en su día por el alcalde y por el entonces portavoz del grupo socialista, Blas Bernal. Incorporar este punto fue considerado un hito, sobre todo por los socialistas, quienes, durante los años anteriores, habían mantenido luchas cainitas porque había más concejales que sueldos públicos. Tres años y medio después, el escenario se puede repetir.Gran caladoSegún la información contrastada por este diario, el citado artículo será uno de los modificados, aunque aún no está concretado los términos del nuevo texto. En la actualidad, el grupo socialista cuenta con catorce representantes en el Consistorio y el recorte será muy importante, tanto que cinco o más concejales podrían quedarse sin sueldo municipal en las próximas fechas.La inesperada decisión del grupo de gobierno del Partido Popular afectará también al personal de confianza. El Reglamento Orgánico del Pleno también regula el número de asesores y auxiliares que corresponde a los grupos políticos. Lo hace, en concreto, en el artículo 54, dedicado a la dotación de locales y de medios personales y materiales.El actual PSOE municipal dispone de diez personas de confianza, seis asesores y cuatro administrativos. Es el máximo que puede tener. Según el ROP, le corresponde un asesor por grupo, otro por portavoz y uno más por cada tres concejales. En cuanto a los administrativos, la oposición puede disfrutar de uno por grupo y otro por cada cuatro ediles, por los que los socialistas sólo pueden sumar cuatro.En el caso del equipo de gobierno, el número de asesores es igual al de delegaciones, que son más de los 15 concejales actuales, porque hay ediles con más de una competencia. En cuanto a los administrativos, es de aplicación el mismo criterio que a la oposición. Ahora bien, el área de Alcaldía puede disponer de cuantos asesores determine el Pleno. Y como el PP tiene mayoría...

El Ayuntamiento congela los sueldos de la corporación por la caída de ingresos

2008-09-08T15:01:00.002+02:00

Zaragoza proyecta un descenso del 35% en los gastos de representación de cada área
06.09.08 - P. S./L. V. las Provincias

La crisis también llega al Ayuntamiento de Alicante y toca apretarse el cinturón. Si el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, ha propuesto a diputados y senadores congelarse el sueldo, el equipo de Gobierno local de Alicante ya hace dos meses que decidió adoptar esta medida con el beneplácito del grupo de la oposición. El concejal de Hacienda, Juan Zaragoza, trasladó al alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, la conveniencia de congelar los salarios de la corporación municipal el próximo año con extensión a los sueldos que perciben los funcionarios de empleo y asesores.En la junta de Gobierno se adoptó esta medida para contrarrestar los efectos de la crisis económica. Además, el portavoz del PSPV en el Ayuntamiento, Roque Moreno, mostró su disposición en asumir el acuerdo e incluso mejorarlo.Plan de choque Posteriormente, el alcalde -tras un concienzudo estudio- decidió ampliar el plan de choque por el alarmante descenso de las licencias de obras con la consiguiente bajada de los ingresos en las arcas municipales, hasta un 30% menos. Así, y además de la congelación de sueldos, el equipo de Gobierno municipal ha establecido una estrategia para equilibrar las cuentas municipales del próximo año. El edil de Hacienda explica que se ha previsto reducir hasta un 35% los gastos de representación de cada área de Gobierno del Ayuntamiento durante el próximo año. Además, se contempla una importante bajada en la partida presupuestaria destinada a sufragar los gastos de protocolo. A pesar de estas medidas, el edil Zaragoza quiere dejar claro que el Ayuntamiento garantiza el mantenimiento de la calidad de todos los servicios que presta a los ciudadanos.Este ejemplo de austeridad por parte de la corporación municipal de Alicante se ha reproducido ya en otras corporaciones locales de la provincia.

¿Nuestro Turno?¿Demagogia Participativa?¿Concurso de Ideas y Ocurrencias?¿esto se puede etiquetar como presupuestos participativos?.

2008-09-05T08:48:00.014+02:00

El Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana y con el fin de potenciar la más amplia participación de la ciudadanía, pone a disposición de ésta el 5% de los presupuestos de inversiones repartido en los cinco distritos de la ciudad. Dicha cantidad asciende a 913.582 euros. Tu ciudad te está esperando. Es tu turno.
¿Quien puede participar?
Todos los vecinos de Alicante, sin exclusión alguna de edad, sexo o condición.
No es necesario pertenecer a ninguna asociación y/o colectivo, simplemente tener voluntad de mejorar nuestra ciudad.
¿Qué puedo proponer?
Se pueden plantear todas aquellas actuaciones que sean de interés para tu ciudad, barrio o calle, especialmente las orientadas a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Ejemplos de esto pueden ser: renovación del mobiliario urbano, instalación de juegos infantiles en parques, mejora de servicios municipales u otras cuestiones que te gustaría que Alicante tuviera o mejorara.
Recuerda que:
Deberás referirte a competencias municipales.
Deberá ser evaluable económicamente y tener un coste inferior al presupuesto asignado a cada distrito.
¿Dónde llevo las propuestas?
Puedes entregar tus propuestas rellenando la ficha adjunta y presentándola, bien en las asociaciones de vecinos de tu barrio, o bien en los diferentes distritos de la ciudad, a los que las asociaciones también llevarán las que reciban. Desde ellos, se informará a los representantes vecinales de todas aquellas que vayan llegando. También puedes presentarlo en las urnas colocadas expresamente para ello en los diferentes Centros Municipales (bibliotecas, centros sociales, etc.).
También puedes enviar tus propuestas directamente a:participacion.ciudadana@alicante-ayto.es
¿Cómo se eligen las propuestas?
La Concejalía de Participación Ciudadana, una vez se hayan clasificado las propuestas entregadas por los ciudadanos, establecerá el calendario de reuniones con los representantes vecinales de las Juntas de Distrito, para el debate de las actuaciones propuestas. Se realizará mediante la puesta en común de las mismas, seleccionando aquellas que se consideren más necesarias, exponiéndolas para que la Asamblea establezca su prioridad.

Documentos
Ficha de participación (23 Kb)
Listado de centros de recepción de solicitudes (8 Kb)
Tríptico completo con las bases y ficha de participación (2.227 Kb)

COMPARA ESTE PROCESO PARTICIPATIVO "PRESUPUESTARIO",POR EJEMPLO, CON EL QUE ACTUALMENTE SE DESARROLLA EN LA VECINA CIUDAD DE ELCHE EN TÉRMINOS DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD,RIGOR METODOLÓGICO,ALCANCE PRESUPUESTARIO,MARCO DELIBERATIVO,ETC ..:

Los vecinos/as de Elche podrán presentar propuestas a los presupuestos participativos hasta septiembre

o visita la web

http://www.presupuestosparticipativos.com/

para conocer otras experiencias y modelos de presupuestos participativos en otras localidades.

El PP reducirá en los presupuestos el gasto de protocolo de las concejalías

2008-09-05T08:35:00.003+02:00

La de Hacienda ultima un paquete de medidas para compensar la anunciada disminución de ingresos El edil Juan Zaragoza pretende incluso congelar los sueldos de la Corporación y de los asesores
05.09.08 - J. F. PICÓ
Malos tiempos para los dispendios en el Ayuntamiento de Alicante. El previsible recorte de ingresos, como consecuencia de la crisis galopante, tendrá consecuencias en el día a día de cada concejalía y, probablemente, hasta en los sueldos de los 29 concejales y de la larga lista de personal de confianza. La Verdad desveló el pasado mes de julio que la Hacienda local prevé una disminución de ingresos del 40%. Quizás, finalmente, no sea tanto, aunque así lo trasladó el concejal delegado Juan Zaragoza al alcalde, Luis Díaz Alperi, en una reunión de la Junta de Gobierno. Es decir, el resto del equipo de gobierno ya lo sabe.Ahora se comienza a conocer el paquete de medidas. El propio Juan Zaragoza explicó ayer a este diario que propondrá un recorte del 32% del capítulo de gastos de protocolo de cada concejalía, así como la congelación de los salarios de los ediles y asesores. Además, los funcionarios tendrán que pelear mucho para ver cumplidas sus previsiones de mejoras para el 2009. El recorte del protocolo tampoco representa una cantidad importante. Se pasará de 9.015 euros a 6.000. Eso sí, la Hacienda local realizará un seguimiento de gastos extraordinarios en este apartado, que suelen producir durante el ejercicio.El capítulo de inversiones será muy ajustado, con la idea de que las concejalías ejecuten los proyectos con financiación que tienen asignados durante los dos últimos años, a través de los dos préstamos solicitados. Donde no habrá ajuste alguno y se procurará aumentar el gasto en la medida de lo posible será en tres grandes áreas: Servicios y Mantenimiento, Acción Social y Seguridad, Tráfico y Transportes. «Tenemos que mantener los grandes contratos, como los del transporte y la recogida de residuos, claves para el desarrollo diario de la ciudad», explicó Juan Zaragoza.La idea inicial, en esta primera fase de recogida de propuestas y elaboración del presupuesto, es conseguir equilibrar el presupuesto teniendo en cuenta los resultados del 2008, consciente el edil de que «los ingresos sufrirán una merma importante y, por lo tanto, hay que ser muy rigurosos con las previsiones para el 2009». El descenso en las solicitudes de licencias para viviendas ya es un hecho que más temprano que tarde pasará factura al IBI.

La subida que viene

2008-09-04T15:09:00.003+02:00

pulsa en la imagen para ampliar

La rebelión de los municipios

2008-09-04T09:11:00.003+02:00

FRENTE MUNICIPAL

Los ayuntamientos temen salir perjudicados por la mejora de la financiación autonómica

editorial EL PAIS 4-09-2008

La partida presupuestaria destinada a la financiación de los más de 8.000 municipios españoles se reducirá en 2009. Ello se ha conocido días después de que el ministro de Economía garantizase que mejorará la financiación de todas las comunidades autónomas, y un mes después de que anunciase lo mismo para los ayuntamientos. Al Gobierno se le abre un nuevo frente transversal.

A finales de julio, el ministerio presentó una propuesta de bases para la nueva financiación local cuyos principios esenciales eran que habría más dinero sobre la mesa, en función de los aumentos de población, mayor autonomía financiera y garantía de que ninguna corporación perdería. Será por la incidencia de la crisis, pero, de momento, la aportación directa del Estado, que supone aproximadamente un tercio de los ingresos de los ayuntamientos, se reduce en unos 700 millones: una rebaja del 0,6% respecto a 2008.
Economía argumenta que en la práctica no habrá reducción, puesto que en 2009 se pagará la liquidación de las cuentas de 2007. Es la diferencia entre la cantidad adelantada como participación en los ingresos fiscales previstos para ese año y la que resulta de la recaudación efectiva, que fue mayor. Esa forma de calcular no convence a los alcaldes, algunos de los cuales, como el socialista de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, han llamado a crear un frente municipal para evitar que el incremento prometido a las autonomías se produzca a costa de los municipios. El PP ya ha convocado a sus representantes en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para organizar la oposición a ese recorte, exigiendo la presencia de los ayuntamientos en la negociación de la financiación autonómica.
Llama la atención que siendo los mismos partidos los que se reparten el poder municipal y los que gobiernan en las autonomías, los Gobiernos de estas últimas tengan una capacidad de presión sobre el Gobierno central mucho mayor. Hace años que políticos y expertos reconocen que los ayuntamientos son la cenicienta de la financiación pública. En los Estados europeos de corte federal, los ayuntamientos gestionan en torno al 25% del gasto público, y las entidades federadas el 30%; aquí, los recursos de las autonomías casi triplican a los de los municipios.
Frente a los sucesivos aplazamientos de lo que hace algunos años se denominó "segunda descentralización", la FEMP presentó en junio una especie de libro blanco en el que marcaba la pauta de la reforma de la financiación local. Entre ellas, la participación en los impuestos autonómicos. Detrás de ese planteamiento está el problema de la financiación de las llamadas competencias impropias, que asumen de hecho los ayuntamientos en materias como vivienda, violencia de género, ancianos, etcétera, cuya titularidad es autonómica. El presidente de la FEMP, el socialista Pedro Castro, propuso ayer pactar este año la cantidad destinada a ese capítulo, pero aceptando que su pago se aplace hasta 2010.

LOS SEIS GRANDES ALCALDES HACEN PIÑA CONTRA EL RECORTE DE SOLBES

El alcalde de Zaragoza, el socialista Juan Alberto Belloch, ha convocado a los concejales de Hacienda de las seis mayores ciudades de España -Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y la propia capital aragonesa- el próximo día 9 en el ayuntamiento maño, según confirmaron fuentes municipales. El objetivo es estudiar una respuesta común a la propuesta de presupuestos avanzada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que recorta el fondo estatal para los ayuntamientos el año próximo.Las seis grandes ciudades suman 7,5 millones de habitantes, casi una quinta parte de la población española. Tres de ellas están gobernadas por el PP (Madrid, Valencia y Málaga); las otras tres, por socialistas (Barcelona, Sevilla y Zaragoza). Las dificultades económicas que atraviesan las corporaciones locales han hecho aparcar la lucha partidista. De hecho, quien ha tomado la iniciativa de la reunión es un socialista: Belloch. Los ayuntamientos temen que, enfrascado en la negociación por la financiación de las autonomías y acorralado por la crisis económica, el Gobierno se olvide de los municipios.
El Ministerio de Economía y Hacienda, dirigido por Pedro Solbes, presentó el pasado 31 de julio su proyecto de Presupuestos para 2009 a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En el documento figura un incremento presupuestario del 6,3% respecto a este año, pero sólo porque Hacienda incluye en 2009 los 2.200 millones que debe a los ayuntamientos de la recaudación de 2007. Excluyendo esa partida, la aportación estatal nueva destinada a los municipios baja por primera vez en cinco años, cuando se instauró este sistema de financiación.
El presidente de la FEMP, el socialista Pedro Castro, que hace tres meses anunció "una guerra" de los alcaldes si el Gobierno no escuchaba sus reivindicaciones económicas, suavizó ayer el tono después de reunirse con el secretario de Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando. "Estamos dispuestos a apretarnos el cinturón y arrimar el hombro, hay que ser solidarios en esta situación de crisis", señaló Castro; y a continuación respaldó la interpretación gubernamental de que el presupuesto para los ayuntamientos subirá en 2009.
Posteriormente, matizó esas declaraciones: "Sabemos que el 6% de incremento que vamos a recibir no es por presupuesto nuevo sino por el dinero que se nos debe de 2007. Vamos a pelear para mejorar esta propuesta de Hacienda; y, desde luego, si el Gobierno nos ha engañado, a mí me va a tener enfrente, en primera línea. Lo que yo he querido decir es que nuestra prioridad no son los presupuestos de 2009 sino la reforma del modelo de financiación local, que es una negociación paralela y que queremos que esté lista antes de fin de este año. Hay que dar margen al diálogo", afirmó Castro.
Una estrategia con la que no están de acuerdo todos los ayuntamientos. "Los Presupuestos de 2009 son importantes, y mucho: hay municipios que están al borde de la asfixia económica", afirma otro dirigente de la FEMP.

"Gallardón despilfarra y luego culpa al Gobierno", dice el PSOE

El PSOE salió ayer en tromba contra el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, que la víspera había calificado de "muy preocupante" el proyecto de Presupuestos de 2009 que recorta el fondo de los ayuntamientos. "Gallardón no puede echar la culpa al Gobierno de las dificultades económicas de la capital. Él es el único responsable, porque ha hecho mucho despilfarro y muchos gastos suntuosos", afirmó el secretario de Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando. E invitó al alcalde a que explique "por qué Madrid tiene el doble de deuda que las grandes ciudades españolas".

e refería Hernando a la megaobra que Gallardón acometió en su primer mandato: la reforma de la carretera de circunvalación M-30, que costó a la ciudad cerca de 5.000 millones y la endeudó durante tres décadas.
El edil de Hacienda de Madrid, Juan Bravo, replicó:"Tenemos la mayor deuda, pero también el mayor presupuesto de España. Es cierto que tenemos que pagar la deuda de la M-30 [unos 300 millones al año], pero eso sólo supone un 5% de nuestro presupuesto. Y, sobre todo, la alternativa era no hacer la obra: dejar la M-30 como estaba y renunciar a recuperar el río Manzanares para los ciudadanos. Parece que los madrileños no querían eso, porque la obra fue respaldada ampliamente en las últimas elecciones. ¿Por qué tiene deuda el Estado? ¿Y las comunidades? Porque quien acomete reformas, se endeuda".

Solbes cierra el grifo a los alcaldes

2008-09-01T08:21:00.001+02:00

La crisis obliga a reducir por primera vez el fondo estatal para los ayuntamientos - El Gobierno alega que el presupuesto total subirá al pagar los atrasos de 2007
VERA GUTIÉRREZ CALVO - Madrid - 01/09/2008

Los alcaldes de 8.000 ciudades y pueblos de España se hacen desde hace meses esta pregunta: "¿Vamos a pagar nosotros el pato de la crisis?". La respuesta puede llegar en breve: ya está sobre la mesa la propuesta del Gobierno para los Presupuestos de 2009, y el mensaje es demoledor para los municipios: se cierra el grifo del dinero.Tendrán a su disposición más euros que este año, pero sólo porque el Estado aún les debe parte de lo recaudado en 2007. La partida presupuestaria nueva -el grueso de los fondos- baja por primera vez. "Esto supone la asfixia económica de los ayuntamientos", dice un responsable de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Mientras todo el mundo tiene los ojos puestos en la negociación abierta entre Gobierno y comunidades autónomas para mejorar la financiación, hay un diálogo paralelo con los ayuntamientos, que también reclaman más dinero. Pero ellos temen llevar las de perder. El desencuentro se puso de manifiesto en la última reunión entre Ejecutivo y FEMP, celebrada el pasado 31 de julio y que terminó como el rosario de la aurora, según algunos de los presentes. Los ayuntamientos, que llevan meses exigiendo un nuevo modelo financiero y un balón de oxígeno de 7.000 millones de euros, reciben así un doble jarro de agua fría: no sólo no parece el momento para pedir miles de millones, sino que incluso el dinero que les toca para el año próximo puede verse reducido.
En realidad, el documento que el Ministerio de Hacienda ha entregado a la FEMP dice que los ayuntamientos recibirán en 2009 un 6,3% más que este año (1.000 millones más). Pero ese dato, protestan los alcaldes, tiene trampa, porque incluye un fondo que no corresponde exactamente al año 2009 sino al dinero que el Estado debe a los municipios desde 2007. Excluyendo esa partida, el presupuesto baja un 0,6%: y eso puede suponer 700 millones menos el año próximo, según calculan fuentes municipales.
"Es la primera vez que ocurre esto. Y es cierto que hay crisis, pero lo que no puede ser es que la paguemos los ayuntamientos, los que más dificultades tenemos", afirma un miembro de la Federación que estuvo presente en la tensa reunión de julio con el Gobierno. A la cita asistieron, a un lado de la mesa, dos secretarios de Estado y tres directores generales de los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas; del otro lado, por parte municipal, el secretario general de la FEMP y cuatro miembros de su comisión de Hacienda (algunos del PSOE y otros del PP). En el documento que Hacienda entregó ese día figura esta advertencia: "Los presupuestos para 2009 serán claramente austeros". Entre otras cosas porque el "posible incremento del desempleo" puede costar "1.500 millones adicionales".
El fondo estatal que cada año reciben los ayuntamientos (y que supone un tercio de sus ingresos) se percibe así: primero reciben una "entrega a cuenta", que Hacienda les da calculando cuánto recaudará vía impuestos. Pero siempre acaba recaudando más, así que, dos años después, les transfiere lo que les debe: la "liquidación definitiva". En 2009, por ejemplo, les pagará la "entrega a cuenta" de ese año y la "liquidación definitiva" de 2007.
Pues bien, en 2009 la "entrega a cuenta" (el grueso de la financiación) descenderá un 0,6% frente a la recibida este año: de 15.009 millones que se han repartido todos los municipios y provincias, a 14.919 millones. Eso, según los responsables de la FEMP que están negociando con el Gobierno, nunca había ocurrido desde que en 2004 se aprobó el actual modelo de financiación. Este año la "entrega a cuenta" había crecido un 6,4% (900 millones) frente a 2007. Y, aun así, los alcaldes protestaban porque, dicen, están "asfixiados": realizan labores que no les corresponden (atención a inmigrantes, guarderías, centros para ancianos) y para las que no tienen dinero.
"Y ahora, ¡no sólo no nos dan más dinero, sino que nos dan menos! El resultado de esa congelación de la entrega a cuenta en 2009 es que las entidades locales vamos a perder 100 millones de euros sobre el papel, pero 700 millones en términos reales, porque hay que contar con la subida del IPC", explica un técnico de una de las grandes capitales.
El ministerio que dirige Pedro Solbes mantiene, sin embargo, que el presupuesto para los ayuntamientos "crece un 6,3% el año próximo". Y subraya que eso, en dinero, significa 1.000 millones de euros más. Efectivamente, eso es lo que resulta si a la "entrega a cuenta" de 2009 se le suma la "liquidación definitiva" de 2007, que se cobra en 2009. Porque hace dos años se recaudó tanto dinero de más sobre lo presupuestado (eso era antes de la crisis) que el Estado debía mucho a los ayuntamientos, y toca pagárselo ahora.
"Es cierto que las entregas a cuenta van a bajar. La razón es sencilla: las previsiones de recaudación no se están cumpliendo, hay una caída de ingresos", explica sin paños calientes una portavoz del ministerio. "Pero el presupuesto total para los ayuntamientos sube un 6,3%", insiste.
Y los técnicos municipales vuelven a rechazar la cifra. Con dos argumentos: "Primero, lo del aumento del 6,3% le sale a Hacienda porque cuenta con un dinero que nos deben. Son trucos contables: en 2007 hicieron una previsión exageradamente baja para, con el dinero de más que sabían que recaudarían, engordar el superávit del Estado. Y ahora el ministerio nos devuelve lo que es nuestro y dice que eso es presupuesto nuevo", se quejan. "Y segundo: incluso si nos fijamos en el monto total, la subida no sería del 6,3% sino del 0,3%, porque en 2008 nos tienen que pagar un dinero que nos prometieron y que ahora no incluyen en su documento: el anticipo del 7%".
La portavoz responde: "Ese dinero, el llamado anticipo del 7%, es un adelanto que se suele pagar pero que no es obligatorio: la ley dice que el ministro decide en función de cómo va la recaudación". ¿Se pagará este año? "Ya se verá".
La directiva de la FEMP se reunirá previsiblemente este mes para estudiar la respuesta al Gobierno, aunque los alcaldes no tienen demasiado margen de maniobra para poner condiciones. Cuando, hace tres meses, la FEMP amenazó con "una guerra" al Ejecutivo si no atendía sus reivindicaciones, uno de sus responsables se lamentaba: "En este país no paramos de hablar de la financiación de las comunidades autónomas. ¡Como si sólo existieran ellas!".

El desplome del ladrillo fuerza a Alperi a recortar el presupuesto de 2009

2008-08-05T08:56:00.002+02:00

La Concejalía de Hacienda proyecta una reducción de un tercio de las cuentas municipales por la caída de un 70% en las licencias de obras

J. E. M. /Información

La aguda crisis del sector de la construcción obliga también al Ayuntamiento de Alicante a apretarse el cinturón. La Concejalía de Hacienda prepara un recorte de en torno al 32% en el Presupuesto municipal para 2009 debido, fundamentalmente, a la caída de las licencias de construcción, que se acerca al 70% en los siete primeros meses del año. El grupo de gobierno prepara una "drástica" reducción del gasto público, al tiempo que hace una llamada a la moderación salarial a los funcionarios y sindicatos.El concejal de Hacienda, Juan Zaragoza, calcula que las cuentas municipales del año próximo bajarán de los 255 millones del año en curso a unos 175 millones para poder ajustar los gastos a la menguada previsión de ingresos. "Este escenario de crisis nos obliga a tomar contundentes medidas restrictivas del gasto público", indicó ayer el edil, que ya ha comenzado a dar instrucciones de contención en el resto de áreas municipales.La proyección de ingresos municipales en concepto de licencias de construcción apenas llega al millar para 2008, la cuarta parte que el año anterior y casi un tercio de las de 2006. Se trata de la peor previsión desde mediados de los noventa y su evolución tiende a empeorar conforme se sigue enfriando la economía. "No sólo se trata de los permisos de obras", precisó Zaragoza, "sino también de los ingresos que generan el resto de actividades complementarias de la construcción que se ven afectadas".Ante este panorama de desaceleración, el Presupuesto Municipal de 2009 invertirá la tendencia de las cuentas vigentes, que crecieron un 7,71% con un incremento de 18,2 millones de euros con respecto al ejercicio de 2006, toda vez que en 2007 se prorrogaron los presupuestos. De hecho, en el Presupuesto de 2008 se incorporaron al padrón fiscal del municipio 5.000 nuevas unidades urbanas, que fueron determinantes para incrementar los ingresos, junto a la subida de un 2,4% en el tipo impositivo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). "La antigua contribución urbana se mantiene y es esencial, pero la caída en la incorporación de nuevas fincas urbanas y su correspondiente licencia es un serio varapalo al capítulo de ingresos", argumentó Zaragoza.Preservar el gasto social y contener el "prescindible"La Concejalía de Hacienda ultima un paquete de medidas "restrictivas" en el gasto público, "que en ningún caso afectarán al compromiso social del Ayuntamiento, desde las ayudas a familias desfavorecidas o centros de mayores", explicó Zaragoza. Los recortes se concretarán en las próximas semanas y afectarán a "gastos superfluos o prescindibles". Zaragoza aprovecha la coyuntura desfavorable para apelar "a la contención salarial" de los funcionarios y a la "necesaria solidaridad de los bancos, cajas de ahorros y promotores, que se enriquecen con las miles de hipotecas de los ciudadanos".

Entrevista de Verano

2008-08-04T18:53:00.002+02:00

ENTREVISTA: el tiovivo gente corriente

"NO CREO EN LOS NACIONALISMOS"

TONI MARTÍNEZ 04/08/2008

Ángela Odina (47 años) estudió odontología, pero a media carrera dejó los estudios y se dedicó a la corrupción urbanística. "Es un oficio más seguro y más rentable". Se inició en la corrupción por casualidad. Un amigo le ofreció un dinero a cambio de utilizar su nombre en una operación de recalificación de terrenos. "A partir de ahí, una cosa te lleva a la otra".

-¿Todos los políticos son iguales?

-No, no. Ni todos los fontaneros, ni todos los ciclistas. Pero esto no va por colores. No hay políticos de un color que no y que no, ni políticos de otro color que sí y que sí. No va por colores. Va por personas. Hay personas que valen y personas que no valen para esto. Mi papel como intermediaria es saber qué tecla tocar. Si toco una tecla que no va, pues no hago bien mi trabajo.

Ángela Odina ha participado en operaciones de soborno con políticos (hombres y mujeres) de diferentes partidos y en diferentes territorios de España. Por eso, dice, no cree en los nacionalismos. "Un pelotazo es un pelotazo, en Lugo, Albacete, Lekeitio o Granollers".

-Usted no cree en la España plural.

-¡Sí, por supuesto! En cada lugar tienen su estilo. Pero hay algo que nos une a los seres humanos por encima de todas las cosas. Hay un algo, yo qué sé, valores. La ambición, el deseo de pisar el cuello al de al lado, esa llamada profunda de ser humano, ese querer tener más que el vecino.

-¿Qué le parecen las leyes anticorrupción?

-Pues qué me van a parecer. Tiene que haberlas.

-Aunque vayan en su contra.

-Sí, pero tiene que haberlas, lógicamente, porque si no, esto sería la selva.

-¿Qué quiere decir?

-Estas leyes cumplen una función muy importante. Ayudan a la selección natural. Si no hubiera leyes, se dedicaría cualquiera a esto.

-Le confieso que me ha sorprendido que sea usted mujer.

-Claro. El prejuicio. A usted le dicen urbanismo y corrupción y piensa en fajos de billetes sujetos con gomilla, un gordo sudoroso enseñando los pelos de la pechera, gafas de sol gigantes y maletín negro, ¿no?

-¿Cree que el intermediario corrupto tiene mala imagen?

-A la fuerza. Ustedes, los medios, nos machacan. Si esto sigue así, el día de mañana ningún niño o niña querrá ser intermediario de corrupción urbanística, y será una pena, porque se perderá una profesión muy nuestra y con mucha salida.

-Ahora me dirá que usted haría una Escuela Oficial de Corrupción Urbanística.

-¿Y por qué no? Eso lo profesionalizaría. En lugar de combatirla, ¿por qué no lo regulamos?

-A lo mejor, hubiera usted comenzado esa carrera y la hubiera dejado para dedicarse a ser dentista cobrando en negro.

-Puede ser, ja, ja, puede ser. Yo siempre he ido un poco a la contra. Mi madre me lo decía: Angelita, eres una culopatrás. Puede que vaya en mi carácter.

-Pero usted lo tiene claro: por más leyes que hubiera, no le impedirían trabajar.

-Mire, las leyes están bien. Nos civilizan. Pero cuando dos personas quieren entenderse, las leyes están de más. Un apretón de manos vale más que mil notarios.

ÁNGELA ODINA. INTERMEDIARIA Y CORRUPTA

Hacienda revisa al alza en sólo tres meses el impuesto de 400 obras

2008-08-04T08:55:00.001+02:00

Construcción de viviendas en Alicante en una imagen de archivo CRISTINA DE MIDDEL

La inspección municipal constata la baja cuantía del presupuesto aportado por 261 empresas para cuantificar el pago del tributo sobre construcciones

J. E. M. /Información

El Ayuntamiento de Alicante ha corregido al alza en apenas tres meses el presupuesto presentado por los promotores de 402 edificaciones para calcular el correspondiente impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO). En la gran mayoría de los casos -378, un 94%- se ha llegado a un acuerdo con las empresas para regularizar la tarifa, aunque 15 de ellos han acabado en el juzgado con 14 sentencias favorables al consistorio. Esta campaña de inspección municipal del impuesto de construcción -calificada de "persecución" por la asociación de promotores Provia- se ha llevado a cabo desde el mes de abril hasta el pasado 15 de julio, según datos de la Concejalía de Hacienda.Durante este proceso de regularización se han comprobado un total de 261 empresas de construcción y se ha constatado la baja cuantía del presupuesto para la ejecución de la edificación correspondiente en un total de 402 licencias. De todas ellas, sólo los promotores de 24 obras -un 6%- expresaron su disconformidad y nueve empresas presentaron recurso.El sistema de comprobación de las licencias de obras impide la apertura de un procedimiento sancionador, por lo que no se ha impuesto ninguna multa a las empresas. "Es más", precisó el concejal de Hacienda Juan Zaragoza, "hemos negociado a título individual con todos los afectados y hemos llegado a acuerdos beneficiosos con la gran mayoría de ellos".El ICIO es el impuesto que grava la realización dentro del término municipal de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia urbanística, siempre que su expedición corresponda al Ayuntamiento. La tributación se fija a partir de determinados porcentajes que varían entre el 0,5% y el 4% del coste real y efectivo de la obra. El proceso regularizador puesto en marcha por la concejalía responde a la baja cuantía de los presupuestos de ejecución presentados y a la modificación del presupuesto presentado en primera instancia por otro inferior."No ha habido ninguna persecución, como lo demuestra el hecho de que hay conformidad en el 94 por ciento de las actas suscritas", explicó Zaragoza. "La Hacienda municipal se ha limitado a aplicar la ley, dado que no ha sido posible un acuerdo previo con Provia", añadió.Las negociaciones entre el Ayuntamiento y los promotores de vivienda se remontan al mandato anterior cuando la concejalía que entonces dirigía María Teresa Revenga aceptó con condiciones el módulo propuesto por Provia, que reducía en un 10% la tarifa anterior. Sin embargo, según Zaragoza, la asociación de promotores no presentó el listado de empresas que se acogían a la regularización voluntaria. Las conversaciones se han retomado en los mismos términos en el actual mandato, pero no han llegado a buen puerto. "El Ayuntamiento, que sigue abierto al acuerdo, planteó incluso que los promotores presentaran una tarifa-tipo para todos sus socios en función de las categorías", añadió el edil.Sin embargo, Provia mantiene que el impuesto municipal de construcción es, junto a la crisis económica que azota al sector, una de las causas que está llevando a los promotores a solicitar la anulación de la licencia de obras, una medida sin precedentes a la que ya se han acogido una decena de empresarios en la ciudad.TARIFAProvia ve excesivo un gravamen entre el 0,5% y el 4%En plena recesión del sector inmobiliario -con una caída del 67% en la solicitud de visados para viviendas nuevas en la provincia en los cinco primeros meses del año-, los promotores de vivienda consideran excesivo el importe del impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO). Así se lo han trasladado al Ayuntamiento Francisco Murcia Puchades y Jesualdo Ros, presidente y secretario general de Provia, la asociación que integra a 774 promotores, la gran mayoría de los que operan en la provincia. El ICIO grava con un 0,50% del coste de las obras a las construcciones del Plan Especial del Casco Antiguo y del Plan de Edificios Protegibles; con el 2% a las del Plan Especial de San Antón y la denominada Área Central y con el 4% a todas las restantes edificaciones que se lleven a cabo.

Farolillos rojos en transparencia

2008-08-03T18:34:00.001+02:00

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Solbes promete

2008-08-01T17:11:00.004+02:00

Solbes promete dar más dinero a los ayuntamientos
C. P. - Madrid - 01/08/2008

Más dinero para los ayuntamientos en función de su población. El Gobierno se comprometió ayer a mejorar la financiación local con esos mimbres y en paralelo a la financiación autonómica. Y poco más o menos, con las mismas reglas de juego que con las comunidades: el Ministerio de Economía hizo pública una propuesta de bases con objeto de concretar las negociaciones en septiembre.

La oferta del vicepresidente Pedro Solbes se basa en mantener el statu quo -ningún ayuntamiento perderá respecto a lo que obtiene ahora-, dar más autonomía financiera y, sobre todo, poner más dinero sobre la mesa, aunque no se dice cuánto. La propuesta eleva los fondos de financiación incondicionada "teniendo en cuenta las necesidades del Estado y los servicios públicos prestados por los distintos municipios", lo que supone un reparto basado en las variaciones de población, según una portavoz de Hacienda.

El presidente de la Federación Española de Municipios, Pedro Castro, hizo ayer "una primera evaluación positiva" de la propuesta y destacó que Solbes "por fin empieza a contar con los municipios".

El Ministerio de Hacienda remite a la FEMP el Documento de bases para la reforma de la financiación local

APRETARSE EL CINTURÓN

2008-07-31T09:10:00.005+02:00

CINTURONES APRETADOS. Concejales del equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento (a excepción de Ripoll y con la ausencia de Sonia Castedo, que se sienta junto alcalde). / DANI MADRIGAL

El Ayuntamiento prevé un descenso del 40% de sus ingresos el próximo año
El alcalde, Luis Díaz Alperi, se lo anunció a los concejales el lunes durante la Junta de Gobierno Local Acción Social, Servicios y Mantenimiento y Seguridad serán las únicas áreas que podrán mantener sus gastos
JOSÉ F. PICÓ.LAVERDAD /Apretarse el cinturón: Dícese de manera popular de la acción de ajustar el capítulo de gastos de cualquier presupuesto, familiar, empresarial o institucional. Esta expresión deberá ser grabada en el frontispicio de cada concejalía del Ayuntamiento de Alicante a partir de ya y con vistas a las cuentas municipales del 2009. No hay vuelta de hoja. Ya no vale aquello de engordar la propuesta inicial de la concejalía de turno para que luego, el alcalde y el concejal de Hacienda, con sus tijeras, la adelgace hasta unos gastos y unas inversiones aceptables. Según ha podido saber este diario, los técnicos municipales que dirige el edil Juan Zaragoza estiman que la crisis dejará muy mermado el capítulo de ingresos correspondiente al 2009. La reducción estimada es del 40%.El alcalde, Luis Díaz Alperi, ya conoce semejantes cálculos y se los ha hecho saber al resto de concejales. Lo hizo el pasado lunes, en el transcurso de la Junta de Gobierno Local. Según las fuentes consultadas por La Verdad, algunos ediles han mostrado una gran preocupación por los efectos que tendrá en sus respectivas áreas de trabajo.No obstante, los responsables de Acción Social, Servicios y Mantenimiento y Seguridad, es decir, Asunción Sánchez Zaplana, Andrés Llorens y Pablo Suárez, pueden respirar relativamente tranquilos. La propuesta presupuestaria del Ayuntamiento de Alicante para el 2009 se basará en el mantenimiento del gasto de estas tres grandes áreas, que son, en definitiva, las de mayor carácter ciudadano. Incluso, en las exiguas posibilidades que se prevén, cabe la posibilidad de que algún programa concreto disponga de más dinero.Sin embargo, el resto de concejales y delegados deberán preocuparse mucho de lo que se les viene encima durante el 2009 al menos. Gastos los justos e inversiones... Los ediles y delegados deberán realizar un esfuerzo para aprovechar los fondos obtenidos a través de los últimos préstamos -más de 100 millones de euros- y ejecutar lo que tienen asignado. En algunos casos, según las fuentes consultadas, el nivel de ejecución es bajísimo. El 2009 será el año de ponerse al día y finalizar -el algún caso, empezar- aquellos proyectos pendientes que cuentan con financiación.El capítulo de ingresos del Ayuntamiento de Alicante para el 2008 es de 254,8 millones de euros. Un descenso del 40% supondría disponer sólo de apenas 14o millones de euros. Las principales incorporaciones de capital proceden de los impuestos directos y, en concreto, del de Bienes Inmuebles. La recaudación incluida en los presupuestos del 2008 asciende a 70 millones de euros. Todas las previsiones apuntan a que el aumento este año será inapreciable. El que sufrirá una caída espectacular en el 2009 será el Impuesto de Construcciones, del que el Ayuntamiento prevé recaudar este año 14,3 millones de euros. En Hacienda temen incluso que pueda caer hasta el nivel de recaudación de los principales impuestos y que sea Suma el organismo que sea vea obligado a cobrar a más morosos que nunca.

Los vecinos/as de Elche podrán presentar propuestas a los presupuestos participativos hasta septiembre

2008-07-29T22:55:00.004+02:00

DEBATE. Los componentes de los grupos motores durante la reunión. / ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA

Autoreglamento

Hasta el 6 de septiembre, los ciudadanos que lo deseen podrán presentar propuestas para que se incluyan en los presupuestos municipales. El Centro de Congresos acogió el12 Julio pasado ,una nueva reunión en la que se presentó el autorreglamento elaborado en los últimos meses por los grupos motores del presupuesto participativo, iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento para que los ciudadanos puedan decidir a qué se destina parte del presupuesto municipal.
En la asamblea se informó a los asistentes de que todos los que quieran colaborar en la iniciativa podrán presentar sus propuestas, que deberán referirse a una inversión nueva, no contemplada y aprobada ya por el Consistorio, o bien a obras de mantenimiento. Además, deberán ser actuaciones de competencia municipal y para ejecutarse en un solo ejercicio.
Las propuestas podrán presentarse en las oficinas de atención al ciudadano, los centros socioculturales y cívicos, o en la Concejalía de Participación Ciudadana. El 13 de septiembre se celebrarán asambleas en cada una de las ocho zonas en las que se ha dividido el municipio y ahí se presentarán esas propuestas. Posteriormente, los técnicos municipales las estudiarán para ver si son viables económica, técnica y jurídicamente. El 18 de octubre se celebrarán otras asambleas de zona donde los vecinos votarán de todo el listado de propuestas tres. Las más votadas serán remitidas al Ayuntamiento en noviembre y serán de obligado cumplimiento para el Consistorio De hecho, una comisión se encargará de controlar que se cumplen las actuaciones de los presupuestos participativos.
Fuente:Diario Información

VER AUTORREGLAMENTO Y WEB

Carta al director

Participació ciutadana: el poder del poble amb il·lusió

El dissabte passat la Regidoria de Participació Ciutadana va reunir a la Llotja d´Altabix a totes les persones que ens hem involucrat en el procés dels pressupostos participatius. Se´ns va apropar l´experiència de Getafe, una de les que millor està funcionant, a través del responsable de l´àrea del municipi madrileny, que va parlar dels èxits aconseguits, però també dels errors que es van polint amb el temps. La jornada continuà amb un dinar i amb un taller organitzat per una professional que va aconseguir que interactuàrem els uns amb els altres, que debatérem les nostres opinions, que les consensuàrem, tot entorn dels conceptes de participació ciutadana, democràcia, solidaritat, administració conjunta... Cada grup va tindre una manera d´actuar, però tots vam disfrutar de l´experiència de prendre decisions en comú.
Ara bé, també va aparéixer l´escepticisme, en especial per part d´algunes persones que formen part d´associacions de veïns. L´escepticisme és un element comprensible en tota nova iniciativa, però no un element que ens haja de detindre. Hem de ser crítics però valents. Tenim l´oportunitat de decidir directament sobre el nostre barri amb un sistema on ningú està per damunt de ningú, on les propostes es debaten i s´estudien, i on totes les persones que vivim a Elx podem presentar i votar unes propostes que, una volta estudiades i votades pel poble, s´hauran d´executar.
No podem desaprofitar esta oportunitat. Ara, sí que hem de garantir la transparència del procés, com el de l´elecció de propostes, no caure en la trampa de demanar que arreglen carrers, faroles, etcètera, perquè això ja és obligació de l´Ajuntament, i ser madurs a l´hora de decidir cap a on volem que vaja el nostre barri. Mai hem tingut els ciutadans el poder tan a les nostres mans. Aprofitem-lo!
Jeroni Rico Pascual

Presupuesto Municipal 2008 Ciudad de Alicante

La FEMP aprueba el Código del Buen Gobierno Local

¿Para Cuando en el Ayuntamiento de Alicante?

Si banqueros y políticos fueran ángeles

¿Quiénes son peores, nuestros políticos o los ciudadanos?

Desconfianza democrática y transparencia

Se hubiera podido evitar

La imprescindible ética del gobernante

La corrupción corroe los cimientos de la democracia. La partitocracia y su financiación, la profesionalización de la política y el transfuguismo son algunas de sus principales causas. Es necesario un rearme moral

Obama y la revolución de los datos

El presidente de EE UU innova también en el acceso de los ciudadanos a la información pública. El sitio Data.gov, que ofrece innumerables datos, está abierto a la participación constructiva de los usuarios

A fecha de hoy sigue sin actualizarse en la web municipal la información presupuestaria

A fecha de hoy sigue sin actualizarse en la web municipal la información presupuestaria

Hoy,aprobación definitiva del Presupuesto Municipal 2009 y plantilla de personal

Oiga, que ese dinero es de todos

El uso de fondos públicos a la ligera desacredita la política y desata críticas - Los coches de Touriño, Gallardón o Barberá son calderilla en los presupuestos, pero chirrían en tiempos de crisis

Corrupción. Más allá de los mitos

Soborno, coima, mordida... Tres formas de denominar a la auténtica plaga de la sociedad actual. Una clave para frenar su expansión es mejorar la transparencia de la gestión pública y privada

presupuesto 2009:aprobación inicial

Los programas de financiación permiten invertir en la ciudad 174 millones de euros

El Ayuntamiento sólo ejecutó en 2008 el 41% de las obras de su plan de inversiones

Proyectos que se preveían realizar el pasado año siguen sin empezar como sucede con las obras de mejoras en instalaciones deportivas municipales y en centros escolares.

Aprobados los proyectos del Fondo de Inversión

Las 'víctimas' del presupuesto de la crisis

LAS QUE BAJAN LAS QUE SUBEN

El edil de Hacienda buscará fondos de la UE a través de la Generalitat

Zaragoza presenta los presupuestos más ajustados por la grave crisis y el desplome de la construcción

Los concejales podrán adjudicar obras sin publicidad por hasta 200.000 euros, el doble que antes

La selección de proyectos

Nadie alega contra la subida de tres tasas locales y de la plusvalía municipal

APUNTES

Arranca el proceso para aprobar las cuentas municipales más austeras, con 247 millones de euros

CRONOLOGÍA

El PP replica a las críticas del PSOE con un centenar de proyectos para el Plan Zapatero

LA RISTRA *

Castedo desempolva más de cien proyectos para que se los financie el Gobierno central

La alcaldesa reúne numerosas actuaciones arrumbadas por falta de recursos y añade otras nuevas que doblan los 57 millones de la ayuda estatal

El PP rechaza la moción del PSOE para que distritos y Consejo Económico elijan las obras

Los fondos de Zapatero ayudan a cuadrar al PP el presupuesto municipal de 2009

Los 57 millones que aportaría el Ejecutivo central prevén sacar al Ayuntamiento del apuro económico

El Ayuntamiento prevé emplear a 441 personas con las obras del fondo estatal

El PP recurre a proyectos antiguos pendientes de ejecutar para que los financie el Gobierno

Las Provincias

Moreno pide invertir en barrios el 40% de los fondos estatales

Las ciudades y los vecinos frente a la crisis

Los efectos de la catástrofe financiera se perciben sobre todo a nivel local. En España, los municipios sólo gestionan un 15% del gasto público, frente al 24% de la media comunitaria. Así que, bienvenidas las ayudas

¿donde fueron los jamones?

“Los Ayuntamientos nos la jugamos con el Fondo de Inversión Local”

Pedro Castro, Presidente de la FEMP

El concejal de Hacienda advierte de que será muy difícil atender los imprevistos en 2009

Juan Zaragoza envía un escrito a los demás ediles del PP avisando de que las arcas del Ayuntamiento están agotadas para el próximo año

El Fondo Extraordinario de Inversión Pública en Alicante

Los ayuntamientos de la Comunitat recibirán hasta 864 millones del fondo de inversión del Gobierno

Alarte cifra en 864 millones el fondo para que los municipios creen empleo

El socialista pide a Camps que convoque un pleno para explicar sus medidas de apoyo

Los ayuntamientos sin excesiva deuda podrán tener déficit

El Gobierno acepta con condiciones la principal demanda de los alcaldes

Para algo más que "obritas"

REPORTAJE: La financiación municipal

"Podré reformar el cementerio"

Municipios grandes y pequeños hacen planes tras el anuncio de Zapatero

MADRID Guarderías, pero pequeñas

BARCELONA Aún sin cuantificar

VALENCIA "Medida paliativa"

SEVILLA Prioridad: los barrios

PALMA El reto de los plazos

SEGOVIA El parque de bomberos

VILLAFRANCA DE LOS BARROS Un hogar del pensionista

VILLANUEVA DE LA CAÑADA "Positivo, pero no resuelve"

CALAMOCHA A repartir entre 11

Y ALICANTE?????????::::::::::::::::::

El alcalde de Elche recibió las 70 propuestas procedentes de los presupuestos participativos.

El Gobierno abre la puerta a que los ayuntamientos puedan aumentar su deuda

Problemas y flores

"La situación finaciera de los Ayuntamientos es dramática"Entrevista a la presidenta de la FVMP

El Ayuntamiento venderá los Abaseis por el alto coste de la rehabilitación

El PP de Alicante sube todas las tasas municipales un 5% en 2009

La caída de ingresos por IBI y vehículos provoca un déficit de 5 millones

Tasas e impuestos que suben

La crisis pone en riesgo el servicio de limpieza en las ciudades